Por Himelda Ascanio, Resumen Latinoamericano, 15 mayo 2020
Durante la cuarentena por el
COVID-19 crece el exterminio sistemático de los líderes sociales, opositores y
ex combatientes; focalizado en regiones donde las comunidades son consideradas
como un obstáculo para la implementación de megaproyectos.
Los Gobiernos de las últimas 3
décadas han hecho lo posible por ocultar la violencia estructural y sistemática
que sufren las comunidades que se oponen a megaproyectos mineros, petroleros y
de agronegocios. El Gobierno actual continúa dándole trato de Guerra a la protesta
social.
SOS por la paz y por la vida
Según el documento ‘SOS’ por la paz, por la vida y las
garantías de no repetición realizado por el
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), desde que apareció el
primer caso de COVID-19 han asesinado 21 líderes sociales, 13 de ellos
durante el confinamiento [1].
Entre 1 de febrero y el 1 de
mayo el CAJAR recibió 175 denuncias por agresiones, de las que 64 fueron contra líderes sociales, 34 de ellas de homicidios que dejaron 37
líderes asesinados; los líderes fueron víctimas
de 3 atentados, 3 amenazas, 5 hostigamientos, 6 abusos de las Fuerzas Armadas y
el desplazamiento forzado de 20 líderes de la organización Afrorenacer en El
Tambo, Cauca. En este mismo periodo se registraron 13 ataques contra ex combatientes de FARC, 11 asesinatos y 2
hostigamientos contra sus proyectos.
El CAJAR afirma que “mientras
la pandemia de la COVID-19 ocupa nuestra vida, el aislamiento social es utilizado en los
territorios como una nueva arma de Guerra. Los grupos armados legales e
ilegales no están en cuarentena y controlan cada vez más la vida de las
personas con la ausencia o complicidad de la actuación estatal” [2].
Desplazamientos forzados y control paramilitar
de los territorios
Las comunidades del Cauca y Antioquia afirman que enfrentamientos
armados durante marzo dejaron más de 2.190 víctimas, el desplazamiento forzado de 847 personas procedentes de 12 veredas de
la zona de Cañón del Inglés en Ituango, 550 de Argelia en el Cauca, 400
indígenas de Bojayá en el Chocó, 300 de Urrao en Antioquia, 80 de ellos en las
veredas de Nayita, Zabaleta y Agua Clarita por presencia paramilitar [3].
El CAJAR también denunció 10 graves infracciones al DIH referentes a
combates en zonas pobladas, confinamientos y amenazas a comunidades, que son señaladas de
pertenecer o encubrir a organizaciones ilegales; además existen 4 denuncias de
otras violaciones a los Derechos Humanos, como la desaparición de los líderes
comunales, padre e hijo, en Puerto Guzmán Putumayo, el pasado 10 de febrero
[4].
Los persiguen hasta que los matan
Yilson Fernando Rojas de 20 años, fue herido de
gravedad en el ojo izquierdo el 3 de mayo, por miembros de la Brigada XXVII del
ejército y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante una
operación de erradicación forzada en San Diego de Puerto Caicedo, Putumayo;
además 4 campesinos sufrieron heridas, entre ellos un menor de 17 años.
Yolanda Echeverri Gómez, Secretaria Ejecutiva del Comité de Paro Cívico
Buenaventura; desde el 24 de enero viene siendo objeto de amenazas y
seguimientos, sin que hasta la fecha reciba la protección adecuada.
Carlos Andrés Sánchez Villa de 37 años, vicepresidente comunal de Caño
Raya en Tibú, Norte de Santander y promotor de la implementación del Programa
Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito; fue asesinado el 6 de mayo
en el kilómetro 17, en la vía que conduce de La Gabarra a Tibú, a 500 metros de
un puesto de control militar de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército.
Reinaldo Mantilla Blanco, docente de la etnia Barí; fue
asesinado el 7 de mayo en la vereda El Seis del corregimiento Petrolea de Tibú, Norte
de Santander.
Eduardo Medina, comunero indígena y transportador de un bus tipo Chiva; fue
asesinado el 7 de mayo en la vereda Alto Come Dulce del corregimiento Bella
Vista en Suárez, Cauca.
Wilder
Daniel Marín Alarcón 22 años, ex combatiente de
las FARC era estudiante del SENA en técnica de Auxiliar Contable. Fue asesinado
e incinerado vivo en Bello, Antioquia el 7 de mayo.
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[1 – 2] Paz con justicia social y ambiental: La respuesta a la crisis
humanitaria agravada por la pandemia. CAJAR, 07-05-2020.
[3] AGC controlan comunidades indígenas luego de combates
con el ELN. Comisión Intereclecial de Justicia y Paz, 2-05-2020.
[4] En el aislamiento, la violencia ha cobrado 278 vidas en
el país: colectivo José Alvear. El Colombiano, 7-05-2020.