por John C. Cannon /Resumen Latinoamericano, 15 de mayo de 2020
- Desde su lanzamiento en febrero de 2019, la Operación Mercurio del gobierno peruano, implementada para luchar contra la minería ilegal, tuvo un éxito inicial tras lograr reducir la deforestación en la zona intervenida en un 92%.
- Sin embargo, una de las inquietudes que se mantiene es si la operación simplemente está promoviendo el desplazamiento de los mineros, lo que los llevaría a deforestar nuevas áreas.
Más de una década de extracción de oro ilegal alrededor de la ciudad emergente de La Pampa en la Amazonía del Perú ha contaminado los suministros de agua locales, arrasó los bosques adyacentes a una reserva de fauna silvestre de categoría mundial y fomentó la mano de obra infantil ilegal y la trata de personas. La región se ha convertido en “lo que fundamentalmente es el ejemplo de la destrucción ambiental”, dijo Luis Fernández, un investigador con décadas de experiencia en la investigación de los impactos de la extracción de oro en los trópicos.
Sin embargo, cuando Perú lanzó la Operación Mercurio en febrero de 2019, los efectos tangibles fueron inmediatos y considerables. Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), iniciativa de la ONG Conservación Amazónica, la Operación Mercurio dirigida por el ejército y la policía redujo la deforestación en un 92% en la zona que limita con el río Malinowski, al borde de la Reserva Nacional de Tambopata y la Carretera Interoceánica.
Sin embargo, se mantuvo latente la preocupación por un problema que podría arrastrar la operación: el traslado de los mineros ilegales a otros lugar, según precisó Fernández, también director ejecutivo del Centro de Innovación Científica Amazónica de la Universidad Wake Forest. Es más, no se sabe si los mineros reanudarán sus actividades si la policía y el ejército se retiran de la zona.
“Entrar en La Pampa con mano de hierro, eso pone punto final al problema durante el tiempo que tengan la mano cerrada”, dijo Fernández. “Sin embargo, si la abren, las cosas pueden cambiar muy rápido, pueden volver a como estaban”.
El 17 de enero, el ecologista Matt Finer y el equipo del MAAP publicaron mapas satelitales que mostraban que no había muchos indicios de que la operación forzara a los mineros a talar bosques cercanos.
“Sí hubo deforestación por la extracción de oro [en 2019]”, dijo Finer a Mongabay. Sin embargo, agregó que “no ha habido una inmensa reubicación de la deforestación, como se temía, por la extracción de oro”.
El análisis de imágenes por satélite del MAAP mostró que los mineros siguen talando el bosque en el departamento de Madre de Dios, en el sur de Perú, fuera del corredor donde la Operación Mercurio centró sus esfuerzos. Sin embargo, solo un 22 % de la deforestación de los últimos tres años tuvo lugar en 2019, “lo que indica que los mineros que se han visto desplazados por la Operación Mercurio no han provocado un aumento en estas tres áreas”, escribió el equipo del MAAP.
Aun así, Mongabay Latam descubrió recientemente que incluso la breve ausencia de policías en un punto de control en el río Malinowski fue suficiente para empezar nuevas actividades mineras dentro de Tambopata. Tales revelaciones, junto con rumores de que los mineros habían entrado en zonas nuevas y quizá áreas previamente deforestadas en respuesta a la presión de la Operación Mercurio, ponen en evidencia el desafío que supone eliminar permanentemente la minería ilegal.
Ahora, 13 meses después del inicio de la Operación Mercurio, el gobierno peruano está buscando maneras de construir sobre el éxito inicial y ampliar su alcance a otros epicentros de la minería.
Durante más de una década, el reclamo de una riqueza fácil y la finalización de la Carretera Interoceánica, a lo largo de la región de La Pampa, se unieron para permitir a la minería ilícita abrir brechas en el rico tapiz de los bosques que favorecen la biodiversidad en Tambopata y alrededores. Alimentar ese auge de la minería ha sido una combinación de la falta de oportunidades económicas y el incremento del precio del oro —que alcanzó un valor máximo de 1921 dólares por onza (67,76 dólares por gramo) en 2011.
“Este es un incentivo bastante grande si estás cultivando papayas”, dijo Fernández.
Un estudio de 2018 en la revista Remote Sensing relacionó la pérdida forestal de alrededor de 530 kilómetros cuadrados (205 millas cuadradas) en el sur de Perú con la minería artesanal a pequeña escala que predomina alrededor de La Pampa. Llevó a lo que Fernández llamó “un gran tumor en el medio de lo que se supone es una zona protegida”.
El lanzamiento de la Operación Mercurio empezó a revertir esa espiral.
“La pregunta es, ¿va a ser una solución para todos o solo se va a centrar en La Pampa?”, dijo Fernández.
Leonardo Caparros, un asesor del Ministro de Medio Ambiente de Perú, reconoció, a mediados de marzo de este año, que los mineros en respuesta a la presión de la operación, pueden haberse trasladado a otros lugares que ya estaban deforestados. Eso podría llevar a una actividad minera que podría no salir en los mapas del MAAP, dijo.
La constante deforestación en la región también es una prueba de que la batalla contra la minería ilegal tiene muchos frentes, dijo Caparros, quien en ese momento, antes del inicio de la crisis del COVID-19, había regresado de un viaje al río Nanay en el norte de la Amazonía del Perú para intentar abordar la minería ilegal incipiente cerca de allí. (“No queremos una segunda Pampa”, dijo a Mongabay).
Caparros añadió, aun así, que está seguro que han “reducido el problema de manera significativa” en el sureste de Perú. Señaló que la Operación Mercurio suprimió la minería a lo largo de 200 Km² (77 mi²) de territorio, incluido todo el territorio de Tambopata y gran parte de la región de La Pampa, más allá de los límites de la reserva.
El gobierno también está trabajando en abordar problemas similares en los departamentos de Loreto, Amazonas, La Libertad e Ica, dijo Caparros.
En La Pampa, el esfuerzo conllevó a parar las actividades de miles de mineros y miles más que están involucrados indirectamente y dijo que llevar esos logros adelante no sería fácil. Ahora que la zona está segura, el enfoque debe ampliarse a la economía y proveer alternativas para los mineros.
“El desarrollo es la única manera de vencer permanentemente a las economías ilegales”, dijo Caparros.
Un programa de aproximadamente 11 millones de dólares denominado “Trabaja Perú” comprende unos 45 proyectos dirigidos por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo que tienen como objetivo promover puestos de trabajo temporal para unas 5000 personas. Y las agencias gubernamentales están trabajando para desarrollar más alternativas permanentes en sectores como el turismo y la agricultura.
“Hay muchas cosas de las que estar orgulloso”, dijo Caparros, “pero preferimos no hablar de éxito, porque todavía queda trabajo por hacer”.
Los arquitectos de la Operación Mercurio planearon inicialmente dos años, con la posibilidad de extenderla otros 10 años. Sin embargo, las elecciones presidenciales y parlamentarias han sido fijadas para abril de 2021, y sigue siendo un interrogante si el próximo gobierno dará prioridad al proyecto.
Caparros dijo que espera que el nuevo gobierno capitalice ese impulso para acabar con la deforestación a manos de los mineros ilegales, en vista de lo que la operación ha logrado hasta ahora.
“Creo que hemos [logrado] algo importante”, dijo Caparros, “y cualquier gobierno verá que es más fácil empujar en la misma dirección que ir para atrás”
FUENTE: Mongabay Latam