Por Pedro Santana Rodríguez. Resumen Latinoamericano, 26 mayo de 2020
El manejo económico que los gobiernos vienen dando a la pandemia ocasionada por la Covid-19 refleja el grado de correlación de fuerzas sociales y políticas en cada una de nuestras sociedades. Colombia no es ajena a esta realidad.
Las medidas implementadas en el país buscan en primer lugar paliar con el menor costo posible las secuelas sociales derivadas de las medidas tomadas para controlar la velocidad del contagio y evitar el desborde o colapso de los debilitados sistemas de salud privatizados desde comienzos de los años noventa del siglo XX. Las medidas como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones han consistido en utilizar las redes focalizadas de asistencia social para distribuir recursos monetarios sumamente limitados con los que se ha podido llegar apenas a un núcleo básico de cinco millones de hogares que resulta muy limitado y francamente insuficiente no solo por la cobertura sino por la irrisoria cuantía de las mismas. Para enfrentar el problema de la limitada cobertura el gobierno puso en marcha un programa de emergencia “ingreso solidario” que buscaba llegar a otros tres millones de familias que no están en las redes asistencialistas con un subsidio monetario irrisorio de menos de US$50 dólares, pero se chocó con las inconsistencias de las bases de datos que estaban llenas de irregularidades como personas fallecidas o que por sus ingresos no deberían ser objeto de este minimalista programa.
Los gobiernos locales principalmente y el Ministerio del Interior,
ante las demoras para la distribución de las ayudas monetarias
limitadas y ante los problemas de cobertura, decidió repartir mercados
también limitados con algunas excepciones como la de la gobernación del
departamento del Magdalena que sí entregó una mercado adecuado en
cantidad y balanceado, pero en la mayor parte del país eran mercados mal
balanceados y escasos y con un problema adicional, que no llegaron a
una buena parte del país como tuvo que reconocerlo la propia errática
ministra del interior, Alicia Arango, que señaló que a seis semanas de
decretada la cuarentena obligatoria los mercados no habían llegado a la
costa pacífica, culpó de ello a la Unidad Nacional de Gestión del
Riesgo, designada por el propio gobierno para su distribución.
A esta estrategia se sumó desde el 27 de abril un elemento que
profundiza el minimalismo y miserabilismo como elementos centrales de la
respuesta gubernamental. Consistió en flexibilizar la cuarentena en dos
sectores intensivos en la utilización de mano de obra, la industria de
la construcción y la industria manufacturera, que emplean unos 7.5
millones de trabajadores. Conscientes de los riesgos de un estallido
social por la falta de alimentos y de asistencia humanitaria para los
sectores más desprotegidos que son los que se rebuscan la vida en la
informalidad, que según Garay & Espitia llegan al menos al 50% del
total de la fuerza de trabajo, mientras el Departamento Nacional de
Estadística, DANE, calcula una tasa de informalidad del 62% y con un
gasto público que no llega al 2% del PIB, diversos analistas lo ubican
en 1,7% del PIB que suman todas las ayudas aprobadas, el gobierno aflojó
la cuarentena autorizando la reactivación económica en los dos sectores
mencionados. Posteriormente ha continuado con la flexibilización en dos
direcciones: autorizando la entrada al trabajo en otros sectores como
superficies mayoristas, productores de muebles, industria automotriz,
productos informáticos, fabricación de maquinarias y equipos
industriales, talleres de reparación de vehículos, y otras actividades
minoristas. Y prepara los protocolos para sectores del comercio y
actividades como las peluquerías y salas de belleza, que en nuestro país
del rebusque son todos intensivos en el uso de mano de obra. Ello sin
que se hayan realizado testeos aleatorios sobre la población para
identificar a los portadores asintomáticos y el real avance de la
pandemia en la población que viene creciendo de manera significativa en
algunas regiones del país.
La otra parte de la estrategia ha consistido en flexibilizar la
cuarentena en cerca de 800 municipios que no han presentado casos
comprobados del Covid-19, pero el que no se hayan registrado, no quiere
decir que no existan, pues, como ya se dijo no se han realizado pruebas
de diagnóstico en esos territorios. Estas medidas son arriesgadas y
desdeñan el mandato legal de tener en cuenta el principio de precaución.
Lo que se quiere es reactivar cuanto antes el aparato productivo para
disminuir la presión social, controlar los brotes de protesta que ya se
registran en muchos municipios ante las falencias de las políticas
asistencialistas que se han puesto para hacer frente al hambre y a la
falta de ingresos.
En la segunda emergencia decretada por 30 días el pasado 6 de mayo el
gobierno, ha continuado con la línea impresa desde la primera
emergencia social, económica y ecológica que había sido decretada el 17
de marzo, el minimalismo. Solo dos decretos han sido expedidos con
alguna trascendencia para el manejo de la crisis. El segundo para
ampliar el primero que tomó la medida de subsidiar con un 40% del
salario mínimo las nóminas de todas las empresas constituidas como
personas jurídicas por los próximos tres meses. Empresas que hubiesen
perdido hasta el 20% de su facturación. Esta medida como inmediatamente
se señaló dejaba por fuera el 72% de las empresas medianas y pequeñas
que son de patrimonio familiar o de propietarios naturales que no se han
constituido como personas jurídicas pero que pagan impuestos, están
inscritos en las Cámaras de Comercio como lo exige la normatividad que
las rige. Ante el reclamo el gobierno tuvo que enmendar el error e
incluir a estas empresas, lo que a mi juicio es acertado.
Todas estas medidas, apenas representan como bien lo señala
Kalmanovitz, $ 5.7 billones de pesos o sea el 0,67% del PIB y todo el
gasto social en subsidios se mantiene en una suma que no excede el 1,8%
adicional del PIB, según el Fondo Monetario Internacional, lo cual es un
esfuerzo insuficiente frente al daño económico que está sufriendo la
sociedad colombiana. Esa cantidad se reparte así: 1% del PIB para gasto
adicional en salud y 0,8% en transferencias a los hogares, reducción del
IVA y subsidios a las nóminas. El ministro de Hacienda está
considerando, además, dar algo a las personas naturales dueñas de
pequeños negocios que fueron excluidas del programa, pero, conociéndolo
no alcanzará el 0,1% del PIB. (Kalmanovitz, Salomón. Las propuestas de
las coaliciones. El Espectador. 18, 05,2020). Como ya se indicó un
segundo decreto de la segunda Emergencia incluyó a este sector.
La disputa por una renta básica extraordinaria
En medio de las políticas públicas minimalistas puesta en marcha por
el Gobierno Uribe-Duque para hacer frente a la pandemia diversos
sectores vienen planteado políticas más atinadas y robustas para hacer
frente a la crisis lo cual implica necesariamente un mayor gasto público
que como hemos señalado puede tener distintas fuentes de
financiamiento: crédito al gobierno por el Banco de la República,
utilizar entre 10 y 15 mil millones de dólares de las reservas
internacionales, impuesto progresivo al patrimonio de sectores super
ricos de la sociedad, impuesto a las grandes corporaciones y empresas,
eliminación de exenciones tributarias, todas ellas o una combinatoria de
las mismas daría los suficientes recursos para políticas más
significativas e incluyentes que eviten el hambre y permitan sortear la
crisis. Una de ellas muy bien documentada técnicamente y que ha logrado
el respaldo de 50 de los 108 senadores de la República es la de aprobar
una renta básica extraordinaria por tres meses para cubrir el salario
mínimo, unos 380 dólares a unos 4.7 millones de familias.
La propuesta presentada por Luis Jorge Garay & Jorge Enrique
Espitia propone otorgar una transferencia no condicionada a los hogares
más vulnerables del país de un (1) salario mínimo legal vigente
($877,803 por mes) durante tres meses, en calidad de renta básica
extraordinaria de emergencia. Este conjunto de hogares podría llegar a
un orden de 3 millones. Así, entonces, el costo fiscal de la propuesta
sería de $7,9 billones en el presente año de 2020 (equivalente a un
0,72% del PIB).
Si el programa aumentara para cubrir a 3.268.000 hogares que se
encuentran en pobreza monetaria y se les otorgara durante tres (3) meses
un salario mínimo legal, el costo fiscal ascendería a $8.6 billones en
2020 (0,79% del PIB). Y para un universo de 4 millones 768 mil hogares
para acceder a la renta básica extraordinaria de emergencia de un
salario mínimo por tres meses, el costo fiscal ascendería a los $13
billones en 2020 (1,2% del PIB).[i]
La propuesta como hemos señalado ha sido avalada por 50 senadores de todo el espectro político, pero, ha tenido como promotores principales a los senadores de la llamada Bancada Alternativa a quienes se han sumado otros sectores. Recientemente tuvieron una reunión con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien como comentó jocosamente uno de los participantes en la reunión escucho la propuesta y dijo que la estudiaría, por lo menos, no nos sacó a patadas, agregó.
La medida es necesaria pero se requiere de una gran presión para que
sea aprobada y constituiría una alternativa entre otras medidas para
hacer frente a la penuria y al hambre que se pasea por los sectores
populares y obreros del país. Será una lucha por dar y ganar de eso no
nos quepa la menor duda.
* Fuente: Revista Sur
