Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2020.
Tras recuperar la libertad después de 3 años de injusticia, los jóvenes Boris Rojas, Andrés Bohórquez y Camilo Pulido, denuncian el montaje judicial mediante este escrito.
Los verdaderos culpables del miserable atentado en el centro comercial Andino en junio de 2017 NO están entre los sospechosos de siempre, entre los que llevan tres años detenidos sin juicio y con otro montaje a cuestas, en espera de que la fiscalía termine de «cuadrar» el caso para asegurar la impunidad de los agentes que perpetraron y ordenaron el atentado.
La decisión política de ese encubrimiento se manifiesta claramente
desde las primeras actuaciones de las instituciones:
Primero dejan de lado los testimonios de los testigos presenciales
que vieron a dos hombres extraños, uno de acento extranjero y otro con paquetes
que dejó en el baño y que era muy pesado
para ser una torta, como sugería el empaque. Además dejaron de lado los retratos hablados que en un principio los medios
difundieron ampliamente; finalmente abrieron al público el Centro comercial en lugar
de concentrarse en la Investigación forense correspondiente.
Así, alegremente, se desvaneció esa línea de investigación y se impuso
la idea de que el grupo MRP era el culpable. De ahí a presentarnos a nosotros
como miembros de ese grupo, solo pasaron 7 días. La condena mediática fue intensiva y los más altos
funcionarios del Estado nos declararon culpables porque tenían las
«Pruebas reinas» con las que nos aseguraron pero que, a la hora de presentarlas para el juicio,
no resultaron pertinentes según el fiscal del caso.
El afán de funcionarios de la fiscalía, la policía, procuraduría y
muchos jueces que atropellan el derecho
(salvo algunas excepciones) son muestra del funcionamiento del partido
de gobierno en el ámbito judicial. Todos, conmilitones que deben o esperan favores
de sus patrones. De resultas: una maquinaria judicial postrada a los designios
del Poder.
Fuerte es decirlo, pero los culpables de esa atrocidad se encuentran
bien arropados en la horda fanática del fascismo criollo más recalcitrante del
partido de gobierno y por esa razón nuestra condena es obligatoria. Por esa razón
las normas procesales y las garantías jurídicas no valen en nuestro caso; por
esa razón llevan tres años construyendo
«la investigación» y el proceso.
Quedando como último recurso, para conseguir su objetivo, la presión
para obtener «colaboraciones, autoincriminaciones y confesiones» de una
persona inocente y vulnerable por su situación metal y emocional a cambio de quiméricos
beneficios. En una especie de tortura psicológica muy metódica a largo plazo.
Los más recientes hechos son suficientes para demostrar ese afán:
los esfuerzos por impedir las órdenes de libertad emitidas por jueces
independientes, la aplicación de una ley improcedente para ampliar términos
indefinidamente, la pretensión de legalizar procedimientos de captura
abiertamente ilegales, además del ocultamiento de pruebas fundamentales para
establecer la verdadera autoría del atentado.
Todo en el contexto de hechos que no pueden ser inadvertidos:
Los funcionarios que han participado en este proceso se han destacado por ser fieles
servidores de la mano criminal que hoy gobierna[1]. Por
poner un ejemplo: el fiscal 21 DEOC,
encargado del caso Andino, además de haber mantenido engavetado el informe que
la policía francesa hizo sobre el Atentado al C. C. Andino desde el 15 de
diciembre de 2017, es el mismo que intentó ocultar las interceptaciones hechas
al ñeñe Hernández sobre el fraude electoral promovido por el narcotráfico para
garantizar la victoria electoral del proyecto político de Uribe-Duque.
No podemos permitir olvidar
que fue la postura del partido que gobierna este país la que celebró y se vio
favorecida con esa bestialidad del Andino y que, con un oportunismo sin
escrúpulos, vocifero para imponer su discurso irracional. Justo en el momento
en que el fiscal “anticorrupción”, amigo de Néstor Humberto Martínez, caía de
la gracia de los nobles y era apresado; momento en que las FARC entregaban las
armas y se abrían las posibilidades del diálogo con el ELN, iniciativas que
intentaban hacer su aporte a la ampliación de la democracia tan odiada por la derecha colombiana sea Verde, Santista y,
especialmente, Uribista.
Cuando la mayoría de funcionarios, que se supone deben buscar la
justicia, tienen una moral deformada puesta al servicio de un proyecto político
criminal que ve a la vida de las personas como simples instrumentos útiles
para propósitos mezquinos, ya sea para
justificar su corrupción, para acumular tierras y riqueza, para asesinar o para
ocultar el actuar criminal desde el poder, no se puede caer en la “ingenuidad”
de la “presunción de legalidad” de sus actuaciones; cuando se trata de
conseguir a toda costa la condena de inocentes para garantizar, ante todo, la
historia oficial, llena de impunidad, que elabora la fiscalía (¿Se
sabe lo que pasó con Odebrecht? ¿Se va a saber quién ordenó las chuzadas y los perfilamientos?
¿Conoceremos los bajos fondos de la ñeñepolítica? ¿Se sabe quien puso el
cianuro para matar testigos?) no importa desaparecer todo vestigio de un derecho
penal moderno y democrático e implantar doctrina y costumbres jurídicas
propias del derecho penal de Enemigo: Todo
un manual de ese tipo de derecho retorcido
puede sacarse de la interminable cadena de irregularidades e ilegalidad
que ha rodeado nuestro proceso.
Cuando eso sucede no es posible, para nadie con decencia, hablar de
democracia , ni de estado social de derecho o de respeto a la Constitución. Lo
que existe sin ambages ni dudas es una vulgar dictadura: metafóricamente un
gorila maloliente y destructivo pero vestido de smoking y sombrero de copa.
Claro que sería más fácil
callar o tratar de congraciarse
con unas instituciones al servicio de poderes criminales que decir todo
esto y enardecer fanatismos fascistoides. Pero es mejor ser y temer que dejar
de ser por temer; y es mejor ser libre
aunque prisionero que ser un sirviente al servicio de cortes y reyezuelos. De
pronto por ahí empieza a cambiar este país.
Boris Rojas, Andrés Bohórquez y Camilo Pulido, presos por el montaje del Centro comercial Andino.
[1] Para ver prontuario de los
funcionarios en el caso Andino: 
https://twitter.com/Alberto86151529/status/1268004906729967616?s=19.
