Editorial Resumen Chile, Resumen Latinoamericano, 15 mayo 2020
Responsabilizar a la población de sus errores y fracasos, de
sus desaciertos y mentiras, ha sido la única respuesta del gobierno ante
el fallido manejo de la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV‑2.
Carentes de toda autocrítica, los gobernantes no han tenido empacho ni
reparos en lavarse las manos y culpar a los ciudadanos por el
exponencial incremento de los contagios que se han producido en el
curso de las últimas dos semanas.
Los errores del gobierno y el Minsal son los causantes del colapso
que está produciéndose en el sistema de salud porque esta saturación de
casos pudo preverse y debió evitarse, pero quienes debían ocuparse de
ello, los gobernantes, no sólo no lo hicieron sino que hicieron oídos
sordos a todas las advertencias y recomendaciones tanto de los propios
expertos de su grupo de apoyo como de los organismos internacionales.
Además, la simple observación de lo que han sido las experiencias
exitosas o más efectivas en otros países otorgaban a Chile la
posibilidad de beneficiarse del hecho de ser uno de los últimos en donde
se presentó el virus, contando así con elementos suficientes para no
caer en falencias o cometer errores que podían resultar lamentables.
Pero el presidente Piñera y su gobierno han sido más proclives a actuar
como títeres y seguir los dictados económicos y caprichos ideológicos
del presidente de Estados Unidos (un patético personaje que tiene a su
propio país convertido en un caos), que de atenerse a las indicaciones y
recomendaciones que señalaba la ciencia o la necesidad de poner a la
salud como prioridad.
No pueden ahora estos gobernantes tener el descaro de decir que no
sabían que podían producirse ciertas tendencias o que no tenían
información sobre tales o cuales peligros. Una cosa es que Mañalich y su
equipo mientan y que se convenzan a sí mismos de sus propias mentiras,
pero no es aceptable que pretendan pasar por falta de información lo que
a todas luces es falta de criterio sanitario. Los contagiados
asintomáticos, por ejemplo, son una realidad y un peligro que desde hace
más de dos meses viene advirtiendo la 
OMS,
la necesidad de las cuarentenas totales son una exigencia desde el
comienzo de la epidemia en Wuhan en adelante, menos para el gobierno
chileno y para unos pocos gobernantes desquiciados en el planeta (Trump y
Bolsonaro, entre ellos), cuyas gestiones respecto del coronavirus las
tienen que lamentar sus pueblos.
Recién después de dos meses el gobierno chileno viene a aplicar una
cuarentena casi total (casi) en la Región Metropolita y provincia de
Santiago que, como era de presumir, se han convertido en el principal
foco de contagios en el país y en una fuente de irradiación de contagios
hacia otras regiones y ciudades. La dictación de cuarentena para el
densamente poblado territorio capitalino la adoptan con retraso producto
de la obcecada forma de manejar la crisis sanitaria que ha tenido el
gobierno, en especial el Ministro Mañalich y su equipo de trabajo en el
Minsal, caracterizada por el autoritarismo y el ocultamiento de
información relevante. La estrategia de las mal llamadas «cuarentenas
dinámicas» solo sirvió para que la propagación del virus se dinamizara y
para que Mañalich se diera el gusto de imponer su arbitraria visión.
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Dado lo tardía de la medida preventiva, todo indica que los contagios
seguirán multiplicándose en los próximos días. A la tardanza de gestión
hay que agregar el peligroso retardo con que se están conociendo los
resultados de los exámenes de laboratorio lo que se traduce en que la
información de diagnóstico se obtenga con tres o más días de retraso y,
por tanto, se produce un desfase inevitable entre lo que se está
haciendo y lo que efectivamente está ocurriendo; sin considerar el daño
que provoca aquellos exámenes que se pierden en la maraña burocrática de
la gestión. El desfase determinado por la capacidad instalada y la
capacidad operativa de los laboratorios es uno de los aspectos que
debiese haber tenido en consideración una política gobernante de gestión
de crisis, prever y anticiparse a ello, cuestión que no ha ocurrido en
absoluto. Por el contrario, el gobierno y el Minsal no solo han ido
detrás de la pandemia sino que su política de enfrentamiento ha sido
reactiva frente a escenarios que ya se han producido, o si se quiere ha
sido orientada a criterios de aplicación de medicina curativa en lugar
de preventiva. Los hechos demuestran que nunca han querido impedir la
propagación de la enfermedad sino sólo controlar transmisión del virus;
en la aplicación de ese fallido y perverso plan, se los comió la
realidad cotidiana del Chile real.
El ocultamiento de información y la distorsión de cifras han
resultado también determinantes para no apuntar a lo esencial.
Contraviniendo las recomendaciones de realizar testeos masivos y no
selectivos, los enfermos no se examinan ni se atienden en los centros de
salud pública si no cumplen con los protocolos burocráticos de «calidad
de enfermos», que más bien parecen reglamentos de selección laboral.
Los menos son los que pueden costearlo y recurren a los centros privados
a pagar por un examen preventivo; los más deben resignarse a volver
sobre sus pasos y padecer la enfermedad en sus casas. A eso hay que
añadir que los muertos no se cuentan como contagiados si mueren en la
casa y no se las ha practicado el examen de laboratorio. Un completo
circulo vicioso.
Desde el comienzo de esta pandemia que el gobierno ha tenido una
conducción errada. Siempre tarde en la adopción de medidas de
prevención, aplicándolas a regañadientes y producto de la presión social
pero nunca por iniciativa propia. Siempre ha estado más preocupado de
que el mercado y el mundo financiero no sufriera problemas, en lugar de
velar por la prevención y la salud de la población. La determinación
obsesiva de reactivar el mercado para proteger al empresariado,
expresada en la persistencia por imponer rápidamente una «nueva
normalidad», o un «retorno seguro», son la causa principal de una
política sanitaria errada y fracasada. A fin de cuentas, los costos, en
uno y otro caso, siempre los termina pagando la población.
El saldo aún está por verse, pero en lo inmediato tenemos un aumento
exponencial de los contagios, el colapso eminente del sistema de salud,
el costo presumible en vidas humanas, y un gobierno que seguirá
lavándose las manos, haciendo encuestas y manipulaciones mediáticas de
lavado de imagen.
Pero que ahora, en plena escalada de la pendiente de casos de
contagiados, venga a responsabilizar a la población por la propagación
del virus es el colmo de la sinvergüencería y del descaro. Que venga
ahora a pretender que la población no tuvo confianza en la autoridad es
una señal de que nunca han entendido la realidad del país en que viven y
en donde, desgraciadamente, son gobierno. Solo falta que digan como
excusa «no lo vimos venir», si es que ya no lo han dicho.
Ese argumento de la falta de confianza es una excusa falaz. Los
gobernantes sabían y saben perfectamente que estábamos viviendo una
protesta social permanente contra el gobierno y contra el sistema que
éste representa y defiende, y que la llegada del coronavirus al país les
brindaba una oportunidad gratuita de salvar la situación y cobrarse
desquite. Mienten porque es gratis mentir desde el poder, porque les
resulta natural faltarle el respeto a la ciudadanía, creen o siguen
creyendo que la población chilena es una turba de necesitados a la que
se le puede vender cualquier pomada, se le puede engañar de cualquier
manera, se le puede convencer de cualquier patraña.
¿No lo vieron venir? ¿O acaso no lo entienden? No entienden que el
pueblo chileno, la población, la ciudadanía de este país no puede
confiar en un gobierno que le ha reprimido brutalmente por tres meses ni
en un sistema que le ha ninguneado por 30 años. No puede confiar en un
gobernante que ‑en plena pandemia- se burla de ese pueblo movilizado y
se ocupa de ir a sentarse a Plaza Dignidad. No confía en un gobierno que
gasta recursos del Estado para borrar los símbolos gráficos de la
protesta social y restablecer «el orden público» repintando y cercando
una estatua que si sigue en pié es sólo porque se convirtió en parte de
los símbolos de esa misma protesta social. No confía en un gobierno que
se dedica ‑en plena pandemia- a gastar millones de recursos del Estado
en equipos y material bélico para que las fuerzas policiales repriman al
pueblo chileno, en un gobierno que no vacila en reprimir pequeñas
manifestaciones (aunque sean pacíficas ordenadas y con prevenciones
sanitarias) y sin embargo tiene manga ancha con fiestas masivas o cultos
religiosos de su base de apoyo evangélica. No puede confiar en un
gobierno que ha intentado utilizar la pandemia para seguir violentando
la historia y la memoria de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos en dictadura, que busca otorgar beneficios carcelarios e
indultos a criminales que cumplen condenas por delitos de lesa
humanidad, y que ante el primer descuido público otorga indulto a
criminales de esta calaña y ante la primera oportunidad que tiene nombra
ministra a una persona representante genuina de esa dictadura infame y
sobrina nieta del propio dictador.
No puede confiar en un gobierno que ha dado muestras demasiado
groseras de preocuparse sólo de los intereses del gran empresariado y de
los poderosos, no puede confiar en un gobierno que ha impuesto una
forma autoritaria, arbitraria y despectiva de gestión de la pandemia,
dominada por aspectos ideológicos y mercantiles; no puede confiar en un
gobierno que murmura «quédense en sus casas» pero vocifera «vayan a
trabajar», que otorga beneficios multi millonarios a empresarios pero
mezquina apoyos materiales directos a la población dejada en cesantía,
dejados en la estacada, y a los más vulnerables. No puede confiar en un
gobierno que no es capaz de reconocer ninguno de los groseros errores y
fallas en que ha incurrido en el manejo de la gestión sanitaria, sino
que por el contrario sigue mintiendo e intenta trasladar la
responsabilidad de sus propias deficiencias hacia la población,
achacándoselas a la ciudadanía, lavándose las manos de sus desaciertos y
desatinos.
No puede confiar en un gobierno que no escatima esfuerzos por sacar
ventajas políticas imponiendo decretos abusivos y consiguiendo la
aprobación de leyes regresivas y represivas, con la participación
cómplice de una negada oposición. No puede confiar en un gobierno que
hace un uso abusivo de los medios empresariales de comunicación con la
pretensión evidente de lograr figuración publicitaria y sacar ventajas
electoreras en un hipotético futuro de su «nueva normalidad»; abuso en
que destacan un considerable número de políticos y personajes de una
derecha descontrolada, entre los que figura el patético alcalde de Las
Condes, Joaquín Lavín, quien no ha tenido ni un gramo de decencia con
sus desmedidas apariciones publicitarias.
Lo cierto es que todo esto y lo que ahora está por venir, era
previsible teniendo al gobierno que tenemos, teniendo al gobernante que
tenemos. Lo mínimo que debiesen haber hecho estos gobernantes, ante la
inminencia del arribo de la pandemia, era hacerse a un costado de la
escena pública y dejar el manejo de la crisis en manos de especialistas,
de científicos, de técnicos con experticia, y que estos establecieran
la relación social y sanitaria con la población. Método que, por lo
demás, también forma parte de la experiencia acumulada en otros países
donde sí ha habido un manejo eficiente de la situación.
Pero no. Los personeros de gobierno están dominados por el afán de
estar y aparecer para realizar una activa defensa ideológica y política
de un modelo y de un sistema moribundo, demasiada vanidad y egolatría en
el gobernante y en parte de su equipo de crisis como para resignar algo
de protagonismo y figuración, prima en ellos la mezquindad en lugar del
desinterés o la benevolencia, tienen demasiado odio hacia el pueblo
como para no aprovechar la oportunidad de aplastarlo.
Lo peor es que pretendan responsabilizar a la población y no asumir
sus fallas. Tampoco es que resulte extraño si consideramos que en un
centro de salud (de la Región Metropolitana) sancionaron a una médico
por haber resultado contagiada ejerciendo labores de salud pública en el
propio hospital, o si la seremi de salud metropolitana dice que no es
su problema las personas que mueren en sus lugares de vivienda por el
coronavirus, o que el seremi de salud del Bío Bío se apresure en
decretar la reapertura de cultos religiosos en su región (descriterio
enmendado por la Corte de Apelaciones de Concepción).
Los culpables de los desatinos en el manejo de la crisis sanitaria
deben asumir sus responsabilidades y dejar las funciones que ostentan
antes de que el daño que causen con su actuar sea mayor. No es posible
tolerar tanta liviandad y desfachatez. Basta de mentiras y
manipulaciones.
