Por Dardo Castro /Tiempo Argentino /Resumen Latinoamericano, 17 de Junio de 2020
La empresa creada por dos hermanos como almacén
de venta de ramos generales terminó repitiendo el esquema depredador
del capitalismo especulativo.
La Franja del Sahel, conocida como “el cinturón del
hambre”, es una región del continente africano de unos 4.000.000 de km²
que abarca el sur de Mauritania, Senegal, Malí, Burkina Faso, Níger,
norte de Nigeria, Camerún, Chad, Sudán y Eritrea. En el Sahel mueren
anualmente millones de seres humanos por la escasez de alimentos, cifras
que se multiplican hasta el horror en los años de sequía. Entre 1968 y
1972 la mortandad fue enorme a causa de lo que se consideró la peor
sequía del siglo XX, que alcanzó a la India y al norte de Brasil. La
crisis alimentaria fue tal que la FAO (Organización para la Alimentación
y la Agricultura) llamó en 1974 a una conferencia en Roma para buscar
respuestas al flagelo. Convocó entonces al meteorólogo argentino Rolando
García, un científico interdisciplinario de prestigio internacional,
para que estudie los factores climáticos que produjeron una sequía de
tal duración y magnitud, analice las posibilidades de que se repita y si
era posible preverla.
Rolando García, que había sido decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la 
UBA
y emigró en 1966, después de la Noche de los Bastones Largos del
dictador Juan Carlos Onganía, abordó el encargo de la FAO con un equipo
interdisciplinario que estudió el contexto de todas las sequías del
siglo en esa región. Descubrió que, desde el punto de vista climático,
la del 68 no había sido mucho peor que otras, y que, más que el clima,
lo que había cambiado drásticamente después de la colonización francesa
era la situación política, económica y social. Así, el floreciente
comercio regional en el Sahara había sido desplazado por la canalización
de la producción agrícola y minera hacia el puerto de Dakar, y de ahí a
las potencias coloniales europeas. Ese sistema llegó para quedarse
incluso después de la independencia de las colonias africanas. La
conclusión de la investigación fue que la escasez de alimentos y las
terribles hambrunas no eran causadas solo por las sequías, que previo a
la colonización las tribus contrarrestaban migrando de una zona a otra
según las estaciones, sino que las crisis alimentarias eran producto de
la interacción del suelo, el clima, la tecnología, las formaciones
sociales que los explotan, el sistema político que regula los procesos
productivos y los sistemas económicos en que están insertos esos
factores. Rolando García resumió su diagnóstico en una frase que ha sido
recordada en estos días de pandemia: “La causa de la hambruna no era la
sequía sino la vulnerabilidad del sistema”.
La soberanía alimentaria
Años después surgiría el concepto de soberanía alimentaria, de
estrecha relación con el informe Sahel, que fue incorporado por la
organización Vía Campesina en la Cumbre Mundial de la Alimentación
convocada por la FAO en Roma en 1996. La propuesta abarca un conjunto de
políticas referidas “no sólo a localizar el control de la producción y
de los mercados sino también a promover el derecho a la alimentación, el
acceso y el control de los pueblos a la tierra, el agua, y los recursos
genéticos, y a la promoción de un uso ambientalmente sostenible de la
producción”. La soberanía alimentaria ha cobrado en estos días una
repentina resonancia, con adhesiones y rechazos apasionados, crecida al
amparo del proyecto de expropiación del conglomerado agrícola e
industrial Vicentin, que el gobierno del Frente de Todos someterá al
Congreso. Aunque la soberanía alimentaria es una propuesta estratégica
que, en su integridad, solo es realizable en el marco de cambios
fundamentales en la propiedad y el uso de los recursos naturales, como
la tierra y el agua, su sola mención vinculada a la crisis económica de
Vicentin causa espanto entre quienes ven en ella una ola de
expropiaciones en marcha, espantajo alimentado por los grandes medios de
prensa, principalmente La Nación y Clarín, que constituyen el aparato
de agitación y propaganda de las cámaras patronales, el establisment
financiero extranjerizado y la derecha política.
En rigor, lo que se teme es que, con un lugar dominante en un clúster
agrícola del porte y la importancia de Vicentin, el Estado ejerza un
importante grado de control sobre el sector más relevante de la economía
nacional en términos de tecnología, producción y exportación, hasta hoy
bajo completo dominio de un puñado de empresas mayoritariamente
extranjeras que dominan el comercio agrícola mundial. La opacidad de sus
negocios es ya una tradición desde los primeros frigoríficos ingleses
que exportaban carnes enfriadas a fines del siglo XVIII. El control de
la cadena agrícola les permite manipular a su antojo los precios
internos de los alimentos, la intervención hostil y la especulación en
el mercado de cambios y, sobre todo, la evasión fiscal y la sangría que
es la fuga de divisas a los paraísos fiscales. El sector hegemónico de
la agroindustria no escapa sino que es parte fundamental de la
característica principal del capitalismo argentino integrado al circuito
financiero mundial: la rapiña y la depredación sistemática del
excedente económico que deviene del trabajo y la producción nacional.
Son verdaderas mafias, cuyos métodos, con ser distintos a los de los
carteles que muestran las series televisivas, tienen consecuencias aún
más dañinas para sociedades y países. En estos días, algunos medios
revelaron que Sergio Nardelli, el CEO de Vicentin que se entrevistó con
Alberto Fernández, pidió que no investiguen judicialmente a las familias
Padoán y la suya. Los Nardelli son los principales accionistas de la
empresa. “Cualquier cosa menos ir en cana”, habría dicho el ejecutivo.
La complicidad del macrismo
La trayectoria de Vicentin es ejemplo de una financiarización que
culmina en el fraude y la estafa. Nacida hace 90 años en la ciudad de
Avellaneda, al norte de Santa Fe, como un honesto almacén de ramos
generales de los hermanos Vicentín, fue creciendo hasta llegar a ser la
mayor productora de biodiesel del país y ubicarse entre los diez
principales exportadores, con el quinto lugar en el mercado de
oleaginosas y aceites. Sus negocios abarcan las provincias de Santa Fe,
Córdoba y Buenos Aires. Se extienden a Uruguay y Paraguay. En esa larga
trayectoria Vicentin tuvo hitos muy significativos, como los créditos
obtenidos en tiempos de Videla y, en esa misma época, la represión con
cárcel y tortura a los representantes gremiales de sus empresas, hasta
culminar con la íntima asociación con el gobierno de Mauricio Macri,
cuando dio un salto exportador que en 2019 alcanzó 2,6 millones de
toneladas de granos y 1,4 millones de toneladas de aceites. Los
generosos aportes de Vicentin a las campañas electorales de Cambiemos
tuvieron un retorno fabuloso, con préstamos del Banco Nación por 150
millones de dólares, lo que elevó la deuda con esa entidad a los
actuales 300 millones. Cuando el grupo empresario ya estaba en default y
Macri recogía sus pertenencias de la Casa Rosada, el presidente del
Central, Javier González Fraga, le concedió 28 créditos por 90 millones
de dólares adicionales, que nadie sabe dónde fueron a parar porque
Vicentin no le pagó a ninguno de los 2.600 acreedores, que son
productores, acopiadores y cooperativas de la región, entre ellos 1.800
proveedores de granos, cuya cosecha fue entregada y procesada por la
empresa.
El proyecto de expropiación para evitar su desguace y la venta de sus
rubros más rentables a alguna de las grandes compañías internacionales
del sector, despertó la ira y la desesperación de los grandes
corporaciones y sus agrupaciones patronales, como la Asociación
Empresaria Argentina (AEA) y el Foro de Convergencia Empresarial, que
han expresado su enérgico rechazo con los consabidos argumentos de que
el proyecto de expropiación atropella la propiedad privada, la
Constitución y las leyes, vulnera la seguridad jurídica, espanta las
inversiones, interfiere en el libre funcionamiento de los mercados y
pone en riesgo la negociación de la deuda pública.
Inmediatamente, la derecha aprovechó la morosidad oficial y su
timidez para explicar la medida y articular las fuerzas sociales y
económicas favorecidas por una intervención que evitaría el pagadiós
inminente y seguro, y puso en marcha un operativo que incluyó los
caceroleos en la CABA, Córdoba y Santa Fe, magnificados por la prensa al
igual que las protestas y bocinazos en la ciudad de Avellaneda,
mientras las fracciones del PRO deponen sus rivalidades para enfrentar
unidos al gobierno, al igual que los radicales de Juntos por el Cambio,
en píe de guerra para rechazar en el Parlamento el proyecto de
expropiación. La resistencia incluye, como es obvio, a La Nación y
Clarín, con algunos de sus analistas, como Carlos Pagni, devenidos
correveidiles de la iracundia patronal, que se preguntan si una Vicentin
con participación estatal e integrada por cooperativas y trabajadores
del sector podrá pagar los salarios y las acreencias de los 2.600
productores estafados por la empresa.
Entretanto, hay un gran sector de la opinión pública que, absorbido por la catástrofe de la pandemia, no comprende ni se propone indagar las razones de la expropiación, otro que la rechaza y un tercero que la apoya y la saluda como una iniciativa que marcaría una nueva etapa, cuyo signo sería el saneamiento de la economía nacional en busca de una mejor y más justa distribución de la riqueza y el ingreso.
Claudio Lozano reveló que Vicentin trianguló la mayor parte de la deuda que tomó
Los acreedores mayoritarios de la empresa son
otras firmas que pertenecen a los mismos dueños. Así surge de un nuevo
informe presentado por el actual director del Banco Nación.
Por Gimena Fuertes
– @gimenafuertes
17 de Junio de 2020
Los directivos de Vicentín drenaban fondos de sus
empresas a otras sociedades, también de su propiedad, en Paraguay y
Uruguay, según descubrió el actual director del Banco Nación, Claudio
Lozano. Son 5.428 millones de pesos triangulados por los directivos de
la empresa.
En un informe elaborado por el funcionario, autor de la primera
denuncia por irregularidades en el otorgamiento de créditos a la
empresa, de acuerdo a lo que consta en el Concurso Vicentín le debe a
Vicentín unos 5.428 millones de pesos. Resulta que Vicentín le debe a
Vicentín Paraguay 4.079 millones, a Renova 1.346,4 millones y 2,7
millones de pesos a Diferol, todas empresas controladas o vinculadas con
Vicentín.
A su vez, la empresa le debe a sus propios accionistas, unos
351 millones pesos. Los accionistas más significativos que le reclaman a
la empresa más de 10 millones de pesos cada uno son Olga Vicentín de
Rodríguez, Pedro Vicentín y Sergio Nardelli. En concreto hay 29
accionistas que concentran el grueso de los 351 millones de pesos y que
son Vicentín, Nardelli, Padoan y sus respectivos familiares. PUBLICIDAD
Esta información surgió del concurso de acreedores en el que se analiza la composición de la deuda sujeta a concurso preventivo.
Del total adeudado 99.345,2 millones de pesos, 37 entidades
financieras concentran el monto mayoritario, unos 63.962 millones de
pesos, y 1.895 productores tienen acreencias por 25.657 millones de
pesos.
Del informa, también surge que al hacer un promedio del
total de deuda por acreedor, cada acreedor Vicentín le debería 37,7
millones de pesos. Sin embargo, a las denominadas Sociedades les debe en
promedio 1.809 millones de pesos.
Para Lozano, “según tipo de acreedor, el 64% está en manos de
entidades financieras, el 30% en productores de granos, el 5,5% en
Sociedades, art. 33, el 2,3% en Productores de Bienes y Servicios, el
1,7% en Instituciones Impositivas, y aduaneras, y el 0,4% en
accionistas”.
