Resumen Latinoamericano, 29 de junio de 2020 .- Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Enfoque gremial, Línea sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal Abierto, ANRed, Estado de Alerta y Agencia ACTA, Agencias
Más de 100 organizaciones firmaron una solicitada para apoyar el control estatal de Vicentin
Las 107 organizaciones que firmaron el Manifiesto por la Soberanía, el Trabajo y la Producción firmaron una solicitada en la que piden control estatal de Vicentin para «resolver el hambre». El espacio reúne gremios de todas las filiaciones.
Más de 100 organizaciones sindicales, sociales, políticas y Pymes que conforman el Manifiesto por la Soberanía, el Trabajo y la Producción, firmaron una solicitada a favor de la intervención y expropiación de Vicentin que se publicó este domingo en los matutinos nacionales.
Bajo el título Control estatal de Vicentin, un camino para resolver el hambre», las organizaciones piden «declarar de interés y utilidad pública aquellos sectores económicos que resulten centrales para enfrentar la crisis alimentaria».
«Se impone la necesidad de una empresa estatal con capacidad reguladora de los precios internos», añade el texto del espacio multisectorial presentado en el acto del 1º de Mayo de 2020.
Entre las organizaciones que firmaron se cuenta a la CTA Autónoma, Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero, APSEE, la Fempinra, Sipreba, Fedun, el Movimiento de Empresas Recuperadas, el Consejo Productivo Nacional Pyme, la UTEP, la CTEP y la Federación Grafica Bonaerense, entre muchas otras
Para «el Manifiesto» «La decisión política del Presidente Alberto Fernández de avanzar en la recuperación de Vicentín pone en el centro del debate cómo queremos salir de la crisis económica y social que vive nuestro país. Si queremos un país en el que siga creciendo la concentración y extranjerización de sectores estratégicos para el pueblo argentino, como el agroalimentario, o si queremos un país en donde el Estado intervenga en actividades clave para el desarrollo productivo argentino».
«La cooptación de la empresa por la especulación financiera, fuga de capitales y salvatajes fraudulentos con dinero público durante el gobierno de Cambiemos la llevó a la ruina financiera. Un caso inédito para una empresa líder del sector productivo más rentable de la Argentina», agrega.
Y especifica: «El macrismo alimentó su vaciamiento planificado con fondos públicos del Banco Nación y Banco Provincia otorgando subsidios (disfrazados de crédito)».
«Con la intervención que establece el Decreto presidencial 522⁄2020, el Estado frenó el proceso de extranjerización, permitió la conservación de 7000 puestos de trabajo y resguardó el patrimonio de una empresa estratégica para el desarrollo de nuestro país», asegura.
Y concluye: «Esta decisión política nos permitirá tener una empresa testigo que genere precios de referencia. Las Exportaciones de Vicentin SA de Harina de Soja y de Girasol cubren la demanda de todo el mercado interno, mientras que las de Aceite de Soja y de Girasol cubren el 30%. Su capacidad de molienda y almacenamiento permite regular precios y garantizar el abastecimiento de ambos productos».
Coronavirus: Trabajadores de la salud denuncian que ya tienen 4500 contagios y 19 muertes
En el marco de la epidemia de coronavirus que golpea al país, los trabajadores de la salud denuncian que ya sufrieron cerca de 4500 contagios y cuentan con por lo menos 19 fallecidos en el sector. Para denunciar la precaridad de condiciones laborales que permitieron esa situación y exigir se les garanticen los necesarios elementos de protección personal, durante esta semana llevarán adelante distintos actos de protesta a nivel nacional.
María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), explicó: “Con casi 4500 infectados y 19 fallecidos es urgente que se reglamente la Ley Silvio y se constituya formalmente el comité Operativo de Emergencia con participación gremial creado por la resolución 957 del Ministerio de Salud. Es necesario un monitoreo nacional de la disponibilidad de Equipos de Protección Personal y de su calidad, del mismo modo que se centraliza la información sobre respiradores y camas”.
En relación con el reclamo salarial que vienen planteando hace meses los trabajadores de la salud, la referente gremial aseguró que “el impacto del congelamiento de las paritarias, los atrasos salariales, el desdoblamiento del aguinaldo y el cobro irregular del bono causan desasosiego entre el personal de primera línea”. Mientras tanto, la situación crítica en el AMBA por el crecimiento de los casos de coronavirus, queda en evidencia con imágenes de las guardias de los hospitales Pirovano y Argerich, que fundamentan la justeza de los reclamos gremiales.
También desde la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) se solicitó con carácter urgente la actualización salarial, tanto para el sector estatal como para el privado, denunciando además que “las autoridades no cumplen lo prometido”. “Exigimos lo justo, lo que corresponde para los médicos quienes, además de cumplir con su Juramento Hipocrático y como trabajadores profesionales, deben ganar su salario mes a mes”, plantearon desde la asociación.
Esta semana se llevarán adelante protestas en varias provincias, siempre siguiendo los protocolos establecidos por la cuarentena. Entre estas medidas de lucha se cuentan una jornada de reclamos para este martes 30 en Santa Fe, un paro por 72 horas a partir de mañana en Tucumán y otro de 48 horas en Santa Cruz. Mientras tanto, profesionales de la salud del Chaco y La Rioja se encuentran en asamblea permanente. Desde Fesprosa se prepara una jornada nacional de protesta para el mes de julio.
Boriotti concluyó: “Tenemos acuerdo en Fesprosa para realizar una Jornada Nacional de Lucha y visibilización de nuestros reclamos alrededor del 15 de Julio. Estamos conversando con un amplio espectro de organizaciones gremiales para efectuar una convocatoria conjunta en defensa del salario, la salud de los trabajadores y el sistema público de salud”.
“Tenés que mandar carta de documento a tu empleador”
Es la respuesta del sindicato de pasteleros cada vez que hay un problema en tu lugar de trabajo. Sucedió con miles de trabajadores de servicios rápidos, pizzerías y heladerías cuando en el mes de marzo le descontaron la mitad de su sueldo.Lo que hacen es exponer a los afiliados ante las patronales y transferir la responsabilidad que les toca a ELLOS como sindicato de defender a los trabajadores. Problemas de mala liquidación, faltas de categorías, problemas con sus superiores (encargados, jefes) que les faltan el respeto, despidos y suspensiones. Y la respuesta siempre es la misma:
TENES QUE MANDAR UNA CARTA DE DOCUMENTO A LA EMPRESA.A los delegados de diferentes pizzerías y heladerías les sucede lo mismo. Trabajan más horas de las que establece el convenio colectivo por la misma plata. O hace años no les pagan las horas nocturnas siendo que trabajan hasta las 2 de la mañana. Y es LEY. Y la respuesta siempre es la misma: “Tenes que mandar carta de documento junto con tus compañeros”.Lo que oculta ésta respuesta es que ellos saben muy bien que más de la mitad de los trabajadores NO VAN A ENVIAR las cartas de documento. La gran mayoría por miedo y porque saben que si algo pasara el sindicato no van a hacer nada, entonces desisten del reclamo. Ganancia para la empresa, y así el sindicato se saca los problemas de encima.Y les dicen a sus delegados el argumento que es VIEJISIMO. “si no mandan carta de documento no se puede hacer nada”.
La realidad es que el SINDICATO es quien debe presentarse en los puestos de trabajo a solucionar los problemas. Hablar con los dueños y exigir que se cumpla la ley, las condiciones de trabajo, las categorías y el respeto. La liquidación correcta. Y que los empresarios no se sigan riendo de los trabajadores.¿Cómo puede ser que las empresas trabajando normal liquiden lo que ellos quieren?. ¿Dónde está el sindicato y para quien trabaja?“Sigamos trabajando en unidad” rezan en su último comunicado. La pregunta es: ¿trabajando en unidad con quien? ¿Con los empresarios?Porque los dirigentes de la lista verde no se levantan de sus cómodas sillas y realizan el trabajo que les corresponde de una vez por todas:Representar a los afiliados del sindicato de pasteleros.
Lorenzini no se saca la camiseta
El juez a cargo de la causa Vicentín fue empleado durante 20 años de la sucursal Reconquista del Banco Nación, cuyo principal cliente eran las empresas del grupo al que hoy debería estar investigando. La entidad, principal acreedora de la firma, pidió su recusación por estar en duda su imparcialidad.
Fabián Lorenzini, el juez de Reconquista que tiene a su cargo la causa que investiga el presunto vaciamiento y fraude al Estado de Vicentín, fue empleado durante 20 años de la sucursal de Banco Nación que tenía al grupo como principal cliente.
El Banco Nación presentó un informe para solicitar la recusación del juez Fabián Lorenzini, a cargo de la causa Vicentín en el Juzgado Comercial de Reconquista, por considerar que su imparcialidad está en duda dado que fue asesor letrado de la sucursal Reconquista durante 20 años y avaló con su firma los préstamos otorgados a la firma desde esa entidad, además de haber tomado decisiones sobre el financiamiento de las empresas que tiene el grupo al cual debería estar investigando.
Otra de las razones que esgrime el informe con el que se pide el apartamiento del magistrado es que tiene un año y medio como magistrado y esta es su primera causa penal, además de que sus antecedentes de 20 años como empleado del Banco Nación ponen en cuestión su imparcialidad en el asunto.
En un comunicado que publicó Noticias Argentinas, el Banco Nación enumeró los argumentos para solicitar la recusación:
1. El juez del concurso tiene 17 meses de antigûedad como Juez, primera y única experiencia en la Justicia.
2. Durante 20 años fue empleado del Banco de la Nación Argentina (1999/noviembre 2018), el 90% de su vida laboral.
3. El BNA es el mayor acreedor del Concurso que le toca llevar adelante como Juez.
4. La tarea que desarrolló durante los casi 20 años en el banco es la de abogado y apoderado de la Sucursal de Reconquista.
5. La Sucursal de Reconquista tiene como cliente principal a las empresas del Grupo Vicentin.
6. En su condición de abogado del BNA dictaminó sobre temas Vinculados a empresas del Grupo Vicentin, a modo de ejemplo, se pueden citar Buyanor SA (dictamen 141 de fecha 27 de abril del 2018), Biogas Avellaneda SA (dictamen 210 de fecha 9 de octubre del 2018) y Renopack SA (dictamen 218 de fecha 26 octubre 2018).
7. Las empresas referidas en el punto anterior son de reciente constitución, Renopack SA constancias de inscripción 22 de mayo 2018, Biogas Avellaneda SA constancias de inscripción 27 de octubre 2017 y Buyanor SA es de 2015.
8. Sin poner en cuestión la legalidad de las empresas mencionadas ni de los dictámenes del abogado del BNA, hoy juez del concurso del grupo empresario, y enmarcado todo lo expuesto en las sospechas de vaciamiento de Vicentin (mayor deudor del banco), dicha sospecha de vaciamiento realizado presuntamente a través de una red de empresas constituidas con ese fin, es que consideramos que el Juez del concurso, que hace solo 17 meses dictaminaba sobre esas empresas en condición de apoderado del Banco constituido en el concurso como el mayor acreedor con más de 300 millones dólares, tendrá limitada su imparcialidad.
9. Si bien todo lo expuesto puede ser insuficiente para garantizar una efectiva recusación del juez, considero oportuno que de mínima tal situación sea expuesta de manera clara ante la opinión pública.
Trabajadores informales senegaleses en la Justicia piden que el Gobierno porteño brinde asistencia durante la pandemia
Por ejemplo manteros en Once.
Revista el Abasto
El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD) informó que con el patrocinio de la Defensoría Nº 5 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de Ramiro Dos Santos Freire, un grupo de trabajadores de la economía popular de origen senegalés presentaron una demanda para exigirle al Gobierno porteño que diseñe “un plan de protección integral que resguarde los derechos del colectivo migrante de trabajadores de la economía popular, en el contexto de la situación epidemiológica provocada por el coronavirus”.
El MPD expone: “La demanda exige al GCBA la adopción de una serie de medidas con el fin de garantizar la protección integral del colectivo mencionado, en relación con el acceso a la salud, la vivienda y la seguridad alimentaria, a la vez que impulsa la creación de un espacio de trabajo institucional con representantes de todas las partes para dar tratamiento a las distintas problemáticas de los trabajadores en el contexto actual”.
El dictado de la medida cautelar requerida tiene como objetivo combatir las consecuencias económicas que sufren los individuos del colectivo migrante, que en gran medida subsisten mediante el trabajo informal y que ya no pueden desarrollar su actividad de venta callejera.
La Secretaría Letrada de Economía Popular del MPD colaboró en esta presentación con un informe “que comprueba el estado de vulnerabilidad crítica que el sector venía atravesando y que ahora se ve agravado por las disposiciones en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
El MDP suma: “Asimismo, las personas migrantes se encuentran en su gran mayoría excluidas de la ayuda social prevista por el estado nacional o por el GCBA, tales como salario complementario o asistencia económica, por las complicaciones para regularizar su situación de residencia u obtener la nacionalidad”.
“En lo que se refiere específicamente el conjunto de trabajadores migrantes y sus familias, se encuentran en una situación de marginalidad extrema y sin la debida asistencia pública en el marco de la Constitución y de los pactos de derechos humanos vigentes. Entre otras cuestiones, las barreras lingüísticas, la imposibilidad de acceder a trabajos formales, a la vivienda, al sistema de salud y a la documentación apropiada, generan un círculo vicioso que les impide desarrollar el derecho a la vida”.
J.C.
Foto: VAIO
El Sindicato de Televisión denunció que el Canal de la Ciudad viola las normas sanitarias
El SATSAID denunció que luego que el Ministerio de Ambiente y Espacios Verdes del GCBA clausurara la máquina de control biométrico, volvieron a poner en funcionamiento
Foto: Infonews
El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) denunció que as autoridades del Canal de la Ciudad, encabezadas por Eduardo Alberto Cura, volvieron a poner en funcionamiento dicho aparato absolutamente prohibido por todos los protocolos de Covid ‑19, para registro de personal en cualquier tipo de establecimiento.
Desde el sindicato denuncian que a 96 días de dictada la cuarentena, lo que pasa en el Canal de la Ciudad no tiene explicación: «No se respetan las recomendaciones de la Secretaria de Medios y Comunicación Pública, no se respetan las recomendaciones del ENACOM sobre la concurrencia de público invitado y aún más, no se respeta al propio Ministerio de Espacios y Medio Ambiente de CABA».
Por tal motivo, sindicato Argentino de Televisión responsabiliza al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, por esta situación y por todos los problemas que puedan derivar de la misma.
Se impone el aguinaldo partido en cuotas: un sindicato ya lo aceptó y es el modelo que siguen más empresas
Para los empresarios, se transformó en el gremio modelo, luego de que Cavalieri rechazara particionar el aguinaldo de los empleados de comercio
El sindicato de entidades civiles y deportivas (Utedyc), que incluye a los clubes de futbol, aceptó en el acuerdo por suspensiones que el medio aguinaldo de junio se pagará en cuotas, y se constituyó así para los empresarios en el gremio modelo para este tipo de pactos.
Después, vinieron las negociaciones entre la Cámara Argentina de Comercio y el sindicato que dirige Armando Cavalieri, que fracasaron, y así los empleados mercantiles cobrarán la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) en una sola cuota, siempre que las empresas puedan pagarlo.
Los expertos advierten que muchos negocios que no venden hace más de tres meses no tendrán los fondos para afrontar el pago del SAC y no lo abonarán igual, por lo menos en su totalidad.
«Al margen de la discusión técnica sobre si se puede o no partir el pago del aguinaldo, hoy hay que mirar la realidad de las empresas. Estamos atravesando una de las peores crisis de nuestra historia. Muchas compañías no pueden pagar los sueldos del mes, menos van a poder pagar este treceavo sueldo», enfatizó Ezequiel Passarelli, de SCI Consultora Integral Tributaria.
Otros especialistas consultados indicaron que es poco probable que el Ministerio de Trabajo, en este contexto económico salga a verificar infracciones en el pago del aguinaldo, y aunque el propio trabajador siempre puede recurrir a la Justicia para hacer valer su derecho, es difícil que tenga éxito ante un empleador que ya es posible que sea insolvente.
En este marco, los trabajadores de las entidades decidieron dar un alivio a los siempre complicados económicamente clubes de futbol y pactar el aguinaldo en dos cuotas, en el marco del pacto UIA-CGT para las suspensiones con el pago de una suma no remunerativa.
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Y el Ministerio de Trabajo homologó las nuevas cláusulas del Convenio Colectivo de Trabajo 736⁄2016, de Utedyc, con aplicación para los meses de mayo y junio de 2020, precisó la laboralista Silvana Iudkovsky.
El CCT establece la obligación de abonar una «asignación no remunerativa» que no podrá ser inferior al 75% del salario neto que se hubiese devengado de prestar servicios normalmente conforme escalas salariales vigentes.
Para el cálculo de esa suma no remunerativa se excluyen del concepto salario neto los montos variables por comisiones, horas extras, feriados, viáticos, comida y/o beneficios de almuerzo, durante el período de suspensión, precisó Iudkovsky.
El convenio habilita la posibilidad de que las entidades dispongan suspensiones en forma simultánea, alternada, rotativa, total o parcial.
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En todos los casos, el tiempo efectivamente trabajado deberá liquidarse y abonarse al 100% de las remuneraciones que hubiere correspondido percibir por los días y/u horas efectivamente trabajadas, y la «asignación no remunerativa» exclusivamente por los días de suspensión efectiva, indicó Iudkovsky.
Respecto al tratamiento del SAC, el CCT de Utedyc autoriza a las entidades empleadoras, cuyas actividades se encuentren suspendidas o afectadas por la cuarentena y que enfrenten dificultades económicas, a fraccionar el pago de la primera cuota, advirtió Iudkovsky.
Ese fraccionamiento se hará en dos partes iguales, la primera con vencimiento mañana 30 de junio y la segunda con vencimiento el 31 de julio próximo.
Se impone el pago en cuotas del aguinaldo
El Estado fue pionero en el pago fraccionado del medio aguinaldo de junio, ya que los empleados públicos cobrarán la primera cuota del SAC en cinco cuotas, incluyendo a los trabajadores del Banco Central.
El decreto que estableció el pago en cuota del medio aguinaldo invitó al Congreso, a la Justicia y al Ministerio Fiscal a dictar normas similares para el SAC de sus empleados.
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Hasta ahora el que respondió a ese convite fue el convite, el que con la firma de Cristina Kirchner, por el Senado, y de Sergio Masa, por la Cámara de Diputados, determinó que los empleados legislativos percibirán el medio aguinaldo de junio en tres cuotas.
En junio, los empleados del Palacio de los Dos Congresos cobrarán en concepto de SAC hasta la suma de $40.000, y la suma excedente de este monto, en 2 cuotas iguales junto con las remuneraciones correspondientes a los meses de julio y agosto de 2020.
El Estado fue pionero en el pago fraccionado del medio aguinaldo de junio
El propio Ministerio de Trabajo esperó que, si el Estado Nacional y el Congreso pagaban el aguinaldo en cuotas, esto iba a marcar la pauta para los privados, habilitando a que los sindicatos y cámaras lleguen a acuerdos en ese sentido, pero hasta ahora los gremios están sentados sobre derechos adquiridos que sólo un porcentaje de los trabajadores podrán gozar, mientras otros perderán sus empleos.
Las empresas también apostaron, alargaron el análisis sobre la posibilidad descontinuar su propia existencia, a que el Programa ATP de junio incluyera el medio aguinaldo, pero esto tampoco sucedió.
El decreto del pago de aguinaldos estatales en cuotas se fundamentó en la Ley de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, así como en el marco del decreto por la pandemia y los que establecieron la cuarentena.
Luego afirmó que, «las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio han tenido un alto impacto en el normal funcionamiento de la economía y la sociedad».
«La sociedad en su conjunto está realizando un gran esfuerzo para mitigar los impactos sobre las cuentas públicas», aseguró, y esto es lo que esperaban las empresas que les trajera también a ellas un respiro.
La Plata: Carreros reclaman a Control Urbano que los dejen trabajar
Carreros del barrio La Unión en la ciudad de La Plata movilizarán a Control Urbano para exigir que no les retengan las motos con las que trabajan.”Salimos como podemos para poder llevar el pan de cada día a la casa a la cual la policía ha comenzado a secuestrar la moto de los carreros junto con Control Urbano”, declaró Víctor referente de los carreros, a más de 100 días de iniciada la cuarentena hay sectores que ya no pueden sobrevivir sin salir a trabajar para ganar la comida del día, ya que en los barrios los comedores no dan abasto. Por ANRed
Desde las políticas que prohíben la tracción a sangre las y los trabajadores del sector han optado por adquirir una moto para poder realizar su tarea. “El carrero optó por dejar el carro y el caballo y a empezado a comprarse una motito para trabajar con el carrito. Las condiciones de la moto precaria, obvio sin seguro, sin registro, porque la condición del carrero también es precaria, carreros sin estudios, carreros que no están en condiciones de obtener plata y pagar un seguro para la motito. ” contó Victor, un cartonero de la zona.
Cabe destacar que desde el año 2018 está en debate el Código de Convivencia impulsado por el Intendente Julio Garro. Dicho proyecto provocó el rechazo de grandes sectores de la población porque más que de una reglamentación para una mejor habitabilidad, lo que plantea es una ciudad para pocos y pocas. La persecución a la venta ambulante, el ofrecimiento de sexo en la vía pública, los limpiavidrios, y los cartoneros se agrava en dicha normativa, que si bien aún no está aprobada sienta una orientación a seguir por parte de los inspectores.
En su artículo 121 dice “La selección de residuos domiciliarios, su recolección, adquisición o transporte, almacenaje, manipulación o venta en contravención a las normas reglamentarias pertinentes, será sancionado con multa de 50 a 500 módulos y/o arresto hasta 5 días. Si la selección de residuos se efectuará en lugares que la Municipalidad tenga habilitados como vaciaderos, será sancionado con multa de 100 a 2000 módulos, y/o arresto hasta 30 días”.
Desde aquel momento hasta la actualidad la persecución a las y los trabajadores de la economía informal se acentuó drásticamente. “Yo creo que nuestro trabajo es esencial y si no podemos trabajar no podemos comer, no podemos mantener a nuestras familias, nuestros hijos no pueden ir a la escuela. Yo creo que es un derecho y vamos a pelear por ese derecho y para que la policía no nos secuestre nuestra herramienta de trabajo” afirmó Victor.
Muchas personas han tenido que aguantar esta cuarentena con los 10 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia, mientras que hoy la Canasta Básica para una familia de cuatro integrantes esta alrededor de 60 mil pesos para cubrir todas las necesidades. A su vez, un gran porcentaje quedó afuera del IFE por diversas trabas burocráticas. Los comedores barriales se han vuelto un servicio fundamental e imprescindible, pero ante el aumento de la demanda y la escasa cantidad de comida destinada a estos espacios, muchas veces las viandas no alcanzan para todos y todas.
“Vamos a pelear para que la municipalidad se ocupe un poco de nosotros y poder pelear pro nuestros derechos. Un trabajo insalubre en la cual en estos tiempos de pandemia más nos debemos cuidar pero estamos descuidados, yo creo que el tiempo nos apresura, necesitamos trabajar, necesitamos comer y necesitamos que nos atiendan.” Concluyó tangante el referente de los carreros Victor.
Sólo el 4% de los empleados recibió una compensación por gastos de teletrabajo
La normativa vigente desde 2012 se dejó sin efecto a horas de la cuarentena impidiendo el acceso a beneficios esenciales para trabajar en el hogar. En el Congreso avanza la ley que reglamenta a futuro la modalidad.
En momentos en que se discute en el Congreso la ley que reglamenta las condiciones para ejercer la modalidad de trabajo a distancia que irrumpió durante la cuarentena, la consultora Adecco dio a conocer una encuesta que revela que apenas el 4% de los trabajadores que se vieron obligados a desempeñar sus tareas en su hogar recibieron una compensación por los gastos que esa modalidad conlleva.
El estudio indica que sólo el 37% de los más de 3.800 trabajadores encuestados, por las características de su actividad, no tuvo oportunidad de realizar teletrabajo durante el Aislamiento Social y Preventivo Obligatorio.
Luego de más de cien días de trabajar bajo esta modalidad, que para el 56% resultó completamente novedosa, el teletrabajo es asimilado de manera contradictoria por los afectados.
Es que, por un lado, y al principio de la cuarentena, un 42% reconocía trabajar más horas que las que trabajaba con anterioridad y de las que establece el convenio de su actividad. Sin embargo, ahora, un 51% sostiene que seguiría haciéndolo una vez que concluya el aislamiento social. Aunque sólo un 22% estaría dispuesto a hacerlo todos los días, mientras que un 28% vería con buenos ojos hacerlo tres veces por semana. Apenas un 14% desea volver a trabajar todos los días a la oficina.
Pero además, solo un 4% de los empleados declara haber recibido alguna compensación por, al menos, una parte de los gastos extraordinarios que implica trabajar desde la casa.
En detalle se refiere a “internet o línea de celular, comidas durante la jornada laboral y equipamiento de oficina, como la computadora y la silla ergonómica”. De hecho, un 24% de los empleados encuestados manifiesta que una de las dificultades que debe enfrentar es una deficiente conectividad a internet.
Es en esta situación que el proyecto de ley para reglamentar la labor en el hogar ya obtuvo media sanción en la cámara de diputados. Allí se consagran una serie de derechos como, por ejemplo, el de la desconexión que pone un límite a la jornada laboral vulnerada en el contexto actual.
El proyecto, sin embargo, busca dar respuesta no tanto a la irrupción del teletrabajo durante el aislamiento social y preventivo sino a su permanencia que se descuenta se amplificará una vez que se sustancie el regreso a la actividad. De hecho, de aprobarse, entrará en vigencia recién dentro tres meses.
A la hora de explicar ese magro 4% de asistencia que se verifica resulta necesario recordar que, si bien se encuentra vigente la resolución 1552 del año 2012 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que establece la obligatoriedad de las empresas a proveer sillas ergonómicas, pad mouse, matafuegos y hasta un botiquín de primeros auxilios a los trabajadores que trabajen desde su casa, en una resolución del mismo organismo (21÷20), publicada el pasado 16 de marzo, el gobierno decidió suspender su aplicación mientras durase la cuarentena.
El proyecto que está en consideración del Senado establece el carácter voluntario a la hora de la continuidad de este tipo de modalidad y fuerza a las patronales a garantizar parte de los insumos necesarios para poder trabajar desde la casa aunque habilita los contratos por objetivos que implican la posibilidad de imponer el trabajo a destajo y reserva a las patronales la posibilidad de invocar motivos de «fuerza mayor» para imponer esa modalidad en forma obligatoria.
Alerta por la irrupción del coronavirus en los establecimientos de trabajo
Sindicatos coinciden en que las empresas pasan por alto los protocolos autorizados y que, además, son insuficientes sin la acción de los representantes gremiales en los lugares de trabajo.
La irrupción del coronavirus en las villas del AMBA fue un punto de inflexión en el combate contra la pandemia. A partir de ese momento, la circulación del virus asumió un carácter netamente comunitario. De un tiempo a esta parte la pandemia comenzó a expandirse en diversos lugares de trabajo a pesar de los protocolos que fijó la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
El sector más afectado es el de los trabajadores de la salud que, según ATE, ya acumula a nivel nacional 3652 contagios.
Pero, por fuera del sistema sanitario, el impacto se siente especialmente en los grandes supermercados. Según fuentes gremiales, allí los infectados ya superan los 600, aunque no han tenido que lamentar muertes porque «los delegados se encargaron de impedir que trabajaran quienes forman parte de la población de riesgo».
En el Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal, que dirige Armando Cavalieri, aseguran que siguen «en detalle» las situaciones de contagio que se presentan en los supermercados y que hacen «inspecciones y monitoreo» del cumplimiento de los protocolos sanitarios por parte de las empresas.
Pero el nivel de contagios en las grandes cadenas comerciales abre una puerta a la sospecha. Ramón Muerza, dirigente sindical de comercio opositor señaló que «en los supermercados la estamos pasando muy mal por la cantidad de contagios pero el sindicato está cerrado hace tres meses y medio. El protocolo lo hacemos cumplir los delegados en las empresas».
Las denuncias sobre el incumplimiento de los protocolos por parte de la cadena Coto florecen. Natalia Galeano, delegada de la sucursal de Flores, señaló a Tiempo que «el caso de Lanús fue el más relevante. Todo el personal de carnicería se contagió, al menos 35 personas. El gerente de operaciones, Eduardo Búfalo, llegó al extremo de agredir a los inspectores municipales con el propósito de invisibilizar los casos. La misma actitud tuvieron en Quilmes y Retiro. En mi sucursal tuve que hacer un video y pedí que el gobierno enviara una inspección. Al comunero de la zona, Julián Cappa, le dijeron que había dos casos pero de dengue».
Chocolate y carne
El virus penetró también en las fábricas. Es lo que ocurrió en la alfajorera Vimar y la chocolatera Felfort, donde los delegados gremiales verificaron el contagio de ocho trabajadores y recurrieron al paro para lograr el cierre de la planta hasta mañana mientras se conoce el resultado de otros hisopados. Mediante un comunicado, los delegados señalaron que «habíamos advertido hasta el hartazgo que iba a suceder pero nadie nos escuchó». Los delegados denunciaron «a la patronal de Felfort por no respetar ni siquiera el insuficiente protocolo del gobierno».
En el sector de la carne los delegados de Frigorífico Rioplatense denunciaron la negativa de la empresa de testear a los trabajadores que estuvieron en contacto estrecho con tres obreros infectados. Luego los trabajadores decidieron en asamblea tomar licencia sin goce de haberes hasta que la patronal acceda al reclamo.
En tanto, los trabajadores del neumático de Bridgestone realizaron un paro el 17 de junio ante la confirmación del contagio de un trabajador y la negativa de la empresa de aislar preventivamente los contactos laborales estrechos, y las indicaciones sanitarias del Municipio de Lomas de Zamora. El sindicato Sutna venía exigiendo que las empresas consideraran «un protocolo específico del neumático elaborado por el sindicato nacional junto con trabajadores y profesionales sanitarios». Es que, según explicó el titular del gremio, Alejandro Crespo, «los protocolos de Nación y Provincia son muy generales y las fábricas tienen particularidades».
El dirigente observó que «lo que tienen que entender las grandes fábricas es que hay que cortar la cadena de contagios apartando a los contactos estrechos y no esquivar eso con tecnicismos. Es clave encapsular a los trabajadores en pequeños grupos porque, de esa manera, se logra disminuir el riesgo y la capacidad de propagación y se facilita la detección. Un tapaboca dentro de la planta no evita el contagio. Se deben instrumentar medidas a partir del sinceramiento de la situación».
Otro de los sectores que no interrumpirá su actividad en la nueva etapa de cuarentena y se encuentra muy expuesto es el de los trabajadores bancarios. Los primeros días de la cuarentena se hizo viral la denuncia de una trabajadora que había recibido de la patronal del banco Macro un corpiño como tapabocas. Según Alejandra Stoup, dirigente de La Bancaria, ya contabilizan 135 infectados y un trabajador fallecido. «En bancarios está pasando lo mismo que en toda la sociedad», agregó. El sindicato firmó un protocolo con las cámaras el 15 de junio por el cual cuando se comprueba un caso se realiza una desinfección del lugar «con un certificado que tienen que entregar a la organización gremial». Stoup explicó que el acuerdo se selló recién a partir de junio «porque empezó a subir la curva y la cantidad de casos concretos». Para la dirigente es clave «armar grupos de trabajo porque permiten cortar el contagio». Detalló, además, que el sindicato reclama que se finalice la instalación de mamparas y que los bancos se hicieran cargo del transporte de los trabajadores para que eviten el sistema público. «No lo aceptaron, aunque en muchas entidades lo están haciendo».
El virus amenaza con ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Si bien la responsabilidad recae en las empresas y autoridades, su control parece depender de la acción de los delegados y sindicatos.
Comerciantes afectados otra vez por la cuarentena piden poder realizar envíos
Comerciantes de la Ciudad de Buenos Aires exigirán al gobierno porteño se les habilite la posibilidad de las entregas a domicilio para aquellos negocios que deberán volver a cerrar sus puertas en el marco del retorno a la fase 1 de la cuarentena, entre los que se cuentan librerías, jugueterías y casas de venta de indumentaria, entre otros.
Este lunes las autoridades de la Federación de Comercio e Industria (Fecoba) se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico porteña para presentarles este reclamo. Según la entidad, la nueva restricción afecta a unos 60.000 comercios en CABA y a otros 300.000 en el área metropolitana.
Fabián Castillo, presidente de Fecoba, adelantó: “Vamos a pedir que se pueda hacer venta por delivery, entregas a domicilio, para los comercios que van a tener que cerrar”. Por el momento, sólo está habilitado el delivery o la entrega para llevar en los comercios esenciales gastronómicos, pero desde el gobierno porteño anticipan que seguirán realizando reuniones para analizar las medidas de alivio necesarias.
Según datos de la entidad, ya cerró el 20% de los comercios de la Ciudad desde el inicio de la cuarentena por la epidemia de coronavirus y las proyecciones podrían llevar la cifra al 23% en los próximos días (lo que equivale a unos 27.600 comercios).
El gobierno avanza en el debate para crear un “ingreso universal” en la pospandemia
En el marco de la profunda recesión generada por la epidemia de coronavirus, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, el Gobierno de Alberto Fernández evalúa la posibilidad de implementar un ingreso universal, para lo que ya inició conversaciones con distintos especialistas. La iniciativa se implementaría recién desde el fin de las medidas de cuarentena y aislamiento social.
Para avanzar en el diseño del plan, el Gobierno ya está llevando adelante consultas con algunos de los históricos impulsores de la iniciativa, como el expresidente Eduardo Duhalde o el director del Banco Nación Claudio Lozano. El propio presidente manifestó hace algunos días: “Creo que sería bueno que nosotros garanticemos un ingreso universal a todos los argentinos. Me parece una salida válida, que en todo el mundo se está viendo y se está aplicando”.
Las primeras discusiones en torno a la posibilidad de crear un ingreso universal en nuestro país se dieron en torno a la crisis de año 2001. En la actualidad implica toda una reorganización de los distintos sistemas de planes sociales y alimentarios que deberían ser reorganizados hacia este ingreso.
El ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo analiza propuestas y lleva adelante distintos intercambios virtuales sobre un posible “salario universal”, cuyas características todavía no están definidas. Al respecto, el funcionario manifestó: “Todo está bajo estudio. Estas son políticas que necesitan consenso, exceden a un gobierno. Estamos conversando con todos”.
Arroyo destacó que la iniciativa implica un “cambio estructural de lo social” con eje en el trabajo, el ingreso y el acceso a servicios básicos. Las primeras conversaciones al respecto se llevarían adelante con dirigentes sindicales y referentes de distintas organizaciones políticas y sociales.
La semana pasada Fernández y Arroyo le pidieron a Lozano que les envíe una actualización de la propuesta de Salario Universal que había realizado con su equipo desde el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas. Esta iniciativa prevé eliminar las restricciones vigentes para los beneficiarios de ayudas sociales y establecer una renta equivalente a un salario mínimo, vital y móvil para “todos aquellos que tengan entre 18 y 65 años y no sean asalariados formales”. “Esto, sumado a la AUH, permitiría poner un piso de ingreso por hogar equivalente a la canasta familiar”, detalló Lozano al respecto.
La propuesta de Duhalde se define como “Renta Básica Universal” y busca “garantizar a todos los integrantes de una comunidad un ingreso en efectivo mensual que asegure las mínimas condiciones de subsistencia, sin ningún tipo de condicionamiento o contraprestación”.
El propio Papa Francisco ha manifestado en varias oportunidades su apoyo a una iniciativa de este tipo. En su discurso de Pascuas a los Movimientos sociales detalló: “Tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan; capaz de garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos”.
Al respecto, Gildo Onorato, representante de la CTEP, destacó que ese ingreso no debería ser «inferior al monto de la canasta básica» que hoy ronda los 43 mil pesos, y remarcó que no podría ser algo indeterminado, sino que «será un proceso de transición hasta que se pueda salir de la crisis», tiempo en que el ingreso sea reemplazado por trabajo genuino.
El actual secretario de Relaciones Institucionales de Jefatura de Gabinete y referente de Movimiento Evita Fernando “Chino” Navarro consideró: “Pasaron 20 años desde los primeros planes, que no resolvieron la pobreza. Creemos que el trabajo tiene que ordenar. Y si el Estado, con inversiones privadas, tiene que hacer el primer esfuerzo, de colocar un salario ligado a la obra pública, a las actividades privadas, al cuidado, a la estructura familiar, a la limpieza de barrios, bienvenido sea”.
En el mismo sentido, el subsecretario de Economía Popular y dirigente de Barrios de Pie-SOMOS Daniel Menéndez destacó la importancia de una iniciativa de este tipo para la pospandemia: “Cuando pase el aislamiento, va a haber una cantidad de personas que tendremos que sostener. No va a ser la misma cantidad del IFE, pero sí será algo significativo. Sería un ingreso universal para los que no tienen trabajo”.
Se ajustan los cambios en el transporte público a partir del miércoles 1 de julio
En diálogo con El Destape Radio, el funcionario reveló que el objetivo es que «viajen 250 mil personas menos por día». Para el Tren Sarmiento será obligatoria la aplicación «Reservá tu tren».
Por éstas horas se trabaja en los detalles de ajuste para el sistema de transporte público en el AMBA en la próxima etapa del aislamiento: hasta el miércoles sigue todo igual, pero ya este lunes hay que volver a tramitar los permisos para las actividades esenciales que volvieron a ser las 24 originales determinadas el 20 de marzo, a la que se sumarán los bancos que no estuvieron abiertos en aquella oportunidad.
Los números que acerca el Ministerio de Transporte confirman que desde mediados de mayo, hay alrededor de “un promedio de un millón personas circulando en transporte público en el AMBA” y lo que se busca es “bajar unas 250 mil personas menos por día”.
Para hacer efectiva la medida se contará con controles más estrictos de los últimos que regían tanto en ciudad como en provincia de Buenos Aires. El incremento tan significativo de contagios encendió alarmas y por lo tanto las fuerzas de seguridad estarán muy pendientes de las “líneas de colectivo en municipios donde hay mayor circulación”.
El objetivo inclaudicable es “mantener el distanciamiento social en el transporte”. En las últimas dos semanas han sido más estrictos y lo serán más todavía, con lo cual recurrirán también desde la cartera de Transporte, “a la responsabilidad ciudadana” para evitar situaciones de tensión o inconvenientes a bordo de las unidades.
En cuanto a los ferrocarriles, en el Tren Sarmiento será obligatoria la aplicación “Reservá tu tren”. Solo podrán viajar quienes reserven su asiento en la APP. Y a partir del miércoles, sólo quienes estén habilitados por su actividad. La experiencia está basada en el éxito de la línea y en la simpleza de su utilización”.
«Con el teletrabajo, los trabajadores tendrán la misma representación sindical»
El diputado nacional del Frente de Todos Facundo Moyano sostuvo hoy que los trabajadores que se desempeñen bajo la modalidad de teletrabajo tendrán la «misma representación sindical», al destacar la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca regular esa modalidad.29/06/2020 17:32:00
Facundo Moyano, al hablar con El Destape Radio, dijo que la iniciativa «es un paso importante», aunque consideró que «con esta ley no es que se termina la explotación o la precariedad laboral de los teletrabajadores, porque hay muchos que no están registrados».
Ayer, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por amplia mayoría y giró en revisión al Senado un proyecto de ley que regula el teletrabajo, en el que se establecen los presupuestos mínimos que contemplan los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los empresarios.
La iniciativa fue votada favorablemente por 214 legisladores, que integran las bancadas del Frente de Todos, el Movimiento Popular Neuquino, Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y el Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo.
Para Moyano, la ley «pone unas condiciones básicas para que después cada actividad pueda establecer sus regulaciones».
Además, dijo que esta forma de trabajo «no se puede aplicar de un día para el otro», por lo que se estableció que comience a aplicarse en un «plazo de 90 días después de que termine la pandemia».
En otro orden, al responder una consulta sobre el planteo de un proyecto de ley para establecer un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, Facundo Moyano consideró que su tratamiento «va a demandar como mínimo un mes y medio» y dijo que, en este caso, será «complicado hacerlo con las sesiones remotas».
Asimismo, cuestionó a la oposición al decir que «hacen un show contra las formas, cuando, en realidad, cuestionan el fondo del impuesto a las grandes fortunas».
Moyano consideró que «se va a prolongar el acuerdo de las sesiones remotas» como modalidad de trabajo en el Parlamento porque «estamos en una situación donde los contagios aumentan y hay que respetar el protocolo de sanidad».
Al abordar la cuestión de las denuncias por presunto espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos, explicó que entre los espiados figuraban su padre, Hugo, y su hermano Pablo e, incluso, también «un secretario» de él mismo y «una compañera del sindicato».
Moyano calificó esta causa como «un escándalo» y opinó que «el jefe de la banda de espionaje era (el ex presidente Mauricio) Macri», tras recordar que «ya tenía antecedentes» por este tipo de acciones.
El legislador comentó que, en el caso de su familia, «había una celda preparada con micrófonos en caso de que el juez Carzoglio tomara la decisión de detener» a su padre, Hugo Moyano, y atribuyó estas prácticas a «la perversión del gobierno de Macri, que destruyó la economía y destruyó la política».
21 días de conflicto en Mendoza, dos represiones y ninguna solución
Hoy los municipales de la ciudad de Mendoza volvieron a salir a las calles a pedir por paritarias y aguinaldo. Trabajan 40 horas semanales y cobran entre 10 mil y 13 mil por mes. La respuesta en otras oportunidades fue reprimirlos duramente.29/06/2020 14:06:00
El secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, pide solidaridad a las organizaciones sociales, sindicales y a los organismos de Derechos Humanos porque el avasallamiento que los trabajadores municipales de la capital provincial están sufriendo hace 21 días le recuerda a la dictadura.
«El sábado a la mañana fue una cacería y hoy continúan. Lo que hace la policía es cazar a los compañeros: los arrodillan, le sacan los documentos, le rompen el celular y los imputan, como en la dictadura?, explicó en diálogo con Página/12
Los municipales son considerados esenciales por lo que se les exige estar en la primera línea unas 40 horas semanales pero en la ciudad gobernada por Ulpino Suarez los salarios son de hambre con un básico de 10.300 pesos, por lo que los trabajadores decidieron hacer retención de tareas y movilizaciones para visibilizar el problema.
Luego de varias reuniones, el 26 de junio, el ejecutivo municipal se comprometió a llevar una propuesta que los trabajadores esperaban de cuerpo presente, pero no hubo propuesta y, en cambio, a la madrugada les mandaron a la policía. Macho aclara «Esperamos que el gobierno municipal traiga una propuesta para comer todos los días, no estamos pidiendo otra cosa. Esta no es una lucha para un aumento salarial como en otros sectores, esta es una lucha para que no se mueran de hambre.»
«No estamos en la época de la dictadura, no hay estado de sitio. Acá se están cumpliendo con todas las normas de seguridad, los compañeros tienen sus documentos y pelean según su turno de trabajo.», detalla Macho.
Para palear la situación, ATE Mendoza está armando ollas populares «para que coman sus hijos, para que coman ellos» pero parece que nada conmueve al gobierno porque tras reprimirlos, los llevan detenidos, «sacan a los preventores de sus lugares de trabajo» o «entran a los hospitales y los sacan de los pelos» y quieren procesar a 38 trabajadores.
Así los reprimieron el 13 de junio pasado en el predio de la UCIM.
«Se tapan los casos y amenazan a los compañeros que están en grupos de riesgo para que retomen sus tareas»
La delegada de COTO, Natalia Galeano, calificó de «desesperante» lo que ocurre en la cadena supermercados con más contagios y sostuvo: «Se tapan los casos y amenazan a los compañeros que están en grupos de riesgo para que retomen sus tareas».29/06/2020 11:56:00
Natalia Galeano, delgada COTO Flores, habló sobre la situación que sufren de los trabajadores de la cadena en el contexto de Coronavirus luego de que se viralizara lo que ocurrió la semana pasada en la tienda de Lanus, que derivó en un escándalo mediático con la mano derecha de Alfredo Coto.
«En Capital somo casi 5 mil trabajadores en completo abandono. La avaricia de la empresa pone en riesgo la salud pública», aseguró Caleano en declaraciones a FM La Patriada.
«Si COTO es la cadena que tiene más contagiados, es porque las cosas no se están haciendo bien» agregó la delegada, y especificó: «Se tapan los casos y amenazan a los compañeros que están en grupos de riesgo para que retomen sus tareas».
«A los que denunciamos nos persiguen y hasta nos golpean, como en el caso del compañero Héctor Castro», sostuvo Galeano.
Además dijo que no tiene respaldo del Sindicato y apuntó contra el referente gremial de la firma: «Ramón Muerza a la cabeza y los delegados subordinados, que no son compañeros nuestros, no aparecen en ningún lado y supuestamente deberían defendernos».
«La situación en COTO es desesperante» añadió y remarcó que los empleados están «en completo abandono».
Por último, Galeano relató lo que se vive en la tienda de Flores, en la que cumple funciones: «La empresa nos aísla, nos hostiga, nos amenaza, nos persigue. En mi sucursal bajaron línea a mis compañeros que no hablen conmigo por el video que se viralizó en el que contaba lo que pasaba».
Docentes Santafecinos realizarán un «apagón educativo virtual» por paritarias
Los docentes de las escuelas públicas de Santa Fe realizarán esta semana un «apagón educativo virtual», en reclamo de la reapertura de paritarias para discutir salarios y condiciones de trabajo.29/06/2020 00:00:00
El «apagón», que se realizará entre el miércoles y el jueves próximo, fue decidido durante una reunión de delegados de diferentes seccionales de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe), que reunió a la secretaria general de ese gremio y de Ctera, Sonia Alesso, y a las dirigentes Adriana Monteverde, Patricia Hernández y Graciela Scarpetta.
La Amsafe reseñó en la provincia las paritarias fueron suspendidas en marzo, «de manera unilateral por el gobierno» de Santa Fe, debido al aislamiento social dispuesto por la Nación para contener los contagios de coronavirus.
«Amsafe reclamó de distintas maneras y sosteniendo diferentes acciones para visibilizar los reclamos», indicó el gremio mediante un comunicado.
Los docentes «por unanimidad, y ante la ausencia de respuestas» resolvieron no trabajar el miércoles y el jueves, subrayó.
«Los trabajadores y las trabajadoras de la educación han dado muestras de solidaridad, compromiso y responsabilidad, sosteniendo el vínculo pedagógico con los alumnos y las alumnas, atendiendo los comedores escolares, brindando la copa de leche, sin recibir aumento salarial», expresó el texto.
Las clases en el distrito se vienen realizando de manera virtual debido al cierre de las escuelas por el coronavirus, complementadas por cuadernillos que distribuyeron las carteras educativas nacional y provincial.
Basta de represiónLa CTA Autónoma repudia la represión que sufrieron trabajadores y trabajadoras del Estado en Mendoza
La CTA Autónoma repudia la represión a los y las trabajadoras que reclaman por salarios dignos ya que con lo que cobran (10.300) no pueden satisfacer las necesidades básicas.
Macho dijo además que «luego de la represión y la cacería de estos últimos días, tenemos 38 compañeros imputados». A los detenidos lograron sacarlos mediante la intervención de los abogados del sindicato, pero algunos tienen prisión domiciliaria y otros están con orden de captura. Una de las detenidas fue la Secretaria Adjunta de la CTA, Adriana Iranzo. “Estamos desesperados porque nadie hace nada», explicó el Secretario General de ATE Mendoza.
Los reclamos de los municipales comenzaron hace 22 días en la capital mendocina, pero el problema, según Macho, abarca toda la provincia. «Hay una pérdida de control en toda la provincia porque no se pagó el aguinaldo, no ha habido paritarias, ni aumentos y así no se puede seguir», explicó Macho.
La CTA Autónoma exige que cesen con la represión y escuchen los reclamos de los trabajadores y trabajadoras mendocinas que están pidiendo por salarios y condiciones de vida dignas en medio de la pandemia más larga de la historia.
Firman el comunicado Ricardo Peidro, Secretario General de la CTA Autónoma, Claudia Baigorria, Scretaria General Adjunta y Hugo «Cachorro» Godoy, Secretario General Adjunto.
Todavía no hay fecha concreta para retomar las clases»
El secretario general del sindicato docente Suteba, Roberto Baradel, aseguró que todavía «no hay una fecha concreta» para el regreso a clases, y consideró que esa decisión va a depender de cómo se encuentre la situación sanitaria en cada una de las provincias en relación al avance del coronavirus.29/06/2020 00:01:00
«Todavía no hay fecha concreta para retomar las clases. Y eso se va a dar en función de la situación de cada una de las provincias. Si bajan los contagios y no hay peligro, se verá; hay que tener mucho cuidado», sostuvo el sindicalista.
En declaraciones a radio Rivadavia, Baradel señaló además que el ciclo lectivo de este año «se va a articular con el del año que viene», por lo cual recomendó a las autoridades educativas «ser más flexible con la entrega de los certificados de egreso de los alumnos».
El dirigente recordó que los docentes, junto con profesionales de la salud, están terminando de definir un protocolo para la vuelta a clases, que deberá ser tomado en cuenta y aplicado por cada jurisdicción del país.
«Esta semana vamos a terminar de discutir para tener listo el protocolo, que va a contener las recomendaciones que habrá que tener en cuenta» en las escuelas, añadió.
Baradel insistió: «Habrá que trabajar con mucho cuidado. En Jujuy habían tomado la decisión de volver a clases y tuvieron que dar marcha atrás».
El gremialista había pedido el viernes que el protocolo sanitario de vuelta a clases que se analiza con las autoridades «se convierta en acuerdo paritario», luego de la creación de una comisión asesora dispuesta por el ministro del área, Nicolás Trotta.
«El ministro de Educación creó una comisión asesora de cara al regreso a clase donde se debatieron los parámetros a tener en cuenta y se elaboró un borrador que es bastante acertado y quedamos que se va a aprobar el protocolo», explicó el sindicalista.