Resumen Latinoamericano, 26 junio 2020
2002 – 26 de Junio – 2020
18 años de Impunidad en la Masacre de Avellaneda
18 años de lucha por Justicia para Darío Santillán y Maximiliano Kosteki
Los Asesinos de Ayer No Pueden Ser Los Salvadores De Hoy
¡Con ellos no!
No es la pandemia, es la impunidad. 18 años de injusticias
Juicio y castigo a los responsables políticos de la Masacre de
Avellaneda: Eduardo Duhalde ‑Felipe Solá- Aníbal Fernández- Juan José
Alvarez – Alfredo Atanasoff – Luis Genoud – Jorge Matzkin – Oscar
Rodríguez
¡Darío y Maxi viven en la lucha del pueblo!
A dieciocho años de los asesinatos de Darío y Maxi seguimos exigiendo
juicio y castigo para los responsables políticos e intelectuales de la
Masacre de Avellaneda.
El 26 de junio del 2002 el gobierno de Eduardo Duhalde intentó
quebrar a sangre y fuego al movimiento piquetero que enfrentaba el
hambre y la desocupación. Buscaba desatar una ofensiva contra el
movimiento popular, disciplinar a les trabajadores y el pueblo para
continuar cargando sobre sus espaldas los costos de la crisis
capitalista y recomponer una gobernabilidad que había sido quebrada en
las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 y que aún continuaba
endeble.
La feroz represión fue decidida desde la cúpula del poder político de
aquel momento, con el respaldo de los grupos económicos y de poder y
bajo la supervisión imperialista yanqui, como parte de su estrategia
regional para los “conflictos de baja intensidad”. Involucró a las
policías Federal y Bonaerense, a la Gendarmería, a Prefectura y a los
servicios de Inteligencia.
No sólo costó las vidas de Darío y Maxi: ese día hubo más de cuarenta
compañeros y compañeras heridas con balas de plomo y centenares de
personas detenidas en las comisarías aledañas, en las cuales una gran
cantidad de compañeros y compañeras fueron torturados y golpeados.
A partir del día siguiente, miles ganamos las calles para reclamar
juicio y castigo a los responsables. Quedó al desnudo que se trató de
una programada acción estatal de represión y la responsabilidad política
del gobierno de Duhalde. Como consecuencia de ello, la crisis de su
gobierno fue tal que tuvo que convocar a elecciones y dejar el gobierno
al año siguiente.
La versión oficial de los hechos, difundida a través de los medios de
comunicación hegemónicos, era que las muertes de nuestros compañeros
eran producto de un enfrentamiento interno y que las organizaciones
piqueteras éramos responsables de ello. Entre quienes emitían esta
mentira a través de conferencias de prensa televisivas, estaban Aníbal
Fernández, Secretario General de la Presidencia y Juan José Alvarez,
Secretario de Seguridad de la Nación. También Felipe Solá se encargó de
distribuir esta versión. Cuenta Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo,
que ese mismo día mientras miraba por la tele la represión prácticamente
en directo al mediodía, llamó al gobernador de la provincia de Buenos
Aires para preguntarle sobre lo que estaba sucediendo en Avellaneda.
Solá la atendió y le respondió: “Quédese tranquila Norita, es una pelea entre pobres”.
Este testimonio Norita lo declaró en la Causa Federal que se tramita en
los Tribunales de Comodoro Py. Gracias al arriesgado compromiso de les
trabajadores de prensa, sobre todo las fotografías de Pepe Mateos y Ruso
Kowaleswky, revelaron la verdad de lo sucedido aquel mediodía en el
interior de la estación de trenes de Avellaneda.
Logramos las condenas ejemplares del comisario Alfredo Fanchiotti y
del cabo Alejandro Acosta por los homicidios de Darío y Maxi, pero lo
cierto es que los responsables políticos de aquella represión criminal
siguen impunes.
A pesar de todas las evidencias que aportaron familiares y compañeres
de Darío y Maxi las causas judiciales que deben investigar las
responsabilidades políticas de la masacre permanecen en un estado de
letargo judicial. La causa federal, instruida para acusar a los
funcionarios nacionales está cajoneada en el juzgado de Ariel Lijo en
los tribunales de Comodoro Py. Pasaron cuatro fiscales que dejaron
retrasar la investigación. Sin embargo, desde hace algunos años,
logramos reabrir la causa federal, pero continúa sin avances. La causa
provincial, determinada para el gobernador de la provincia y los
miembros del ejecutivo, a cargo de la Jueza Marisa Salvo, titular del
juzgado de garantías n.º 5 de Lomas de Zamora permanece inmóvil, casi
como cuando Mabel Ruiz, mamá de Maxi, la iniciara. Y más aún, con un
dictado de archivo.
Todos los avances en la causa han sido, pura y exclusivamente
esfuerzo de les familiares y compañeres de Darío y Maxi, y sus
organizaciones, y cientos de colectivas, agrupaciones y organizaciones
piqueteras culturales, gremiales, de derechos humanes, políticas, y de
les compañeres abogades.
Durante estos dieciocho años de impunidad pasaron distintos
gobiernos. Ninguno investigó las responsabilidades políticas e
intelectuales de la masacre del Puente Pueyrredón. Ni el de Néstor
Kirchner quien prometió investigar hasta las últimas consecuencias, ni
el de Cristina Fernández de Kirchner, ni el de Mauricio Macri
(partidario confeso de la represión estatal), y hasta el momento,
tampoco el de Alberto Fernández. Todos estos gobiernos sostuvieron
vínculos políticos con los responsables intelectuales y políticos de la
masacre, y en varios casos compartieron candidaturas electorales o les
dieron cargos en ministerios y otros ámbitos del estado.
La política de encubrimiento de los sucesivos gobiernos también lo
fue en los siguientes asesinatos de luchadores en ocasión de
movilizaciones como Mariano Ferreyra y el docente Carlos Fuentealba. En
los tres casos Aníbal Fernández tenía un cargo determinante en el 2003
Secretario de la presidencia, en el 2007 Ministro de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos, en el 2010 Ministro del Interior.
Denunciamos el nombramiento de Aníbal Fernández como interventor de
Yacimientos Carboníferos Fiscales, en la mina de Río Turbio. Este
verborrágico personaje se jactaba de contar con información de la SIDE
que espiaba a las organizaciones piqueteras. Fue una pieza clave en
difundir la versión oficial de la represión en el puente y la estación
Avellaneda. Tampoco nunca fue citado a ninguna clase de declaración ni
siquiera informativa por parte de la justicia federal.
Repudiamos la designación de Felipe Solá como Ministro de Relaciones
Exteriores. Hizo lo posible para que su cipayismo se notara al apoyar
las medidas del gobierno de los EEUU contra la hermana República
Bolivariana de Venezuela. Mantuvo silencio ante el Golpe de Estado
contra la hermana República Plurinacional de Bolivia, y no movió ni un
solo dedo para repatriar a Facundo Molares, periodista argentino, que al
día de hoy la dictadura boliviana lo mantiene preso y en una situación
de delicado estado de salud.
Con estas acciones Solá y el Gobierno de Fernández mostraron la subordinación colonial al imperialismo, de su política exterior.
Felipe Solá es autor confeso en su responsabilidad política como
gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el momento de la Masacre
de Pueyrredón, cuando como conocedor de causa expreso ante el Senado
respecto de la represión de este 24 de octubre contra quienes
manifestaban cuestionando la Ley de Presupuesto 2019: “Hay una
directa relación entre la decisión política y la actitud policial. No
existe esa idea de que bueno son policías que están en la calle y le
pegan a cualquiera. ¡No es cierto! Se los digo después de haber sido
seis años gobernador. La policía primero sabe cuáles son las órdenes,
sabe cómo es la orden. Sabe cómo es el protocolo. Firma un protocolo, se
lo digo por experiencia antes de salir” (…) “No disociemos la actuación
policial de la decisión política porque eso no es así. No lo comprobé
ideológicamente, lo comprobé trabajando”. Esta vez Solá dijo la verdad. Tan clara como el agua clara. Sin embargo nunca fue citado ante la justicia.
Repudiamos también que el presidente Alberto Fernández y el
gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof hayan recibido a
Eduardo Duhalde y elogiaran su gobierno que se caracterizó por la
megadevaluación que marcó la salida de la convertibilidad, lo que generó
condiciones favorables para las exportadoras, lo que luego empalmaría
con un récord histórico de los precios internacionales de las materias
primas. Esos ingresos extraordinarios, de todas maneras, no sirvieron
para industrializar al país sino para financiar la fuga de capitales y
el pago de la deuda, que solo durante el 2002 (año en que Duhalde fue
presidente) rondó los 21.500 millones de dólares, nada menos que el 22%
del PBI. El boom exportador de los años siguientes no mejoró la
situación “productiva” del trabajo, ya que un tercio de la fuerza
laboral fue sumida en la precariedad, y ese marco se produjo la
multitudinaria movilización en la que fueron asesinados Kosteki y
Santillán.
Los halagos del Presidente Alberto Fernández a quien es el máximo
responsable político del asesinato de Kosteki y Santillán y la
reivindicación de su rol de “bombero” – un bombero que quiso apagar el
fuego con sangre del pueblo- mostraron que Alberto Fernández, desde
antes de asumir, abría el paraguas ante la situación inflamable en que
ocuparía la Casa Rosada, con una crisis social rampante y un movimiento
obrero con reservas de lucha.
Durante estos dieciocho años todos los gobiernos buscaron que
abandonáramos las calles. Nunca lo hicimos. No cedimos ante el chantaje
ni ante la represión. Seguimos luchando y movilizando contra la
represión, el hambre, los ajustes y las políticas antipopulares.
Por todo esto, exigimos castigo:
A Eduardo Duhalde, el principal responsable de la represión.
A Aníbal Fernández, ex secretario general de la presidencia.
A Juan José Álvarez, ex secretario de Seguridad Interior de la Nación,
A Alfredo Atanasoff, ex Jefe de Gabinete de Duhalde
Al ex ministro de Justicia de la Nación, Jorge Vanossi.
A Luis Genoud, ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, hoy miembro de la Corte Suprema de Justicia Bonaerense.
Y al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, actual Ministro de Relaciones Exteriores de la Nación.
Todos ellos siguen participando en los partidos del poder y siendo
candidatos en las elecciones. ¡Son nuestros candidatos a la cárcel!
Foto: ANRed
A 18 años de aquella masacre que costara la vida a nuestros
compañeros, el pueblo sigue luchando contra los responsables de la
pobreza estructural que sufrimos les trabajadores natives, migrantes y
originiaries de nuestro país.
La expansión pandémica del covid 19 agravó aún más la crisis
capitalista y puso al desnudo las consecuencias de la continuidad de
políticas antipopulares, del vaciamiento del sistema de salud pública y
los niveles de pobreza, indigencia y precarización de la vida.
La pandemia es diferente para los ricos y ricas, elles pueden
quedarse en su casa calentitos y con la heladera llena, mientras las
familias pobres, trabajadoras y de barrios humildes, tienen que salir a
buscar su sustento diario porque de otra manera no tienen para comer.
Los comedores y las ollas populares estallan de vecines que buscan sus
viandas en las barriadas populares de todo el país.
Desde que empezó la pandemia muchos empresarios vieron una
oportunidad para atacar a las y los trabajadores. En este tiempo más de
4,8 millones de trabajadores fueron afectados por despidos, suspensiones
o rebajas salariales. Así actuó el empresario peronista de la carne
Bruzzese que lleva meses de lock out. Apoyamos la lucha de los
trabajadores de Penta que vienen movilizándose contra esta patronal, que
llegó a usar patotas con armas de fuego en su contra. Recientemente la
empresa Latam anunció que se retirará del país y despedirá a 1700
trabajadores y trabajadoras. No a los despidos en Latam.
En el momento de mayor contagio desde que inició el distanciamiento
social miles siguen yendo a trabajar exponiéndose al contagio en el
transporte público y también en sus lugares de trabajo. Las y los pibes
repartidores de aplicaciones como Rappi o Glovo se ven obligades a
pedalear muchos kilómetros por día para llevar el pan a su casa. Casos
como el de Franco Almada que murió atropellado en Bernal demuestran la
brutalidad de este tipo de trabajo precario que los empresarios quieren
extender. En distintos lugares como el ferrocarril Roca, Coca Cola o en
el aeropuerto, después de sufrir muchos contagios entre sus compañeres
pusieron en pie comisiones de higiene y seguridad.
Frente a la brutalidad de las empresas, apoyamos la lucha de les
trabajadores de la papelera Ansabo que muestran otra salida posible a
esta crisi: que cada empresa que cierre sea ocupada y puesta a producir
por sus trabajadores y trabajadoras.
Frente a esta crisis, la respuesta del gobierno se encaminará al
fracaso en la medida en que cede a ante las presiones patronales y el
pago de la deuda externa. El IFE no alcanza, los alimentos que destinan a
los comedores populares son insuficientes, lo mismo que los módulos de
mercadería para nuestras familias. Mientras le niegan el IFE a millones
de personas el Estado le paga los sueldos a los CEOs de empresas como
Clarín, Techint, entre otras. Subsidian con el ATP los sueldos de
empresas multinacionales como Mc Donalds mientras miles de pequeñes
comerciantes tiene que bajar persianas.
Los grandes capitalistas y la derecha opositora empujan por abandonar
la cuarentena para no perder ganancias, presionan e imponen despidos,
suspensiones y recortes de salarios: nuevamente buscan que la crisis la
pague el pueblo trabajador, ante lo cual el gobierno solo ha mostrado
pasividad. El resultado inmediato es más pobreza y el crecimiento más
acentuado de la curva de contagios, derramando el virus sobre las
barriadas más humildes.
Frente a esta realidad es urgente que se cobre un impuesto a las
grandes fortunas. Si se aplica un impuesto extraordinario del 3% a la
riqueza de los grandes multimillonarios terratenientes y a la banca
privada se puede garantizar un ingreso de cuarentena de $30000 para les
trabajadores precarizades durante dos meses. Atacar la ganancia
capitalista se vuelve imprescindible para que el costo de la crisis
sanitaria y social no recaiga sobre les trabajadores.
Es urgente fortalecer la integración del sistema de salud para que
pueda en forma coordinada dar respuesta a la demanda de salud, y
coordinar las prestaciones de los trabajadores de la salud para evitar
la superexplotación, que genera ‑ante la multiplicidad de servicios en
distintos establecimientos- un cruce potencial de la infección.
Homenajeamos a les trabajadores, compañeres que perdieron la vida
poniendo el cuerpo en la primera línea de lucha contra el hambre y la
pandemia.
Argentina carga con una deuda pública que supera el 90% de su PBI,
con un enorme déficit fiscal y con un Banco Central que carece de
reservas, la orientación del gobierno encabezado por Alberto Fernández,
fue la de subordinar toda su política al progreso de la renegociación de
la deuda con los acreedores internacionales y con el FMI. La
contrapartida de toda esta orientación fue una ofensiva en regla contra
jubilados, trabajadores y desocupados. A través de un decreto, el
gobierno operó una escandalosa confiscación de los haberes jubilatorios,
en el orden de u$s 15 mil millones anuales. A su vez, anunció el fin de
las “cláusulas gatillo” de actualización de los salarios según el costo
de vida, que diversos gremios conquistaron con combativas huelgas en
los años precedentes para preservar el poder adquisitivo de sus
ingresos.
No a la deuda externa. La deuda es con el pueblo trabajador, no con el FMI ni los fondos buitres.
No con la megamineria. Utilizan nuestro hambre y el recorte de
nuestros derechos básicos, juegan con el presupuesto estatal y el
salario de nuestres docentes y de les empleados estatales, para traer la
discusión de la rentabilidad de la megamineria y el endeudamiento. No
en nuestro nombre, no a costa de nuestro futuro. Nuestros pueblos
cercanos a Vaca Muerta ya sufren las consecuencias del fracking, así
como en Andalgalá y San Juan las del extractivismo. De la mano de los
proyectos megamineros dejaron a los pueblos desahuciados y con sus
economías regionales destruidas. Por eso nos seguimos organizando para
decirle ¡No a la Megaminería! ¡No al Extractivismo salvaje y asesino!
¡El agua es vida y no se negocia!
Frente a la pobreza y miseria cada vez más graves, las luchas obreras
y populares y la organización y solidaridad construidas desde abajo,
nos marcan el único camino posible para que la crisis no la sigamos
pagando la clase trabajadora y el pueblo. Eso expresan la persistencia
de las luchas piqueteras en todo el país; las luchas de les trabajadores
frente a los despidos, suspensiones y recortes salariales, contra la
precarización del trabajo y de la vida, construyendo comisiones de
mujeres, sosteniendo ollas y comedores populares frente al hambre,
enfrentando los vaciamientos y cierres de fábricas, como en Ansabo,
Penta, Vicentín, entre otras.
Desde el inicio de la cuarentena y el distanciamiento social, el
gobierno nacional –en acuerdo con gobiernos provinciales y municipales-
saturaron las calles de las ciudades y barriadas con miles de policías,
gendarmes y prefectos para amedrentar a la población en general y a les
jóvenes pobres y trabajadores en particular. En pocos días detuvieron y
accionaron legalmente contra miles de personas, en una escalada que hoy
cuenta a decenas de miles de detenidos. Un despliegue de fuerzas
represivas que incluyó rumores de implantación de estado de sitio
(ensayado en algunos municipios) y el avance de discursos e
intervenciones de tinte fascistoide como los discursos y bravuconadas
del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni.
La profundización de la crisis económica y el agravamiento acelerado
de la pobreza y la miseria, tienen como respuesta el recrudecimiento de
la represión. El secuestro, desaparición y asesinato de Luis Armando
Espinoza a manos de la policía tucumana. El salvaje ataque a una familia
Qom y el abuso sexual de las mujeres de parte de efectivos de policía
de la provincia del Chaco, uno de las últimas expresiones de la continua
represión al pueblo Qom, cuya responsabilidad política cabe al
gobernador Jorge Capitanich. En San Luis, departamento de Santa Rosa,
Florencia Magalí Morales aparecía ahorcada luego de ser detenida por
personal policial, en una celda de la comisaría N°25 de esa provincia. Y
en los últimos días los fusilamientos de Augusto Iturralde y Diego
Arzamendia en Berazategui, y el de Facundo Escalso en CABA. Estos
asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad estatales se suman a las
ya conocidas desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato
por la espalda de Rafael Nahuel, joven mapuche, junto al extenso listado
de les luchadores populares caídos en democracia. Exigimos justicia
para todas las familias que vienen sufriendo y enfrentando desde el
comienzo de la democracia el gatillo fácil y las políticas de represión
estatal. Nos referenciamos en Luciano Arruga, y en él en todes y cada
une de les pibes caídos por el fuego policial y que se niegan a ser mano
de obra de la corrupción policial.
Exigimos la liberación de Sebastián Romero, detenido en Uruguay. El
compañero, militante del PSTU, perseguido por el poder el poder judicial
y político desde fines del 2017, por orden del gobierno de Mauricio
Macri, por luchar y defenderse de la represión en la gigantesca
movilización popular del 18 de diciembre de 2017, frente al Congreso de
la Nación, donde se trataba la ley de reforma previsional. Exigimos la
Absolución de Cesar Arakaki, militante de PO y Daniel Ruiz, militante
del PSTU, llevados a juicio por los hechos del 18 de diciembre de 2017.
Repudiamos la masacre de Curuguaty como crimen de estado producida el
15 de junio 2012, que desencadenó en el Golpe de estado en Paraguay, y
exigimos justicia. A pocos días de cumplirse 11 años del Golpe de estado
en Honduras gritamos bien fuerte: ¡ni golpes de estado, ni golpes a las
mujeres! Y ante la concreción del Golpe de estado en Bolivia producido
el 10 de noviembre 2019, exigimos justicia por los masacrados en Sacaba y
Senkata; junto a su familia exigimos Memoria, verdad y justicia por
Sebastián Moro, periodista argentino muerto/asesinado en el marco del
golpe de estado boliviano, como así también la repatriación urgente de
Facundo Molares, foto reportero argentino preso político en las cárceles
del gobierno de facto de Bolivia
Basta de gatillo fácil.
Basta de represión y criminalización de la protesta popular.
Basta de presas y presos políticos
***
Más de cincuenta femicidios se cometieron en lo que va de la
cuarentena, una mujer asesinada cada 26 hs, lo que evidencia que miles
de mujeres se encuentran viviendo con violentos, abusadores y femicidas,
esto no puede quedar ajeno a nuestros reclamos y luchas cotidianas.
Seguimos exigiendo justicia por Anahí Benítez y denunciamos las
irregularidades en el juicio y la complicidad entre el poder judicial y
la policía que ocultan los hechos, arman causas, encubren
responsabilidades y dejan intactas e impunes las redes que operan para
la desaparición sistemática de las pibas.
En este contexto, la crisis social y económica golpea con más saña a
las mujeres, trans, travestis y lesbianas, hoy en la primera línea
contra el hambre, la violencia y las desigualdades de este sistema
patriarcal y capitalista, como en aquel 26 de junio de 2002.
Tenemos el orgullo de pertenecer al movimiento de mujeres, lesbianas y
trans que protagonizó los primeros Paros Internacionales de Mujeres,
ante el escandaloso aumento de femicidios.
Esas mujeres que se siguen organizando y luchando por una vida digna
todos los días, frente a los despidos y cierres de fábricas, en las
organizaciones piqueteras, organizando comisiones de mujeres en lucha, y
también han salido a las calles desde 2015 exigiendo #NiUnaMenos,
reclamando que el Estado es responsable por la impunidad y la violencia
que sufrimos las mujeres en las casas y en los barrios.
Seguimos exigiendo una respuesta para frenar el asesinato y el
secuestro de mujeres en todo el país, y luchando para que el Estado
tenga políticas públicas que garanticen la igualdad para las mujeres,
lesbianas y trans.
Toda la potencia de la marea feminista se expresa en un movimiento
que se fortalece articulándose con las luchas antirracistas, clasistas,
anticoloniales y contra la heteronorma. Cada vez más nuestros sueños y
nuestras luchas son feministas, disidentes y plurinacionales.
Vamos por todos los derechos que nos faltan, contra todas las
opresiones de género. Sin las mujeres, trans, lesbianas, bisexuales,
toda lucha va por la mitad. Vamos por más feminismo, vamos por más
unidad, hasta derrotar todas las formas de opresión contra las mujeres y
el conjunto de lxs oprimidxs.
¡Basta de violencia machista!
¡Basta de femicidios!
¡Ni una muerta, ni una mutilada más por aborto clandestino!
Exigimos la aparición con vida de todas las mujeres secuestradas
en las redes de trata, y Justicia por todas víctimas de la violencia
machista.
¡El Estado es responsable! ¡Ni una menos!
¡Niñas, no madres!
¡Separación de la iglesia y el Estado!
***
Reivindicamos, a través de Darío y Maxi, a todes les mártires de las luchas obreras y populares.
A les 30 mil compañeres detenides desaparecides por la última
dictadura cívico militar y a les asesinades por la represión durante la
democracia
Reivindicamos a les caídes en las luchas obreras y populares:
A Víctor Choque, Teresa Rodríguez; Francisco Escobar y Mauro Ojeda
asesinados en el puente Corrientes en 1999; Carlos Santillán y Oscar
Barrios y Aníbal Verón en Salta en 2000 y 2001. A las víctimas de los
crímenes de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, a Javier
Barrionuevo y a Carlos Fuentealba. A Rosemary Churapuña, Emilio Canaviri
Álvarez y Bernardo Salgueiro, asesinades en la represión del
Indoamericano. A Roberto López y Sixto Gómez y Mario López, de la
comunidad Qom de Formosa. A Florentín Díaz, asesinado en Castelli,
Chaco. A Cristian Ferreyra y Miguel Galván, asesinados por los sicarios
del agronegocio en Santiago del Estero. A Mono, Jere, Patón y César
Oviedo en Rosario
A pocos meses de los 10 años del asesinato de Mariano Ferreyra, no
solo homenajeamos su lucha sino que marcamos su vigencia contra la
tercerización laboral y la explotación de les trabajadores.
Seguimos exigiendo justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel,
asesinados por las prefectura y gendarmería en la represión contra las
comunidades mapuches.
Alzamos nuestra voz por la desaparición de Julio López y por el
esclarecimiento de los crímenes de Luciano Arruga y Silvia Suppo. Por
todos les asesinades por gatillo fácil.
Nos solidarizamos con todas las luchas de nuestros pueblos hermanes
de Nuestra América, seguimos exigiendo Justicia por Berta Cáceres,
lideresa del COPINH en Honduras asesinada en marzo de 2016. Exigimos
justicia por las 56 niñas incineradas en Guatemala en 2018. Y castigo a
los asesinos de Marielle Franco en Brasil. ¡El Estado es responsable!
Elles formaron parte de una generación de luchadores y luchadoras. La
que enfrentó al menemismo y a la Alianza, la del 19 y 20 de diciembre,
la que combate todos los días el hambre, la miseria, la explotación y la
opresión. Son nuestra bandera para seguir construyendo el poder del
pueblo.
***
Volvemos al puente con el mismo reclamo de trabajo genuino; basta de precarización laboral; basta de hambre y represión.
No al pago de la deuda externa y al acuerdo con el FMI, que profundiza la miseria y la dependencia económica y social.
Expropiación sin pago de Vicentín
Por una Argentina sin explotadores ni les explotados.
Castigo a todos los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda.
Basta de criminalización de la protesta social, basta de represión.
Basta de violencia contra las mujeres, lesbianas y trans. Ni Una Menos. El Estado es responsable.
¡Cupo laboral trans ya!
Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Que sea ley.
Por tierra y vivienda digna para todes.
Fuera el imperialismo de América Latina. No a las bases militares en Argentina y Nuestra América.
Unidad de todos les luchadores y luchadoras contra la explotación y la opresión.
¡LOS ASESINOS DE AYER NO PUEDEN SER LOS SALVADORES DE HOY!
DARÍO SANTILLÁN Y MAXIMILIANO KOSTEKI, ¡PRESENTES!
Mar del Plata: Organizaciones sociales marcharon al Puente de Las Américas en el día del «piquetero»
«Votamos Luchar» encabezó la protesta en recuerdo de las muertes de Maximilioano Kosteki y Darío Santillán y la solicitud de «alimento y trabajo digno».
En el marco del día del «piquetero», establecido desde hace 18 años por las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán,
organizaciones sociales marcharon por las calles de la ciudad en
conmemoración de esa jornada y en el pedido de «alimentos y trabajo
digno».
«Desde Votamos Luchar, junto a otras organizaciones, estamos acá para conmemorar la Batalla del Puente Pueyrredón, donde cayeron Maxi y Darío Santillán. Nuestra salida es la calle y seguimos con nuestras reivindicaciones. Y a pesar de que pasaron 18 años seguimos viendo las mismas figuritas en los distintos gobiernos, al igual que los planes para el pueblo, que son más ajuste, más miseria», manifestó la referente Nerina Viva.
Concentraron en el municipio y marcharon hacia el Puente
de Las Américas, donde finalizan la actividad con un acto. «No es solo
el recuerdo sino que presentamos lucha para pedir alimento y trabajo
digno», agregó.
«Nosotros tenemos trabajo. Desde el principio de la cuarentena
salimos en conjunto con los vecinos organizando ollas populares, en las
que las respuestas de este municipio y distintas instituciones no hemos recibido un solo alimento«, afirmó la referente de la organización Votamos Luchar.
«Seguimos viendo trabajadores despedidos, suspendidos y esta crisis la está pagando el pueblo», cerró.
