Por Gustavo Espinoza M./Resumen Latinoamericano, 29 de mayo de 2020
Hace unos días el Presidente de la Republica informo a la ciudadanía la prórroga del Estado de Emergencia dispuesto en el Perú desde el 14 de marzo pasado, y señaló un nuevo límite para su culminación: el 30 de junio próximo. La circunstancia permite esbozar un análisis de la estrategia seguida ante esta crisis, en la idea no de encontrar responsables personales de lo que ocurre, sino señalar criterios que permitan entender la naturaleza de los fenómenos que hoy agobian al país. Hay que hacerlo, conscientes que es un riesgo. El fenómeno aún no ha concluido. Está en proceso, y éste, todavía es incierto.
Para mejor comprensión, resulta indispensable aludir a algunos hechos vinculados a nuestra historia reciente. Veamos:
EL ANTECEDENTE HISTÓRICO DE LA CRISIS
Fue después de la caída del gobierno de Juan Velasco Alvarado ‑agosto de 1975- que comenzó a hablarse en el Perú de la necesidad de “reinsertar al país en el sistema financiero internacional”. Fue primero el Plan Barúa y luego el Plan Piazza, digitados ambos en la sombra por Javier Silva Ruete, hombre muy ligado al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, bajo el mando del nuevo régimen a cargo de Francisco Morales Bermúdez.
Esos programas propusieron las primeras medidas destinadas a abandonar el camino patriótico recorrido a partir de 1968, y retomar el viejo modelo de dependencia que nos ataba al Gran Capital.
El cambio no se hizo sin resistencia obrera. Los trabajadores y el pueblo libraron duras luchas por preservar las trasformaciones revolucionarias del proceso anterior. Los Paros Nacionales 1977 y 1978 y los posteriores de 1981 y 1984, fueron expresión del descontento popular ante el nuevo derrotero trazado por quienes asumieron el control de Estado en esa etapa de la vida peruana.
Sin poder hacer frente a las acciones de masas desplegadas en el país, los gobiernos de Belaunde y García, entre 1980 y 1990 ejecutaron modificaciones de poca incidencia en la estructura productiva nacional, aunque apuntaron, en lo fundamental, a restablecer el Poder de los Partidos Tradicionales y de la vieja oligarquía, así como descargar la crisis sobre los hombros de los trabajadores. Para tal efecto, amagaron cambios en la legislación del trabajo que contribuyeron a menoscabar el papel de los sindicatos
LA DICTADURA FUJIMORISTA
Fue a partir de 1990 que se planteó en el país lo que sería una suerte de viraje definitivo hacia el Gran Capital. Este, se esbozó claramente en el programa “reactivador” de agosto del 90 que fue saludado por el FMI, instigador del Shock, y que recomendara al Perú la medida para “ponerse a tono” con las exigencias del sistema financiero internacional.
El Golpe de 5 de abril hizo el resto. Por su acción, y a partir de la írrita Constitución de 1993 impuesta mediante un referéndum amañado, el gobierno impuso finalmente las recetas neo liberales ideadas por los “Chicago boys” y que habían tenido su bautizo en la región gracias a la dictadura asesina de Augusto Pinochet en Chile.
Hay que recordar que este “cambio” tuvo lugar en un escenario nacional convulso. Fueron esos los “años de la violencia”, en los que se desplegó una verdadera guerra de exterminio contra las poblaciones más indefensas de la vida nacional, sobre todo en el interior del país. El pretexto fue el “combate al terrorismo” que, sospechosamente asomó en ese periodo, y permitió que la clase dominante lo usara a su antojo para fascistizar a la Fuerza Armada y reprimir cruelmente a la ciudadanía.
Tampoco en este periodo, estuvo ausente la lucha de los trabajadores y el pueblo por impedir la acción reaccionaria. Los Sindicaos fueron golpeados y una ola de exterminio se extendió en el campo y en las ciudades, sembrando la confusión y el miedo en amplios sectores. El asesinato de líderes populares como María Elena Moyano y Pascuala Rosado, y de dirigentes sindicales como Pedro Huilca Tecse, fue la expresión más salvaje, de un periodo convulso en el que el gobierno buscó aplastar a cualquier precio, la resistencia popular.
Esa ofensiva le permitió aplicar en toda su extensión el “modelo” Neo Liberal.
LOS RASGOS DEL NEO LIBERALISMO
Como se sabe, el Neo Liberalismo llegó al Perú cuando se quiso imitar la supuestamente exitosa “experiencia chilena”. En el país del sur, luego del asesinato del Presiente Allende y del Golpe de septiembre de 1973, los militares más reaccionarios, liderados por Augusto Pinochet, impusieron el Neo Liberalismo tomado de Milton Freedman y los economistas de Chicago.
Partiendo de teorías vinculadas a la defensa del Estado vigente, según Pierre Bourdieu, el Neo Liberalismo buscó “La mundialización de los mercados financieros, unida al progreso de las técnicas de información” para asegurar “una movilidad sin precedentes del capital y dar a los inversionistas, preocupados de la rentabilidad a corto plazo de sus inversiones, la posibilidad de comparar de manera permanente la rentabilidad de las más grandes empresas y de sancionar en consecuencia los fracasos relativos”.
Aquí, el “Modelo” llegó con características propias. Cuatro fueron sus rasgos distintivos, los que se han prolongado aún en nuestro tiempo. Veamos:
El primero, tiene que ver con el endiosamiento del Mercado, al que se consideró la piedra angular de la economía y de la vida social. Según el criterio de los ministros de economía de entonces, Carlos Boloña y J.D. Camet, el Mercado debía regular todo: las transacciones comerciales, los contratos, los precios, los salarios, las relaciones de trabajo, la salud, la educación, los servicios indispensables, el comportamiento del Estado.
Lo que se adecuaba a las “leyes del Mercado” era aplicable. Y lo que disentía de ellas, o señalaba un derrotero distinto; era motejado simplemente como “populista” o “socializante”, por lo que se le dejaba de lado, sin consideración alguna. Esta noción fue aparejada con el cambio del proceso productivo. Se consideró que el país no necesitaba industrializarse, ni producir. Podía vivir del turismo y de la prestación de servicios, por lo que el comercio adquirió mayor dimensión en detrimento de la producción fabril y aun de la agricultura.
El segundo, fue el debilitamiento del papel del Estado en la vida nacional. La Constitución del 93 le reconoció al Estado un rol “subsidiario”. No podía participar en la economía, ni tener empresas, ni alentar inversiones, ni copar mercados. En esa línea, se vendieron muchas empresas públicas y otras simplemente se hicieron quebrar, como fue el caso de Aero Perú o la Corporación Peruana de Vapores, o incluso la llamada Banca de Fomento. El Estado quedó relegado a su mínima expresión, y sus recursos financieros se vieron ostensiblemente debilitados.
Como consecuencia de esta política, casi un millón de trabajadores del sector productivo y financiero perdieron su empleo a la par que muchas empresas industriales quebraron. Los despedidos no tuvieron más alternativa que crear sus propios puestos de trabajo, o desenvolverse como taxistas. Así creció de modo desorbitado el comercio informal y el parque automotor rebasó sus posibilidades operativas.
El tercer rasgo fue el aliento a la inversión privada. La idea no fue invertir en lo que fuera necesario para el desarrollo o el progreso, sino en lo que fuera rentable, de acuerdo a las leyes del mercado. Se privilegió entonces el consumismo se abrieron galerías, grandes almacenes, hoteles, lujosos restaurantes, florecientes tiendas comerciales; se alentó el uso de artículos suntuarios, la ropa de moda, el calzado escogido, la informática y la comunicación satelital haciendo concebir a la gente que eso, implicaba progreso y desarrollo. Para este efecto, el uso de los medios de comunicación, fue vital.
A fin de garantizar el rol de la inversión privada, el Estado otorgó, o avaló, créditos, préstamos y garantías ante los organismos financieros internacionales; al tiempo que promovió la inversión privada de consorcios multinacionales. Para ese efecto, puso a subasta los recursos públicos y otorgó facilidades excepcionales a las empresas mineras, lo que, adicionalmente, afectó los recursos hídricos y la biodiversidad
Y el cuarto, fue el considerar absolutamente marginal el rol de los trabajadores cuyos derechos básicos fueron conculcados. Sin estabilidad en el empleo, con salarios paupérrimos, sin derecho a la jubilación y esquilmados por las AFPs importadas de Chile; los trabajadores debieron aceptar contratos a plazo fijo, empleos temporales y precarios; y hasta la ampliación de las jornadas de trabajo sin pago adicional. Lo que constituía un paraíso para los capitalistas, era simplemente un infierno para los trabajadores.
El segmento más afectado que sin duda el de los trabajadores jubilados. De hecho quienes llegaron a esa situación, pasaron a percibir ingresos minúsculos, incompatibles con la dignidad humana; pero los que se incorporaron a la PEA como fuerza productiva, perdieron la posibilidad de alcanzar ese status por cuanto, gracias a su trabajo eventual y sus contratos “a plazo fijo”, perdieron la posibilidad de acumular tiempo de servicios.
EN ESE MARCO, LA PANDEMIA
En ese marco, asomó en el país el Coronavirus; la pandemia más letal que afecta la vida de los peruanos.
Todos somos conscientes, por cierto, que no se trata de un problema nacional. Originada en una ciudad China ‑Wu Huan- se expandió rápidamente por Europa causando severos daños y llegó a América Latina donde puso ante duros aprietos, a gobiernos y a pueblos. A más de dos meses de registrada en las pantallas de nuestros países, aún no ha sido controlada y todavía se le sitúa en su fase de expansión.
En el Perú, el COVID-19 ha tenido dramáticas consecuencias y generado dolorosas pérdidas para familias y hogares. Combatida desde un inicio, la estrategia que le hizo frente no ha dado los resultados esperados. Veamos los elementos que han incidido en ella para comprender su esencia:
El Perú fue quizá el primer país de la región que se puso en guardia ante la Pandemia, y adoptó medidas para enfrentarla. Esto fue reconocido por la ciudadanía y admitido por los organismos internacionales encargados de estudiar la evolución del fenómeno.
El distanciamiento social, la higiene personal y la cuarentena, respondían a una necesidad apremiante y así fueron asumidas por la población desde un inicio. No obstante, bien puede decirse que estas medidas no dieron los resultados previstos. Hay que preguntarse por qué.
LAS LIMITACIONES DEL GOBIERNO VIZCARRA
El gobierno de Martín Vizcarra tiene diversas limitaciones. Las resumiremos, en cinco.
Pese a contar con un significativo respaldo ciudadano ‑desde que asumió su mandato Martín Vizcarra ha superado el 50% en materia de aceptación ciudadana, y hoy registra un 80% de la misma- el Jefe de Estado no tiene base social propia. Carece de Partido que lo respalde, no tiene representación parlamentaria que sustente sus proyectos y no dispone tampoco de un círculo homogéneo y solvente de colaboradores que puedan asumir las altas responsabilidades del Estado. Eso lo ha obligado a cambiar de ministros con frecuencia y a buscar nuevos titulares en Carteras claves para la coyuntura: Salud e Interior.
Su mandato presidencial es cuestionado por algunas gentes y por sectores políticos interesados en denigrar su gestión. Como se sabe, fue electo Vicepresidente el 2026, y sólo asumió la jefatura de la nación luego de la renuncia del titular de la plaza, Pedro Pablo Kuczynski. Es común, en redes sociales, encontrar personas que se pregunten ¿quién lo eligió como Presidente?. Eso, objetivamente, mina su imagen en algunos segmentos de la sociedad, y le resta fuerza para liderar un aparato burocrático del Estado corroído por la corrupción, y que fue forjado por las administraciones anteriores, hoy cuestionadas.
Una segunda debilidad, y quizá la más importante, deriva del hecho que se mueve dentro del esquema neo liberal, lo que constituye su propia opción ideológica. Ella le genera limitaciones concretas, y dependencias indeseables En esa línea ha sostenido “coordinaciones” de política con “mandatarios amigos” considerando así a Iván Duque, de Colombia; y Sebastián Piñera, de Chile. Aunque ha tenido el tino de no incluir en esa esfera al Presidente de Brasil –Jair Bolsonaro– y a la Presidenta Interina de Bolivia, Jenette Añez; hay que subrayar que bien habría podido ampliar sus comunicaciones con Jefes de Estado que han manejado mejor la cuarentena, como los Presidentes de Venezuela, Argentina, Nicaragua o Cuba y aún el del Uruguay, de distinta orientación política, pero representante de una gestión que merece destacarse.
Venezuela, con todos los problemas que afronta, ha registrado muchísimo menos pérdidas humanas que el Perú; y Argentina marcha por el mismo derrotero. Pese a su reciente mandato, el Presidente Fernández ha manejado las cosas con mayor eficacia y solvencia que su referente chileno. Nicaragua y Cuba ‑con distintas modalidades operativas- han manejado con acierto el tema, y Uruguay ha registrado un hecho peculiar: ha tenido doce años de gobiernos del Frente Amplio, lo que le ha permitido proteger sanitariamente a su población y defenderla de la incidencia de crisis como la que se vive en la región.
Las concepciones del gobierno han hecho que, en lo fundamental, se mueva dentro de la esfera de control de los Estados Unidos, por lo que también ha coordinado con el Presidente Donald Trump, no obstante sostener éste una orientación diametralmente opuesta ante el acoso de la Pandemia. En todo caso, esta dependencia ha hecho que Vizcarra no haya atinado a asegurar el apoyo ofrecido por el gobierno de la República Popular China sino en la última etapa de la crisis; y haga resistencia a la participación de Brigadas Médicas de Solidaridad sugeridas por el gobierno de Cuba. Los aportes de estos países hermanos habrían jugado un papel decisivo en el encaramiento de la crisis sanitaria y en la derrota del Coronavirus.
Esta limitación ha registrado una tercera dificultad: El gobierno tiene una visión objetivamente burguesa de la vida nacional. Toma medidas pensando en la clase más pudiente, o incluso en las capas medias de la población. No dispone normas pensando en el pueblo y en los segmentos más deprimidos de la sociedad. Ejemplo de eso, es el conjunto de medidas esbozadas por las autoridades: recomendar la urgencia de “lavarse las manos varias veces al día”, es no interesarse por la suerte de dos millones de peruanos que viven en la capital, y que carecen de los servicios de agua y desague. Y eso, es aún {as grave por cierto, en el interior del país. Disponer que “todos se queden en su casa”, es no considerar que hay decenas de miles de peruanos que no tienen casa; y otros que tienen como casa, una sola habitación desvencijada en la que vive una familia entera, con varios hijos. En ella funciona dormitorio, comedor, cocina y hasta retretes mal construidos y peor mantenidos. Incluso los “bonos” entregados a las poblaciones menos solventes, han sido dados a través de la banca e informados mediante el Internet. Y han millones de peruanos que no tienen manejo del sistema bancario ni accedo al Internet. Allí se alzaron masivamente las banderas blancas, como símbolo de pobreza.
Si bien esas medidas resultaban indispensables e ineludibles, tendrían que haber ido acompañadas con otras complementarias: habilitación de servicios de agua en los pueblos jóvenes y asentamientos humanos; ampliación de las viviendas con ayuda del Estado; provisión de alimentos en los hogares; y control sanitario domiciliario; y hasta la capacitación de las personas en el uso del sistema bancario y el manejo de las redes sociales. El asunto es que nada de eso era posible por la visión neo liberal del gobierno, pero además por la estructura del Estado y por la connotación de sus orientaciones políticas.
Esa visión le ha impedido al gobierno percibir la necesidad de apoyarse en las organizaciones sociales realmente existentes: los clubs de Madres, los Comedores Populares, los Comités de Pobladores, las Comunidades Campesinas, los Sindicatos, los centros de cultura, y otras organizaciones de base de la sociedad, que no han sido ni convocadas, ni consultadas virtualmente para nada. Las autoridades se han limitado a conversar y a coordinar sus acciones con los empresarios y las organizaciones patronales que, objetivamente, han dictado sus políticas.
Lo mismo puede decirse cuando se habla de la “reactivación” de la economía. Se dispone, por ejemplo, el funcionamiento de los restaurantes “vía delibery”, pero estos servicios están concebidos para los barrios altos, o medios; pero no para los barrios populares. Ningún restaurante va a atender pedidos hechos por personas que viven en la tercera etapa de Collique, en el Cuarto Piso de El Agustino; o en las laderas del Chillón, del Cerro San Cosme o del San Pedro. Allí viven casi cuatro millones de peruanos afincados en la capital.
Se puede sostener que esas poblaciones, son las de mayor riesgo y están más expuestas; y es verdad. Pero eso ocurre precisamente por las condiciones materiales en las que viven, por las dificultades que deben afrontar en una cuarentena sin trabajo y sin recursos. Son, objetivamente, las más vulnerables
También esto aparece como algo notable en los llamados “programas reactivadores” o en las “ayudas asistenciales” orientadas hacia los empresarios. Para un segmento de ellos se otorgó inicialmente un crédito de 31 mil millones de soles; luego, el Programa “Reactiva Perú”. Después el Estado asumió el compromiso de pagar el 35% de la planilla laboral, Finalmente se otorgó a los empresarios la facultad de aplicar la “suspensión laboral perfecta”, dejando en la calle a muchos trabajadores.
Para este efecto, el gobierno aseguró que se trataría de una “medida excepcional”, aplicada “en último caso” y fiscalizada por el Estado. Sin embargo, pocos días después el gobierno debió reconocer que se habían presentado 55 mil expedientes de “suspensión perfecta” del empleo por parte de las organizaciones patronales.
La CONFIEP –EL Estado Mayor de las organizaciones empresariales- ha dado la pauta en todos los casos. Su opinión, ha sido decisiva; y ha excluido cualquier criterio distinto. El caso más clamoroso se tiene cuando se analiza el tema del ideado impuesto a las grandes fortunas, ostentosamente anunciado por el propio Jefe del Estado. La CONFIEP inició de inmediato una campaña orientada a desalentar la iniciativa. El Presidente del Banco Central la calificó de “inútil” y “demagógica”, y luego otros representantes de la clase dominante la consideraron “inaplicable” e “innecesaria”. Fue tanta la presión en torno al tema que finalmente el gobierno aseguró que esa medida “no estaba en sus prioridades”. Algo parecido ocurrió en el tema de las AFPs, a las que finalmente, desde el BCR, Julio Velarde intenta salvar otorgándoles facilidades financieras inexcusables.
En torno al tema, la Presidente de CONFIEP dice con singular cinismo que, en efecto, muchos peruanos tendrán que “volver a la pobreza”. No se refiere a ellos, por cierto, ni a Rodríguez Pastor, Brescia, Belmont o Hosschild. Está hablando de las capas medias, sobre las que recaerá un pesado manto de pobreza.
En contra partida, el apoyo a las poblaciones más necesitadas, ha sido ínfimo: Un bono de alrededor de cien dólares, luego otro similar y finalmente un tercero del doble de esa suma. Pero que se han entregado tarde, mal y nunca. Hoy, miles de peruanos, pueden asegurar que no recibieron ninguna ayuda del Estado. Y entre los más perjudicados, sin duda, están los Pensionistas, la mayoría de los cuales reciben humillantes sumas que fluctúan entre 50 y 150 dólares mensuales.
Una cuarta limitación ‑no menos importante- está signada por la corrupción galopante del sistema estatal y privado peruano, que ha corroído las bases de todas las instituciones del país, incluyendo el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y hasta la Fuerza Armada. Aunque se puede decir que la corrupción es inherente a la sociedad capitalista; lo real es que en el Perú se ha vuelto endémica, sobre todo a partir de la gestión de los gobiernos de Fujimori y García. Por eso se ha envilecido la vida nacional, se ha corrompido todo y se ha convertido en negocio cada una de las apremiantes necesidades de la población. Como nunca, se ha hecho real en el Perú el dicho de González Prada: “donde se ponga el dedo, brota la pus”. Ejemplos de eso, podrían citarse por doquier.
Hoy se sabe, por ejemplo, de depósitos de medicamentos sustraídos, de una planta de gas saboteada en Iquitos, del robo de instrumental médico, de habilitación de centros clandestinos de atención a pacientes, de la pérdida de donativos, la no entrega de canastas b{asicas a poblaciones; y otras mil modalidades que sólo estructuras corruptas bien organizadas pueden accionar.
La corrupción, unida a la insensibilidad burocrática del aparato del Estado, ha generado lo que se puede considerar un “cumplimiento cínico de la ley”, es decir, el apego a una norma que se sabe injusta y despiadada, pero que se aplica para castigar a las poblaciones más necesitadas, y se elude cuando afecta a los más pudientes.,
Una quinta y última limitación, ha tenido que ver con la geografía del Perú. Un país extenso, con cinco fronteras nacionales, tres regiones naturales, y profundos abismos económicos y sociales; requiere de múltiples políticas. Las poblaciones de la costa tienen rasgos y características distintas de las que habitan la sierra o la selva. Y estas últimas, afrontan dificultades quizá mucho más grandes que las que agobian al resto de peruanos. La tragedia vivida en Iquitos, y en otras poblaciones de la selva, constituye una innegable prueba.
Objetivamente ningún gobierno en la historia del Perú ha tenido una política de Estado destinada a integrar la Amazonía al desarrollo del país. Ha sido esa, siempre una región olvidada y menoscabada. Se la ha concebido como un emporio de riqueza ‑primero el caucho y después el petróleo- y nunca se ha considerado a sus poblaciones como la expresión de verdaderas culturas con derechos inalienables.
El Perú, en verdad, está integrado por tres países en uno sólo. Y requiere políticas muy flexibles en lugar de normas rígidas de cumplimiento formal y obligatorio en todas partes. Lamentablemente los gobiernos regionales y las autoridades locales carecen de autoridad y liderazgo, también por la crisis que afecta a los partidos políticos del país. Objetivamente esas autoridades muchas veces no solamente que no han ayudado para el cumplimiento de las tareas, sino que se han convertido incluso en rémora para la operatividad de las mismas. Pero en el Perú las limitaciones han incidido en segmentos claves. Veamos cómo.
LA CRISIS EN EL AREA DE LA SALUD
El modelo neo liberal debilitó significativamente el papel del Estado en el área de la salud e impuso más bien la presencia de la empresa privada. El propio personal de salud ‑los médicos- se vio afectado por esa realidad. Muchísimos médicos emigraron de los hospitales de Estado para trabajar en las clínicas privadas. Otros más, laboraban en ambas, dando preponderancia a su trabajo mejor remunerado, que no era precisamente el estatal. Se supo, por ejemplo, que alrededor de 30 mil médicos del sector estatal, al inicio de la Pandemia, tomaron licencia en sus puestos de trabajo arguyendo “edad vulnerable” ‑más de 60 años- o enfermedades pre existentes; pero se fueron a trabajar de inmediato al sector privado. Eso no ocurrió con otros miles de médicos que aportaron, incluso heroicamente en la batalla planteada. Hoy se sabe que más de 30 médicos ofrendaron sus vidas luchando contra el COVID.
Pero la crisis del sistema de salud, fue aún mayor. Al inicio de la crisis, la cobertura que ofrecía el Estado era muy pequeña, y no alcanzaba para atender los requerimientos planteados. No teníamos camas UCI, ni camas de hospitalización en el número adecuado. Mucho menos, respiradores mecánicos, ni balones de oxígeno, ni siquiera pruebas de descarte. Muchos de los peruanos que han fallecido, han muerto en realidad por estas limitaciones del servicio de salud. Más allá de la voluntad de las autoridades, los hospitales públicos colapsaron, las postas médicas dejaron de funcionar y el sistema completo mostró su mayor precariedad. Iniciativas inteligentes, como aquella de habilitar la Villa Panamericana como centro hospitalario; o de la usar la Plaza de Acho para albergar menesterosos; fueron correctas y útiles, pero sin duda, insuficientes.
El gobierno procuró, desde un inicio, enfrentar estas limitaciones. Buscó en el mercado internacional respiradores mecánicos, pero cuando los obtuvo y los adquirió, sufrieron la “retención” por parte del gobierno de los Estados Unidos, que dijo “necesitarlos para ellos”. También tuvimos problemas para conseguir Equipos de Protección Personal y hasta mascarillas. Cuando estas últimas fueron adquiridas, se demostró que no eran las apropiadas. Algo parecido ocurrió con las “pruebas de descarte”, que no ayudaron como era indispensable.
En algunas regiones del país el problema de salud hizo crisis mayor. Así ocurrió en la región Loreto, y su capital, Iquitos, pero también en la región Ucayali. Como se sabe, no hay comunicación terrestre Loreto, sino aérea. Y la conexión está en manos de empresas particulares, porque el Estado no tiene ninguna. ¿Cómo podría asistir de inmediato las urgencias requeridas?. En Iquitos pronto colapsó el hospital estatal y la seguridad social, faltaron respiradores mecánicos, balones de gas y hasta elementos para la Protección Personal de médicos, enfermeras y trabajadores de la salud. Pero la Pandemia hizo crisis también en el norte del país, en Tumbes ‑frontera abierta con el Ecuador por donde llegan poblaciones migrantes de colombianos y venezolanos, muchos de ellos ya contagiados-; Piura, Chiclayo y Trujillo fueron víctimas de la Pandemia en mayor proporción que otras regiones del país. Pero el sistema de salud, no estuvo a la altura de los requerimientos indispensables.
Pero donde la crisis se hizo más evidente, fue en el campo de la sanidad de las Fuerzas Policiales. El Hospital de Policía, pero también el Hospital Militar, registraron limitaciones notables. Centenares de policías y uniformados tuvieron enormes dificultades para hacerse pruebas de descarte o acceder a tratamientos elementales. Muchos, simplemente, murieron en el intento. Hay que reconocer que la policía cumplió en lo fundamental un papel incluso heroico en el combate a la Pandemia. Y que eso ocurrió también con importantes segmentos de la Fuerza Armada. Decenas de integrantes de una y otra entidad, ofrendaron sus vidas en esta lucha.
El sector privado hizo un gran negocio de la crisis. Incluso, puso precios altos para las pruebas de descarte, situándolas entre 150 y 500 dólares; pero cobró sumas exorbitantes para otros servicios: balones de gas, uso de respiradores mecánicos, y, naturalmente, el tratamiento de la enfermedad, que costó en algunas clínicas entre 12 y 15 mil dólares. ¿Cuántos peruanos podrían disponer de esas sumas en caso de urgencia?. En el fondo, las clínicas privadas no atendieron pacientes, sino clientes; y no proporcionaron ayuda, sino “servicios” bien remunerados al Estado. Esto, finalmente, ha sido así reconocido, y aún admitido, por el gobierno.
Pero a voracidad del sector privado se expresó también en el tema farmacológico. La cadena de farmacias ‑un verdadero monopolio- encareció el precio de los medicamentos básicos en un 250%. Y rechazó enérgicamente la propuesta que formulara un sector ciudadano: el control de los precios de los medicamentos de urgencia o la regulación de los mismos, arguyendo que eso, “atentaba” contra la libertad de comercio y era, por cierto, una medida “populista”. Cínicamente, el presidente de INDECOPI –La entidad del Estado encargada de “proteger a la ciudadanía”- afirmó que en el Perú, los monopolios son legales, y tienen derecho a regular sus precios. El Estado, entonces, “nada podrá hacer”.
EL AREA DE LA EDUCACIÓN
Un fenómeno muy parecido se grafica en el sector educación. En él, también la inversión privada vio un negocio altamente rentable. Por eso creó Institutos Pedagógicos Privados que otorgaron indiscriminadamente títulos de docentes, cadenas de colegios articulares ‑como la red Innova- y Universidades privadas que duplicaron literalmente el número de centros superiores de estudios y captaron alrededor del 50% de estudiantes del sector. Eso pasó, ciertamente, por deterior al sector educación, denigrar la carrera docente, descalificar la educación pública y exaltar la “iniciativa privada” en el área. Hoy, pagamos las consecuencias de esa política.
La Pandemia ha impedido el desarrollo de las labores académicas asistenciales y ha generado un sistema de educación a distancia. Los padres de familia de los planteles privados y de las Universidades del mismo signo arguyen con razón que no están en voluntad de pagar las mismas onerosas pensiones de antes por un servicio educativo más modesto, como es el sistema virtual. Han reclamado por eso la reducción de las pensiones por lo menos en un 50%.
Los centros educativos privados han rechazado firmemente la iniciativa alegando que sus “costos” siguen siendo los mismos y que, en todo caso, si los padres de familia quieren cancelar sólo el 50% de sus “obligaciones” deben exigir al estado que cubra el 50% restante. Ellos, no están en disposición de perder un centavo de lo que consideran sus “legítimas ganancias”.
Puesto ante el problema el gobierno no ha encontrado una solución. Legalmente el Ministerio de Educación ‑el MINEDU- no está “facultado” para imponer pensiones o tarifas a las instituciones privadas. Finalmente, ha optado por ofrecer el “traslado” de los estudiantes del sector privado a las entidades estatales en todos sus niveles. Pero la crisis, está planteada.
Y es que la educación se ha convertido en el Perú en una actividad lucrativa, pingue negocio. Quien pone una “empresa” en el sector, no paga impuestos y obtiene cuantiosas utilidades que nadie fiscaliza. Las autoridades universitarias en algunos casos se han fijado remuneraciones espectaculares ‑el Rector de la Universidad Privada Garcilaso de la Vega, percibe 600 mil dólares mensuales- en tanto que otras Universidades ‑como Alas Peruanas- financian las actividades de los Partidos Políticos más reaccionarios, como el APRA y el Fujimorismo. Por lo demás, importantes dirigentes políticos, como Alan García, Lourdes Flores o Beatriz Merino, desempeñaron –y algunos aun desempeñan- funciones de gestión altamente remuneradas.
Entre tanto, la Educación Pública vive sus peor crisis. Sus presupuestos están congelados desde hace más de veinte años, los profesores reciben remuneraciones exiguas y afrontan regímenes de contratación simplemente humillantes, los programas académicos son obsoletos y han eliminado de la currícula escolar cursos básicos como la Historia del Perú y la Educación Cívica. A la par de ellos, entidades ajenas al servicio educativo pretenden imponer programas estrechos y sectarios de orden religioso y fundamentalista.
Esto ha dado lugar a la caída de la calidad del servicio educativo. Por eso se dice, no sin razón que el Perú tiene el peor sistema educativo de América Latina. Sus docentes están en general bastante mal preparados, las escuelas lucen destruidas o son simplemente inexistentes, sobre todo en zonas rurales. Es la herencia del Neo Liberalismo.
INDISCIPLINA Y DESBORDE SOCIAL
Un factor que ha incidido negativamente y dificultado el cumplimiento y la aplicación de las disposiciones referidas al combate contra el Coronavirus, ha sido la indisciplina y el desborde social.
La explicación lógica, y más fácil del tema alude a la imperiosa necesidad de romper la cuarentena por hambre, o por necesidad irrecusable de trabajar. Pero eso explica en parte el fenómeno. También hay que añadir la falta de experiencia de la población en los combates contra estas pandemias, la desorganización social, el atraso de distintos segmentos de la población y –por qué no- el sabotaje implementado por fuerzas hostiles al gobierno por razones de orden político-social. A todo eso, hay que sumar, sin duda, los niveles de corrupción que han descendido en la pirámide social hasta ubicarse incluso en importantes segmentos de su base. Muchas expresiones de esta corrupción se han detectado en incidentes menores: gente que falsifica “certificados” que acreditan no estar infectado por el mal, o que “cura” con remedios caseros; son apenas algunas expresiones de una realidad lamentable, pero objetiva.
Sobre la base de ella han operado también fuerzas políticas interesadas en hacer fracasar la estrategia oficial en la materia. Estas fuerzas han considerado que mientras más infectados haya, y mientras más muertes se produzcan, el gobierno quedará más debilitado y será entonces presa más fácil para sus aspiraciones políticas. Ellas se orientan a restaurar en el Perú el dominio oligárquico y el control del Estado por parte de las Mafias tradicionales y los núcleos corruptos del Apro-fujimorismo. Eso, explica el concierto de voces en las redes sociales denigrando al Jefe del Estado. No le critican sus acciones ‑lo que sería comprensible y legitimo- sino simplemente lo insultan: incapaz, traidor, vende-patria, y otras expresiones de una terminología cargada de odio.
La estrategia de estas fuerzas no se queda en el plano del aliento a la indisciplina. Portavoces calificados de la Clase Dominante han sostenido en diversas ocasiones, y por distintas vías, que hay que “cambiar el gobierno” para “restablecer el orden”, proteger “el derecho a la propiedad”, la “recuperación de las empresas”, la “defensa de la cristiandad” , el “rechazo a ofertas populistas y socializantes”, así como a expresiones de similar sentido. Incluso, se han formulado propuestas concretas: que se forme un gobierno de “unidad nacional” sumando al régimen actual con la “oposición”, entendida ésta como el Apro-fujimorismo; y que se constituya un gabinete “representativo” integrado por “políticos experimentados”, como Alfredo Barrenechea, Keiko Fujimori, César Acuña y otros, que finalmente asuma el Poder.
Voceros especialmente organizados para actuar en la coyuntura, hacen uso de la Televisión de manera desembozada. Es el caso de Phillips Bhutters o de Jaime Baily, pero es también el Milagros Leiva, Mávila Huerta, Federico Salazar y el columnista de “Perú 21” Aldo Mariátegui. Todos ellos responden a una sola consigna: defender a raja tabla el modelo neo liberal. Todo esto forma parte de la estrategia de “cambio” que alimenta el fracaso de la administración actual, a partir de su “incapacidad” para vencer el Coronavirus.
CONCLUSIONES
De este análisis, se pueden extraer algunas conclusiones. Veamos:
El Covid 19 no es un fenómeno nacional. Se trata de una pandemia mundial que incluso podría considerarse parte de una guerra bactereológica desatada en función de los intereses de las Gran Corporaciones empeñadas en disminuir la población del planeta y eliminar a los segmentos más deprimidos de la sociedad mundial.
En nuestro país, desde un inicio se alertó a la población y se diseñó una estrategia básicamente correcta, basada en el distanciamiento social, la protección de las personas y la cuarentena. Y se puso énfasis en enfatizar que los más importante era la vida –que no se recupera- que la economía, que podría reconstruirse posteriormente.
Esta estrategia no ha dado los resultados esperados por las debilidades de la estructura social peruana derivadas del “modelo” Neo Liberal que rige el país sobre todo a partir de la Constitución de 1993 y que debilita significativamente el papel del Estado y convierte la salud y la educación en actividades lucrativas.
Objetivamente colapsó el sistema sanitario peruano y no fue posible atender los requerimientos masivos de la población, lo que permitió que se expandiera el mal, y se incrementara desmedidamente el número de personas infectadas y fallecidas.
Las limitaciones de clase del propio gobierno, su composición heterogénea, y su falta de experiencia en el manejo de un problema de esta envergadura, así como la ausencia de una base política y social competente; dificultaron el cumplimiento de las tareas vinculas al combate de este flagelo.
La tendencia oficial de “dar la mano” a las grandes empresas y ceder ante las presiones de la CONFIEP y la Clase Dominante; así como la falta de confianza en los trabajadores y el pueblo, incidió negativamente en el impulso correcto de las tareas planteadas.
El Movimiento Popular debiera extraer las lecciones adecuadas de esta experiencia, unirse en torno a un programa que asegure el cambio social, organizarse en todos los estamentos de la sociedad, elevar la conciencia política de las masas y apoyar –y apoyarse- en las demandas más sentidas de la población.
La tarea principal pasa por reconstruir la sociedad peruana sobre nuevas bases, desterrando definitivamente el Neo Liberalismo, derogando la írrita Constitución del 93 y abriendo paso a una transformación democrática de la vida ciudadana a partir de criterios de justicia, inclusión social, respeto a los derechos y conquistas de los trabajadores y el forjamiento de un legítimo bienestar público.
En la ruta de Túpac Amaru; por los caminos que recorrieran nuestros libertadores en los años del siglo XIX; por el derrotero signado por nuestra historia en base a los símbolos heroicos de Mariano Melgar y Francisco de Zela, Miguel Grau y Francisco Bolognesi; por el mensaje de los grandes pensadores e intelectuales del siglo XX, como César Vallejo, José Carlos Mariátegui y Jorge Basadre; resulta indispensable forjar una nueva sociedad en la que la Democracia, la Independencia y la Soberanía, sean una realidad.
Lima, 28 de mayo del 2020
Centro de Estudios “Democracia, Independencia y Soberanía”
