Resumen Latinoamericano, 28 de mayo de 2020 .- Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal, Canal Abierto, ANRed, Estado de Alerta y Agencias
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«La campaña anticuarentena procura que el Presidente cajonee el proyecto de ley para gravar las grandes fortunas»
El secretario gremial nacional de ATE, Alejandro Garzón, aseguró que quienes se oponen al aislamiento social, preventivo y obligatorio desean que el presidente Alberto Fernández cajonee el proyecto de ley para gravar las grandes fortunas personales y señaló que «el lucro debe dejar de estar para siempre por encima de la salud y la vida de la gente».
Alejandro Garzón aseveró que existen condiciones para que el Jefe de Estado sea «firme e implacable» con la sanción de medidas de «clara justicia social» sobre «un sector acostumbrado a las ganancias extraordinarias o superextraordinarias, siempre a costa de la clase trabajadora», puntualizó.
El dirigente gremial añadió, en un documento de prensa, que «es preciso financiar los costos de sostenimiento de la cuarentena con ingresos provenientes de quienes tuvieron ganancias superextraordinarias o extraordinarias durante los últimos cuatro años».
El sindicalista también se refirió a lo que denominó «campaña anticuarentena» a través de algunos medios de comunicación y redes sociales, sobre lo cual enfatizó que «las usinas de la mentira y el engaño actúan otra vez para confundir a la población, ya que procuran condicionar al Presidente para que cajonee el tema».
«El campo popular y las organizaciones políticas y sociales deben garantizar su tratamiento parlamentario y la dirigencia tiene que estar a la altura de las circunstancias, sin especulaciones políticas o económicas», expresó el gremialista.
Garzón aseguró que las organizaciones sindicales acompañarán en la coyuntura todas las medidas que protejan la salud y la vida, y se preguntó si «no es el momento de una reforma impositiva para convertir en progresiva y más justa la distribución de la riqueza que se genera a nivel social».
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ATE pide volver a discutir salarios y le avisa a Fernández que le «adeudan» las revisiones de noviembre y marzo
El líder de ATE, Hugo «Cachorro» Godoy, solicitó la apertura de la discusión paritaria y recordó que «el Gobierno le esta adeudando a las y los trabajadores estatales la revisión de la paritaria pautada de noviembre de 2019 y marzo de 2020».
A días de finalizar el mes de mayo, fecha en que se debió comenzar las negociaciones paritarias, la Asociación de Trabajadores del Estado le exige al Gobierno que convoque de manera urgente para encauzar el diálogo entre las partes.
El secretario General de ATE, Hugo «Cachorro» Godoy explicó que «el Gobierno le esta adeudando a las y los trabajadores estatales la revisión de la paritaria pautada de noviembre de 2019 y marzo de 2020, pero llegó mayo y todavía no ha convocado al ámbito paritario para terminar de cerrar la cuestión salarial ni las discusiones de los ámbitos laborales».
«Como ya lo hemos expresado anteriormente, antes de discutir el periodo 2020/2021 hay que cerrar la paritaria 2019/2020. Tenemos que recuperarnos de los derechos que hemos perdido en retraso salarios y perjuicios laborales», agregó Godoy.
El titular de ATE además subrayó que «la situación se hace más urgente a partir de la pandemia que agudizó la crisis económica».
«Nosotros tenemos trabajadores en la primera línea, en tareas de atención esencial como por ejemplo las y los trabajadores de la salud que para colmo todavía no han percibido los aumentos anunciados por el Gobierno; y en varios organismos más como es el caso de Senasa y de otras áreas del Estado que están cumpliendo tareas exponiendo sus vidas pero a conciencia de atender las necesidades de la población en esta emergencia sanitaria», concluyó.
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Aceiteros vuelve a romper el silencio paritario: pacta 30%, revisión y un bono de casi 12 mil pesos para desmotadores
La Federación que comanda Daniel Yofra acordó salarios para los desmotadores. «Ante la virtual suspensión generalizada de las paritarias en nuestro país, y el mundo, en el marco de la crisis global por la pandemia, se han logrado importantes acuerdos», remarcaron.
En medio de un sostenido silencio en las discusiones paritarias, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, popularmente conocidos como Aceiteros, alcanzó en las últimas horas un acuerdo salarial para los obreros y empleados desmotadores de algodón.
El gremio que comanda Daniel Yofra llevará «el salario inicial de un trabajador de una jornada normal (200 horas mensuales) de la categoría inferior ‑peón- entre salario básico y adicionales llegará a 49.965 pesos a partir del 1° de abril de 2020, lo que en términos porcentuales implica un aumento del 30%».
«Asimismo se acordó el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa de 11.700 pesos que se abonará en cuatro cuotas iguales y consecutivas», añadió el comunicado oficial del sindicato.
Las partes también estipularon que habrá una posibilidad de revisión en el acuerdo el 15 de octubre de este año. En ese momento se hará una evaluación de la evolución de la carrera precios – salarios.
«Este acuerdo se logra en una situación extraordinariamente difícil. A la profunda crisis que dejó el gobierno de Cambiemos se le sumó la pandemia de COVID-19 con su doble impacto sanitario y económico», explicaron los Aceiteros.
«Sintámonos orgullosos, compañeras y compañeros, porque ante la virtual suspensión generalizada de las paritarias en nuestro país, y el mundo, en el marco de la crisis global por la pandemia, se han logrado importantes acuerdos en las dos actividades representadas en nuestra Federación», concluyeron.
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Para garantizar el servicio y los puestos de trabajo el Gobierno otorgará $500 millones a empresas de micros de larga distancia
La resolución del Ministerio de Transporte indica que el subsidio será por única vez y apunta a dar algo de aire a las empresas del sector mientras crecen los reclamos de las líneas urbanas del interior, desfinanciadas por completo a partir de la paralización de su funcionamiento a partir de la declaración del aislamiento social obligatorio el pasado 20 de marzo.
En este contexto, el gobierno nacional, a través de la cartera que conduce Mario Meoni otorgó un subsidio excepcional de $500 millones a un centenar de empresas de transporte de larga distancia, para suplir la baja de ingresos en medio de la emergencia sanitaria.
Esta medida de auxilio se formalizó a través de la resolución 122⁄2020 del Ministerio de Transporte publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que le concede el subsidio a 99 empresas de todo el país, por un total de 3.529 coches, a razón de $141.683 por unidad.
La misma publicación determina también que la Secretaría de Gestión de Transporte del Ministerio instrumentará un Programa de Emergencia del Transporte Público Interurbano de Pasajeros, que incluirá la planificación, diseño e instrumentación del régimen al que se someterán las prestaciones de servicios que las empresas deberán proveer como contraprestación del subsidio excepcional.
Dentro del Programa se incluirán las acciones que fueran necesarias para la implementación de servicios públicos de transporte automotor de pasajeros, cuando las circunstancias técnico operativas así lo permitan, en un momento donde todavía muchos argentinos están varados en distintos puntos de la Argentina con el impedimento de no poder regresar por no contar con transporte propio.
La letra que argumenta la norma señala también que «deviene necesario garantizar la permanencia del servicio y de los puestos de trabajo comprometidos en la actividad, minimizando el impacto que las medidas de emergencia sanitaria ocasionan a la ecuación económica financiera de los operadores».
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Trabajadores Precarizados movilizan el viernes contra rebajas salariales, suspensiones y despidos
La Red de Trabajadores Precarizados convoca a una movilización de reclamo este viernes, en confluencia con la protesta de la Asamblea Nacional de Repartidores. Ambos sectores concentrarán en el Obelisco a las 10 de la mañana para luego llevar sus demandas al Ministerio de Trabajo de Callao al 100. Denuncian el difícil momento que atraviesan, con rebajas salariales, despidos y suspensiones de las empresas, en violación al Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el Estado los prohibió a inicios de la cuarentena, una situación que aseguran es avalada por el Estado nacional que aporta financiamiento a multinacionales que no lo necesitan por la vía del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) sin garantizar que las empresas cumplan con el pago de los salarios y las condiciones laborales mínimas.
La Red de precarizados está integrada por trabajadores de empresas de comida rápida como Burger King o McDonalds, repartidores de empresas de plataformas, trabajadores de call centers y muchos otros rubros. La decisión de llevar adelante esta protesta para visibilizar su situación se tomó en luego de llevar adelante asambleas en distintos puntos del país que reunieron a más de 1100 jóvenes precarizados. Según aseguraron, la movilización se realizará con barbijos y respetando el distanciamiento social obligatorio en el contexto de epidemia.
Desde Estado de Alerta dialogamos con Selma Saeg, trabajadora de call center e integrante de la Red, quien aseguró que desde el sector “ya no aguantamos más las condiciones que tenemos en esta cuarentena”. Y añadió: “En mi caso estoy en un call center y, como muchos de este sector, trabajamos con ritmos que te queman la cabeza. A una de las chicas de la Red, por ejemplo, la despidieron por WhatsApp a pesar de que hay un DNU que lo prohíbe, pero el Gobierno y las conducciones sindicales miran para otro lado”.
Felipe Sánchez, trabajador de Burger King y otro integrante de la Red con el que dialogamos desde este portal, ratificó ese escenario de incumplimiento del decreto contra despidos y rebajas salariales por parte de las empresas de fast food: “Nos empezamos a organizar desde marzo, ante las rebajas brutales de salario que hemos sufrido por parte de esas empresas enormes. Lamentablemente, estas multinacionales se organizaron para pasar por encima del DNU que prohíbe despidos y rebajas salariales, sin tener ningún tipo de consecuencia”.
El trabajador explicó que además estas empresas se anotaron en el Programa ATP, por el que el Anses aporta el 50% de los salarios, pero denunció que una práctica habitual en estas empresas es registro ficticio de categorías de las liquidaciones para que finalmente el aporte estatal cubra el total del los bajísimos salarios que reciben los empleados, lo que implica que en muchos casos la empresa no estaría aportando nada. Más allá de denuncias sobre descuentos incomprensibles, por los que en las últimas quincenas muchos trabajadores han recibido recibos por cero pesos, Sánchez confirmó que desde la Red de Precarizados se están asesorando legalmente ante la fuerte sospecha de la ilegalidad de este tipo de prácticas y de un posible “fraude laboral”. Incluso en casos en los que el aporte de Anses supera el monto de liquidación de una quincena, las empresas retienen el pago hasta que se alcance esa cifra, en una práctica muy irregular.
Ya a principios de la cuarentena, las empresas de comida rápida fueron denunciadas por aplicar unilateralmente brutales rebajas salariales de hasta un 70% de los haberes por distintos ítems, incluyendo el rubro presentismo (pese a que la circulación estaba prohibida por una decisión estatal y no de los empleados), lo que finalmente el Ministerio de Trabajo obligó a retrotraer. Sin embargo, después de ese revés, las empresas acordaron con el Sindicato de Pasteleros, que representa al sector, la aplicación de un descuento salarial de alrededor de un 30% para todos sus trabajadores por lo que los sueldos que en promedio son de 16 mil pesos pasaron a ser de 12 mil, una cifra con la que resulta imposible garantizar la subsistencia, especialmente en un contexto de pandemia.
En relación con el rol del gremio, al que definió como un “sindicato amarillo que hace arreglos con las patronales”, Sánchez explicó: “Ante esa situación acudimos al sindicato, que nos cerró las puertas sin darnos ningún tipo de respuesta, más allá de individualizar el problema, recomendando mandar cartas documento de forma individual”.
Más allá de la situación dramática de los trabajadores de las empresas de comida rápida, Sánchez afirmó que “la misma situación se está viviendo en muchos otros sectores, incluso en peores condiciones, porque nosotros hoy tenemos el «privilegio» de estar blanqueados y tener un sindicato, aunque no tengamos un salario digno”. En ese sentido, aseguró que en las últimas semanas se han sumado a la Red de Precarizados trabajadores de salud, educación, limpieza y muchos otros rubros.
Según comentó Saeg, uno de los sectores que integra la red que está atravesando una situación más complicad es el de los repartidores “son la cara de la precarización porque pedalean horas y horas para ganar unos pesos mientras las empresas no les otorgan ningún elemento de seguridad y se mueren por la precarización, como Franco Almada, que murió hace unos días atropellado mientras laburaba”. Durante murieron tres trabajadores de las plataformas de reparto: además de Almada, el joven haitiano Emma Riosendaulv Joncka y Miguel Ángel Machuca
Saeg también añadió que un reclamo común es el de acceso generalizado al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10 mil pesos, que la mayoría de los integrantes de la Red no pudo cobrar (por tener algún trabajo en blanco, no tener la nacionalidad argentina u otras razones). En este sentido, también señaló que es un aporte que “no alcanza” para mucho y exigió que se aumente a 30 mil pesos. “Porque la plata está, hay que sacársela a los más ricos del país, a esas empresas que nos precarizan”, con concluyó.
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Comunicado
REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE LOS TRABAJADORES DEL PENTA E INDUMET
Ante los despidos de trabajadores de la tercerizada INDUMET esta comisión interna rechaza y exige la inmediata reincorporación de los compañeros.
El gobierno debe hacer cumplir el decreto de prohibición de despidos vigente.
La lucha del Penta muestra como las patronales hacen lo que quieren mientras los trabajadores tienen toda la razón y la ley de su parte, pero la razón y la ley no dan la fuerza necesaria porque el gobierno apañada a las patronales.
Los empresarios están aprovechando la situación de pandemia para avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Despiden, bajan salarios, flexibilizan, prohiben asambleas y hacen lock out como en el Rio Plántense.
El discurso de “voy a estar al lado de lo que más lo necesitan” se termina en la realidad del PENTA y de INDUMET.
Frente a estos problemas exigimos al Sindicato una junta de delegados presencial, con la debida distancia social y el uso de barbijos para decidir entre todos los paso a seguir.
Asimismo llamamos a todos los compañeros al dialogo, la mas férrea unidad, y no a medidas justas pero desesperadas que no conducen a la victoria. Hoy mas que nunca unidad y coordinación en las medidas .
Walter Espinosa, delegado de Ecocarnes
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¿Cuánto debiera ser nuestro salario como mínimo?
Como desde hace años, la Junta Interna de ATE INDEC realiza un ejercicio para establecer una referencia para las discusiones paritarias de la pauta salarial para este año, indistintamente del convenio colectivo de que se trate. En esta oportunidad la actualización es con datos al 30 de abril pasado, cumplidos los 60 días de cuarentena, y contempla acercar la economía de cada familia a verdaderos valores de la canasta, las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.
(ATE Indec) Argentina– Este informe se elabora en un contexto extraordinario donde, frente a la situación actual el gobierno nacional que ha decretado la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio. Desde su inicio el 20 de marzo, el gobierno nacional declaró como esencial a las actividades relacionadas con la Salud, ha ido flexibilizando con una serie de excepciones a distintas actividades tanto comerciales como de la industria.
Es en esta coyuntura que realizamos la presente actualización del ejercicio –cumplidos60 días de cuarentena‑, que tiene como finalidad establecer una referencia para las discusiones paritarias de la pauta salarial para este año, indistintamente del convenio colectivo de que se trate. El salario mínimo de este ejercicio acerca a la economía de cada familia verdaderos valores de la canasta, las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.
Esta actualización se da en el preciso momento que nuestra Asociación Trabajadores del Estado ha exigido la pronta apertura de las paritarias que tiene como desafíos conseguir: A) que el estado empleador reconozca la pérdida salarial que venimos sufriendo los trabajadorxs del sector, y además, B) se establezca una pauta salarial acorde a la estimación de la inflación planteada por los especialistas coincidentes con las del BCRA a través del REM, que proyectan una inflación acumulada entre el 42 y 45%, con cláusula de revisión de carácter obligatoria.
En el caso de esta canasta, contiene un ingreso requerido en la actualidad para cubrir las necesidades básicas de lxs trabajadorxs y su núcleo familiar. A este valor llegamos en base al uso de datos oficiales publicados por el INDEC:
Un Hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos (de 6 y 9 años) necesitó, en abril de 2020, de $67.371,60.- para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de $22.352,40.- necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $ 45.019,20.- para acceder a otros bienes y servicios básicos.
Este es un ejercicio de estimación, para el que se recurre a información pública y se emplean metodologías útiles para proveer las mejores aproximaciones posibles y sea una referencia válida para la discusión salarial (y también de otros sectores sociales castigados económicamente, como jubilados y beneficiarios de asignaciones familiares) y un sólido fundamento para exigir una urgente recomposición salarial y la reapertura de paritarias para todxs lxs trabajadorxs, sea cual fuere su forma de contratación.
Las canastas utilizadas para este ejercicio son las llamadas “Canastas de Consumos Mínimos” y surgieron como propuesta metodológica innovadora en el INDEC, aunque todavía no se han aplicado en las mediciones oficiales. No son las habitualmente utilizadas para la medición de la pobreza, que en la última actualización es de$ 41.994,86 para una familia tipo, sino que establece un piso para que cada trabajador esté en condiciones de cubrir las necesidades básicas de su núcleo familiar, y de esa manera no ser susceptible de caer en la pobreza.
Por tanto, ningún trabajador debería ganar ‑de bolsillo- menos que el valor calculado en este ejercicio.
Desarrollo del ejercicio
El presente ejercicio de estimación se acerca a los valores mínimos requeridos para cubrir las necesidades de los trabajadores y trabajadoras y su núcleo familiar.
En ese contexto, la metodología del ejercicio aquí presentado utiliza los siguientes elementos:
Los desarrollos metodológicos sobre canastas del INDEC previas a la intervención, las Encuestas de Gasto de los Hogares, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y las Paridades de Poder de Compra del Consumidor (PPCC) realizados también con anterioridad a dicha intervención.
La estructura de la Canasta relevada en el 2008 por la Dirección de Estadística de la Ciudad y la metodología de actualización de la composición de la canasta utilizada y probada por ese equipo técnico, que replicó y desarrolló los avances que en INDEC se habían iniciado.
Los datos del IPC actual en cuyo proceso trabajan nuestros compañeros del área, y las metodologías de determinación de la Pobreza e Indigencia aplicadas hasta la irrupción de la intervención en el INDEC y que ahora volvieron a ser utilizadas.
El ejercicio se realizó con el siguiente método:
a) Se considera una CANASTA ALIMENTARIA MÍNIMA, una CANASTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS, y una CANASTA TOTALMÍNIMA actualizadas en cuanto a qué productos incluyen. Se trata de consumos mínimos, no de “óptimos” o “deseables”.
b) Se determina el valor del “adulto equivalente”, unidad de medida que permite calcular las canastas para distintos tipos de hogares, teniendo en cuenta la cantidad de miembros, su edad y sexo.
c) Se amplía a las distintas regiones del país. La metodología tiene en cuenta la diferencia de precios entre las regiones.
Se debe tener en cuenta que las “Canastas de Consumos Mínimos” NO implican un modelo de lo que sería una canasta óptima, deseable, (que no puede surgir de un análisis estadístico, sino de una discusión social más global acerca de los objetivos y valores a que se aspira). Éstos son valores de mínima. Por eso mismo, ningún trabajador debería ganar ‑de bolsillo- menos que el valor calculado en este ejercicio.
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Obreros de SIAT (Grupo Techint) exigen dentro de la empresa el pago de Salarios..
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El HAMBRE no puede esperar
La Crisis Socioeconómica Sanitaria que el gobierno impone a los Trabajadores y el Pueblo está profundizando el HAMBRE del Pueblo, que respetando el distanciamiento obligatorio, protesta frente al municipio, cortando la av. h yrigoyen exigiendo se cumpla la ley de abastecimiento y los Comedores Comunitarios reciban la mercadería para poder hacer la comida y paliar un poco el HAMBRE de quiénes van diariamente..
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La CGT considera que hay un “default virtual” y pidió ayuda al FMI para la negociación
Fue a través de una reunión virtual que mantuvieron con el jefe de la misión del Fondo para la Argentina y representantes del gobierno nacional. Los dirigentes, además, bregaron por la conformación de un comité tripartito para el diseño de un modelo de desarrollo nacional.
(Foto: Prensa CGT)
La conducción de la CGT, encabezada por sus titulares Héctor Daer y Carlos Acuña, mantuvo hoy una reunión de carácter virtual con una delegación del FMI encabezada por el jefe de la misión para la Argentina, Luis Cadebbu, acompañado por su gabinete de asesores. Del encuentro también participó el Director Argentino ante el FMI, Sergio Chodos, dándole a la reunión un carácter oficial.
El encuentro se realizó en momentos en los que el equipo económico liderado por Martín Guzmán prepara una nueva propuesta para acercar posiciones con los acreedores privados de la deuda luego de postergar el plazo de cierre de la última propuesta de reestructuración.
Mediante un comunicado posterior, la conducción explicó que, en la reunión, “manifestó su preocupación por alcanzar un acuerdo que le permita al país salir del default virtual en el que se encuentra”. Allí, los dirigentes aseguran que “requerimos el acompañamiento en la negociación con los bonistas privados para alcanzar rápidamente un consenso que permita iniciar el proceso de desarrollo económico que necesita nuestra economía”.
Para la CGT, el FMI “no resulta ajeno a la situación” de “endeudamiento desproporcionado” que sufre la Argentina y que, por ese motivo, “deberá comprometerse en la búsqueda de una solución que garantice la sustentabilidad macro económica que permita un desarrollo inclusivo desde el punto de vista social y laboral”. Sin embargo, en ningún pasaje del texto se cuestiona la deuda que el país mantiene con el propio organismo y que, a contramano del propio estatuto del FMI, ha servido para financiar la fuga y la especulación financiera durante los últimos años del gobierno de Cambiemos.
Por último, la conducción aprovechó el convite para manifestar su predisposición a participar en un “proceso de diálogo tripartito institucionalizado con el gobierno y los empresarios para diseñar un modelo de desarrollo productivo que garantice trabajo de calidad para todos los argentinos”.
Los dirigentes de la CGT tampoco hicieron alusión alguna al contexto de crisis global y las repercusiones a escala nacional que ha generado la pandemia del coronavirus como un argumento de peso para bregar por una nueva arquitectura financiera global capaz de incluir la reestructuración de la deuda con los acreedores privados, así como los propios organismos multilaterales de crédito.Los dirigentes de la CGT tampoco hicieron alusión alguna al contexto de crisis global y las repercusiones a escala nacional que ha generado la pandemia del coronavirus como un argumento de peso para bregar por una nueva arquitectura financiera global capaz de incluir la reestructuración de la deuda con los acreedores privados, así como los propios organismos multilaterales de crédito.
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Informe de la OIT demoledor sobre las perspectivas del empleo juvenil
Trabajadores jóvenes son los más golpeados por la crisis coronavirus
La pandemia entregará un triple impacto: a la pérdida del empleo se suma el freno en la formación académica y las mayores dificultades para volver a reinsertarse al mercado laboral.
La crisis de la Covid-19 está afectando a los jóvenes, en particular a las mujeres con mayor gravedad y rapidez que a cualquier otro grupo.
Imagen: EFE
Los jóvenes de entre 18 y 25 años serán los más golpeados por la crisis socio económica derivada del coronavirus. Uno de cada seis en el mundo perdió el empleo desde que comenzó la pandemia. Se encuentran más expuestos, dado que cuatro de cada diez trabajan en los sectores más afectados, como comercio y hotelería.
Tendrán un triple impacto: a la pérdida del empleo se suma el freno en la formación académica y las mayores dificultades para volver a reinsertarse al mercado laboral. Así se desprende de un informe realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ya habla de una “generación de confinamiento”.
“La crisis de la Covid-19 está afectando a los jóvenes, en particular a las mujeres con mayor gravedad y rapidez que a cualquier otro grupo. Si no tomamos medidas inmediatas para mejorar su situación, el legado del virus podría acompañarnos durante décadas. Si su talento y energía son marginados por falta de oportunidades, esto ocasionará un daño al futuro y hará que sea mucho más difícil reconstruir una mejor economía post-Covid”, aseguró Guy Ryder, director general de la OIT.
Desempleo
El 17,1 por ciento de los jóvenes de todo el mundo de entre 18 y 29 años dejaron de trabajar desde el comienzo de la pandemia. Los que mantuvieron su empleo tuvieron una reducción de horas del 23 por ciento, por lo que su nivel de ingresos también se vio afectado en casi la mitad de los casos (43 por ciento). Los datos surgieron de una encuesta de la OIT con la Iniciativa Mundial sobre Empleo Decente en 112 países.
Una de las razones que explica el desempleo tiene que ver con que los sectores económicos donde se encuentran la mayor proporción de jóvenes son los más impactados por la pandemia. Se trata de comercio, fabricación, inmobiliaria/administración y hotelería/alimentación, que en febrero empleaban a 178 millones de jóvenes de todo el mundo. La proporción del empleo juvenil sobre el total del empleo alcanza hasta el 17 por ciento. En cambio, en los rubros menos afectados, como servicios públicos o actividades sanitarias, la proporción del empleo juvenil no alcanza el 4 por ciento. Por otro lado, al disponer de menores niveles salariales, y por ende de ahorros, son más vulnerables a las repercusiones en sus ingresos.
Casi tres cuartas partes de los jóvenes que trabajan en los sectores económicos más afectados (131 millones) tienen un empleo informal. Si bien las mujeres jóvenes representan menos del 39 por ciento del empleo juvenil a escala mundial, constituyen el 50,0 por ciento del empleo juvenil en los servicios de hotelería y alimentación y el 41,7 por ciento en el comercio al por mayor o al por menor.
Además, el desempleo juvenil aumenta más rápido. En Canadá, el índice de desempleo subió de febrero a abril 6 puntos porcentuales para las personas adultas, pero en los jóvenes se incrementó 17 puntos porcentuales. “En otros países como Estados Unidos, Australia, China o Suiza se registraron tendencias análogas”, dice el documento. Los jóvenes menores de 30 años integran el 70 por ciento de los flujos migratorios a escala internacional. «Muchos padecieron las consecuencias del cierre de lugares de trabajo y de fronteras, y no pudieron retomar su trabajo ni volver a su país de origen», agrega.
Triple impacto
La crisis afecta a los jóvenes con la ola de pérdida de empleos, pero también por la interrupción de educación, “que podría mermar sus oportunidades profesionales en el futuro”, dice el informe. Alrededor de la mitad de los encuestados manifestó que concluirá sus estudios con retraso y el 10 por ciento prevé que no podrá terminarlos. El 98 por ciento informó del cierre íntegro o parcial de las instituciones educativas. Más de dos terceras partes tiene actividades a distancia. No obstante, la cantidad de centros académicos cerrados completamente es más elevada en regiones que no poseen medios adecuados para implantar programas de formación a distancia.
El tercer impacto tiene que ver con las mayores dificultades que tendrán para reincorporarse al mercado laboral. “Las pruebas empíricas muestran que la incorporación de los jóvenes al mercado laboral en períodos de recesión puede repercutir adversamente en su situación relativa durante una década”, anticipa la OIT. “Los grupos que concluyan su enseñanza secundaria o universitaria en el 2019/2020 es probable que padezcan pérdidas salariales a largo plazo, y en los próximos años deberán afrontar una mayor competencia y una menor cantidad de puestos de trabajo disponibles”, alerta el documento.
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Autorizaron el funcionamiento de bares en La Pampa y mudanzas en Buenos Aires
El Gobierno nacional, por decreto, autorizó este jueves a que bares en La Pampa y las mudanzas en provincia de Buenos Aires tengan la posibilidad volver a la actividad.
En la provincia que gobierna Sergio Ziliotto no solo los bares podrán reabrir sus puertas sino también restaurantes, gimnasios y bibliotecas. Mientras que las mudanzas, de acuerdo a lo dispuesto por la Decisión Administrativa 909⁄2020 que figura en el Boletín Oficial, podrán realizarse en aquellos municipios bonaerenses en los cuales el virus esté controlado.
Estas localidades son las de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.
También, tal como adelantó el intendente Guillermo Montenegro, en General Pueyrredón existirá la posibilidad de ver comercios minoristas y de cercanía abiertos. Mientras que Hurlingham se dispuso la reapertura de actividades Industriales y de productos textiles con estrictos protocolos de traslados de empleados.
La autorización de excepciones aclara en “todos los casos se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio del Covid-19”.
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La Justicia laboral le ordenó a la cadena Open 25 reinstalar uno de los 200 empleados despedidos al inicio de la pandemia
La cadena de kioscos había eludido la prohibición de despidos y cesanteado casi 200 empleados al inicio de la pandemia. Ahora un fallo le ordena reinstalar en su puesto a uno trabajador que fue a la justicia.
El juzgado nacional de primera instancia en lo laboral N° 16 a cargo del Dr. Alberto M. Gonzalez resolvió en la jornada de ayer otorgar una medida cautelar ordenando la «reinstalación inmediata» de un trabajador que desempeñaba sus labores en uno de los kioscos de la cadena Open 25.
La cesantía del empleados en cuestión, y de casi dos centenares de compañeros suyos de las decenas de tiendas en la Ciudad de Buenos Aires y también en la Provincia de Buenos Aires que tiene la cadena, sucedió durante la vigencia de la cuarentena y del decreto que prohíbe los despidos.
La empresa había pretendido eludir la decisión del ejecutivo alegando que el empelado estaba excluido de la prohibición por estar cursando todavía el período de prueba.
El planteo del trabajador, representado dos representantes del colectivo Abogades en Cooperativa, sostuvo que el espíritu y finalidad del decreto del Gobierno Nacional era impedir que se produjeran todo tipo de despidos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio.
La justicia laboral le dio la razón. Por ello dictaminó la nulidad del despido y la inmediata reinstalación del trabajador.
Es el primer fallo de un reclamo contra la cadena de kioscos 24 horas OPEN 25 sobre los despidos masivos que fueran noticia a fines de abril.
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La Justicia ordenó la reincorporación de un trabajador que fue despedido durante la cuarentena
El Juzgado de Primera Instancia de Distrito Laboral de Rosario hizo lugar a una medida cautelar, a partir del decreto que prohíbe los despidos y suspensiones durante la cuarentena. Es el primer fallo de este tipo en la ciudad.
POR GUIDO BRUNET
La justicia falló a favor de un trabajador que fue despedido durante la cuarentena, por lo que el hombre deberá reincorporarse a su puesto de trabajo. Es la primera vez que se produce un fallo de este tipo en la ciudad desde el inicio de la pandemia.
Se trata de un empleado de una carnicería del microcentro de la ciudad, que al concurrir al comercio a fines de marzo se le manifestó que había sido despedido. Sin embargo, el trabajador, cuyas siglas son N.A.M., nunca fue notificado formalmente.
Por lo tanto, a través de abogados envió un telegrama para que se le permita continuar con sus labores. Ante la negativa del comercio de dar marcha atrás con el presunto despido, se inició un amparo judicial para solicitar la reincorporación y que se abonen los salarios adeudados, a partir de la vigencia del decreto nacional que prohíbe los despidos y suspensiones.
«La patronal contestó que para ellos estaba bien despedido y que no contaban más con ese puesto en la carnicería», detalló Tomás Quaranta, uno de los abogados del trabajador en cuestión.
Ante la solicitud del damnificado, la jueza Patricia Liliana Otegui, a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Distrito Laboral de la 6ª Nominación de Rosario, la semana pasada hizo lugar a la medida cautelar, y dispuso que el hombre debe ser reincorporado entre este martes y miércoles. Y en las próximas semanas deberá dictarse la resolución con respecto a los salarios que se le adeudan.
“Se deberá dar cumplimiento a la orden emitida, en tiempo y forma, bajo apercibimiento de la aplicación de medidas conminatorias pecuniarias hasta su efectivo cumplimiento”, estipula el fallo.
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También un dirigente aeronáutico fue víctima del espionaje ilegal del macrismo
La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) reclamó que la Justicia decida una «rápida intervención» para esclarecer el presunto espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri a dirigentes oficialistas y opositores, periodistas y sindicalistas, entre ellos su secretario de Prensa y Cultura, Hugo Perosa.28/05/2020 00:01:00
«Estos métodos constituyen una afrenta y una amenaza a la democracia y a las instituciones de la República y es necesario que se castigue a sus responsables», advirtió APA en un comunicado.
El gremio se refirió en estos términos a la denuncia que ayer presentó ante la justicia la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre una supuesta operación de servicios de inteligencia para espiar correos electrónicos de varias figuras de la vida política, sindical, cultural y académica
Las maniobras de espionaje habrían ocurrido durante la presidencia de Mauricio Macri y la denuncia quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello, en los tribunales federales de Retiro.
Para APA, «la militancia en todas sus formas por la causa popular, la participación y el involucramiento en la vida pública, sindical y social son derechos humanos que no pueden ser perseguidos ni espiados por nadie, y mucho menos por quienes detentan cargos de responsabilidad en organismos del Estado».
La organización sindical adelantó que «con el fin de desterrar para siempre este accionar propio de las dictaduras», adoptará «las medidas que considere adecuadas para que se haga Justicia y todos los responsables de este delito sean juzgados y sancionados».
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Kimberly Clark no podrá acusar a los trabajadores que ocuparon la planta
Cierran acusación penal de la Corporación Kimberly Clark contra trabajadores que tomaron la planta en defensa de sus puestos de trabajo, al reconocer el fiscal que la empresa “usó al sistema penal para resolver un conflicto gremial”. Por Leo Rodríguez para ANRed.
Kimberly Clark cerró en septiembre pasado su planta en Bernal en la que producía papel higiénico y otros productos de limpieza, despidiendo a 206 trabajadores, quienes respondieron tomando la fábrica. Ante ello la multinacional norteamericana obtuvo el respaldo primero judicial, al validársele el procedimiento preventivo de crisis y luego policial al desalojarlos ésta a punta de pistola a principios de diciembre pasado. Finalmente la planta quedó cerrada y los trabajadores imputados por “usurpación de la propiedad privada”.
Esta corporación con sede en Dallas, cuenta con más de 42.000 trabajadores a lo largo del globo y tiene ventas que rondan los 20.000 millones de dólares anuales. Según la empresa, en 2018 decidió “un programa de reestructuración global que priorizara productos de alto valor agregado para el consumidor y el cierre de las plantas ineficientes”. Esta priorización de producir lo que da más ganancias y desmantelar las plantas en las que no pudiera disciplinar a la comisión interna, fue respetada esa prioridad por el gobierno de Macri, Vidal y Martiniano Molina, decisión no revisada tras los cambios de gobierno nacional, provincial y municipal.
Ante la situación de cuarentena y escasez de insumos de salud la planta sigue cerrada. Sin embargo la defensa de los trabajadores persistió, apadrinada por la Correpi y APEL, ante lo cual el fiscal resolvió archivar la denuncia penal de esta corporación, que sigue siendo dominante en argentina, con una planta de 523 trabajadores en San Luis; 432 en las oficinas porteñas y 230 en la planta de Pilar. El fiscal afirma que “priman en el particular cuestiones de orden social, que atraviesan o trascienden el Derecho Penal (…) no debe pasar por alto que se trata de la toma de una planta de producción, cuyo cierre aparejó la pérdida de trabajo para una importante cantidad de familias”.
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