Resumen Latinoamericano, 11 de junio de 2020
Los primeros testigos en el juicio por la matanza del jesuita vasco Ignacio Ellacuría y otros cuatro religiosos en El Salvador han relatado que en el proceso que se celebró en ese país en 1991 existía la opinión mayoritaria de «que no estaban sentados los autores intelectuales» de los crímenes porque «hubo un pacto de silencio en el Ejercito».
José Luis Navarro y Enrique Arnaldo fueron los letrados de las Cortes que acompañaron y redactaron los informes de sendas delegaciones parlamentarias españolas que se desplazaron allí, una en 1990 para apoyar el proceso de paz así como la investigación en curso por la masacre de los jesuitas, y la segunda en 1991 para asistir al juicio como observadores internacionales.
Sus testimonios ante la Audiencia Nacional en el que juicio que se sigue contra el excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano han descrito las «complicaciones», «presiones» y lo «parcial» que resultó tanto la instrucción como el juicio en el que se condenó a dos mandos intermedios y se absolvió a otros siete militares, los supuestos autores materiales de los hechos.
Pero ante todo han destacado que ni durante la investigación ni en la vista estuvieron presentes los autores intelectuales, es decir, los que dieron la orden de matar a los jesuitas.
«Había una opinión mayoritaria de las fuerzas políticas, sociales, sindicales y los jesuitas de que había unos autores intelectuales, incluso el juez Zamora (instructor y sentenciador) también lo dijo: que no estaban todos los que habían participado», ha dicho Navarro, al relatar su viaje en 1990 en el primer aniversario de la matanza en la Universidad Centroamericana (UCA).
Tanto es así que la conclusión del informe que Navarro redactó es que existía el «convencimiento» de la existencia de autores intelectuales –«las palabras más escuchadas y tenidas en cuenta en este viaje»– y de que «hubo un pacto de silencio en el Ejército» para no seguir la investigación.
Arnaldo, presente ya en la vista oral, ha recordado cómo se insistía en que «falta quien empujó y ordenó» las muertes.
«Se habló de los autores pero no se manejaron nombres», ha señalado el letrado del Congreso, a quien le llamó la atención las cantidad de alusiones que escuchó a «los autores intelectuales», que no procedían solo de los jesuitas –como ha tratado de probar insistentemente la defensa– sino de diversos ámbitos políticos y sociales, aunque le sorprendió que, fuera de la sala, «nadie opinaba» sobre ello, no se profundizaba o especulaba más allá.
«No se preguntó a nadie nada»
Pero si algo ha destacado fue la escenografía de aquel juicio, de apenas tres días. No hubo interrogatorios a los acusados ni a testigos, ni por parte de defensa ni acusación. «No se preguntó a nadie nada. El juicio consistió más bien en la lectura de documentos, nadie contrastó nada, ningún informe», ha dicho.
Y mientras se hacía esa «lectura larguísima» que llevó «12 o 14 horas», los acusados, sentados de frente mirando hacia el público, permanecían inmutables. «No se movían, no hacían ningún gesto».
Ese, el jurado, fue otro asunto controvertido. Se desconocía por completo cómo fue el proceso de selección y se les colocó «en un cajón», fuera de la vista del resto de la Sala y sin poder apenas escuchar nada de lo que se decía cuando se acercaban las partes.
Cuestión aparte fue el veredicto, que fue «inmediato», lo que demuestra según el testigo, que «el jurado quería que esto terminara cuanto antes».
Pero no solo había presión en el interior –«el juez no estaba nada cómodo y la defensa era muy crítica con la presencia de observadores»– sino especialmente en el exterior y contra la presencia de esos observadores internacionales. Esta se ejercía con manifestaciones, sirenas, megafonía ruidosa e incluso con el sobrevuelo de helicópteros, a veces volando bajo.
Desde el principio, «la delegación sintió que no era bienvenida por toda la sociedad salvadoreña», ha añadido el letrado, para quien aquello «no era un viaje cómodo, más bien todo lo contrario», algo que contrasta con el viaje del año anterior.
Ruiz Navarro ha recordado que en 1990 las autoridades «les blindaron todo tipo de facilidades, sin ninguna censura para hablar con militares, fuerzas políticas y sindicatos», si bien precisamente con el entonces presidente Alfredo Cristiani «no se habló del tema».
Sí que lo hicieron con el juez Zamora que les dio cuenta de las «dificultades que tenía para investigar al Ejército», ya que entonces no existía policía judicial, sino que dependía de las Fuerzas Armadas y, por tanto, «aquello era complicado». También para la citada delegación, pues el objetivo de su viaje era apoyar las negociaciones de paz, no investigar los crímenes.
