Por Vanessa Nicolav. Resumen Latinoamericano, 11 de junio de 2020.
Despido de fiscales, amnistía a deforestadores, censura y militarización son algunas de las políticas implementadas
En el video de la reunión ministerial del 22 de abril, divulgado por orden del Supremo Tribunal Federal (STF), el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, afirma que el período de la pandemia sería ideal para pasar reformas “infralegales”, de “simplificación” y “desregulación” de leyes ambientales.
A continuación, llega a convocar otros ministros para “ir pasando la
boiada [manada de bueyes], ir cambiando todo el reglamento”, mientras
la prensa estaba ocupada tratando el impacto del nuevo coronavirus en Brasil.
El día de la reunión, Brasil acumulaba 45 mil casos y casi tres mil
muertos por covid-19. Pero ¿qué quería decir el ministro con “reformas
infralegales” y “pasar la manada”?
Según el diccionario de portugués, el término infralegal se refiere a
“actos y preceptos que no se encuentran perfectamente de acuerdo con
los mecanismos legales”. ¿Y la boiada [manada de bueyes]? La expresión
coloquial generalmente tiene la intención de traducir una situación de
facilidad de entrada a algún lugar.
Brasil de Fato seleccionó algunas de las políticas
ambientales recién aprobadas por el gobierno y algunas que están en vías
de ser aprobadas, para mostrar la gravedad de los efectos de la manada
conducida por Ricardo Salles.
La manada que pasó: socavamiento, agrotóxicos, militarización y censura
Una serie de cambios de instrucciones normativas del Instituto
Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA),
publicadas entre marzo y abril fue lo que se puede se considerar una verdadera manada.
Entre las alteraciones, la número cuatro autoriza la regularización de propiedades rurales en territorios indígenas. La medida altera la «Declaración de Reconocimiento de Límites» y permite la invasión, la exploración y hasta la comercialización de territorios indígenas aún no homologadas.
Otra normativa es la número 13, que autoriza la disminución de la distancia entre áreas pobladas y aquellas en que se fumiga con agrotóxicos.
La práctica es considerada ilegal en la mayoría de los países de
Europa y, hace más de 10 años, es también responsable por la
contaminación de moradores de comunidades rurales, indígenas,
quilombolas [comunidades rurales ancestrales de afrodescendientes] y
hasta escuelas en áreas rurales.
A comienzos de marzo, el presidente del IBAMA, Eduardo Bim, firmó
una resolución interna que restringió el acceso de servidores del
organismo a la prensa.
El mes siguiente, después de repercusión de la acción del IBAMA
contra garimpeiros [mineros artesanales] que actuaban en territorios
indígenas en Pará, Salles despidió al director de protección ambiental
del IBAMA, Olivaldi Azevedo, y a otros dos servidores que encabezaban
las fiscalizaciones: Hugo Loss y René Luiz de Oliveira.
El cargo de director de protección ambiental fue ocupado por el
coronel de la Policía Militar (PM) de São Paulo, Olimpio Ferreira
Magalhães. Los otros dos puestos fueron llenados por el coronel de la
reserva de la PM Walter Mendes Magalhães Júnior y el servidor Leslie
Tavares, que era analista ambiental del IBAMA en Manaos y fue
investigado en 2019 por haber devuelto a garimpeiros infractores
embarcaciones que habían sido aprehendidas.
El 12 de mayo, cuando Brasil ya contabilizaba 3.949 personas muertas
por covid-19, el gobierno federal firmó un decreto que autorizaba la
reestructuración del Instituto Chico Mendes de Conservación de la
Biodiversidad (ICMBIO). En la práctica eso significó una reducción de 11
a 5 en el número de servidores responsables por 335 unidades de
conservación en todo Brasil.
Además
de eso, el decreto abrió la posibilidad para que las posiciones
pudieran ser ocupadas por personas de fuera del organismo. El resultado
fue que de las cinco gerencias del ICMBIO, apenas una está ocupada por
un agente de carrera del organismo. Las otras cuatro son comandadas por
policías militares. La alteración es otro ejemplo de cambio infralegal,
porque no necesitó pasar por el Legislativo, y entró en vigor
inmediatamente.
La manada que casi pasó: apropiación ilegal, desforestación y amnistía para deforestadores
Después de presión movimientos sociales y ONG que lanzaron campaña
denunciando la falta de Salles, algunas medidas retrocedieron.
Una fue el proyecto de ley de grilagem [utilización
de documentos falsos para forjar la titularidad y reivindicar la
tenencia de tierras]. Antes se envió a votación como MP 910, pero la medida no fue votada dentro del plazo y caducó. Patrocinada por el Frente Parlamentario Agropecuaria (FPA), el Proyecto de Ley 2633⁄2020,
promueve la regularización de tierras públicas ilegalmente ocupadas.
Según analistas, en la práctica legalizará el grilagem de tierras,
además de ampliar la deforestación en la Amazonía y la violencia en el
campo.
La reforma infralegal dirigida a permisos de deforestación de la
Mata Atlántica, citada por el ministro en la famosa reunión tampoco
pasó. Emitida por medio de despacho 4.410÷2020, la propuesta también
abre brecha para que los propietarios que fueron multados por la
deforestación sean amnistiados. El ministro anuló el despacho pero puede
volver a entrar en agenda.
La manada que está por venir: nueva ley de licencias ambientales y concesión de bosques para la agricultura
A pesar de la repercusión extremamente negativa de lo dicho por el
ministro durante la reunión y de la crisis política y sanitaria que el
país enfrenta, el gobierno no desaceleró el avance de aprobación de
medidas para “simplificación” y “desregulación” de leyes ambientales.
El 25 de mayo pasado, el presidente Jair Bolsonaro (sin partido)
transfirió del Ministerio de Medio Ambiente, de Ricardo Salles, al
Ministerio de Agricultura, de Tereza Cristina, la competencia para
realizar concesiones de bosques públicos en el ámbito federal.
Otro ejemplo de acción relevante es la preparación para votación del
proyecto de ley de licencias ambientales. La cuarta versión, que se
tramita en la Cámara hace 15 años, redactada por el diputado Kim
Kataguiri (DEM-SP) fue criticada por proponer una relajación aún mayor
de las reglas para la licencia de obras.
El PL 3729 de 2004
pretende dar carta blanca para que cada estado defina, de forma
independiente, cuáles serán las reglas de sus procesos de licencia. El
texto no prevé compensaciones ambientales para impactos indirectos
causados por los emprendimientos.
El PL retira del Instituto Chico Mendes (ICMBIO) el poder de veto a
emprendimientos. Otro ítem polémico atribuyó al Registro Ambiental Rural
(CAR) de los agricultores el mismo peso de una licencia ambiental.
Edición: Leandro Melito
Traducción: Pilar Troya
* Fuente: Brasil De Fato