Resumen Latinoamericano, 24 de mayo de 2020 .- Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal, Canal Abierto, ANRed, Estado de Alerta y Agencias
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Héctor Recalde: “Cuando los errores son recurrentes y sistemáticos, ya son una política”
Héctor Recalde, abogado laboralista y ex diputado nacional, analizó en Radio Gráfica las consecuencias de la pandemia del Covid-19 en la economía Argentina y las medidas en materia de trabajo que toma el Gobierno Nacional para afrontarlas. “Yo soy oficialista y hago autocrítica”, reflejó.
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Héctor Recalde | «Si los errores se suceden pasan a ser una política»
El gobierno de Alberto Fernández, al ver el paso de la pandemia por los países europeos, tomó las medidas necesarias con antelación para evitar que la expansión del virus provoque estragos en la sociedad argentina, por lo que Recalde mencionó que “al Gobierno lo veo bien, en términos de gestión está respondiendo bien”.
“Esta es una situación inédita, que no solo sucede en el país, sino en el mundo entero. Parece un castigo de la naturaleza al hombre. Lo que está pasando hoy es un claro ejemplo de fuerza mayor, que atenúa las responsabilidades. Por eso creo que el esfuerzo, en este momento, lo tienen que hacer el Estado y las empresas, no los trabajadores”, enfatizó.
Pese a la evaluación positiva de las decisiones gubernamentales, el ex jefe del Bloque del Frente Para la Victoria-PJ en la Cámara de Diputados consideró “inadecuado apoyar a Techint con recursos del Estado” pues “hay micro, pequeñas y medianas empresas que no acceden a los subsidios o beneficios. No me parece oportuno”.
“Hay sectores que no merecen ni necesitan”
En sintonía, manifestó desacuerdo con el aval que dio el ministro de Trabajo Claudio Moroni al acuerdo firmado entre la CGT y la UIA. “Hay algunos acuerdos que implican rebajas salariales que yo no estoy acuerdo con que se homologuen. El Estado puede decir sí o no, cada uno es responsable de sus actos”.
Respecto al impacto que puede tener dicho acuerdo, explicó que “si el trabajador tiene menor poder adquisitivo, trae consecuencias en el crecimiento económico, la producción y la creación de empleo”.
Sintetizando su posición respecto a las medidas que él cuestiona del Gobierno, reflexionó que “cuando los errores son recurrentes y sistemáticos, ya no son errores, son una política”. Aunque se mostró cauto y paciente para ver los resultados a largo plazo de las mismas.
“A mayor capacidad económica, mayor es la responsabilidad”
Por otro lado, quien es docente universitario en derecho se refirió a los ataques constantes de una parte del sector empresarial hacia el oficialismo, que busca, a través de la aprobación de diferentes leyes, más aportes para afrontar la crisis económica en la cual el país está inmerso. “A mayor capacidad económica mayor es la responsabilidad, es un principio del derecho. Tienen que contribuir más, sobre todo las grandes fortunas”, exclamó, mostrándose a favor del proyecto de impuesto a las grandes fortunas, el cual recientemente tuvo el visto bueno del presidente Alberto Fernández. “Estoy convencido de que va a salir”, vaticinó.
Sobre la eventual salida de la crisis planetaria generada por la pandemia, el abogado expresó que “es una penosa realidad que asume el mundo entero, pero estoy convencido de que esto pasará”, aunque también sostuvo quee “las cosas no van a quedar igual, habrá que tener la solidaridad y el sentimiento para administrar los cambios que se vienen. Es muy importante la participación del pueblo en ello”.
Por último, Recalde remarcó el diálogo constante que hay entre el oficialismo y la oposición en estas circunstancias pues “el problema trasciende los límites partidarios” y destacó que “cuando se trata de cuestiones de Estado, es factible intercambiar pensamientos e ideas. Es lo que sucede sobre todo con el Gobierno de la Ciudad” que lidera Horacio Rodríguez Larreta.
- Entrevista realizada por Lautaro Fernández Elem y Leila Bitar en Desde el Barrio (Lunes a Viernes de 10 a 13hs).
- Redacción por Carolina Ocampo.
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En provincia no autorizarán la construcción y sólo podrán abrir comercios de cercanía
Ante la expectativa de un nuevo anuncio, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, precisó durante la conferencia de prensa, que ante el aumento exponencial de los contagios no se podrá seguir ampliando la apertura de actividades en su jurisdicción.
Por ese motivo se determinó no autorizar los trabajos en las obras en construcción; en tanto que los comercios continuarán abiertos pero solamente los barriales y no los ubicados en las grandes arterias, a modo de seguir en la línea de cuidados para mitigar los contagios de coronavirus Covid-19.
En cuanto a las industrias señaló que «podrán abrir con protocolos estrictos» «bajo la supervisión de la intendencia, del Gobierno provincial, del Gobierno nacional, y con transporte propio» tal como lo venían haciendo.
«Así lo han hecho hasta el momento más de 500 en todo el territorio bonaerense. Es el 54% de la producción de la Argentina, es el corazón productivo», aclaró el funcionario, quien en su exposición reconoció que estamos ante una situación que puede ser “grave”.
En cuanto a los locales comerciales, señaló que serán los de cercanía, como sucede en la Ciudad de Buenos Aires, para evitar la aglomeración de personas en las zonas de mayor circulación.
«En el interior de la Provincia de Buenos Aires, en los lugares de baja densidad poblacional, vamos a seguir como venimos: fuerte barrera sanitaria para que no ingresen los contagios», apuntó.
Asimismo, se refirió a la construcción, un rubro que se analizó ordenar su habilitación para esta etapa pero finalmente seguirá sin poder retomarse o entrar en funcionamiento en el Gran Buenos Aires.
Kicillof fue tajante al afirmar que «si crecen los contagios no se puede flexibilizar» la cuarentena y que volver hacia una fase anterior «no es ir para atrás, sino es ir para adelante, respondió aún cuando les cuestionaban que «vamos a tener la cuarentena más larga del mundo.
Es tomar más recaudos» para la población, que en la provincia de Buenos Aires, ‑particularmente en el conurbano- significan 11 millones de habitantes, de los cuales, más de la mitad, viven en situaciones de hacinamiento. Son 1800 barrios populares en los que la multiplicación del virus a ésta velocidad pueden poner en riesgo seriamente el funcionamiento del sistema de salud, de ahí la imposibilidad de seguir avanzando como en otras zonas del país.
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La Federación del Papel confirmó contagios de Covid en empresas de la actividad
Uno de los casos se presentó en la empresa Packangraf S.A., de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que otro infectado pertenece a la empresa Papelera del Plata del municipio de Zárate, por lo que se determinó la paralización de la producción en ambos establecimientos.
Según informó la organización sindical, en el caso de la empresa Papelera del Plata, el trabajador al que finalmente se le diagnosticara el contagio, en primera instancia, “fue atendido por el médico de la compañía, quien determinó que los síntomas que presentaba no ameritaban una acción especial, ya que se trataba de una gripe común”.
Por lo que en principio no se puso el foco en todo el tiempo que “el afectado se había desplazado por diferentes sectores de la fábrica, teniendo contacto con otros trabajadores en diferentes turnos”.
Además de repudiar este accionar profesional, la Federación denuncia a la empresa por “no haber tomado ningún tipo de medida de aislamiento”.
“Tanto la compañía como el municipio, deberían tomar todos los recaudos pertinentes y eventualmente ser las autoridades de salud, las que se expresen en cuanto al retorno a la actividad laboral del personal”, sostuvo Ramón Luque, secretario general de la Federación, en diálogo con Estado de Alerta.
En este mismo sentido, el titular del gremio afirmó que “estarán atentos a las próximas evaluaciones sanitarias que se realicen, para que la empresa no retome sus actividades hasta contar con la seguridad que permita el normal desarrollo de las tareas laborales de todos los trabajadores sin riesgo de contagio”.
“Sólo en caso que la autoridad sanitaria pertinente habilite la reapertura de la empresa, avalaremos el levantamiento de la medida de paralización de la planta”, confirmó Luque. Al tiempo que recordó todas las advertencias que había realizado la Federación “cuando la actividad fue señalada como esencial y existieron fuertes presiones patronales para que fuera una de los sectores a la que prontamente se le permitiera el no acatamiento de la cuarentena”.
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La CAME ya avisa que las empresas no van a poder pagar el aguinaldo
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió que la cuarentena provocó un «escenario económico extremadamente complejo» para el sector pyme, y alertó en consecuencia que «el riesgo no son los despidos, sino el cierre de empresas».24/05/2020 12:26:00
«Con caídas de ventas de hasta el 80% para aquellas empresas que no pudieron trabajar o producir normalmente (durante el aislamiento) se le suma ahora la preocupación por el pago del sueldo anual complementario» de mayo, sostuvo la entidad empresaria.
Según CAME, «la única manera de sortear esta crisis es asegurando la supervivencia de las empresas, y esto sólo se puede lograr con una política de sostenimiento financiero a tasa cero».
«El riesgo no son los despidos sino el cierre de empresas«, sostuvo el presidente de la entidad, Gerardo Díaz Beltrán, quien a la vez aseguró: «Si no tenemos dinero para funcionar, menos para pagar indemnizaciones».
Ante esta situación, el dirigente resaltó: «Necesitamos un rescate financiero que permita la supervivencia de las pymes, que movilizan el 70% del empleo privado, hasta que el mercado responda y podamos devolver los préstamos, sin pagar intereses que superen la rentabilidad de las empresas».
«Si se tiene en cuenta que las pequeñas y medianas empresas tienen un acumulado de deudas con proveedores, AFIP, alquileres, expensas y bancos, que aumentó de manera exponencial con el aislamiento preventivo y obligatorio, resulta vital la aplicación de medidas que lleguen con celeridad, con especial atención en este sector productivo», añadió Díaz Beltrán, en un comunicado.
Entre otras medidas, CAME propuso que el Estado Nacional cubra el 100% de los salarios para pymes de hasta 40 empleados, considerando que el peso de la masa salarial en una pequeña empresa representa en promedio el 37,7% de su estructura de costos.
También, reclamó un descuento solidario de alquiler por el cierre obligatorio; ampliar la moratoria de AFIP a obligaciones fiscales hasta el fin del aislamiento preventivo y refinanciar los pasivos de deudas bancarias y prendarias.
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La voz del empresariado
Cavalieri rompió el silencio: pidió que levanten la cuarentena y que bajen los impuestos
El secretario General del gremio de Comercio, Armando Cavalieri, consideró que la pandemia «va a imponer muchas cosas, entre ellas la reforma laboral» y sostuvo que los locales minoristas deben volver a abrir porque «no se puede dejar a la economía en cuarentena».
«Los comercios tiene que abrir las puertas. No pueden dejar a la economía en cuarentena también», fustigó el sindicalista, quien aseguró que se podría volver a la actividad con una «distancia prudencial, barbijos y responsabilidad humana».
En declaraciones a AM750, Cavalieri argumentó que, ante la crisis y el aislamiento, habrá empresas que «no abrirán más», lo que se reflejará en un «problema de desocupación muy grande».
Consultado sobre si la pandemia puede llevar a una reforma laboral, el líder del sindicato con mayor cantidad de afiliados afirmó: «Va a imponer muchas cosas, entre ellas esa, pero también discutir un acuerdo social».
«Este parate pone en evidencia la gran pobreza que tiene la Argentina. Esto va a recrear una nueva forma de comercializar», agregó el sindicalista, al tiempo que señaló que «no puede ser que hay tres o cuatro millones de personas en la informalidad».
Respecto de la situación sanitaria de su sector, reconoció que hubo casos de trabajadores con coronavirus, aunque aclaró que «no muchos» y destacó: «Hemos firmado protocolos con muchas empresas que hacen a la seguridad del trabajador».
No obstante, el dirigente insistió en la necesidad de retomar la actividad comercial tras destacar que en su gremio «la mayoria son pymes» y aseguró que los comerciantes están preocupados por «no poder pagar más los salarios».
En este sentido, el sindicalista de 84 años remarcó el riesgo de una elevada tasa de desocupación como consecuencia de la pandemia y las medidas de aislamiento que apuntan a contenerla y remarcó «el mercado interno lo mueve el minorista».
Además, Cavalieri subrayó que las suspensiones en medio del aislamiento por la pandemia se dan para «conservar el trabajo» y apuntó: «Lo último que falta es que cierre el comercio minorista en la Argentina».
«La Argentina necesita muchas inversiones», evaluó y remarcó que «tiene que exportar productos industriales y pedir prestado para nuevas maquinarias».
Cavalieri destacó que está «pendiente de la negociación» de la deuda y consideró: «Si nos dan plazo para pagar, la Argentina puede recuperarse».
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Choferes de Plusmar se movilizaron porque les deben salarios desde marzo
Los conductores de micros de media y larga distancia se manifestaron frente al Ministerio de Trabajo para reclamar el pago de sueldos adeudados. «Solo un 20 por ciento cobró algo, el resto seguimos esperando», explicaron.
El martes, los choferes de micros de media y larga distancia contratados para las temporadas altas siguen en la lucha para que la empresa Plusmar les pague lo que les debe. Luego de dos meses de promesas incumplidas, trabajadores autoconvocados de la empresa líder, decidieron llevar su reclamo al Ministerio de Trabajo.
La empresa adeuda parte de los salarios de marzo y la totalidad de los sueldos de abril de casi 600 trabajadores efectivos. A esto se suma la decisión no renovar más de 150 contratos que finalizaron el 15 de abril, correspondientes a choferes precarizados. A ellos la empresa les abonó apenas un 40% del sueldo de marzo y se desentendió de lo adeudado del mes de marzo, la primera quincena de abril, proporcional de vacaciones, aguinaldo y el bono de 4 mil pesos por mes que otorgó el gobierno nacional en enero como piso de aumento salarial.
La estrategia solía ser obligarlos a renunciar con la promesa de volver a convocarlos para otra temporada, incluso pudiendo quedar efectivizados como choferes de planta permanente. Pero con la pandemia, el sistema de precarización laboral se vio interrumpido forzosamente y las empresas de transporte de pasajeros no están haciendo viajes.
Habían logrado un acuerdo de pago en cuotas por los salarios atrasados homologado por el Ministerio de Trabajo pero la empresa no lo respetó y volvió a incumplir. «Una vez más, la cuarentena es utilizada por las patronales para no abonar sueldos, suspender y despedir», denunciaron.
También llueven las críticas a la Unión Tranviarios Automotor (UTA): «Nuestros representantes, los delegados no nos dan explicaciones y desde marzo que no cobramos. Hay compañeros que deben tres meses de alquiler, compañeros con hijos discapacitados» y denunciaron que «su única intervención fue para empezar a diagramar una rebaja salarial del conjunto de sus representados en acuerdo con las cámaras del transporte».
Otro blanco de la empresa son los choferes que están próximos a jubilarse, que sufren presiones para arreglar el retiro: «Los aprietan para que vayan a firmar a la empresa porque si no dicen que no les van a pagar».
Los trabajadores del sector están denunciando falta de pago de salarios en distintos puntos del país. Hubo manifestaciones en:
- Entre Ríos, frente a la sede de la UTA regional de autoconvocados reclamando por 600 afectados,
- Jujuy, donde la regional moviliza por los 800 choferes alcanzados
- Misiones. Autoconvocados protestaron frente al galpón de la empresa M. Horianski y denunciaron que fueron golpeados por integrantes de la seccional de la UTA
- San Juan, donde una veintena de choferes protestaron frente a la sede de la UTA
- Neuquén. Convocó la UTA regional y amenazó con ir al paro
- Mar del Plata, la UTA regional se manifiesta en estado de alerta y amenaza con no reanudar el servicio
- La Pampa, la seccional de la UTA también en alerta
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Furia de los tacheros porque las apps volvieron a trabajar
La Mesa de Unidad Taxista que integran seis organizaciones denunció que hace ya más de dos semanas que las multinacionales Uber, Cabify y Beat trabajan otra vez en las calles porteñas, informó el gremio de peones del sector (SPT).24/05/2020 00:01:00
Un comunicado firmado por la Mesa de Unidad Taxista y difundido por el titular del Sindicato Peones de Taxis (SPT), Omar Viviani, afirmó que esas compañías trabajan en «la ilegalidad y transportan pasajeros», no obstante varios fallos judiciales en contra, como el del 19 de marzo último del juez Víctor Trionfetti.
«Ese fallo fue ignorado por el gobierno porteño, pero reafirmó que la actividad de Uber como servicio de transporte de cosas y personas está prohibida en el distrito por un fallo judicial, confirmado por la Cámara de Apelaciones», sostuvo la entidad gremial.
La Mesa de Unidad explicó que esas firmas realizan sus actividades a partir del encubrimiento con «argumentos falsos de diversa índole o con la complicidad de los organismos que otorgan permisos que en ningún caso podrían lograr si confesaran que transportan pasajeros en el contexto de una actividad no admitida por un conjunto de leyes en vigencia y, por lo tanto, ilegal».
Del mismo modo, aseguró que en las calles de la ciudad hay más automóviles de esas multinacionales ‑a las que poco importa la pandemia y la salud de los argentinos- que autos del servicio público de taxis que, en un elevado porcentaje, «no tienen trabajo por cumplir las normas de la cuarentena (edad, enfermedades preexistentes u otras) o a partir de la gran caída de la demanda», continuó.
La Mesa de Unidad ‑integrada por lo gremios de Viviani y SPAT, UPAT, ATC, Upymra y Cametax- añadió que ante el agravamiento de la situación sanitaria por más contagios y la necesidad de reducir los niveles de movimiento entre la ciudad y el conurbano bonaerense, se imponen «más controles y rigurosidad a quienes administran esos permisos para impedir el fraude en el transporte».
También enfatizó que es preciso exigir declaraciones juradas que hoy «se falsean», cruzando datos con el padrón de taxis y remises del gobierno de la ciudad.
«Las autoridades deben priorizar el trabajo legal y registrado para preservar y cuidar las fuentes laborales de la actividad, una de las más perjudicadas por la emergencia sanitaria y el funcionamiento ilegal de las multinacionales», concluyó.
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Trabajadores de Página/12 en alerta
Los trabajadores y trabajadoras de Página/12, reunidos en asamblea virtual el pasado viernes 15 de mayo, nos declaramos en estado general de alerta debido a distintas situaciones salariales y laborales que venimos atravesando en el último tiempo y que se suman al profundo atraso salarial que ya de por sí sufrimos. Por empezar, ni bien se decretó la cuarentena obligatoria exigimos mejores condiciones salariales para les colaboradores, compañeros ultra precarizados y expuestos a salarios de hambre y a la incertidumbre del trabajo a destajo. Ese reclamo, que fue elaborado por la Comisión Interna y respaldado en asamblea, no tuvo respuesta alguna, acentuando el ninguneo de la empresa hacia este sector. Por otro lado, por segunda vez consecutiva, este mes el Grupo Octubre no abonó en tiempo la totalidad de los salarios, haciendo que una parte de les trabajadores completara su salario después del día de cobro, algo que no suele ocurrir en el diario. Como si fuera poco, esta semana nos comunicaron que a partir de mayo, y por tres meses, cobraremos parte de nuestro salario a través del programa Repro, lo cual nos implica realizar un trámite bancario presencial que obliga a movilizarnos en el marco de esta pandemia. Esta situación nos preocupa extremamente, ya que entre nuestros compañeros y compañeras hay personas incluidas en los grupos de riesgo. Atentos a esta serie de acontecimientos y medidas, nos declaramos entonces en estado de alerta, instando a la empresa a que revise las mismas y nos garantice soluciones urgentes de acuerdo a parámetros sanitarios y salariales dignos.
Comisión Interna Página/12 SiPreBAAsamblea de Trabajadores de Página/12
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Roberto Pianelli: “Hicimos público que rechazamos el acuerdo de la CGT con la UIA”
El metrodelegado considera que es adecuada la política del gobierno nacional para el mercado de trabajo, pero criticó que los ATP hayan llegado a Techint y Clarín, entre otras grandes firmas.
Por Alfonso de Villalobos –
Secretario General de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro desde su fundación, en 2008, e integrante de la comisión directiva de la CTA Capital que reclamó que Horacio Rodríguez Larreta retroceda a la fase 2 de cuarentena, Roberto Pianelli reclama comités de seguridad e higiene con poder de retener tareas por incumplimiento de los protocolos en el subterráneo.
–¿Qué problemas plantea la flexibilización de la cuarentena?
–El transporte es uno de los lugares con mayor perspectiva de contagio. Hay que ser mucho más riguroso con las medidas. Ciudad hace más de 20 días que comenzó la flexibilización, pero hay controles en sólo ocho estaciones de un total de cincuenta.
–¿Hay un protocolo acordado y aprobado?
–Solicitamos la conformación urgente de un comité paritario de higiene y seguridad para ver protocolos específicos sector por sector. Los nuestros se basan en el que, junto a la CTA, ya le entregamos a Alberto Fernández. Argentina es el único país en América Latina que no tiene institucionalizados esos comités.
–¿Si se violara el protocolo tomarían medidas?
–Es la potestad que tienen esos comités. Sirven para ponerse de acuerdo y, si se incumplen, hacer retención de las tareas que ponen en riesgo la salud.
–¿Cómo ve la flexibilidad de la cuarentena en el pico de contagios?
–El gobierno nacional la viene manejando muy bien. La apertura que se hizo en CABA aumentó cualitativamente la cantidad de infectados. Por eso desde la CTA Capital pedimos que se vuelva atrás. No queremos vivir en cuarentena pero nos parece que la levantada tiene que ir con medidas que impidan el desarrollo del virus. Hubo una actitud negligente que generó un contagio veloz y masivo en los barrios populares.
–Lo que hace Rodríguez Larreta es con aval de la Jefatura de Gabinete. ¿El mensaje de volver atrás está dirigido al jefe de Gobierno porteño o al gobierno nacional?
–Principalmente a la Ciudad porque es la que implementa las medidas. A Alberto Fernández le mostré fotos de trenes con gente parada. Dijo que iba a hablar con Rodríguez Larreta porque había dicho que nadie viaja parado en el subte.
–¿Es correcta la política del gobierno para el mercado de trabajo? ¿Qué le produce ver que los empleados y hasta el CEO de Techint cobren ATP de $33 mil?
–La política es acertadísima. En dos meses la ayuda llegó a 7 millones de personas que no estaban registradas. El plan de subsidios para mantener empleos evitando quiebras ha sido de lo más extendido. Es uno de los planes más ambiciosos desde el punto de vista distributivo. Reivindicamos esa política. En ese marco absolutamente correcto, que contrasta con los países vecinos donde todo vale, hay cosas que se podrían mejorar. Hay 125 empresas que se han colado y que no necesitan ATP.
–¿No debieron aplicar los mecanismos de los preventivos de crisis que exigen presentar balances?
–Se pusieron varios requisitos. Yo hubiera mantenido la reserva del Estado para determinar cuáles calificaban. Fue un error político abrirlo de esta manera.
–La conducción de la CGT dice que el acuerdo con la UIA pone un piso para las rebajas salariales. ¿Es así o representa un aval para suspender y reducir salarios?
–Somos uno de los sindicatos que hicimos público que no estamos de acuerdo y que no vamos a aceptar ninguna rebaja. Reivindicamos el derecho de toda organización sindical a que, según la relación de fuerzas, haga negociaciones que impliquen retroceder en conquistas. Pero a un mes de iniciada la pandemia, ese marco es absolutamente equivocado. Habría que haber mantenido la lógica del primer decreto del gobierno que impedía bajar salarios y después discutir caso por caso. Si el primer mes ya discutimos bajar un 25 por ciento, ¿qué nos queda para más adelante?
–¿Y por qué el gobierno lo homologó?
–Porque es un acuerdo planteado entre la UIA y la mayoría de la CGT. Si no lo homologa se acaba la libertad de negociación. No puede ponerse por encima. Si lo hubiera decretado el gobierno sería distinto.
–La inflación de este año se va a acercar al 50%. ¿Hay lugar para las paritarias?
–No vemos que para ningún gremio sea buen momento para firmar paritarias. Pero no nos resignamos a que bajen los salarios por la vía de la inflación. No tenemos apuro inmediato pero, si se descontrolan los precios, reivindicamos el derecho de salir a pedir actualización y controles de precios.
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Estado, medios de comunicación y trabajadores
Por Agustin Lecchi*
La ayuda estatal a través de los ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) puso en discusión los objetivos y el rol de la intervención estatal. En el caso de los medios de comunicación, un informe de Agustín Espada reveló que casi todos los grandes medios recibieron la ayuda, desde multinacionales como Viacom (Telefe) hasta medios del Grupo Clarín o los ultraliberales La Nación y Perfil. Esa ayuda recibida por los empresarios, que para muchos pequeños medios de distintas regiones del país es imprescindible para su sostén, contrasta con la poca o nula ayuda que perciben cooperativas y medios autogestivos, donde trabajan cientos de compañeres y que, lejos del lobby al que nos acostumbraron muchas corporaciones, cumplen un rol social importantísimo como garantes de la información.
Los empresarios de medios, que además reciben un dineral de pauta estatal, aprovecharon la pandemia para profundizar el ajuste sobre sus trabajadores, un ajuste que en los últimos cuatro años se cobró 4500 puestos de trabajo y un brutal ataque salarial. Despidos masivos en Publiexpress y Editorial Atlántida, pago de salario fraccionado en Clarín y Diario Popular y, en el caso de CABA, una paritaria de 2019 firmada con un sindicato inexistente y por la que sólo se percibió un 15% por un semestre.
La intervención estatal es necesaria e impostergable, pero no para salvaguardar a empresarios lobbistas que presionan al gobierno para levantar la cuarentena a costa de la salud de quienes nos exponemos saliendo a trabajar. Son los mismos empresarios que violan las propias leyes del gobierno como el decreto que prohíbe los despidos. El aislamiento volvió a demostrar la importancia de los medios tradicionales, muchos de los cuales crecieron en audiencias. La situación excepcional en la que nos encontramos nos obliga a promover medidas también excepcionales. La pauta o cualquier tipo de ayuda como los ATP debe tener en les trabajadores y sus sindicatos un contralor que permita garantizar que sólo se asista a empresas que cumplan con las leyes laborales vigentes, no con el objetivo de que merme el apoyo sino con la intención de que se cumpla el piso elemental del respeto por los derechos laborales, los convenios y, en el marco de la emergencia, los decretos del gobierno de Alberto Fernández. No vamos a discutir acá el rol social de cada medio al que el Estado ayuda y los contenidos de sus productos, pero como mínimo es necesario también que ese apoyo llegue de igual manera a las cooperativas y los autogestivos.
El 30 de mayo será el primer plenario nacional de delegados de prensa de todo el país convocado por la nueva conducción de FATPREN que tiene a Carla Gaudensi, compañera de SiPreBA, como primera mujer Secretaria General en la historia de la organización. Será una buena instancia para seguir haciendo historia, discutir el rol de los medios de comunicación así como el sentido de la ayuda estatal que hoy los sostiene.
El movimiento obrero debe jugar un papel en este momento histórico. La disputa contra los grandes empresarios que se enriquecieron con la bicicleta financiera y fugaron capitales, que presionan por levantar la cuarentena y que pretenden que les trabajadores paguemos los costos de esta crisis mundial, no nos puede encontrar a la defensiva ni desorganizados. Tenemos la certeza de que a la pandemia se la enfrenta con más organización. Por eso, pese a la entrega de algunos, debemos promover la mayor unidad posible porque fue de esa manera que se logró frenar la reforma laboral de Macri y cada intento de avance sobre nuestros derechos. El demorado impuesto a las riquezas, el control del financiamiento de las empresas privadas y a dónde van los recursos del Estado, deben ser ejes fundamentales de nuestra intervención.
* Dirigente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA).
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Arcor invierte millones en Mastellone, pero no paga a los trabajadores
El Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA) le apuntó a la alimenticia Arcor por su mega inversión en Mastellone, en medio del reclamo por incumplimientos y un bono en reconocimiento a los empleados.
El Sindicato de la Alimentación le apuntó a Arcor por su inversión en Mastellone.
Lo hizo, en medio del reclamo para pagar un bono plus en reconocimiento a sus empleados.
Es que los trabajadores asisten a a trabajar desde un primer momento exceptuados de la cuarentena.
Mientras las trabajadroas y trabajadores exponen a riesgos sanitarios para producir alimentos que no son esenciales, las grandes alimenticias, como Arcor ganan dinero.
Mientras que los que sostienen la producción realizan sacrificios innecesarios, el ímpetu empresario no frena.
Ante la inacción del gobierno que no frena los abusos empresarios, grandes empresas, invierten millones en compra de acciones o piden que el Estado pague salarios con dinero público cuando llevan años de ganancias exorbitantes, en muchos casos, producto de las subas de precios constantes que empujan la inflación.
Inversión multimillonaria
Arcor anunció que eleva casi al 49% su participación en Mastellone.
Es que la empresa de Luis Pagani prevé desembolsar más de u$s3,97 millones para sumar capital accionario en la firma láctea.
La pandemia no frenó los planes de expansión de la firma alimenticia Arcor.
Aún cuando se niega a pagarle un bono plus a sus trabajadores del país.
También invierte en Angola
Pero, además, sigue adelante con su proyecto de inversión en Angola.
Según comunicó la propia empresa, prevé comprar más de 9 millones de acciones de Mastellone Hnos y obtener el 48,7863% de su capital social.
Los herederos de Pascual Mastellone proyectan mantener el 51% de las acciones de la firma, pero lo cierto es que Arcor a la par aprovechó diversas opciones de compra que se presentaron en el transcurso de los años para tomar mayor posición en la láctea reconocida por su marca La Serenísima. Hasta el año pasado la firma de Luis Pagani tenía alrededor del 47% del capital social y ahora suma poco más de un 1% más.
En este acuerdo empresario Arcor no solo tomó posición hasta quedarse casi con la mitad de Mastellone Hnos.
Además, en 2015 también rubricó un acuerdo para gerenciar por su cuenta el segmento de postres y yogures.
Pese a la inversión millonaria, la empresa no tiene la deferencia de destinar una parte de sus ganancias a los trabajadores.
Tampoco ofrece soluciones ni se sienta a dialogar tras semanas de conflicto en varias de sus plantas.
Desde el Sindicato de la Alimentación no hay intención de ceder en el reclamo y se esperan los resultados de la próxima audiencia en Trabajo.
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