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Bolivia. Delegación de la Unión Europea: ¿víctima o cómplice del gobierno (no) transitorio?

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2020-06-27
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Por Haydée Quiroga, Resumen Latinoamericano, 26 de junio de 2020.

La Unión Europea trabajó codo a codo y sostenidamente con el depuesto gobierno del Presidente Evo Morales en una amplia gama de proyectos para el desarrollo del país andino amazónico, en una línea de cooperación asertiva y canalizada por las necesidades identificadas por el gobierno central.

No obstante, hoy, se ciernen dudas sobre la legitimidad de la participación de la delegación europea como mediador en el proceso de pacificación de los conflictos postelectorales de 2019 y su acompañamiento al gobierno transitorio.

Comprendiendo que un embajador o delegado es un emisario del estado o de la entidad a la que representa, en este caso León De la Torre Krais, delegado de la Unión Europea en Bolivia, representa los intereses y los principios que fundamentan y propugna la UE. Bajo este entendido, cabe cuestionarse ciertos vacíos a su representación local en materia electoral, respeto de derechos humanos y apoyo monetario de noviembre a esta parte.

El 17 de junio, el jefe de la Delegación Europea en Bolivia, León de la Torre, ratificó el comunicado de la delegación europea que fuera emitido el pasado 15 de noviembre, el cual respaldaba el informe de Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA de los comicios electorales de octubre de 2019. Dicho comunicado señalaba “las irregularidades en las elecciones, demostradas por la auditoría de la Organización de los Estados Americanos, llevaron a protestas populares, tras el llamado de varios sectores de la sociedad como sindicatos, fuerzas armadas y actores políticos clave que derivaron en que el ex presidente Morales deje el poder, y por último, renuncie”¹.

De la Torre Krais ratificó este respaldo a la OEA tras los cuestionamientos de múltiples estudios técnicos a la metodología y datos aplicados y hallados por la MOE de la OEA en los comicios electorales de noviembre 2019. En breve, tales estudios concluyen que hubo serias falencias metodológicas en el informe, por lo cual es imposible reproducir los resultados estadísticos obtenidos por la OEA, aplicando sus propios métodos y datos. Esto significa que su investigación es, por decir poco, deficiente. Así, el pronunciamiento de respaldo de la delegación europea en Bolivia surge luego del reciente comunicado emitido por la OEA, en el que refuta, de forma escasamente argumentativa y siguiendo una línea política, las publicaciones de diarios estadounidenses, en los siguientes términos “se ha articulado una maliciosa campaña de desinformación contra la OEA, con evidentes objetivos políticos, en relación a su rol en las pasadas elecciones de Bolivia”¹.

En este texto, lejos de analizar la respuesta de la propia OEA, argüimos que el jefe de la delegación europea en Bolivia no menciona en ningún momento el propio informe electoral paralelo de la Misión de expertos electorales de la Unión Europea en Bolivia sobre las elecciones en 2019. Puesto que las misiones de observación se despliegan como una voluntad institucional del más alto nivel y que requieren recursos humanos y económicos para tal efecto, indagamos posibles motivos por los cuáles De la Torre respaldaría los hallazgos de la OEA sin sustentar técnicamente su comunicado institucional en el propio material europeo realizado para los mismos fines, es decir, de observación electoral.

Pues bien, la Resolución del Parlamento Europeo sobre “La situación en Bolivia” del 28 de noviembre de 2019 establece “Considerando que la Unión no desplegó una Misión de observación completa, sino que estaba representada únicamente por un reducido equipo técnico”² hecho que vierte luces en este sentido. Más aún, una nota previa de la Deutsche Welle del 25 de noviembre señala que “Se envió solo a una misión de especialistas, exactamente a dos, que llegaron al país el 25 de septiembre pasado. De sus encuentros con todos los actores involucrados y de lo que observaron en la jornada electoral misma sacarán sus conclusiones”³. Es decir, la misión se conformó de únicamente dos expertos. Asimismo, esta nota refiere “Para el caso de que estuviesen miembros del Parlamento Europeo en el país andino, la Eurocámara dejó claro que su postura sería a título personal, no la del legislativo de la Unión y menos la del conjunto de la UE”³. Por tanto, queda claro que la Misión de expertos electorales arribados no tiene atribución para pronunciarse a título del Parlamento Europeo y menos aún de la UE.

El propio informe de los dos expertos electorales europeos, publicado el 20 de diciembre identifica que en los cabildos “apoyados por los principales candidatos de la oposición” en diferentes departamentos de Bolivia en octubre 2019, se tomó “la decisión de rechazar la posible elección de Evo Morales como presidente y de organizar una campaña de desobediencia civil en tal caso y un acuerdo para colaborar en la prevención de fraude electoral”⁴. Este punto es central ya que demuestra la actitud antidemocrática de quienes luego se harían del discurso democrático de nuestro país.

Pues bien, incluso Salvador Romero, ya posesionado como nuevo presidente del Tribunal Supremo Electoral el 21 de diciembre de 2019, se refirió de la siguiente forma “Es valioso el informe de la UE, al igual que el de la OEA, que nos colocan puntos críticos del proceso electoral 2019 y desde ese punto de vista lo asumimos como una hoja de ruta que nos pone elementos que deben ser mejorados o cambiados y que nos permitan llegar a la jornada electoral de 2020 con todos los temas resueltos y la confianza de la ciudadanía y que hayan elecciones transparentes»⁵. Este es un claro ejemplo de cómo se valida tan ligeramente algo que simplemente no es, por nada más ni nada menos que el principal representante del respectivo organismo. Así, la flamante cabeza del ente gestor técnico electoral confunde u obvia lo que, llanamente, no corresponde a un informe electoral europeo. Como simple dato, estas erradas declaraciones fueron inmediatamente retomadas y reproducidas por seis medios internacionales y nacionales.

Es por demás curioso que el despliegue europeo no corresponda a una misión de observación electoral como tal y, sin embargo, sí haya sido difundido en tales términos en noviembre y diciembre, lo cual, gracias a medios nacionales e internacionales, tuvo un importante peso en la irradiación nacional y global del supuesto fraude cometido por el expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma.

Incluso, el eurodiputado Manu Pineda, quien estuvo presente durante la pasada jornada electoral en Bolivia, manifestó en noviembre que “es una irresponsabilidad»³ que la Unión Europea apoyara en un comunicado la posición de la OEA en cuanto a un llamado a una segunda vuelta. Es más, para el diputado Pineda “la UE no puede dudar de un proceso impecable en base a lo que opine la OEA, un organismo cuya credibilidad e independencia son nulas”³. Igualmente, fue el propio Parlamento Europeo el que precisó que «ninguno de sus miembros u organismos ha recibido el mandato de observar o comentar este proceso electoral en nombre del Parlamento Europeo»⁶.

El caso es que la UE no tuvo la capacidad técnica de observar el proceso eleccionario de 2019 al no haber enviado más que dos expertos y, por tanto, tampoco la capacidad de comunicar objetivamente sobre los comicios electorales, muestra de ello es el informe final elaborado y publicado que está plagado de adjetivos del todo subjetivos. No obstante, la delegación europea en Bolivia no cavila a la hora de ratificar su respaldo al cuestionamiento de la OEA a estudios técnicos de expertos que apuntan meramente a la metodología y a los datos aplicados, a saber, como los cinco estudios hasta ahora publicados señalan. La OEA ha tildado tales estudios de “políticos” y sesgados, lo cual evidencia, su propio sesgo político al no tomar si quiera las recomendaciones técnicas y científicas para mejora de la metodología de sus futuras observaciones electorales, que es en última instancia, la razón de ser de las misiones de observación electoral: brindar recomendaciones para mejora en futuros comicios. Finalmente, es altamente objetable verter contenidos que son a título personal y que no representan a las instituciones europeas, sin embargo, haber permitido que se les haga cobertura de prensa como si fueran oficiales.

Finalmente, no está demás recordar que la Unión Europea ya brindaba asistencia técnica al Tribunal Supremo Electoral en Bolivia, como parte de la agenda de cooperación, tal como refirió el propio delegado europeo en junio de 2019 “La UE en la actualidad está cofinanciando los proyectos que el TSE ha identificado como asistencias técnicas en favor de la calidad de los procesos electorales”¹⁵.

II.

La delegación de la Unión Europea en Bolivia jugó un rol prominente durante los conflictos postelectorales y en la primera etapa de transición tras el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019. El jefe de la delegación europea manifestó en diversas ocasiones el tipo de mediación que realizaron junto a la Conferencia Episcopal Boliviana.

Según refiere, su asistencia a partir de la salida del informe preliminar de la OEA, consistió en lograr las plenas garantías y permisos de sobrevuelo para la salida del expresidente y acompañantes, brindar transporte seguro a diferentes miembros de la Asamblea Legislativa, propiciar y participar en reuniones en calidad de mediador con los diferentes actores políticos a fin de lograr la tan esperada pacificación. En esta línea, un reciente análisis de Hector Shamis señala “El Embajador de la UE en Bolivia, León de la Torre, llegó a reconocer que “dormía en el Congreso” ayudando a acercar posiciones”⁷.

Como parte de los acuerdos resultantes de su mediación en la entonces coyuntura nacional destaca la necesidad de precautelar por que se garanticen los Derechos Humanos fundamentales de la población boliviana, como pilar central de un proceso de pacificación. Paradójicamente, tras los conflictos postelectorales sucedieron dos masacres y la Defensoría del Pueblo contabiliza 35 fallecidos, 833 heridos, 1504 detenidos (hoy 109)⁸.

Por tanto, es también objetable que, tras haber tenido una participación central en la mediación postelectoral, la delegación europea en Bolivia no se haya manifestado sobre la seria proscripción de derechos humanos desde el momento de “pacificación” de noviembre a esta parte, la cual se manifiesta en estas alarmantes cifras, así como en las sucesivas y reiteradas recomendaciones, llamadas de atención y declaraciones públicas de una amplia gama de organismos internacionales en materia de Derechos Humanos, como ser la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH), Corte Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnesty International, Fundación por los Derechos Humanos, por citar los principales.

Ahora bien, en noviembre, la misma resolución del Parlamento Europeo previamente referida “pide a las fuerzas de seguridad que actúen con proporcionalidad y moderación en el mantenimiento de la seguridad y el orden público; pide que se investiguen los actos de violencia con rapidez, imparcialidad, transparencia y exhaustividad y que los responsables sean llevados ante los tribunales”². Es de esperar que, como representante de tal institución en Bolivia, el embajador De la Torre traslade tal resolución y pedido en pos de la garantía de los DDHH. No obstante, esto no ha sucedido, no existen declaraciones ni comunicados de la delegación europea en Bolivia a ese respecto en estos largos y azarosos siete meses.

Mas aún, la misma resolución del PE “reitera que el respeto de la independencia del poder judicial, del pluralismo político y de la libertad de reunión y expresión de todos los bolivianos, incluidas las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, son derechos fundamentales y pilares esenciales de la democracia y el Estado de Derecho”². De la misma forma, los diferentes organismos internacionales previamente mencionados cuestionaron la dudosa situación de independencia del poder judicial, al existir autoridades en funciones que usan y abusan de su plataforma pública para ordenar cómo deben obrar el Fiscal General del Estado y el Ministro de Justicia, a quién procesar y cuándo. En el curso de los 7 meses postelectorales, sucedieron de forma sistemática casos de persecución, cacería, espionaje, detenciones arbitrarias, sumadas a las amenazantes y violentas alocuciones efusivas y reiteradas de los ministros de Gobierno y de Defensa a este efecto.

Igualmente, es importante reflexionar sobre el silencio del embajador europeo frente al incidente en diciembre, ocurrido a las afueras de la residencia de la legación mexicana en Bolivia, cuando diplomáticos españoles realizaron una visita de cortesía a la embajadora de México, habiendo coordinado sus agendas de forma correspondiente con sus servicios centrales de Exteriores. La policía que resguardaba la urbanización La Rinconada, donde se ubica la residencia mexicana, agredió a la guardia civil española en ejercicio de sus funciones en resguardo de los diplomáticos.

A su vez, las autoridades interinas bolivianas maltrataron a los diplomáticos y guardias oficiales al acusarlos falsamente de querer evacuar a las exautoridades bolivianas refugiadas en la residencia mexicana en Bolivia. Montaron un espectáculo de dimensiones inimaginables, junto a la complicidad de los medios de comunicación. El entonces delegado ante la comunidad internacional de Bolivia, ex presidente y candidato presidencial, Jorge Tuto Quiroga, exigió al presidente español, Pedro Sánchez, se disculpara con Bolivia y se llevara a sus “Rambos encapuchados”⁹ lo antes posible, entre muchas otras adjetivaciones desprolijas para un representante diplomático, más aún un exmandatario.

La delegación europea se manifestó sobre este tema en una sola ocasión para expresar su “profunda preocupación por la escalada de tensión diplomática” que derivó en la expulsión de dichos diplomáticos y personal de guardia civil¹⁰. Asimismo, su comunicado señala “La expulsión de funcionarios diplomáticos es una medida extrema e inamistosa que debe reservarse a situaciones de gravedad. El pleno respeto a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el diálogo son fundamentales para reducir la tensión”¹⁰, y pare de contar. Este comunicado se asemeja más a una lección de diplomacia a la canciller boliviana.

En una entrevista con Página Siete, el embajador europeo menciona que en el caso de las exautoridades refugiadas en las instalaciones mexicanas en Bolivia “habría una contradicción si ya tienen estatuto de asilado y después son imputados”¹¹, ya que dicho estatuto se constituye en una garantía internacional, por lo cual deben recibir su salvoconducto al no haber tenido imputación hasta el momento de su solicitud de asilo. Página Siete reitera la pregunta sobre el caso del exministro Quintana, acto seguido, De la Torre, manifiesta “habría que estudiarlo bien”. Más allá de conjeturas sobre esta especificación, cabe cuestionarse el grado de cumplimiento de los compromisos de pacificación y resguardo de los derechos humanos de la población boliviana producto de la mediación de la representación europea ya que siete meses después, aún existen siete refugiados en la legación mexicana en Bolivia, asediados constantemente por la policía y por civiles que acampan afuera de la residencia. En un mayor espectro, el rosario de casos de vulneración de derechos humanos es ya inenarrable.

III.

Ahora bien, sobre el tercer punto de análisis, el 17 de febrero de 2020, la Unión Europea consolidó su compromiso de apoyo a “las políticas de Gobierno y a la transición democrática” con un desembolso al Tesoro General de la Nación de la suma de 27 millones de euros “para apoyar la gestión gubernamental de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, así como la política sectorial de agua, saneamiento, cuencas y recursos naturales”¹². Dicho apoyo se divide en 17 millones para agua, saneamiento, cuencas y recursos naturales, y 10 millones para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y desarrollo integral, según refiere el delegado.

Las palabras de De la Torre en tal ocasión fueron“Los caminos institucionales que los bolivianos han tomado para superar el delicado momento de su historia, tienen en la UE un aliado convencido de que es posible garantizar el cambio en una sociedad que respeta la libertad, los derechos humanos, el Estado de Derecho, el disenso y la solución pacífica de sus problemas”¹². Por tanto, cuatro meses después, corresponde saber en qué proyectos están siendo ejecutados esos 27 millones. A falta de comunicados de la cartera de Medio Ambiente o el de Obras públicas sobre la ejecución de proyectos en agua o cuencas, como de cualquier otra cartera de Estado, salvo Ministerio de Gobierno y de Defensa, esperamos que el gobierno transitorio no haya invertido tales 27 millones en la adquisición de botas, uniformes militares y ciberpatrullaje, que fueron básicamente los únicos procesos de adquisición estatal anunciados, amén de los respiradores con monumental sobreprecio que hasta hoy son deficientes e inexistentes.

Además, frente a la llegada de la pandemia a Bolivia, el 31 de marzo, la Unión Europea concedió 5 millones de euros en términos de “amplia libertad” al gobierno interino boliviano para enfrentar la emergencia¹³, para disponer de los recursos como se viera conveniente. En el comunicado de dicho desembolso, la delegación europea refiere que con este oportuno y raudo desembolso “se podrá apoyar así a las familias bolivianas en el momento desafiante que se vive”¹³. Bueno pues, tres meses después, las familias bolivianas no han recibido ni un solo anuncio respecto al destino o utilización de tan cuantiosa suma de dinero, habiendo vivido las situaciones más apremiantes al cumplir estrictamente el confinamiento de prevención sanitaria y, considerando que la mayoría de los trabajadores bolivianos pertenecen al sector informal, haberse visto impedidos de trabajar a fin de generar un sustento para sus familias.

En una columna en el diario La Razón, León de la Torre anunció que además existen “19 millones de euros en desembolsos presupuestarios que pueden ser dispuestos flexiblemente por el Gobierno de Bolivia”¹⁴ de los cuales, los primeros 5 millones en marzo ya fueron desembolsados como arriba referido, a la vez de manifestar que llegarán 14 millones más hasta agosto. Adicionalmente, el delegado europeo refiere que tienen previstos “31 millones de euros para apoyar el acceso al agua en Bolivia, 20 millones para la recuperación económica en zonas rurales, y 4,5 millones para apoyo a medidas socioeconómicas y de derechos humanos. Nuestro compromiso con Bolivia incluye también la posibilidad de utilizar los fondos otorgados por el Banco Europeo de Inversiones (43 millones de euros) para apoyar el programa Mi Agua. Y nuestra agencia de cooperación humanitaria ECHO está trabajando en reorientar proyectos presentes hacia la prevención, higiene y acceso al agua, que se firmarán en breve”¹⁴.

Ante los reiterados casos de corrupción y negligencia en el manejo de la crisis sanitaria de las autoridades interinas, es urgente saber qué opinión le merece a la delegación europea la completa falta de transparencia sobre la gestión del total de 2300 millones de dólares donados y prestados al gobierno interino de Bolivia proveniente de diferentes organismos y del Banco Central de Bolivia para enfrentar el coronavirus.

Para concluir, a través de su delegado en Bolivia, la Unión Europea fue parte activa de la mediación que dio paso al gobierno transitorio, con dos fines: pacificación y convocatoria a elecciones. Siete meses han transcurrido, y el encumbrado gobierno lleva a cuestas dos masacres, fallecidos, heridos, refugiados, exiliados, innumerables gigantescos casos de persecución, decretos mordaza e incontables llamadas de atención de organismos internacionales, además de la inminente abismal crisis económica que enfrentará el país.

El 21 de junio y a regañadientes, la presidenta en funciones finalmente anunció la promulgación de la Ley que fija la fecha de las futuras y ansiadas elecciones nacionales para el 6 de septiembre. En lugar de ser un anuncio de celebración democrática, decidió atemorizar a la población y posicionarse en un palco al transferir toda la responsabilidad a sus opositores, eludiendo su irresponsabilidad en el manejo de la actual crisis sanitaria.

No dudamos de la convicción democrática que fundamenta a la Unión Europea, así como su capacidad y disposición de trabajo mancomunado con los países en los que tiene presencia. No obstante, los argumentos acá desarrollados revelan que el comportamiento del delegado europeo se ajusta a un canon neocolonial más que al patrón democrático de su ente matriz, lo cual desnuda su propio espíritu colonizador. Resta ver si su accionar individual causó discordia durante las sesiones en el parlamento europeo a la hora de redactar la resolución arriba referida, si verdaderamente siguió la línea diplomática de la institución a la que representa o si simplemente fungió en un esquema, diríamos, más libre.

Por tanto, siete meses después, quisiéramos saber ¿cómo evalúa la delegación de la Unión Europea en Bolivia el rendimiento del producto surgido de su mediación? Su silencio resuena más que sus palabras.

Referencias:

1. El Diario, 18.06.2020: https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200618/principal.php?n=47&

2. “Situación en Bolivia” Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación en Bolivia (2019/2896(RSP))

3. Deutsche Welle, 25.10.19: https://www.dw.com/es/la-ue-y-las-elecciones-en-bolivia-hay-que-esperar/a‑50993965