Por Ainara LERTXUNDI|Resumen Latinoamericano, 9 junio 2020
Foto: Women´s Link Worldwide lleva la denuncia de explotación laboral y acoso sexual que presentaron estas cuatro mujeres marroquíes en 2018. (Laura MARTÍNEZ VALERO/WOMEN´S LINK WORLWIDE)
En abril de 2018, un medio alemán denunció la violencia sexual y explotación laboral de las temporeras, en su mayoría migrantes, de la recogida de la fresa y frutos rojos en Huelva, visibilizando su drama. La cadena de vulneraciones que sufren se han visto agravadas por y durante la pandemia del covid-19, lo que ha llevado a Women’s Link Worldwide y otras siete organizaciones a llevar el tema a la ONU.
Jornaleras en Lucha: «No puede ser que las personas que nos
encargamos de un cuidado tan fundamental obtengamos a cambio un latigazo
en la espalda»
En la primera de las inspecciones en marcha, se desmanteló una
red que obligaba a inmigrantes sin papeles a jornadas extenuantes de 12
horas al día cobrando muy por debajo del convenio
Abogadas Sociedad Cooperativa Andaluza: «El protocolo de
denuncia de violencia sexual es ridículo porque la instrucción de estos
abusos recae en los responsables de recursos humanos»
Las condiciones de explotación laboral y abuso sexual que sufren
muchas trabajadoras de la fresa en los campos de Huelva saltaron a la
primera plana de los medios a finales de abril de 2018, cuando un medio
digital alemán publicó un reportaje haciéndose eco de la denuncia
presentada por varias mujeres marroquíes por los abusos sufridos durante
la campaña 2016 – 2017.
A principios de junio de 2018, diez
jornaleras marroquíes presentaron una denuncia por abusos laborales y
sexuales contra una empresa de Almonte. A lo largo de ese año, se
interpusieron más demandas similares.
En 2019, Women´s Link Worldwide,
Andaira, Taraceas Cooperativa y otras expertas realizaron una
investigación de campo para evaluar la situación tras el eco mediático
que adquirieron estas denuncias. «Lo que confirmamos es que sigue
habiendo una situación sistemática y estructural de vulneración de
derechos. Con el brote del covid-19, nos preocupaba especialmente la
situación de las temporeras. Con esta comunicación que hemos enviado a
diferentes organismos de la ONU queremos llamar la atención sobre la
falta de medidas concretas para responder a las particularidades de la
población migrante y de los locales que están trabajando en el campo, y
la falta de una respuesta con perspectiva de género. Esperamos que la
respuesta que den sirva como hoja de ruta para establecer
recomendaciones sobre cómo proteger a los colectivos más
vulnerabilizados», manifiesta en entrevista a NAIZ la abogada de Women´s
Link Worldwide Aintzane Márquez.
«A través de la población
migrante que no ha venido dentro del contingente de las temporeras y de
organismos locales sabemos que las condiciones laborales abusivas siguen
siendo las mismas que en otros años. Pese a la pandemia, no se han
tomado medidas de seguridad, de distanciamiento físico, de protección
individual como guantes y mascarillas. El aislamiento –ya existente de
antes– de las temporeras en las fincas aumenta la desprotección y, al
mismo tiempo, invisibiliza la capacidad de la sociedad civil de
demostrar que se están produciendo estas vulneraciones. El contexto
actual agrava una situación que ya se daba y favorece nuevas
vulneraciones», advierte.
Las vulneraciones comienzan en el mismo proceso de selección
Las
vulneraciones de derechos, tal y como se recoge en el informe que
acompaña la comunicación remitida a la ONU, comienzan en el mismo
proceso de selección en el país origen, mayoritariamente Marruecos. Los
contratos se destinan exclusivamente a mujeres casadas o viudas de entre
25 y 45 años con menores de 14 años a su cargo, lo que les sitúa en
«una situación de mayor responsabilidad familiar y vulnerabilidad y, por
tanto, con menor posibilidad de posicionamiento crítico ante
situaciones de abuso». Las candidatas deben aportar el Libro de Familia
durante el proceso de selección. Esto contradice el artículo sobre
«Igualdad de trato y oportunidades» que por primera vez incluyó el
Convenio Provincial del Campo firmado en octubre de 2018 por CCOO y
Asaja-Huelva.
«Al llegar a España se ven muy condicionadas a
aceptar las condiciones que sean porque tienen que ganar el dinero que
tenían previsto para que sus familias puedan vivir de ese salario. Estos
criterios de selección potencian la posibilidad de que, ya en destino,
se produzcan otras forma de discriminación», remarca Márquez.
Contratos en un idioma que no entienden
En su
trabajo sobre el terreno, estas organizaciones también han constatado
que «la información recibida en origen es bastante somera. En algunos
casos es inexistente, o a posteriori no coincidirá con la situación
encontrada en destino. Las mujeres desconocen las condiciones exactas
que establece sus contratos laborales o los derechos que garantiza el
Convenio Colectivo provincial».
Además «la mayoría de los
precontratos que se firman en Marruecos están en francés, idioma que la
mayoría de las temporeras ni habla ni lee y no se les proporciona una
traducción escrita. Se les informa oralmente de algunas características
del contrato, el salario aproximado, su derecho a descanso semanal y
pausa durante la jornada y la posibilidad de acceder a cursos de
español, aspectos todos que luego no siempre se cumplen».
Una vez
en el destino, remarca el informe, «se ven confrontadas a una gran
flexibilidad cotidiana. Por ejemplo, al traspaso informal de
trabajadoras entre empresas, no respetando la vinculación laboral con el
empleador. No siempre disfrutan de la pausa de media hora durante la
jornada, mientras que en otros casos se priva a las trabajadoras del día
de descanso semanal o se imponen horas extraordinarias bajo lógicas de
control de la productividad mediante las cuales se fija un mínimo de
cajas a recoger por día, lo que a veces les obliga a trabajar más que
las horas establecidas en el Convenio. Estas horas extra pueden
imponerse bajo amenazas de castigo y sanciones que consisten
fundamentalmente en privar a las trabajadores de jornadas de trabajo.
Otra de las infracciones más habituales es el impago de horas
extraordinarias o su pago a una tarifa normal».
Con respecto al
alojamiento, si bien en la oferta laboral se indica que será facilitado
por el empleador, han documentado casos en los que «los empresarios
descuentan a las temporeras los costes de agua, luz y alquiler y de
manera generalizada, el gas». Destacan que «la mayor parte de mujeres
entrevistadas describió en sus zonas de alojamiento situaciones de
hacinamiento, una inadecuada gestión de residuos y aguas fecales o
escasez de agua limpia y potable, ya sea para higiene personal,
preparación de alimentos o consumo». Asimismo, han constatado «cierto
déficit en el acceso efectivo a la cobertura sanitaria», debido en parte
«al desconocimiento del funcionamiento del sistema sanitario, la
distancia física con los centros de salud, las dificultades para
tramitar sus tarjetas sanitarias o las barreras lingüísticas».
Condiciones «muy diferentes» en origen y destino
En el caso de las cuatro mujeres que Women’s Link Worldwide
representa legalmente, durante la selección, se les aseguró que
trabajarían durante 3 meses con un periodo de prueba de 15 días, y que
la empresa les facilitaría la vivienda cerca de las fincas sin coste
alguno para ellas, como estipula el convenio colectivo del campo.
Sin embargo, cuando llegaron a Huelva, «las condiciones que se
encontraron eran muy diferentes. Firmaron el contrato en español sin que
les ofrecieran traducción. Por tanto, no pudieron contrastar de si eran
las mismas condiciones que les dijeron en origen. Se trataba de un
contrato de obra y servicio en el que el periodo de prueba era de un
mes, no de 15 días, y no establecía una duración de 3 meses, sino el
tiempo que la empresa considere necesario para la recogida de la fresa.
Además, les descontaban los gastos de vivienda, agua, luz y gas. Durante
el tiempo que estuvieron trabajando, sufrieron explotación laboral, con
penalizaciones excesivas por no cumplir los objetivos de producción,
horas extras no remuneradas, falta de asistencia sanitaria y
discriminación respecto a otras nacionalidades, a las que no se les
exigían las mismas condiciones», recuerda la organización.
Las cuatro, que también denunciaron acoso sexual por parte de un encargado, fueron despedidas en dos ocasiones.
«Es necesario que se analice con una perspectiva de género el impacto
que este modelo de negocio tiene en las vidas de las temporeras. Sin
estabilidad laboral y viviendo aisladas en las fincas, además de la
explotación laboral, pueden sufrir otros tipos de violencia, como
violencia sexual, y es muy difícil que puedan denunciar por miedo a
represalias y a perder el trabajo», concluye Márquez.
«Por estos hechos hay abiertos dos procedimientos, uno por lo penal
en cuanto a las conductas sexuales y otro, en lo laboral. Aún no se ha
dictado apertura de juicio oral ni en uno ni en otro. Esto es un ejemplo
de las dificultades de acceso a la justicia de estas mujeres, lo que no
solo incluye poder ir a los tribunales, sino conocer tus derechos, los
recursos disponibles para tramitar la denunciar. El problema con las
temporeras es que si ellas denuncian, las probabilidades de que no
vengan en temporadas posteriores son muy altas y esto es lo que les ha
ocurrido a las mujeres que representamos. Nunca más las han llamado
aunque se volvieron a apuntar después de presentar la denuncia. Sienten
una tremenda frustración. Con su denuncia querían evitar que
compatriotas suyas pasaran por la misma situación», destaca la abogada
de Women´s Link Worldwide.
«Si la agricultura es un bien esencial, los trabajadores también»
«El
contexto actual del covid-19 ofrece una oportunidad para revisar el
sistema de contratación en origen de manera integral. La vuelta a la
normalidad tiene que suponer también un cambio hacia un modelo
productivo en el que los derechos de las personas trabajadoras migrantes
estén en el centro, en lugar de los intereses económicos. No podemos
volver a la normalidad de antes», incide la letrada de Women´s Link
Worldwide.
«Durante el confinamiento la agricultura fue
considerada un trabajo esencial, por tanto las personas que lo realizan
también deben ser consideradas esenciales. No podemos pensar únicamente
en garantizar el abastecimiento cuando hay colectivos detrás de ese
abastecimiento. Estas mujeres han estado trabajando en medio de la
pandemia sin medidas de seguridad como mascarillas, guantes o distancia
de seguridad. Esto no puede volver a ocurrir, por eso hemos presentado
la comunicación en términos de urgencia», concluye.
«Que dejen de tratarnos como mera herramienta»
En
declaraciones a NAIZ, Ana Pinto, de Jornaleras en Lucha, remarca con
tono indignado que «no puede ser que las personas que nos encargamos de
un cuidado tan fundamental obtengamos a cambio un latigazo en la espalda
como el que en esta campaña nos han dado para que produzcamos aún más,
trabajando de sol a sol, poniendo en peligro nuestras vidas y la de
nuestros familiares».
«Exigimos que dejen de tratarnos como mera herramienta de trabajo y
como un número más que aumenta los beneficios millonarios, mientras que
otros muchos nos sentimos trabajando como si estuviéramos en un campo de
concentración, habiendo incluso gente que no cuenta tan siquiera con un
techo digno para descansar después de una larga jornada», añade.
«Queremos
trabajar en el campo pero queremos hacerlo con derechos para todas las
personas jornaleras, independientemente de cuál sea su lugar de
procedencia», exclama Ana Pinto.
Protocolos de la patronal «insuficientes»
Por
su parte, Pastora Filigrana, de Abogadas Sociedad Cooperativa Andaluza,
considera «insuficientes» los protocolos adoptados por la patronal a
raíz del escándalo mediático de 2018. «Son medidas encaminadas a limpiar
el desprestigio que sufrió la patronal fresera, más que a establecer un
equilibrio entre las trabajadoras y los empleadores. El protocolo de
denuncia interna en las empresas caso de violencia sexual es ridículo
porque la instrucción de estos abusos sexuales recae en los responsables
de recursos humanos de las empresas, cuando en la mayoría de relatos
que conocemos los directivos de las empresas están directamente
implicados en los abusos denunciados», critica.
«Además, aunque
esto funcionara en algunas de las empresas, no se ha implementado ningún
tipo de fórmula para que las trabajadores marroquíes conozcan estos
protocolos y derechos que pueden accionar cuando han sufrido algún tipo
de vulneración o han sufrido abusos sexuales en el centro de trabajo».
Filigrana
rechaza además las «amenazas» de Asaja contra la ministra española de
Trabajo por las inspecciones de trabajo, las cuales «se ha conseguido
gracias a la presión social y a la incidencia política de colectivos de
trabajadores. En la primera de ellas se desmanteló una red en una finca
en la que se obligaba a inmigrantes sin papeles a hacer jornadas
extenuantes de 12 horas al día cobrando muy por debajo del convenio. A
pesar de esta palpable realidad, Asaja se atreve a amenazar a la
ministra de con no ser pacíficos si continúan estas inspecciones de
trabajo».