Por Ricardo Herrera Rocuant. Resumen Latinoamericano, 22 junio 2020
Por gran parte de la población, ha sido recibida con profunda
desconfianza la propuesta de Sebastián Piñera dirigida “a todos los
sectores que quisieran dialogar”, para lograr un gran acuerdo nacional
centrado en tres aspectos: el combate contra la pandemia del
coronavirus, la creación de un plan de protección social y la protección
y reactivación de la economía del país. Desde luego, resulta del todo
comprensible el recelo con que fue recibido este llamado realizado por
el Mandatario, quien ha demostrado en los momentos más álgidos, su nula
disposición a negociar. Sigue presente en la memoria colectiva del
pueblo, la criminal e indiscriminada represión desatada por Piñera y su
régimen en contra de la ciudadanía que, a partir del 18 de octubre
pasado, salió a protestar y a exigir condiciones dignas de vida.
Recientemente, el régimen demostró su total insensibilidad e
incompetencia frente a la amenaza que representaba la pandemia del
Covid-19. Los insistentes llamados a transparentar la información, a
compartir datos y a consensuar una estrategia que minimizara los
previsibles efectos que la pandemia podía provocar, cayeron en el vacío.
Todo esto, en el contexto de los devastadores efectos que ya estaba
provocando la pandemia en países desarrollados y con fuertes sistemas de
salud pública. Están también muy vivas en la memoria colectiva del
país, la arrogancia y displicencia con las que el ex ministro Mañalich
se refería a las sugerencias y demandas del Colegio Médico, de la Mesa
Social y de los expertos, las que son una clara demostración del estilo
gerencial o de “patrón de fundo” con que es administrado el Estado por
este Gobierno, basándose en una concepción vertical y autoritaria de las
relaciones sociales y una mercantilizada concepción de los derechos
fundamentales de los ciudadanos.
No obstante, ante la dramática situación económica y social que ha
quedado en evidencia con la pandemia (la abismal desigualdad, la
precariedad y la pobreza en que se encuentran millones de chilenas y
chilenos), un sector de la oposición decidió negociar dicho acuerdo.
Especulando con las urgentes necesidades de sobrevivencia de un amplio y
muy castigado sector de la población, el régimen ha venido regateando
sobre el monto del fondo que se destinaría para asistir a los más
necesitados y facilitar, en definitiva, la subsistencia de millones de
familias que carecen absolutamente de recursos económicos y a las cuales
les es imposible observar la cuarentena, ante la necesidad imperiosa de
salir a trabajar, día a día.
Como en todo acuerdo, ambas partes ‑Gobierno y oposición- han debido
ceder en sus pretensiones. El régimen se ha visto obligado a ir más allá
de lo que fue su posición inicial consistente en la entrega de cajas
con mercaderías, el Ingreso Familiar de Emergencia y el llamado Bono
Covid-19 que, como ha quedado demostrado, son absolutamente
insuficientes. Igual de insuficiente ha sido el Fondo de Garantía para
Pequeños Empresarios, también conocido como “Créditos Covid-19”, lo que
ha generado duras críticas. Sin embargo, hoy en día el Gobierno se
muestra abierto a la idea de contribuir con un fondo de US$ 12.000
millones para ayudar a los más necesitados, propuesta que el Partido
Comunista planteó, entre otras demandas, inicialmente en carta dirigida
al presidente Piñera el pasado 29 de mayo (1) y que fue rechazada de
plano por el régimen.
No cabe duda alguna que, el rotundo fracaso del ahora ex ministro
Mañalich con sus estrategias de las cuarentenas dinámicas y la
“inmunidad del rebaño”, mediante las cuales ha sumido a la nación en una
gravísima crisis sanitaria, ha dejado al régimen en una posición muy
compleja y de allí surge la necesidad de buscar este gran acuerdo para
intentar salvar la situación ante la amenaza siempre latente de
reactivación del estallido social.
Por su parte, la oposición ha venido demandando desde un principio
mayores recursos para apoyar, especialmente, a los sectores más
vulnerables. Sin una asistencia decidida, oportuna y eficaz del Estado,
el costo en vidas humanas y la crisis socioeconómica que ya está
afectando fuertemente al país, alcanzará dimensiones catastróficas y
dejará secuelas que llevará años superar. Como lo señaló Espacio Público
en su Informe del 10 de junio de 2020: “Si no detenemos la epidemia
ahora, el desastre humanitario que enfrentaremos será de una envergadura
tal que podría dejar al país dolido, desesperanzado y doblegado por
muchos años” (2).
La gran pregunta que cabe hacer es: ¿En qué ha cedido la oposición
para lograr el acuerdo que pretende alcanzar Piñera? Sobre la base de lo
que se conoce preliminarmente a través de trascendidos, el acuerdo
logrado entre el Gobierno y parte de la oposición, si bien significaría
un avance respecto de las propuestas iniciales del régimen, seguiría
siendo claramente insuficiente en relación con las capacidades
económicas del país y considerando la magnitud de las necesidades a las
que debe hacer frente, urgentemente, la mayoría social. Más allá de que
los partidos de oposición que se han sentado a negociar con el
piñerismo parecen no entender lo que significa en democracia tener la
responsabilidad de ejercer la mayoría parlamentaria, la interrogante que
nos hacemos es si este eventual acuerdo representa una nueva trampa, al
igual como ha ocurrido en el pasado reciente y nos preguntamos si
existe una “letra chica”, que posiblemente no se dará a conocer a la
ciudadanía.
Desde luego, llama profundamente la atención –entre otras cosas- el estruendoso silencio
de la oposición respecto del proyecto de ley que, bajo la falsa
apariencia de un cuerpo normativo dirigido a regular los procedimientos
de cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI), ingresado al
Congreso a fines de mayo recién pasado en medio de la crisis generada
por la pandemia, en términos reales lo que se pretende es otorgar
amplias y discrecionales facultades a las autoridades políticas para
dilatar, obstruir e incluso denegar peticiones de la CPI.
Como en el mismo mensaje enviado por el Poder Ejecutivo se indica,
con esta iniciativa legal se pretende determinar la normativa aplicable a
la tramitación de los requerimientos que realice la CPI, y se otorgan
potestades exorbitantes a la autoridad política para evaluar la
procedencia y admisibilidad de los requerimientos de la CPI. De
aprobarse el Proyecto en comento y tal como lo advirtió el Dr. Ricardo
Bachmann (3), podrán denegarse peticiones de entrega de los autores o
cómplices de crímenes de lesa humanidad que estén siendo investigados o
enjuiciados por la CPI, argumentando razones de salud o de “seguridad
nacional”, entre otras.
En otras palabras, con la nueva normativa se pretende blindar a los
responsables de los crímenes perpetrados, garantizando así la impunidad
de Sebastián Piñera Echenique y de todos aquellos que resulten
responsables. Nada es más ajeno a las prioridades del actual régimen que
establecer las bases para una genuina cooperación con la CPI, a fin de
garantizar plenamente el respeto de los derechos humanos y el
cumplimiento del Estatuto de Roma, como se ha intentado presentar,
maliciosamente, esta iniciativa. Es de esperar, entonces, que el precio a
pagar por las mezquinas concesiones que ha hecho el régimen para lograr
un “gran acuerdo nacional”, que le permitiría evitar un nuevo estallido
social y hacer frente a la grave crisis sanitaria y socioeconómica en
que se encuentra sumido el país, no sea el conceder a Piñera y demás
responsables de crímenes de lesa humanidad, impunidad ante las
investigaciones que podría llevar a cabo la Fiscalía de la CPI.
Por ello, hago un
llamado a los partidos de oposición, sin excepción, a romper el
sospechoso silencio observado hasta ahora y les pido que den a conocer
públicamente su posición respecto del proyecto de ley relativo a la CPI,
por medio del cual se pretende regular los procedimientos que deben
seguir los órganos del Estado ante los requerimientos que formule la
Corte Penal Internacional y reglamenta en detalle la ejecución de las
solicitudes de investigación, entrega y asistencia judicial que la CPI
realice a nuestro país. Sin justicia, jamás habrá paz ni tampoco una
democracia plena.
En consecuencia, las gravísimas, generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas a partir del 18 de octubre de 2019, especialmente por Carabineros y también por efectivos militares con motivo del denominado estallido social, han significado un profundo quiebre en nuestra convivencia democrática. En este contexto, ningún acuerdo con el régimen sería aceptable si el precio a pagar fuese la impunidad de Piñera y demás autoridades eventualmente responsables de crímenes de lesa humanidad. Por ello, hago un llamado a los partidos de oposición, sin excepción, a romper el sospechoso silencio observado hasta ahora y les pido que den a conocer públicamente su posición respecto del proyecto de ley relativo a la CPI, por medio del cual se pretende regular los procedimientos que deben seguir los órganos del Estado ante los requerimientos que formule la Corte Penal Internacional y reglamenta en detalle la ejecución de las solicitudes de investigación, entrega y asistencia judicial que la CPI realice a nuestro país. Sin justicia, jamás habrá paz ni tampoco una democracia plena.
fuente: Capucha Informativa