Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2020
La pandemia del COVID-19 suspendió la coyuntura política más importante abierta en Chile desde el fin de la dictadura. A partir del 18 de octubre de 2019, millones de personas ocuparon las calles y los territorios del oasis neoliberal latinoamericano buscando cambiar un ordenamiento constitucional que ha perpetuado los intereses del imperialismo en el país del sur. El ¨milagro chileno¨, como llamó Friedman a las reformas de liberalización económica adoptadas durante el régimen militar, no tardó en sacralizar la desigualdad social como norma divina y a las clases dominantes como sus sacerdotes. De esta manera, la crisis pandémica que actualmente azota al mundo se superpuso a la crisis del modelo chileno, dejando al descubierto su verdadero motor: la mercantilización total de la vida social.
En ambos escenarios la lógica de administración de la crisis operó bajo un mismo patrón punitivista y de pauperización: en el primero, con gran dolor para el campo popular, dejando miles de heridos, 32 muertos en manos de policías o militares y más de 2 mil 500 presos políticos[1]. y, en el segundo, desprotegiendo a grandes masas de trabajadores/as, salvando a empresas privadas con fondos públicos y sacando a las calles, nuevamente, a numerosas tropas militares para salvaguardar un inútil toque de queda nocturno. De este modo, el proceso de imbricación de las crisis está siendo utilizado para articular medidas de control social, políticas de precarización, un conjunto de legislaciones en beneficio de las élites y para apuntalar al capital financiero.
Si bien este nuevo contexto de pandemia significó un salvavidas para el gobierno de Sebastián Piñera, el cual después de la rebelión de octubre se mantenía en la presidencia con tan sólo un 6% de aprobación y en la mira de los organismos internacionales de Derechos Humanos, durante las últimas semanas el hambre y la falta de oportunidades económicas han obligado a las clases populares a generar alternativas para alimentarse, emergiendo instancias como las ollas comunes y, frente a tal escenario, han vuelto a brotar manifestaciones de indignación contestataria. Al parecer, todo indica que si esta compleja situación continúa la rebelión popular volverá a tomarse las calles de Chile, con o sin pandemia.
Sin embargo, esta superposición de crisis no afecta transversalmente a todo el país. Como siempre, es sobre los sectores populares y los pueblos indígenas donde recaen las peores consecuencias de estos embates, exponiendo la acumulación histórica de desigualdades a las que han estado sometidos. Es por esto que en diversas zonas del Wallmapu[2] los Lov y comunidades mapuche inmediatamente tomaron medidas ante la aparición de la pandemia: entre otras, se activaron redes de apoyo alimentario y frente a la nula reacción del gobierno, se levantaron cordones higiénicos comunitarios con el fin de restringir el tránsito de turistas y el transporte de algunas mercancías por los territorios.
Desde el plano de las resistencias, la pandemia exhibió también ciertas distinciones importantes entre el movimiento mapuche y el movimiento chileno que se habían “desdibujado” con el levantamiento de octubre y que resaltarlas nos ayudaría a comprender la fortaleza contenida en estas dos vías de lucha contra un enemigo compartido. Así, sería imposible establecer que ambas colectividades luego de la rebelión compartían, en estricto rigor, estrategias de lucha. Aunque ejercieron en determinados momentos prácticas conjuntas de resistencia, las cuales expresan potencialmente lo que podríamos llamar una rebeldía plurinacional, estas manifestaciones no lograron desbordar el plano de lo inmediato y de lo simbólico: la presencia masiva de la wenufoye (bandera mapuche) en las marchas, la destrucción de diversas estatuas coloniales en las principales ciudades de Chile y la inestable legitimación de la violencia política en manos de la “primera línea”, fueron expresiones concretas de una adscripción común que no logró ni ha logrado fraguarse en una alianza de emancipación.
De esta forma, si bien en un plano estratégico algunos dirigentes mapuche reconocieron que su liberación como pueblo dependía de la liberación de los sectores chilenos oprimidos, el movimiento mapuche autonomista marcó una táctica a ritmo propio dentro de la rebelión de octubre y también dentro de la crisis pandémica. A nuestra consideración, más allá de lo programático, esto obedece a una concepción diferenciada sobre las formas de entender las tramas históricas de la dominación y la emancipación que, si bien no son antagónicas, tienen matices importantes. Ejemplo de esto, es como el pueblo mapuche, a diferencia del pueblo chileno, comprende y analiza la actual pandemia desde la integralidad de su historia de sometimiento y resistencia y no como un evento espasmódico.
Más allá del Covid-19: la pandemia vista desde el mapuche rakizuam
El pueblo mapuche hace décadas que viene denunciando la nocividad del modelo capitalista neoliberal. No tan sólo en un plano material, donde las consecuencias sobre sus tierras son alarmantes, sino también en torno a las diferentes tramas espirituales, culturales y políticas que sustentan su forma de vida y que la lógica colonial del capitalismo ha sofocado históricamente. Tales embestidas, han causados múltiples transformaciones sobre el territorio y en las formas de vinculación humana que en este se desarrollan, obligando a las poblaciones locales a trastocar los ciclos productivos, a enfrentar sequías, plagas, enfermedades y otras adversidades derivadas de la expansión de los modelos forestal, energético y minero en el Wallmapu. Además de esto, con el fin de proteger los intereses del capital, gran parte del territorio en conflicto está militarizado, ante lo cual las comunidades deben lidiar con allanamientos sistemáticos, retenes y una serie de hostigamientos recurrentes. Por lo anterior, no es extraño que desde la cosmogonía mapuche se refieran a la pandemia actual desde la memoria del despojo y la violencia, la cual se remonta a otros males arribados mucho tiempo atrás que aún afectan su itrofil mongen (la vida en su plenitud).
Desde el mapuche rakizuam (pensamiento mapuche), por tanto, es imposible ver la pandemia actual como un fenómeno únicamente biológico, desligándolo de otros factores que han perjudicado y enfermado por largo tiempo a la totalidad de seres coexistentes sobre la mapu (tierra)[3]. Según José Quidel (2020), intelectual mapuche, el kuxan (enfermedad) es una “entidad viva que tiene diversos orígenes y que en algún momento logra penetrar en algunas de las dimensiones del che (persona); puede ser en su püjü (espíritu), en su rakizuam (pensamiento), en ragi chegen (lo social) o en su kalül (cuerpo biológico) y desde allí se nutre, se fortalece”. Con el tiempo, y si no es tratado, este kuxan va apoderándose del entramado donde se introdujo, provocando daños y trastornos que llegan a ser irremediables. Tal es el motivo de que muchas comunidades y Lov comprendan y expliquen sus problemas individuales y comunitarios atendiendo las inestabilidades que un kuxan puede provocar en lo social.
Bajo esta concepción, la cual reta al paradigma biomédico hegemónico, el pueblo mapuche entiende al Covid-19 como un kuxan que enraíza su naturaleza multidimensional en el resultado nocivo de una serie de procesos ejecutados por distintos dispositivos capitalistas y coloniales sobre cuerpos, territorios, recursos y espiritualidades de gente mapuche y no mapuche en términos de larga duración. Es decir, la aparición de esta enfermedad, que ha expuesto los límites de la administración neoliberal de la vida, no es producto de un “acontecimiento” concreto ni aislado, sino de la nociva condensación contemporánea con que se ha desarrollado históricamente el sistema de dominación sobre el Wallmapu.
Por lo anterior, desde este plano histórico e interdependiente, derivado del mapuche rakizuam, podríamos sostener que el ascenso de las recuperaciones territoriales mapuche durante los últimos años se debe a la necesidad de buscar alternativas de vida frente a estas múltiples crisis que socavaron sus posibilidades de reproducción comunitaria, hoy nuevamente amenazadas por el Covid-19.
Las razones históricas del kuxan: el caso del Lov Elikura
La madrugada del 29 de enero, más de un centenar de efectivos policiales allanó violentamente 5 viviendas en el Valle de Elicura, territorio lavkenche del Wallmapu[4]. Entre golpes, forcejeos y múltiples vulneraciones a sus familias, se llevaron en calidad de detenidos a Matías Leviqueo, Eliseo Reiman, Guillermo Camus, Esteban Huichacura, Carlos Huichacura y Manuel Huichacura. Bajo la presunta participación en la muerte de un vecino de la zona, aquella misma tarde todos los imputados pasaron a control de detención y quedaron en prisión preventiva.
En la audiencia de formalización se pudo constatar que las únicas pruebas en contra de los comuneros fueron declaraciones brindadas por testigos protegidos las cuales, además de ser contradictorias entre sí, no lograron establecer indicio alguno que vinculara a los imputados con el supuesto delito. Ignorando estos vacíos jurídicos, los peñi de Elicura fueron trasladados a la cárcel de Lebu, en la Provincia de Arauco, iniciando así su prisión política que se extiende hasta la actual crisis pandémica.
Lamentablemente, tal ejercicio de criminalización no es ninguna novedad en el Lavkenmapu. Frente al ascenso de las recuperaciones territoriales durante los últimos años, el estado, las forestales y los latifundistas de la región han utilizado diversos mecanismos de coerción para proteger las tierras mapuche que usurparon y los intereses económicos que materializaron sobre estas, aprovechándose de las desigualdades y vulneraciones que ellos mismos crearon a costa de la división comunitaria, el empobrecimiento familiar y la escasa generación de opciones laborales superexplotadas. Sin embargo, ante el despliegue actual de distintos procesos de antagonismo comunitario en la zona que han logrado desbordar tales mecanismos, la maniobra predominante articulada desde los sectores de poder ha sido la criminalización de estas experiencias a través de montajes o causas judiciales viciadas. De alguna forma, este conjunto de prácticas ha permitido reproducir las condiciones por donde fluye el kuxan en el territorio.
Los presos políticos de Elicura son consecuencia de esta historia. Particularmente aquellos integrantes del Lov Elikura, experiencia lavkenche de resistencia que recuperó hace dos años el ex fundo Las Vertientes, hasta ese entonces en manos de los grandes latifundistas del sector, la familia Rivas. Este clan familiar se instaló junto a otros grupos de colonos a finales del siglo XIX en la ribera del Lago Lanalhue, cuerpo de agua sagrado en la cosmogonía mapuche, y desde entonces gran parte de sus herederos han sido responsables y cómplices de una serie de despojos sobre el Valle de Elicura, sometiendo racialmente a su población y mercantilizando de manera sistemática sus recursos naturales.
Comenzando el siglo pasado, con más o menos conflictos, el proceso de concentración de la tierra lavkenche fue tremendamente desigual. Si bien existieron avances sustantivos a favor de las comunidades durante los ciclos de reforma agraria estos fueron severamente interrumpidos con el golpe de estado, evento aprovechado por muchas familias adineradas de la zona, entre ellas los Rivas, para ampliar sus deslindes territoriales adquiriendo predios y parcelas bajo métodos ilegales[5] o a precios ridículamente bajos. A través de la contrarreforma agraria en el Valle de Elikura las porciones de tierra que no continuaban en manos latifundistas el Estado terminó de fragmentarlas mediante dos vías principales: por un lado, las superficies emplazadas en zonas boscosas fueron adquiridas por empresarios forestales mediante dudosos remates, lo cual les permitió una rápida expansión del monocultivo de pino y eucalipto apoyada, además, con generosas dádivas estatales[6], y, por otro, las hectáreas más amplias de valle fértil se entregaron a parceleros chilenos, arrinconando a las familias mapuche a pequeños predios en los cuales les era imposible realizar sus actividades de subsistencia; mutilando sus dinámicas productivas, acosando sus prácticas culturales y obligándoles a vivir en dependencia de la patronal. Don Miguel Leviqueo Catrileo[7], expresaba sobre esta situación que “siempre los mapuche vivimos en pequeños predios de tierra mientras los ricos se hacían sus casas en lo alto, en tremendas parcelas, de ahí nos miraban como sembrábamos lo poco para vivir”.
Estos procesos dirigidos a la desarticulación de las comunidades lavkenche, continuaron bajo otras modalidades una vez acabada la dictadura. Los Rivas, como “dueños” del Valle, se llenaron los bolsillos a costa del negocio forestal y constituyeron alianzas con el gran capital maderero, expandiendo en conjunto las plantaciones de monocultivo que para ese entonces ya rodeaban al Valle de Elikura[8]. Pese a las conquistas políticas que el movimiento mapuche logró establecer durante el periodo neoliberal y a ciertas aperturas legales que permitieron su presencia en restringidos espacios democráticos, la lógica multicultural del capitalismo en la transición perpetuó el despojo en todo el Wallmapu.
En este contexto, las familias lavkenche del Valle siguieron viviendo en profundas condiciones de desigualdad, las cuales nuevamente se agudizaron con el arribo de distintas transnacionales a comienzos del presente siglo. Primero, arremetieron algunas compañías menores de extracción de áridos sobre los ríos Calebu y Elicura, principales arterias hídricas del territorio que alimentan el Lago Lanalhue, causando daños irreparables en estos (Olivera, 2017)[9]. Posteriormente, desde el año 2016, con la aprobación para construir la central hidroeléctrica “Gustavito” de la corporación energética española Hidrowatt, que a la vez pertenece al grupo empresarial Impulso, se evidenciaron los planes de levantar otras dos hidroeléctricas en el Valle por parte de este conglomerado económico. Frente a tal situación, la cual comenzaba a despertar sospechas e indignaciones, el lonko Miguel Leviqueo rápidamente indicó que estos proyectos “no nos benefician en nada, sólo nos traen destrucción” (ídem.)
Es posible identificar que tales amenazas se convirtieron prontamente en enemigos comunes para una población local profundamente fragmentada y desunida producto de las múltiples violencias y racismos a las cuales había sido sometida por largo tiempo. La inminente llegada de las hidroeléctricas al territorio significó un encuentro colectivo frente a las injusticias presentes y pasadas, una indignación común que quedó plasmada en las palabras de Pamela Rayman, werken del Lov Elikura, al sostener que “ya estamos plagados de forestales, con Hidrowatt no será lo mismo”. Así, durante ese año nace el “Movimiento en Defensa de los Ríos del Valle de Elicura”, organización conformada por gente mapuche y no mapuche que llevó adelante una serie de acciones para frenar la instalación de estos megaproyectos, alcanzando su apogeo en julio de 2016 con la toma de la carretera P‑60‑R que une Cañete y Contulmo, dos de los principales centros urbanos de la zona. Si bien este movimiento sembró las primeras semillas de antagonismo colectivo en el Valle luego de largos años de letargo, el desgaste de la lucha jurídica, las fricciones intrínsecas de cualquier organización y algunos conformismos ante ciertos avances en la lucha, terminó por disolverlo.
Pero la resistencia en el Valle de Elicura no concluyó con el movimiento. La juventud elikurache[10], nacida y crecida entre pinos y latifundistas no se conformó con estas pequeñas victorias y afirmados en su derecho a la autodeterminación decidieron avanzar definitivamente en la reconstitución territorial y cultural del Valle, único camino posible para desgarrar la historia de sometimiento que pesaba sobre sus hombros. De esta manera, el 21 de enero del 2019 pu peñi ka pu lamuen entraron a recuperar el Fundo Las Vertientes, perteneciente hasta ese entonces a un heredero de la familia Rivas, naciendo así el Lov Elikura y constituyéndose como una experiencia de resistencia que ha significado un obstáculo concreto al avance del despojo en el Lavkenmapu.
Desde tal entonces, las estructuras chilenas de dominación han desplegado sobre este Lov diversos mecanismos de represión, intentando desarticular las actividades que sustentan su entramado comunitario y con las cuales se posibilita la concientización de aquella gente que aún no se atreve a enfrentarlas. El allanamiento ocurrido a finales de enero y la subsecuente prisión política que viven los peñi de Elikura deben verse como una acción más de esta estrategia de persecución y hostigamiento.
La prisión política mapuche en tiempos de crisis pandémica
El 11 de febrero del presente año se reunieron fuera de la cárcel de Lebu distintos Lov y comunidades en resistencia del Lavkenmapu y otros territorios con la finalidad de apoyar a los presos políticos de Elikura que ya cumplían una decena de días tras las rejas. Mediante un comunicado que logró salir a la luz pública[11] agradecieron a las autoridades y pu peñi ka pu lamuen que aquel día les acompañaron en la realización de un nguillanmawün, ceremonia mapuche dirigida a brindarles newen (fuerza) y a pedir justicia ante el proceso que los mantiene privados de su libertad.
«Estamos en tiempos de lucha, pero también de resistencia. Debemos apoyarnos como hermanos y hermanas en cualquier territorio y alzar la voz ante las amenazas de cualquier tipo. Dejar la pasividad y pasar a la acción y esta huelga es eso, es un paso hacia la movilización dado que es preferible morir luchando que de rodillas ante un sistema opresor que a través del miedo a un virus somete implacablemente.«
Machi Celestino Córdova, en huelga de hambre en la cárcel de Temuco
Además de esto, reiteraron su apoyo a todos los presos políticos mapuche y no mapuche recluidos en distintas cárceles de Chile. Hasta la fecha, son una treintena los weichave (combatientes) que se encuentran en prisión preventiva, o cumpliendo condenas por distintas causas, obligados a vivir la pandemia en drásticas condiciones higiénicas propias del confinamiento. Tal situación, además de vulnerar sus Derechos Humanos, viola los principios de la medicina mapuche que establecen una vinculación estrecha entre el che y las diferentes actividades desarrolladas en su mapu. Asimismo, ante el recrudecimiento del punitivismo estatal, dentro de los centros penitenciarios han proliferado algunas zonas grises que son aprovechadas por el personal de gendarmería para ejercer distintas formas de violencia racista contra la población mapuche.
Frente a estas claras desventajas que viven los presos políticos mapuche ante la justicia chilena, desde el lunes 4 de mayo muchos de ellos tomaron la drástica decisión de iniciar o retomar la huelga de hambre como medida de presión ante el sistema ejecutivo y judicial. Particularmente, Sergio Levinao; Víctor Llanquileo; Sinecio Huenchullan; Freddy Marileo; Juan Queipul; Juan Calbucoy; Danilo Nahuelpi; Reinaldo Penchulef, todos presos en la cárcel de Angol, y el machi Celestino Córdova, en la cárcel de Temuco, con esta nociva determinación exigieron al gobierno acogerse al convenio 169 de la OIT y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los cuales indican la opción de cambiar las medidas cautelares en estos contextos de crisis. Asimismo, demandaron la devolución del territorio ancestral usurpado, el abandono de las empresas transnacionales responsables del desequilibrio en la vida mapuche y la desmilitarización del Wallmapu. Por último, hicieron un llamado de movilización a todas las expresiones de resistencia que luchan día a día por la liberación nacional de su pueblo.
Sin embargo, de manera irrisoria e indiferente ante las demandas de los presos políticos mapuche, la respuesta del sistema judicial chileno fue otorgar el cambio de medida cautelar al policía responsable de la muerte del weichave Camilo Catrillanca en noviembre del 2018, permitiéndole pasar su proceso jurídico con arresto domiciliario ante la amenaza que el Covid-19 representaba para su vida. A contracorriente la justicia ha negado sistematicamente cambiar las medidas cautelares de los imputados mapuche fruto del conflicto territorial existente en Wallmapu.
La criminalizacion en tiempos de pandemia, el carácter racista de la justicia sumado a la indiferencia del gobieno de recoger las demandas de los presos políticos mapuche en huelga de hambre, ha generado como respuesta el aumento progresivo de las acciones de resistencia en las zonas de Arauco y Malleco, epicentro del conflicto territorial que mantiene el estado, empresas forestales y latifundistas con las comunidades y lov mapuche en Resistencia. Es así como entre los meses de abril y mayo, en plena crisis sanitaria, la resistencia mapuche reivindicó cerca de 30 acciones armadas e incendiarias en contra de sus enemigos estrategicos, principalmente empresas forestales, exigiendo la libertad de los prisioneros políticos aumentando, con ello, la tensión en la zona.
Si bien la prisión política en Chile afecta de manera transversal a los sectores comunitarios y populares que han decidido luchar por una sociedad distinta, el sesgo racista y colonial con que opera el sistema judicial bajo los intereses económico-políticos del Estado, vulneran de forma particular y situada al ser mapuche. De este modo, la cárcel y la persecución política constituyen mecanismos de sometimiento contra aquellas experiencias como el Lov Elikura que han construido, metro a metro, alternativas emancipatorias de vida frente los verdaderos kuxan que azotan al mundo: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado.
1 Entre los miles de casos que afectan particularmente a las clases populares, destacan los presos políticos Esteban Bustos, Gilberto Mendoza y Rubén Rivas, todos encarcelados desde la insurrección de octubre y militantes del Movimiento Juvenil Lautaro – MJL, organización política perseguida y criminalizada ininterrumpidamente desde la dictadura pinochetista.
2 El Wallmapu es la referencia al territorio Mapuche en su plenitud el cual, en términos generales, está compuesto por el Puelmapu (porción territorial al oriente de la Cordillera de los Andes, hoy Argentina) y el Gulumapu (porción territorial al poniente del macizo cordillerano, hoy Chile). Este último, a su vez, se divide en Lavkenmapu (hacia la costa), Huillimapu (hacia el sur), Pikunmapu (hacia el centro) y Pehuenmapu (hacia la cordillera). Lo lavkenche, en este caso, se refiere en mapudungun a la gente que habita el lavkenmapu.
3 Para Quidel (2020), los anuncios sobre este difícil contexto el pueblo mapuche los identificó en señales como los eclipses, el florecimiento de la quila y otros fenómenos que anunciaban “malas situaciones, hambre, enfermedades y daños”, en sus palabras. Por ejemplo, para él, la “muerte del sol” o el gran eclipse que se vivió hace un tiempo atrás, fue la predominancia de la oscuridad sobre la luz y con esto, la determinación de un ciclo distinto en toda la vida sobre la tierra. El Covid-19 puede ser parte de este ciclo. Se puede consultar su artículo en https://www.comunidadhistoriamapuche.cl/fey-ga-akuy-ti-ahtu-entonces-el-dia-llego-una-lectura-de-la-pandemia-desde-un-mapuche-rakizuam/
4 Bajo el ordenamiento territorial chileno, esta zona quedaría ubicada en la Provincia de Arauco, VIII región de Chile.
5 Sobre este tema revisar el libro “¡Xipamün pu ülka! La usurpación forestal del Lavkenmapu y el proceso actual de recuperación”, escrito por distintas comunidades y Lov en resistencia lavkenche.
6 En octubre de 1974 se emitió el Decreto de Ley 701 con el fin de subsidiar y asegurar el modelo forestal en Chile. Tal decreto ha sido sistemáticamente renovado por los gobiernos de turno.
7 Hace algunos meses supimos la muerte de Miguel Segundo Leviqueo Catrileo, lavkenche con historias, campesino y faenero, el cual pese a las múltiples violencias que vivió y que en sus mismas palabras le hicieron “dudar de su pueblo”, hacia el final de su vida sintió orgullo por todo aquello que no se atrevió a hacer y que actualmente su progenitor llevaba adelante en el Lov Elikura. Estas líneas van dedicadas a él, a su hijo que sufre con dignidad la prisión política en la cárcel de Lebu y a las lamuen de este proceso de resistencia que día a día afirman con valentía una alternativa de existencia y emancipación frente a este sistema de muerte.
8 Por ejemplo, la Forestal Mininco es dueña del Fundo San Ernesto, el cual comprende una superficie total de 2.871 hectáreas.
9 El trabajo más exhaustivo sobre este proceso fue escrito por Natasha Olivera durante el año 2017. Ella es integrante del medio de prensa mapuche Aukin, referente de contrainformación en el Lavkenmapu. Se puede acceder a este en: https://www.mapuexpress.org/2017/12/20/las-centrales-hidroelectricas-que-amenazan-los-rios-del-valle-de-elicura/
10 Así se llama a la población lavkenche de este territorio, significando “che” “persona” o “gente” en mapudungun.
11 En el comunicado, publicado por Aukin, se expresa: “Mediante la presente carta queremos hacer público nuestro agradecimiento a los lonkos Miguel Leviqueo (Elicura), José Lepicheo (Huentelolen), Marcelino Paineo (Antiquina) y Francisco Linco (Lleu Lleu) que hoy martes llegaron a acompañarnos a la cárcel de Lebu para celebrar un masivo nguillanmawün al interior de este penal, en donde permanecemos prisioneros desde el pasado 29 de enero. Gracias también a todas las pu lamuen, pu peñi pu papay, pu wekeche, ka pichikeche de los Lov en Resistencia de Cayucupil, Pichillenquehue, Quiliwe, Elicura, Peleco, Huentelolen, Huape, Pocuno, Lleu Lleu, Antiquina, Curapaillaco, Kolkuma y demas territorios que vinieron a entregarnos su newen y apoyo.”
por Natasha Olivera, Julio Parra & Edgars Martínez Navarrete
La pandemia del COVID-19 suspendió la coyuntura política más importante abierta en Chile desde el fin de la dictadura. A partir del 18 de octubre de 2019, millones de personas ocuparon las calles y los territorios del oasis neoliberal latinoamericano buscando cambiar un ordenamiento constitucional que ha perpetuado los intereses del imperialismo en el país del sur. El ¨milagro chileno¨, como llamó Friedman a las reformas de liberalización económica adoptadas durante el régimen militar, no tardó en sacralizar la desigualdad social como norma divina y a las clases dominantes como sus sacerdotes. De esta manera, la crisis pandémica que actualmente azota al mundo se superpuso a la crisis del modelo chileno, dejando al descubierto su verdadero motor: la mercantilización total de la vida social.
En ambos escenarios la lógica de administración de la crisis operó bajo un mismo patrón punitivista y de pauperización: en el primero, con gran dolor para el campo popular, dejando miles de heridos, 32 muertos en manos de policías o militares y más de 2 mil 500 presos políticos[1]. y, en el segundo, desprotegiendo a grandes masas de trabajadores/as, salvando a empresas privadas con fondos públicos y sacando a las calles, nuevamente, a numerosas tropas militares para salvaguardar un inútil toque de queda nocturno. De este modo, el proceso de imbricación de las crisis está siendo utilizado para articular medidas de control social, políticas de precarización, un conjunto de legislaciones en beneficio de las élites y para apuntalar al capital financiero.
Si bien este nuevo contexto de pandemia significó un salvavidas para el gobierno de Sebastián Piñera, el cual después de la rebelión de octubre se mantenía en la presidencia con tan sólo un 6% de aprobación y en la mira de los organismos internacionales de Derechos Humanos, durante las últimas semanas el hambre y la falta de oportunidades económicas han obligado a las clases populares a generar alternativas para alimentarse, emergiendo instancias como las ollas comunes y, frente a tal escenario, han vuelto a brotar manifestaciones de indignación contestataria. Al parecer, todo indica que si esta compleja situación continúa la rebelión popular volverá a tomarse las calles de Chile, con o sin pandemia.
Sin embargo, esta superposición de crisis no afecta transversalmente a todo el país. Como siempre, es sobre los sectores populares y los pueblos indígenas donde recaen las peores consecuencias de estos embates, exponiendo la acumulación histórica de desigualdades a las que han estado sometidos. Es por esto que en diversas zonas del Wallmapu[2] los Lov y comunidades mapuche inmediatamente tomaron medidas ante la aparición de la pandemia: entre otras, se activaron redes de apoyo alimentario y frente a la nula reacción del gobierno, se levantaron cordones higiénicos comunitarios con el fin de restringir el tránsito de turistas y el transporte de algunas mercancías por los territorios.
Desde el plano de las resistencias, la pandemia exhibió también ciertas distinciones importantes entre el movimiento mapuche y el movimiento chileno que se habían “desdibujado” con el levantamiento de octubre y que resaltarlas nos ayudaría a comprender la fortaleza contenida en estas dos vías de lucha contra un enemigo compartido. Así, sería imposible establecer que ambas colectividades luego de la rebelión compartían, en estricto rigor, estrategias de lucha. Aunque ejercieron en determinados momentos prácticas conjuntas de resistencia, las cuales expresan potencialmente lo que podríamos llamar una rebeldía plurinacional, estas manifestaciones no lograron desbordar el plano de lo inmediato y de lo simbólico: la presencia masiva de la wenufoye (bandera mapuche) en las marchas, la destrucción de diversas estatuas coloniales en las principales ciudades de Chile y la inestable legitimación de la violencia política en manos de la “primera línea”, fueron expresiones concretas de una adscripción común que no logró ni ha logrado fraguarse en una alianza de emancipación.
De esta forma, si bien en un plano estratégico algunos dirigentes mapuche reconocieron que su liberación como pueblo dependía de la liberación de los sectores chilenos oprimidos, el movimiento mapuche autonomista marcó una táctica a ritmo propio dentro de la rebelión de octubre y también dentro de la crisis pandémica. A nuestra consideración, más allá de lo programático, esto obedece a una concepción diferenciada sobre las formas de entender las tramas históricas de la dominación y la emancipación que, si bien no son antagónicas, tienen matices importantes. Ejemplo de esto, es como el pueblo mapuche, a diferencia del pueblo chileno, comprende y analiza la actual pandemia desde la integralidad de su historia de sometimiento y resistencia y no como un evento espasmódico.
Más allá del Covid-19: la pandemia vista desde el mapuche rakizuam
El pueblo mapuche hace décadas que viene denunciando la nocividad del modelo capitalista neoliberal. No tan sólo en un plano material, donde las consecuencias sobre sus tierras son alarmantes, sino también en torno a las diferentes tramas espirituales, culturales y políticas que sustentan su forma de vida y que la lógica colonial del capitalismo ha sofocado históricamente. Tales embestidas, han causados múltiples transformaciones sobre el territorio y en las formas de vinculación humana que en este se desarrollan, obligando a las poblaciones locales a trastocar los ciclos productivos, a enfrentar sequías, plagas, enfermedades y otras adversidades derivadas de la expansión de los modelos forestal, energético y minero en el Wallmapu. Además de esto, con el fin de proteger los intereses del capital, gran parte del territorio en conflicto está militarizado, ante lo cual las comunidades deben lidiar con allanamientos sistemáticos, retenes y una serie de hostigamientos recurrentes. Por lo anterior, no es extraño que desde la cosmogonía mapuche se refieran a la pandemia actual desde la memoria del despojo y la violencia, la cual se remonta a otros males arribados mucho tiempo atrás que aún afectan su itrofil mongen (la vida en su plenitud).
Desde el mapuche rakizuam (pensamiento mapuche), por tanto, es imposible ver la pandemia actual como un fenómeno únicamente biológico, desligándolo de otros factores que han perjudicado y enfermado por largo tiempo a la totalidad de seres coexistentes sobre la mapu (tierra)[3]. Según José Quidel (2020), intelectual mapuche, el kuxan (enfermedad) es una “entidad viva que tiene diversos orígenes y que en algún momento logra penetrar en algunas de las dimensiones del che (persona); puede ser en su püjü (espíritu), en su rakizuam (pensamiento), en ragi chegen (lo social) o en su kalül (cuerpo biológico) y desde allí se nutre, se fortalece”. Con el tiempo, y si no es tratado, este kuxan va apoderándose del entramado donde se introdujo, provocando daños y trastornos que llegan a ser irremediables. Tal es el motivo de que muchas comunidades y Lov comprendan y expliquen sus problemas individuales y comunitarios atendiendo las inestabilidades que un kuxan puede provocar en lo social.
Bajo esta concepción, la cual reta al paradigma biomédico hegemónico, el pueblo mapuche entiende al Covid-19 como un kuxan que enraíza su naturaleza multidimensional en el resultado nocivo de una serie de procesos ejecutados por distintos dispositivos capitalistas y coloniales sobre cuerpos, territorios, recursos y espiritualidades de gente mapuche y no mapuche en términos de larga duración. Es decir, la aparición de esta enfermedad, que ha expuesto los límites de la administración neoliberal de la vida, no es producto de un “acontecimiento” concreto ni aislado, sino de la nociva condensación contemporánea con que se ha desarrollado históricamente el sistema de dominación sobre el Wallmapu.
Por lo anterior, desde este plano histórico e interdependiente, derivado del mapuche rakizuam, podríamos sostener que el ascenso de las recuperaciones territoriales mapuche durante los últimos años se debe a la necesidad de buscar alternativas de vida frente a estas múltiples crisis que socavaron sus posibilidades de reproducción comunitaria, hoy nuevamente amenazadas por el Covid-19.
Las razones históricas del kuxan: el caso del Lov Elikura
La madrugada del 29 de enero, más de un centenar de efectivos policiales allanó violentamente 5 viviendas en el Valle de Elicura, territorio lavkenche del Wallmapu[4]. Entre golpes, forcejeos y múltiples vulneraciones a sus familias, se llevaron en calidad de detenidos a Matías Leviqueo, Eliseo Reiman, Guillermo Camus, Esteban Huichacura, Carlos Huichacura y Manuel Huichacura. Bajo la presunta participación en la muerte de un vecino de la zona, aquella misma tarde todos los imputados pasaron a control de detención y quedaron en prisión preventiva.
En la audiencia de formalización se pudo constatar que las únicas pruebas en contra de los comuneros fueron declaraciones brindadas por testigos protegidos las cuales, además de ser contradictorias entre sí, no lograron establecer indicio alguno que vinculara a los imputados con el supuesto delito. Ignorando estos vacíos jurídicos, los peñi de Elicura fueron trasladados a la cárcel de Lebu, en la Provincia de Arauco, iniciando así su prisión política que se extiende hasta la actual crisis pandémica.
Lamentablemente, tal ejercicio de criminalización no es ninguna novedad en el Lavkenmapu. Frente al ascenso de las recuperaciones territoriales durante los últimos años, el estado, las forestales y los latifundistas de la región han utilizado diversos mecanismos de coerción para proteger las tierras mapuche que usurparon y los intereses económicos que materializaron sobre estas, aprovechándose de las desigualdades y vulneraciones que ellos mismos crearon a costa de la división comunitaria, el empobrecimiento familiar y la escasa generación de opciones laborales superexplotadas. Sin embargo, ante el despliegue actual de distintos procesos de antagonismo comunitario en la zona que han logrado desbordar tales mecanismos, la maniobra predominante articulada desde los sectores de poder ha sido la criminalización de estas experiencias a través de montajes o causas judiciales viciadas. De alguna forma, este conjunto de prácticas ha permitido reproducir las condiciones por donde fluye el kuxan en el territorio.
Los presos políticos de Elicura son consecuencia de esta historia. Particularmente aquellos integrantes del Lov Elikura, experiencia lavkenche de resistencia que recuperó hace dos años el ex fundo Las Vertientes, hasta ese entonces en manos de los grandes latifundistas del sector, la familia Rivas. Este clan familiar se instaló junto a otros grupos de colonos a finales del siglo XIX en la ribera del Lago Lanalhue, cuerpo de agua sagrado en la cosmogonía mapuche, y desde entonces gran parte de sus herederos han sido responsables y cómplices de una serie de despojos sobre el Valle de Elicura, sometiendo racialmente a su población y mercantilizando de manera sistemática sus recursos naturales.
Comenzando el siglo pasado, con más o menos conflictos, el proceso de concentración de la tierra lavkenche fue tremendamente desigual. Si bien existieron avances sustantivos a favor de las comunidades durante los ciclos de reforma agraria estos fueron severamente interrumpidos con el golpe de estado, evento aprovechado por muchas familias adineradas de la zona, entre ellas los Rivas, para ampliar sus deslindes territoriales adquiriendo predios y parcelas bajo métodos ilegales[5] o a precios ridículamente bajos. A través de la contrarreforma agraria en el Valle de Elikura las porciones de tierra que no continuaban en manos latifundistas el Estado terminó de fragmentarlas mediante dos vías principales: por un lado, las superficies emplazadas en zonas boscosas fueron adquiridas por empresarios forestales mediante dudosos remates, lo cual les permitió una rápida expansión del monocultivo de pino y eucalipto apoyada, además, con generosas dádivas estatales[6], y, por otro, las hectáreas más amplias de valle fértil se entregaron a parceleros chilenos, arrinconando a las familias mapuche a pequeños predios en los cuales les era imposible realizar sus actividades de subsistencia; mutilando sus dinámicas productivas, acosando sus prácticas culturales y obligándoles a vivir en dependencia de la patronal. Don Miguel Leviqueo Catrileo[7], expresaba sobre esta situación que “siempre los mapuche vivimos en pequeños predios de tierra mientras los ricos se hacían sus casas en lo alto, en tremendas parcelas, de ahí nos miraban como sembrábamos lo poco para vivir”.
Estos procesos dirigidos a la desarticulación de las comunidades lavkenche, continuaron bajo otras modalidades una vez acabada la dictadura. Los Rivas, como “dueños” del Valle, se llenaron los bolsillos a costa del negocio forestal y constituyeron alianzas con el gran capital maderero, expandiendo en conjunto las plantaciones de monocultivo que para ese entonces ya rodeaban al Valle de Elikura[8]. Pese a las conquistas políticas que el movimiento mapuche logró establecer durante el periodo neoliberal y a ciertas aperturas legales que permitieron su presencia en restringidos espacios democráticos, la lógica multicultural del capitalismo en la transición perpetuó el despojo en todo el Wallmapu.
En este contexto, las familias lavkenche del Valle siguieron viviendo en profundas condiciones de desigualdad, las cuales nuevamente se agudizaron con el arribo de distintas transnacionales a comienzos del presente siglo. Primero, arremetieron algunas compañías menores de extracción de áridos sobre los ríos Calebu y Elicura, principales arterias hídricas del territorio que alimentan el Lago Lanalhue, causando daños irreparables en estos (Olivera, 2017)[9]. Posteriormente, desde el año 2016, con la aprobación para construir la central hidroeléctrica “Gustavito” de la corporación energética española Hidrowatt, que a la vez pertenece al grupo empresarial Impulso, se evidenciaron los planes de levantar otras dos hidroeléctricas en el Valle por parte de este conglomerado económico. Frente a tal situación, la cual comenzaba a despertar sospechas e indignaciones, el lonko Miguel Leviqueo rápidamente indicó que estos proyectos “no nos benefician en nada, sólo nos traen destrucción” (ídem.)
Es posible identificar que tales amenazas se convirtieron prontamente en enemigos comunes para una población local profundamente fragmentada y desunida producto de las múltiples violencias y racismos a las cuales había sido sometida por largo tiempo. La inminente llegada de las hidroeléctricas al territorio significó un encuentro colectivo frente a las injusticias presentes y pasadas, una indignación común que quedó plasmada en las palabras de Pamela Rayman, werken del Lov Elikura, al sostener que “ya estamos plagados de forestales, con Hidrowatt no será lo mismo”. Así, durante ese año nace el “Movimiento en Defensa de los Ríos del Valle de Elicura”, organización conformada por gente mapuche y no mapuche que llevó adelante una serie de acciones para frenar la instalación de estos megaproyectos, alcanzando su apogeo en julio de 2016 con la toma de la carretera P‑60‑R que une Cañete y Contulmo, dos de los principales centros urbanos de la zona. Si bien este movimiento sembró las primeras semillas de antagonismo colectivo en el Valle luego de largos años de letargo, el desgaste de la lucha jurídica, las fricciones intrínsecas de cualquier organización y algunos conformismos ante ciertos avances en la lucha, terminó por disolverlo.
Pero la resistencia en el Valle de Elicura no concluyó con el movimiento. La juventud elikurache[10], nacida y crecida entre pinos y latifundistas no se conformó con estas pequeñas victorias y afirmados en su derecho a la autodeterminación decidieron avanzar definitivamente en la reconstitución territorial y cultural del Valle, único camino posible para desgarrar la historia de sometimiento que pesaba sobre sus hombros. De esta manera, el 21 de enero del 2019 pu peñi ka pu lamuen entraron a recuperar el Fundo Las Vertientes, perteneciente hasta ese entonces a un heredero de la familia Rivas, naciendo así el Lov Elikura y constituyéndose como una experiencia de resistencia que ha significado un obstáculo concreto al avance del despojo en el Lavkenmapu.
Desde tal entonces, las estructuras chilenas de dominación han desplegado sobre este Lov diversos mecanismos de represión, intentando desarticular las actividades que sustentan su entramado comunitario y con las cuales se posibilita la concientización de aquella gente que aún no se atreve a enfrentarlas. El allanamiento ocurrido a finales de enero y la subsecuente prisión política que viven los peñi de Elikura deben verse como una acción más de esta estrategia de persecución y hostigamiento.
La prisión política mapuche en tiempos de crisis pandémica
El 11 de febrero del presente año se reunieron fuera de la cárcel de Lebu distintos Lov y comunidades en resistencia del Lavkenmapu y otros territorios con la finalidad de apoyar a los presos políticos de Elikura que ya cumplían una decena de días tras las rejas. Mediante un comunicado que logró salir a la luz pública[11] agradecieron a las autoridades y pu peñi ka pu lamuen que aquel día les acompañaron en la realización de un nguillanmawün, ceremonia mapuche dirigida a brindarles newen (fuerza) y a pedir justicia ante el proceso que los mantiene privados de su libertad.
«Estamos en tiempos de lucha, pero también de resistencia. Debemos apoyarnos como hermanos y hermanas en cualquier territorio y alzar la voz ante las amenazas de cualquier tipo. Dejar la pasividad y pasar a la acción y esta huelga es eso, es un paso hacia la movilización dado que es preferible morir luchando que de rodillas ante un sistema opresor que a través del miedo a un virus somete implacablemente.«
Machi Celestino Córdova, en huelga de hambre en la cárcel de Temuco
Además de esto, reiteraron su apoyo a todos los presos políticos mapuche y no mapuche recluidos en distintas cárceles de Chile. Hasta la fecha, son una treintena los weichave (combatientes) que se encuentran en prisión preventiva, o cumpliendo condenas por distintas causas, obligados a vivir la pandemia en drásticas condiciones higiénicas propias del confinamiento. Tal situación, además de vulnerar sus Derechos Humanos, viola los principios de la medicina mapuche que establecen una vinculación estrecha entre el che y las diferentes actividades desarrolladas en su mapu. Asimismo, ante el recrudecimiento del punitivismo estatal, dentro de los centros penitenciarios han proliferado algunas zonas grises que son aprovechadas por el personal de gendarmería para ejercer distintas formas de violencia racista contra la población mapuche.
Frente a estas claras desventajas que viven los presos políticos mapuche ante la justicia chilena, desde el lunes 4 de mayo muchos de ellos tomaron la drástica decisión de iniciar o retomar la huelga de hambre como medida de presión ante el sistema ejecutivo y judicial. Particularmente, Sergio Levinao; Víctor Llanquileo; Sinecio Huenchullan; Freddy Marileo; Juan Queipul; Juan Calbucoy; Danilo Nahuelpi; Reinaldo Penchulef, todos presos en la cárcel de Angol, y el machi Celestino Córdova, en la cárcel de Temuco, con esta nociva determinación exigieron al gobierno acogerse al convenio 169 de la OIT y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los cuales indican la opción de cambiar las medidas cautelares en estos contextos de crisis. Asimismo, demandaron la devolución del territorio ancestral usurpado, el abandono de las empresas transnacionales responsables del desequilibrio en la vida mapuche y la desmilitarización del Wallmapu. Por último, hicieron un llamado de movilización a todas las expresiones de resistencia que luchan día a día por la liberación nacional de su pueblo.
Sin embargo, de manera irrisoria e indiferente ante las demandas de los presos políticos mapuche, la respuesta del sistema judicial chileno fue otorgar el cambio de medida cautelar al policía responsable de la muerte del weichave Camilo Catrillanca en noviembre del 2018, permitiéndole pasar su proceso jurídico con arresto domiciliario ante la amenaza que el Covid-19 representaba para su vida. A contracorriente la justicia ha negado sistematicamente cambiar las medidas cautelares de los imputados mapuche fruto del conflicto territorial existente en Wallmapu.
La criminalizacion en tiempos de pandemia, el carácter racista de la justicia sumado a la indiferencia del gobieno de recoger las demandas de los presos políticos mapuche en huelga de hambre, ha generado como respuesta el aumento progresivo de las acciones de resistencia en las zonas de Arauco y Malleco, epicentro del conflicto territorial que mantiene el estado, empresas forestales y latifundistas con las comunidades y lov mapuche en Resistencia. Es así como entre los meses de abril y mayo, en plena crisis sanitaria, la resistencia mapuche reivindicó cerca de 30 acciones armadas e incendiarias en contra de sus enemigos estrategicos, principalmente empresas forestales, exigiendo la libertad de los prisioneros políticos aumentando, con ello, la tensión en la zona.
Si bien la prisión política en Chile afecta de manera transversal a los sectores comunitarios y populares que han decidido luchar por una sociedad distinta, el sesgo racista y colonial con que opera el sistema judicial bajo los intereses económico-políticos del Estado, vulneran de forma particular y situada al ser mapuche. De este modo, la cárcel y la persecución política constituyen mecanismos de sometimiento contra aquellas experiencias como el Lov Elikura que han construido, metro a metro, alternativas emancipatorias de vida frente los verdaderos kuxan que azotan al mundo: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado.
1 Entre los miles de casos que afectan particularmente a las clases populares, destacan los presos políticos Esteban Bustos, Gilberto Mendoza y Rubén Rivas, todos encarcelados desde la insurrección de octubre y militantes del Movimiento Juvenil Lautaro – MJL, organización política perseguida y criminalizada ininterrumpidamente desde la dictadura pinochetista.
2 El Wallmapu es la referencia al territorio Mapuche en su plenitud el cual, en términos generales, está compuesto por el Puelmapu (porción territorial al oriente de la Cordillera de los Andes, hoy Argentina) y el Gulumapu (porción territorial al poniente del macizo cordillerano, hoy Chile). Este último, a su vez, se divide en Lavkenmapu (hacia la costa), Huillimapu (hacia el sur), Pikunmapu (hacia el centro) y Pehuenmapu (hacia la cordillera). Lo lavkenche, en este caso, se refiere en mapudungun a la gente que habita el lavkenmapu.
3 Para Quidel (2020), los anuncios sobre este difícil contexto el pueblo mapuche los identificó en señales como los eclipses, el florecimiento de la quila y otros fenómenos que anunciaban “malas situaciones, hambre, enfermedades y daños”, en sus palabras. Por ejemplo, para él, la “muerte del sol” o el gran eclipse que se vivió hace un tiempo atrás, fue la predominancia de la oscuridad sobre la luz y con esto, la determinación de un ciclo distinto en toda la vida sobre la tierra. El Covid-19 puede ser parte de este ciclo. Se puede consultar su artículo en https://www.comunidadhistoriamapuche.cl/fey-ga-akuy-ti-ahtu-entonces-el-dia-llego-una-lectura-de-la-pandemia-desde-un-mapuche-rakizuam/
4 Bajo el ordenamiento territorial chileno, esta zona quedaría ubicada en la Provincia de Arauco, VIII región de Chile.
5 Sobre este tema revisar el libro “¡Xipamün pu ülka! La usurpación forestal del Lavkenmapu y el proceso actual de recuperación”, escrito por distintas comunidades y Lov en resistencia lavkenche.
6 En octubre de 1974 se emitió el Decreto de Ley 701 con el fin de subsidiar y asegurar el modelo forestal en Chile. Tal decreto ha sido sistemáticamente renovado por los gobiernos de turno.
7 Hace algunos meses supimos la muerte de Miguel Segundo Leviqueo Catrileo, lavkenche con historias, campesino y faenero, el cual pese a las múltiples violencias que vivió y que en sus mismas palabras le hicieron “dudar de su pueblo”, hacia el final de su vida sintió orgullo por todo aquello que no se atrevió a hacer y que actualmente su progenitor llevaba adelante en el Lov Elikura. Estas líneas van dedicadas a él, a su hijo que sufre con dignidad la prisión política en la cárcel de Lebu y a las lamuen de este proceso de resistencia que día a día afirman con valentía una alternativa de existencia y emancipación frente a este sistema de muerte.
8 Por ejemplo, la Forestal Mininco es dueña del Fundo San Ernesto, el cual comprende una superficie total de 2.871 hectáreas.
9 El trabajo más exhaustivo sobre este proceso fue escrito por Natasha Olivera durante el año 2017. Ella es integrante del medio de prensa mapuche Aukin, referente de contrainformación en el Lavkenmapu. Se puede acceder a este en: https://www.mapuexpress.org/2017/12/20/las-centrales-hidroelectricas-que-amenazan-los-rios-del-valle-de-elicura/
10 Así se llama a la población lavkenche de este territorio, significando “che” “persona” o “gente” en mapudungun.
11 En el comunicado, publicado por Aukin, se expresa: “Mediante la presente carta queremos hacer público nuestro agradecimiento a los lonkos Miguel Leviqueo (Elicura), José Lepicheo (Huentelolen), Marcelino Paineo (Antiquina) y Francisco Linco (Lleu Lleu) que hoy martes llegaron a acompañarnos a la cárcel de Lebu para celebrar un masivo nguillanmawün al interior de este penal, en donde permanecemos prisioneros desde el pasado 29 de enero. Gracias también a todas las pu lamuen, pu peñi pu papay, pu wekeche, ka pichikeche de los Lov en Resistencia de Cayucupil, Pichillenquehue, Quiliwe, Elicura, Peleco, Huentelolen, Huape, Pocuno, Lleu Lleu, Antiquina, Curapaillaco, Kolkuma y demas territorios que vinieron a entregarnos su newen y apoyo.”
por Natasha Olivera, Julio Parra & Edgars Martínez Navarrete
La pandemia del COVID-19 suspendió la coyuntura política más importante abierta en Chile desde el fin de la dictadura. A partir del 18 de octubre de 2019, millones de personas ocuparon las calles y los territorios del oasis neoliberal latinoamericano buscando cambiar un ordenamiento constitucional que ha perpetuado los intereses del imperialismo en el país del sur. El ¨milagro chileno¨, como llamó Friedman a las reformas de liberalización económica adoptadas durante el régimen militar, no tardó en sacralizar la desigualdad social como norma divina y a las clases dominantes como sus sacerdotes. De esta manera, la crisis pandémica que actualmente azota al mundo se superpuso a la crisis del modelo chileno, dejando al descubierto su verdadero motor: la mercantilización total de la vida social.
En ambos escenarios la lógica de administración de la crisis operó bajo un mismo patrón punitivista y de pauperización: en el primero, con gran dolor para el campo popular, dejando miles de heridos, 32 muertos en manos de policías o militares y más de 2 mil 500 presos políticos[1]. y, en el segundo, desprotegiendo a grandes masas de trabajadores/as, salvando a empresas privadas con fondos públicos y sacando a las calles, nuevamente, a numerosas tropas militares para salvaguardar un inútil toque de queda nocturno. De este modo, el proceso de imbricación de las crisis está siendo utilizado para articular medidas de control social, políticas de precarización, un conjunto de legislaciones en beneficio de las élites y para apuntalar al capital financiero.
Si bien este nuevo contexto de pandemia significó un salvavidas para el gobierno de Sebastián Piñera, el cual después de la rebelión de octubre se mantenía en la presidencia con tan sólo un 6% de aprobación y en la mira de los organismos internacionales de Derechos Humanos, durante las últimas semanas el hambre y la falta de oportunidades económicas han obligado a las clases populares a generar alternativas para alimentarse, emergiendo instancias como las ollas comunes y, frente a tal escenario, han vuelto a brotar manifestaciones de indignación contestataria. Al parecer, todo indica que si esta compleja situación continúa la rebelión popular volverá a tomarse las calles de Chile, con o sin pandemia.
Sin embargo, esta superposición de crisis no afecta transversalmente a todo el país. Como siempre, es sobre los sectores populares y los pueblos indígenas donde recaen las peores consecuencias de estos embates, exponiendo la acumulación histórica de desigualdades a las que han estado sometidos. Es por esto que en diversas zonas del Wallmapu[2] los Lov y comunidades mapuche inmediatamente tomaron medidas ante la aparición de la pandemia: entre otras, se activaron redes de apoyo alimentario y frente a la nula reacción del gobierno, se levantaron cordones higiénicos comunitarios con el fin de restringir el tránsito de turistas y el transporte de algunas mercancías por los territorios.
Desde el plano de las resistencias, la pandemia exhibió también ciertas distinciones importantes entre el movimiento mapuche y el movimiento chileno que se habían “desdibujado” con el levantamiento de octubre y que resaltarlas nos ayudaría a comprender la fortaleza contenida en estas dos vías de lucha contra un enemigo compartido. Así, sería imposible establecer que ambas colectividades luego de la rebelión compartían, en estricto rigor, estrategias de lucha. Aunque ejercieron en determinados momentos prácticas conjuntas de resistencia, las cuales expresan potencialmente lo que podríamos llamar una rebeldía plurinacional, estas manifestaciones no lograron desbordar el plano de lo inmediato y de lo simbólico: la presencia masiva de la wenufoye (bandera mapuche) en las marchas, la destrucción de diversas estatuas coloniales en las principales ciudades de Chile y la inestable legitimación de la violencia política en manos de la “primera línea”, fueron expresiones concretas de una adscripción común que no logró ni ha logrado fraguarse en una alianza de emancipación.
De esta forma, si bien en un plano estratégico algunos dirigentes mapuche reconocieron que su liberación como pueblo dependía de la liberación de los sectores chilenos oprimidos, el movimiento mapuche autonomista marcó una táctica a ritmo propio dentro de la rebelión de octubre y también dentro de la crisis pandémica. A nuestra consideración, más allá de lo programático, esto obedece a una concepción diferenciada sobre las formas de entender las tramas históricas de la dominación y la emancipación que, si bien no son antagónicas, tienen matices importantes. Ejemplo de esto, es como el pueblo mapuche, a diferencia del pueblo chileno, comprende y analiza la actual pandemia desde la integralidad de su historia de sometimiento y resistencia y no como un evento espasmódico.
Más allá del Covid-19: la pandemia vista desde el mapuche rakizuam
El pueblo mapuche hace décadas que viene denunciando la nocividad del modelo capitalista neoliberal. No tan sólo en un plano material, donde las consecuencias sobre sus tierras son alarmantes, sino también en torno a las diferentes tramas espirituales, culturales y políticas que sustentan su forma de vida y que la lógica colonial del capitalismo ha sofocado históricamente. Tales embestidas, han causados múltiples transformaciones sobre el territorio y en las formas de vinculación humana que en este se desarrollan, obligando a las poblaciones locales a trastocar los ciclos productivos, a enfrentar sequías, plagas, enfermedades y otras adversidades derivadas de la expansión de los modelos forestal, energético y minero en el Wallmapu. Además de esto, con el fin de proteger los intereses del capital, gran parte del territorio en conflicto está militarizado, ante lo cual las comunidades deben lidiar con allanamientos sistemáticos, retenes y una serie de hostigamientos recurrentes. Por lo anterior, no es extraño que desde la cosmogonía mapuche se refieran a la pandemia actual desde la memoria del despojo y la violencia, la cual se remonta a otros males arribados mucho tiempo atrás que aún afectan su itrofil mongen (la vida en su plenitud).
Desde el mapuche rakizuam (pensamiento mapuche), por tanto, es imposible ver la pandemia actual como un fenómeno únicamente biológico, desligándolo de otros factores que han perjudicado y enfermado por largo tiempo a la totalidad de seres coexistentes sobre la mapu (tierra)[3]. Según José Quidel (2020), intelectual mapuche, el kuxan (enfermedad) es una “entidad viva que tiene diversos orígenes y que en algún momento logra penetrar en algunas de las dimensiones del che (persona); puede ser en su püjü (espíritu), en su rakizuam (pensamiento), en ragi chegen (lo social) o en su kalül (cuerpo biológico) y desde allí se nutre, se fortalece”. Con el tiempo, y si no es tratado, este kuxan va apoderándose del entramado donde se introdujo, provocando daños y trastornos que llegan a ser irremediables. Tal es el motivo de que muchas comunidades y Lov comprendan y expliquen sus problemas individuales y comunitarios atendiendo las inestabilidades que un kuxan puede provocar en lo social.
Bajo esta concepción, la cual reta al paradigma biomédico hegemónico, el pueblo mapuche entiende al Covid-19 como un kuxan que enraíza su naturaleza multidimensional en el resultado nocivo de una serie de procesos ejecutados por distintos dispositivos capitalistas y coloniales sobre cuerpos, territorios, recursos y espiritualidades de gente mapuche y no mapuche en términos de larga duración. Es decir, la aparición de esta enfermedad, que ha expuesto los límites de la administración neoliberal de la vida, no es producto de un “acontecimiento” concreto ni aislado, sino de la nociva condensación contemporánea con que se ha desarrollado históricamente el sistema de dominación sobre el Wallmapu.
Por lo anterior, desde este plano histórico e interdependiente, derivado del mapuche rakizuam, podríamos sostener que el ascenso de las recuperaciones territoriales mapuche durante los últimos años se debe a la necesidad de buscar alternativas de vida frente a estas múltiples crisis que socavaron sus posibilidades de reproducción comunitaria, hoy nuevamente amenazadas por el Covid-19.
Las razones históricas del kuxan: el caso del Lov Elikura
La madrugada del 29 de enero, más de un centenar de efectivos policiales allanó violentamente 5 viviendas en el Valle de Elicura, territorio lavkenche del Wallmapu[4]. Entre golpes, forcejeos y múltiples vulneraciones a sus familias, se llevaron en calidad de detenidos a Matías Leviqueo, Eliseo Reiman, Guillermo Camus, Esteban Huichacura, Carlos Huichacura y Manuel Huichacura. Bajo la presunta participación en la muerte de un vecino de la zona, aquella misma tarde todos los imputados pasaron a control de detención y quedaron en prisión preventiva.
En la audiencia de formalización se pudo constatar que las únicas pruebas en contra de los comuneros fueron declaraciones brindadas por testigos protegidos las cuales, además de ser contradictorias entre sí, no lograron establecer indicio alguno que vinculara a los imputados con el supuesto delito. Ignorando estos vacíos jurídicos, los peñi de Elicura fueron trasladados a la cárcel de Lebu, en la Provincia de Arauco, iniciando así su prisión política que se extiende hasta la actual crisis pandémica.
Lamentablemente, tal ejercicio de criminalización no es ninguna novedad en el Lavkenmapu. Frente al ascenso de las recuperaciones territoriales durante los últimos años, el estado, las forestales y los latifundistas de la región han utilizado diversos mecanismos de coerción para proteger las tierras mapuche que usurparon y los intereses económicos que materializaron sobre estas, aprovechándose de las desigualdades y vulneraciones que ellos mismos crearon a costa de la división comunitaria, el empobrecimiento familiar y la escasa generación de opciones laborales superexplotadas. Sin embargo, ante el despliegue actual de distintos procesos de antagonismo comunitario en la zona que han logrado desbordar tales mecanismos, la maniobra predominante articulada desde los sectores de poder ha sido la criminalización de estas experiencias a través de montajes o causas judiciales viciadas. De alguna forma, este conjunto de prácticas ha permitido reproducir las condiciones por donde fluye el kuxan en el territorio.
Los presos políticos de Elicura son consecuencia de esta historia. Particularmente aquellos integrantes del Lov Elikura, experiencia lavkenche de resistencia que recuperó hace dos años el ex fundo Las Vertientes, hasta ese entonces en manos de los grandes latifundistas del sector, la familia Rivas. Este clan familiar se instaló junto a otros grupos de colonos a finales del siglo XIX en la ribera del Lago Lanalhue, cuerpo de agua sagrado en la cosmogonía mapuche, y desde entonces gran parte de sus herederos han sido responsables y cómplices de una serie de despojos sobre el Valle de Elicura, sometiendo racialmente a su población y mercantilizando de manera sistemática sus recursos naturales.
Comenzando el siglo pasado, con más o menos conflictos, el proceso de concentración de la tierra lavkenche fue tremendamente desigual. Si bien existieron avances sustantivos a favor de las comunidades durante los ciclos de reforma agraria estos fueron severamente interrumpidos con el golpe de estado, evento aprovechado por muchas familias adineradas de la zona, entre ellas los Rivas, para ampliar sus deslindes territoriales adquiriendo predios y parcelas bajo métodos ilegales[5] o a precios ridículamente bajos. A través de la contrarreforma agraria en el Valle de Elikura las porciones de tierra que no continuaban en manos latifundistas el Estado terminó de fragmentarlas mediante dos vías principales: por un lado, las superficies emplazadas en zonas boscosas fueron adquiridas por empresarios forestales mediante dudosos remates, lo cual les permitió una rápida expansión del monocultivo de pino y eucalipto apoyada, además, con generosas dádivas estatales[6], y, por otro, las hectáreas más amplias de valle fértil se entregaron a parceleros chilenos, arrinconando a las familias mapuche a pequeños predios en los cuales les era imposible realizar sus actividades de subsistencia; mutilando sus dinámicas productivas, acosando sus prácticas culturales y obligándoles a vivir en dependencia de la patronal. Don Miguel Leviqueo Catrileo[7], expresaba sobre esta situación que “siempre los mapuche vivimos en pequeños predios de tierra mientras los ricos se hacían sus casas en lo alto, en tremendas parcelas, de ahí nos miraban como sembrábamos lo poco para vivir”.
Estos procesos dirigidos a la desarticulación de las comunidades lavkenche, continuaron bajo otras modalidades una vez acabada la dictadura. Los Rivas, como “dueños” del Valle, se llenaron los bolsillos a costa del negocio forestal y constituyeron alianzas con el gran capital maderero, expandiendo en conjunto las plantaciones de monocultivo que para ese entonces ya rodeaban al Valle de Elikura[8]. Pese a las conquistas políticas que el movimiento mapuche logró establecer durante el periodo neoliberal y a ciertas aperturas legales que permitieron su presencia en restringidos espacios democráticos, la lógica multicultural del capitalismo en la transición perpetuó el despojo en todo el Wallmapu.
En este contexto, las familias lavkenche del Valle siguieron viviendo en profundas condiciones de desigualdad, las cuales nuevamente se agudizaron con el arribo de distintas transnacionales a comienzos del presente siglo. Primero, arremetieron algunas compañías menores de extracción de áridos sobre los ríos Calebu y Elicura, principales arterias hídricas del territorio que alimentan el Lago Lanalhue, causando daños irreparables en estos (Olivera, 2017)[9]. Posteriormente, desde el año 2016, con la aprobación para construir la central hidroeléctrica “Gustavito” de la corporación energética española Hidrowatt, que a la vez pertenece al grupo empresarial Impulso, se evidenciaron los planes de levantar otras dos hidroeléctricas en el Valle por parte de este conglomerado económico. Frente a tal situación, la cual comenzaba a despertar sospechas e indignaciones, el lonko Miguel Leviqueo rápidamente indicó que estos proyectos “no nos benefician en nada, sólo nos traen destrucción” (ídem.)
Es posible identificar que tales amenazas se convirtieron prontamente en enemigos comunes para una población local profundamente fragmentada y desunida producto de las múltiples violencias y racismos a las cuales había sido sometida por largo tiempo. La inminente llegada de las hidroeléctricas al territorio significó un encuentro colectivo frente a las injusticias presentes y pasadas, una indignación común que quedó plasmada en las palabras de Pamela Rayman, werken del Lov Elikura, al sostener que “ya estamos plagados de forestales, con Hidrowatt no será lo mismo”. Así, durante ese año nace el “Movimiento en Defensa de los Ríos del Valle de Elicura”, organización conformada por gente mapuche y no mapuche que llevó adelante una serie de acciones para frenar la instalación de estos megaproyectos, alcanzando su apogeo en julio de 2016 con la toma de la carretera P‑60‑R que une Cañete y Contulmo, dos de los principales centros urbanos de la zona. Si bien este movimiento sembró las primeras semillas de antagonismo colectivo en el Valle luego de largos años de letargo, el desgaste de la lucha jurídica, las fricciones intrínsecas de cualquier organización y algunos conformismos ante ciertos avances en la lucha, terminó por disolverlo.
Pero la resistencia en el Valle de Elicura no concluyó con el movimiento. La juventud elikurache[10], nacida y crecida entre pinos y latifundistas no se conformó con estas pequeñas victorias y afirmados en su derecho a la autodeterminación decidieron avanzar definitivamente en la reconstitución territorial y cultural del Valle, único camino posible para desgarrar la historia de sometimiento que pesaba sobre sus hombros. De esta manera, el 21 de enero del 2019 pu peñi ka pu lamuen entraron a recuperar el Fundo Las Vertientes, perteneciente hasta ese entonces a un heredero de la familia Rivas, naciendo así el Lov Elikura y constituyéndose como una experiencia de resistencia que ha significado un obstáculo concreto al avance del despojo en el Lavkenmapu.
Desde tal entonces, las estructuras chilenas de dominación han desplegado sobre este Lov diversos mecanismos de represión, intentando desarticular las actividades que sustentan su entramado comunitario y con las cuales se posibilita la concientización de aquella gente que aún no se atreve a enfrentarlas. El allanamiento ocurrido a finales de enero y la subsecuente prisión política que viven los peñi de Elikura deben verse como una acción más de esta estrategia de persecución y hostigamiento.
La prisión política mapuche en tiempos de crisis pandémica
El 11 de febrero del presente año se reunieron fuera de la cárcel de Lebu distintos Lov y comunidades en resistencia del Lavkenmapu y otros territorios con la finalidad de apoyar a los presos políticos de Elikura que ya cumplían una decena de días tras las rejas. Mediante un comunicado que logró salir a la luz pública[11] agradecieron a las autoridades y pu peñi ka pu lamuen que aquel día les acompañaron en la realización de un nguillanmawün, ceremonia mapuche dirigida a brindarles newen (fuerza) y a pedir justicia ante el proceso que los mantiene privados de su libertad.
«Estamos en tiempos de lucha, pero también de resistencia. Debemos apoyarnos como hermanos y hermanas en cualquier territorio y alzar la voz ante las amenazas de cualquier tipo. Dejar la pasividad y pasar a la acción y esta huelga es eso, es un paso hacia la movilización dado que es preferible morir luchando que de rodillas ante un sistema opresor que a través del miedo a un virus somete implacablemente.«
Machi Celestino Córdova, en huelga de hambre en la cárcel de Temuco
Además de esto, reiteraron su apoyo a todos los presos políticos mapuche y no mapuche recluidos en distintas cárceles de Chile. Hasta la fecha, son una treintena los weichave (combatientes) que se encuentran en prisión preventiva, o cumpliendo condenas por distintas causas, obligados a vivir la pandemia en drásticas condiciones higiénicas propias del confinamiento. Tal situación, además de vulnerar sus Derechos Humanos, viola los principios de la medicina mapuche que establecen una vinculación estrecha entre el che y las diferentes actividades desarrolladas en su mapu. Asimismo, ante el recrudecimiento del punitivismo estatal, dentro de los centros penitenciarios han proliferado algunas zonas grises que son aprovechadas por el personal de gendarmería para ejercer distintas formas de violencia racista contra la población mapuche.
Frente a estas claras desventajas que viven los presos políticos mapuche ante la justicia chilena, desde el lunes 4 de mayo muchos de ellos tomaron la drástica decisión de iniciar o retomar la huelga de hambre como medida de presión ante el sistema ejecutivo y judicial. Particularmente, Sergio Levinao; Víctor Llanquileo; Sinecio Huenchullan; Freddy Marileo; Juan Queipul; Juan Calbucoy; Danilo Nahuelpi; Reinaldo Penchulef, todos presos en la cárcel de Angol, y el machi Celestino Córdova, en la cárcel de Temuco, con esta nociva determinación exigieron al gobierno acogerse al convenio 169 de la OIT y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los cuales indican la opción de cambiar las medidas cautelares en estos contextos de crisis. Asimismo, demandaron la devolución del territorio ancestral usurpado, el abandono de las empresas transnacionales responsables del desequilibrio en la vida mapuche y la desmilitarización del Wallmapu. Por último, hicieron un llamado de movilización a todas las expresiones de resistencia que luchan día a día por la liberación nacional de su pueblo.
Sin embargo, de manera irrisoria e indiferente ante las demandas de los presos políticos mapuche, la respuesta del sistema judicial chileno fue otorgar el cambio de medida cautelar al policía responsable de la muerte del weichave Camilo Catrillanca en noviembre del 2018, permitiéndole pasar su proceso jurídico con arresto domiciliario ante la amenaza que el Covid-19 representaba para su vida. A contracorriente la justicia ha negado sistematicamente cambiar las medidas cautelares de los imputados mapuche fruto del conflicto territorial existente en Wallmapu.
La criminalizacion en tiempos de pandemia, el carácter racista de la justicia sumado a la indiferencia del gobieno de recoger las demandas de los presos políticos mapuche en huelga de hambre, ha generado como respuesta el aumento progresivo de las acciones de resistencia en las zonas de Arauco y Malleco, epicentro del conflicto territorial que mantiene el estado, empresas forestales y latifundistas con las comunidades y lov mapuche en Resistencia. Es así como entre los meses de abril y mayo, en plena crisis sanitaria, la resistencia mapuche reivindicó cerca de 30 acciones armadas e incendiarias en contra de sus enemigos estrategicos, principalmente empresas forestales, exigiendo la libertad de los prisioneros políticos aumentando, con ello, la tensión en la zona.
Si bien la prisión política en Chile afecta de manera transversal a los sectores comunitarios y populares que han decidido luchar por una sociedad distinta, el sesgo racista y colonial con que opera el sistema judicial bajo los intereses económico-políticos del Estado, vulneran de forma particular y situada al ser mapuche. De este modo, la cárcel y la persecución política constituyen mecanismos de sometimiento contra aquellas experiencias como el Lov Elikura que han construido, metro a metro, alternativas emancipatorias de vida frente los verdaderos kuxan que azotan al mundo: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado.
1 Entre los miles de casos que afectan particularmente a las clases populares, destacan los presos políticos Esteban Bustos, Gilberto Mendoza y Rubén Rivas, todos encarcelados desde la insurrección de octubre y militantes del Movimiento Juvenil Lautaro – MJL, organización política perseguida y criminalizada ininterrumpidamente desde la dictadura pinochetista.
2 El Wallmapu es la referencia al territorio Mapuche en su plenitud el cual, en términos generales, está compuesto por el Puelmapu (porción territorial al oriente de la Cordillera de los Andes, hoy Argentina) y el Gulumapu (porción territorial al poniente del macizo cordillerano, hoy Chile). Este último, a su vez, se divide en Lavkenmapu (hacia la costa), Huillimapu (hacia el sur), Pikunmapu (hacia el centro) y Pehuenmapu (hacia la cordillera). Lo lavkenche, en este caso, se refiere en mapudungun a la gente que habita el lavkenmapu.
3 Para Quidel (2020), los anuncios sobre este difícil contexto el pueblo mapuche los identificó en señales como los eclipses, el florecimiento de la quila y otros fenómenos que anunciaban “malas situaciones, hambre, enfermedades y daños”, en sus palabras. Por ejemplo, para él, la “muerte del sol” o el gran eclipse que se vivió hace un tiempo atrás, fue la predominancia de la oscuridad sobre la luz y con esto, la determinación de un ciclo distinto en toda la vida sobre la tierra. El Covid-19 puede ser parte de este ciclo. Se puede consultar su artículo en https://www.comunidadhistoriamapuche.cl/fey-ga-akuy-ti-ahtu-entonces-el-dia-llego-una-lectura-de-la-pandemia-desde-un-mapuche-rakizuam/
4 Bajo el ordenamiento territorial chileno, esta zona quedaría ubicada en la Provincia de Arauco, VIII región de Chile.
5 Sobre este tema revisar el libro “¡Xipamün pu ülka! La usurpación forestal del Lavkenmapu y el proceso actual de recuperación”, escrito por distintas comunidades y Lov en resistencia lavkenche.
6 En octubre de 1974 se emitió el Decreto de Ley 701 con el fin de subsidiar y asegurar el modelo forestal en Chile. Tal decreto ha sido sistemáticamente renovado por los gobiernos de turno.
7 Hace algunos meses supimos la muerte de Miguel Segundo Leviqueo Catrileo, lavkenche con historias, campesino y faenero, el cual pese a las múltiples violencias que vivió y que en sus mismas palabras le hicieron “dudar de su pueblo”, hacia el final de su vida sintió orgullo por todo aquello que no se atrevió a hacer y que actualmente su progenitor llevaba adelante en el Lov Elikura. Estas líneas van dedicadas a él, a su hijo que sufre con dignidad la prisión política en la cárcel de Lebu y a las lamuen de este proceso de resistencia que día a día afirman con valentía una alternativa de existencia y emancipación frente a este sistema de muerte.
8 Por ejemplo, la Forestal Mininco es dueña del Fundo San Ernesto, el cual comprende una superficie total de 2.871 hectáreas.
9 El trabajo más exhaustivo sobre este proceso fue escrito por Natasha Olivera durante el año 2017. Ella es integrante del medio de prensa mapuche Aukin, referente de contrainformación en el Lavkenmapu. Se puede acceder a este en: https://www.mapuexpress.org/2017/12/20/las-centrales-hidroelectricas-que-amenazan-los-rios-del-valle-de-elicura/
10 Así se llama a la población lavkenche de este territorio, significando “che” “persona” o “gente” en mapudungun.
11 En el comunicado, publicado por Aukin, se expresa: “Mediante la presente carta queremos hacer público nuestro agradecimiento a los lonkos Miguel Leviqueo (Elicura), José Lepicheo (Huentelolen), Marcelino Paineo (Antiquina) y Francisco Linco (Lleu Lleu) que hoy martes llegaron a acompañarnos a la cárcel de Lebu para celebrar un masivo nguillanmawün al interior de este penal, en donde permanecemos prisioneros desde el pasado 29 de enero. Gracias también a todas las pu lamuen, pu peñi pu papay, pu wekeche, ka pichikeche de los Lov en Resistencia de Cayucupil, Pichillenquehue, Quiliwe, Elicura, Peleco, Huentelolen, Huape, Pocuno, Lleu Lleu, Antiquina, Curapaillaco, Kolkuma y demas territorios que vinieron a entregarnos su newen y apoyo.”
porNatasha Olivera, Julio Parra & Edgars Martínez Navarrete
FUENTE: ACIWA
