Resumen Latinoamericano, 3 mayo 2020
Más de 130 personas, entre ellas numerosos periodistas colombianos y estadounidenses, habrían sido objeto de seguimiento informático durante varios meses.
Ciertas unidades
del Ejército colombiano espiaron durante meses a más de 130 personas
—entre ellas periodistas nacionales y extranjeros, políticos, generales y
defensores de derechos humanos— desviando para ello, supuestamente,
parte de los recursos de la cooperación estadounidense, según revela una
nueva investigación de Revista Semana.
Entre
febrero y primeros de diciembre de 2019, cuando el cargo de comandante
del Ejército lo ocupaba el general Nicacio Martínez, estas unidades se
valieron de herramientas informáticas y de software para buscar y
recolectar «masiva e indiscriminadamente toda la información
posible de sus objetivos para elaborar informes de inteligencia
militar». Estos perfiles incluían desde teléfonos, direcciones y correos
de los blancos, hasta sus amigos, familiares y colegas, entre otra
información personal, reza la publicación, titulada ‘Las carpetas
secretas’, aparecida este viernes.
Según el medio, las actividades
corrieron a cargo de algunos batallones de ciberinteligencia,
pertenecientes a las brigadas de inteligencia militar y al Batallón de
Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi), adscritos al
Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) y al Comando de Apoyo
de Contrainteligencia Militar (Cacim).
Revista Semana ha tenido
acceso a decenas de estos informes y ha entrevistado a más de diez
fuentes, muchas de las cuales participaron en este supuesto espionaje
masivo. Según una de ellas, algunas de las unidades implicadas recibían ayudas económicas
de una agencia de inteligencia extranjera y utilizaron parte de este
dinero para obtener las herramientas con las que luego espiaron, entre
otros, a ciudadanos de EE.UU.
Las víctimas
Una de las
primeras víctimas del espionaje militar fue el periodista estadounidense
Nicholas Casey, corresponsal de The New York Times, que reveló en
mayo de 2019 una directriz del Ejército colombiano
que exhortaba a duplicar el número de operaciones contra supuestos
criminales y rebeldes sin medir las consecuencias sobre la población
civil. Tras la publicación, que desató un escándalo en el país, los
militares elaboraron un dosier de más de 15 páginas que
incluía los datos y contactos personales y profesionales del
periodista, así como sus posibles fuentes e incluso sus seguidores en
las redes.
Entre los «perfilados» figuran también Juan Forero,
reportero de The Wall Street Journal; John Otis, periodista de National
Public Radio (NPR) e investigador de la ONG estadounidense Comité para
la Protección de los Periodistas; Lynsey Addario, fotoperiodista que
tomó unas fotografías del ELN en el Chocó para National Geographic, o
Stephen Ferry, otro fotoperiodista muy conocido en Colombia.
Supuestamente,
los militares habrían espiado también a periodistas colombianos como
María Alejandra Villamizar, analista de Noticias Caracol; Ignacio Gómez,
subdirector de Noticias Uno; Gina Morelo, editora de la unidad de datos
de El Tiempo; Yolanda Ruiz, directora de noticias de RCN Radio; y
Daniel Coronell, presidente de noticias de Univisión, entre varios
otros.
Entre los objetivos del espionaje también figuraban sindicalistas, militares activos y retirados, así como políticos,
entre ellos los senadores colombianos Gustavo Bolívar, Angélica Lozano y
Antonio Sanguino, así como Jorge Mario Eastman, exviceministro de
Defensa y secretario general de la Presidencia de Iván Duque. José
Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights
Watch, también aparece entre los perfiles.
Investigación y rechazo
Nada
más trascender estas revelaciones, la Procuraduría General de la Nación
ha anunciado en un comunicado que asume el proceso disciplinario «por
presuntos seguimientos por parte de miembros del Ejército a periodistas,
políticos, ONG y sindicalistas, que fueron denunciados por Revista
Semana en su más reciente número». Esta nueva indagación se suma a la
que ya se realiza por las supuestas interceptaciones ilegales realizadas
por varias unidades de Inteligencia del Ejército destapadas en enero por la misma publicación.
Por su parte, el presidente colombiano, Iván Duque, aseguró
este sábado en su cuenta de Twitter que «perfilar periodistas,
políticos y funcionarios de Presidencia debe ser investigado a fondo y
sancionado con severidad». «He dicho, desde inicio de mi Gobierno, que no toleraré a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley», expresó el mandatario.
Danielle Rhoades Ha, vicepresidenta de comunicaciones de The New York
Times Company, se mostró profundamente preocupada por estas
informaciones, según las cuales «el Ejército colombiano monitorea las
actividades de periodistas, entre ellos el corresponsal de The New York
Times». «Dichos actos constituyen un intento de intimidar a la prensa y a
sus fuentes, y de restringir informes que el público tiene derecho a
conocer», declaró a Revista Semana.
En la misma línea, la Fundación para la Libertad de Prensa denunció que «estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa, son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país».
«Las
denuncias de interceptaciones ilegales y monitoreo secreto de
periodistas y defensores de derechos humanos serán seriamente examinadas
al momento de determinar la asistencia militar de Estados Unidos a
Colombia», advirtió en declaraciones al periódico el senador demócrata
estadounidense Patrick Leahy, vicepresidente del comité de apropiaciones
del Senado de EE.UU. Leahy aseveró que el dinero de los contribuyentes
estadounidenses «nunca debe servir para actividades ilegales, mucho
menos para violar derechos de ciudadanos norteamericanos». De resultar
ciertas estas denuncias, «sería una grave violación a la confianza» de
Washington, y «aquellos involucrados deben ser castigados», enfatizó el
senador.