Resumen Latinoamericano, 15 de mayo de 2020
Ciudad de México | Desinformémonos. Ante la vulnerabilidad económica, la discriminación institucional, la falta de infraestructura y personal médico y las violaciones a su derecho a la salud, diversas comunidades y organizaciones indígenas pidieron al gobierno federal que se abra un espacio de diálogo para proponer medidas de atención a sus demandas durante la pandemia de coronavirus.
«Los pueblos y comunidades indígenas y equiparables han sido históricamente olvidados por las instituciones de salud pública, provocando la violación sistemática de su derecho a la salud», señalaron los pueblos y organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A, C.
Agregaron que en las comunidades indígenas hay una falta de acceso a fuentes de empleo digno, así como que su seguridad alimentaria «se encuentra en riesgo» ante la caída de sus ingresos, el alza de los precios en los insumos de la canasta básica y la ruptura de cadenas productivas y comerciales por la crisis económica derivada de la pandemia.
Frente al panorama, exigieron que el gobierno federal implemente un mecanismo de atención integral inmediata a comunidades indígenas para la prevención y atención de riesgos por coronavirus, así como un apoyo monetario, «directo, mensual y no condicionado, o renta básica por lo menos durante los tres meses que durará la crisis más inmediata, con posibilidad de extenderlo a cinco meses».
De igual forma, pidieron que se destinten los recursos necesarios para atender la violencia de género en la emergencia sanitaria y que se suspendan con una moratoria los proyectos de infraestructura a gran escala en los territorios indígenas «que se realizan sin su consentimiento expreso».
A continuación el comunicado completo:
Al Ejecutivo Federal,
A partir del trabajo que realizamos con pueblos y comunidades indígenas y equiparables, y del actual monitoreo que estamos llevando a cabo en el contexto de la emergencia sanitaria, organizaciones de la sociedad civil expresamos nuestra profunda preocupación ante las condiciones que la pandemia pueda generar en las comunidades durante las siguientes semanas y meses, y pedimos que se abra un espacio de diálogo para construir propuestas que atiendan sus condiciones y necesidades.
Los pueblos y comunidades indígenas y equiparables han sido históricamente olvidados por las instituciones de salud pública, provocando la violación sistemática de su derecho a la salud; frente a la presente pandemia, se encuentran en especial vulnerabilidad. A la falta de infraestructura, personal médico y abasto continuo de medicamentos, se suma la discriminación institucional y la falta de un enfoque preventivo culturalmente adecuado y asequible a las comunidades; así como, en este contexto, la falta de un monitoreo y seguimiento adecuado a los migrantes que regresan a sus comunidades, en cuidado de su dignidad.
Igual de preocupante es el tema de la vulnerabilidad económica de la mayoría de las personas en las comunidades. La falta de acceso a fuentes de empleo digno en las comunidades las hace dependientes del comercio y del empleo informal, así como de las remesas de los migrantes en Estados Unidos. En el contexto actual de crisis económica mundial, tanto las fuentes de ingreso local como las remesas se encuentran en riesgo de disminuir fuertemente, sin que exista un programa para garantizar un ingreso básico.
En relación al abasto alimentario, si bien existen comunidades que cuentan con sus propios sistemas de producción, circulación y almacenaje de productos para autoconsumo, hay otras en las que lo producido es insuficiente y dependen de la compra de granos básicos en esta temporada del año en la que están iniciando su nuevo ciclo de siembra. La seguridad alimentaria de estas comunidades se encuentra en riesgo ante la caída de sus ingresos y la alza de los precios en los insumos de la canasta básica, así como la ruptura de cadenas productivas y comerciales.
Por otra parte, las comunidades se enfrentan a una capacidad reducida para la defensa de sus territorios y del medio ambiente, pues sus espacios para la toma de decisiones comunitarias están restringidos y el acceso a las instituciones de impartición de justicia se encuentra limitado. Por ello, está cobrando cada vez mayor atención a nivel local e internacional la exigencia de una moratoria a todos los proyectos de infraestructura a gran escala que están afectando o puedan afectar territorios indígenas sin su consentimiento, con potenciales impactos adversos en los derechos humanos(1).
Particularmente, en el contexto de incremento a la violencia contra las mujeres que está ocurriendo durante esta emergencia sanitaria, nos preocupa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuviera los recursos para las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIs).
La actual crisis de salud presenta retos importantes en materia de atención a los pueblos y comunidades indígenas y equiparables, que pueden ser prevenidos y superados si el Estado, en todos sus niveles, adopta mejores acciones dirigidas a esta población en materia de salud, economía, alimentación, agua, saneamiento, atención a las conflictividades y a la seguridad, sin menoscabo de su libre determinación y autonomía.
Por ello, las organizaciones firmantes solicitamos al poder ejecutivo federal:
● Establecer un mecanismo de atención integral inmediata a comunidades indígenas para la prevención y atención de riesgos por Covid-19, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil;
● Atender de manera adecuada y suficiente a migrantes que regresan a sus comunidades, incluyendo el establecimiento de protocolos y espacios-albergues acondicionados para la cuarentena, brindándoles información en su lengua materna sobre los cuidados y medidas de seguridad que deben tener al llegar a sus hogares;
● Implementar un apoyo monetario, directo, mensual y no condicionado, o renta básica por lo menos durante los tres meses que durará la crisis más inmediata, con posibilidad de extenderlo a cinco meses;
● Asignar recursos suficientes para atender la violencia de género en esta emergencia sanitaria;
● Reconocer el papel fundamental que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos contra el abuso corporativo o estatal y garantizar su protección y seguridad;
● Suspender con una moratoria los proyectos de infraestructura a gran escala en los territorios indígenas que se realizan sin su consentimiento expreso.
Con la intención de colaborar de manera solidaria frente a la emergencia sanitaria y ante nuestra preocupación por la atención a pueblos y comunidades indígenas y equiparables, llamamos al compromiso de las instituciones gubernamentales y quienes las coordinan, a abrir un espacio de diálogo y colaboración con la sociedad civil, que nos permita enfrentar esta crisis desde múltiples lugares; reconociendo los esfuerzos que ya están realizando las comunidades para enfrentar la crisis por la pandemia desde sus propios modos de vida y organización.
Atentamente.
Aura Investigación Estratégica,
Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos- Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC),
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A, C.
Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC),
Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC),
Enlace Comunicación y Capacitación, AC.,
Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C,
Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC),
Oxfam México A.C.,
Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C.,
Salud y Desarrollo Comunitario A.C. (SADEC),
Servicios para una Educación Alternativa, AC. (EDUCA),
Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ).
(1) Michel Forst y Michael Taylor, “Mientras el mundo está confinado, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente son blancos fáciles”, 22 de abril de 2020.
FUENTE: DesInformemonos