19 de junio de 2020
El
conflicto diplomático más grande de Bolivia cumplió siete meses, al continuar
el asedio a la residencia de la embajada de México en la ciudad de La Paz,
donde siete ex autoridades gubernamentales permanecen asiladas, porque el
gobierno transitorio les sigue negando el salvoconducto para irse del país ante
el peligro que corren sus vidas.
Quienes
se encuentran cumpliendo esta virtual prisión sin condena son el ex ministro de
la Presidencia, Juan Ramón Quintana Taborga, ex ministro de Defensa, Javier
Zavaleta, el ex ministro de Gobierno, Hugo Moldiz Mercado, el ex ministro de
Justicia, Héctor Arce Zaconeta, la ex ministra de Culturas, Wilma Alanoca
Mamani, el ex gobernador del Departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, y el
ex director de Agencia de Tecnologías de Información, Nicolás Laguna.
Reciben
amenazas de muerte, como de parte del ministro Arturo Murillo, quien dijo al
jurar en su cargo: “Vamos a ir a la cacería
de Juan Ramón Quintana”, entre otros. También
persiguen y violentan a sus familiares y saquean sus viviendas. Sin ir más
lejos, el pasado fin de semana, 200 policías amenazaron – nuevamente – con
entrar a la residencia por la fuerza.
“El día de hoy se registró un movimiento policial inusual en los alrededores de la Residencia de México en Bolivia. Después de conversar con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes aseguraron la integridad del recinto conforme al Derecho Internacional, la policía se retiró”, tuitearon, el 14 de junio pasado, desde la cuenta oficial de la embajada de México en Bolivia, para alertar al mundo sobre la situación de peligro que estaban viviendo.

Según
el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con validez
tanto para Bolivia como México, “toda persona tiene el derecho de buscar y
recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos
políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación
de cada Estado y los convenios internacionales”, siendo la propiedad en
cuestión suelo mexicano para la ley internacional. La situación también viola
la Convención de Viena.
La
Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
exigió a un mes del asilo “entregar los salvoconductos a las personas que se
encuentran asiladas en las embajadas de México y Argentina, o en otras sedes
diplomáticas, para que así puedan ejercer su derecho humano a obtener asilo y
refugio, en forma tal que no se fragmenten sus respectivos núcleos familiares”,
pedido sin respuestas del gobierno transitorio hasta el día de hoy.
Antecedentes
internacionales de la región similares fueron el asilo
político de tres años en la embajada mexicana en Argentina al ex presidente
Héctor Cámpora (lo que le causó luego
la muerte por falta de asistencia médica) o el asilo
político en Perú a Víctor Raúl Haya de la Torre en
la embajada colombiana, en 1950.
[Foto:
Luis Gandarillas/AP]