Resumen Latinoamericano, 16 de junio de 2020
Estamos en un periodo reflexivo por dos razones. La primera porque vamos camino al bicentenario y necesitamos un norte; la segunda, porque la crisis del Coronavirus permite ver qué funciona y qué no funciona en el país. Y algo que no funciona es el MEF, que no ha sido capaz de responder a los retos que nos ha planteado la pandemia. Por eso una de las tareas camino a la celebración de nuestro bicentenario, como país soberano y democrático, debe ser la reforma del MEF.
El tema, para algunos, puede parecer poco importante. Sin embargo, es equivocado pensar así. El MEF es un superministerio que mantiene a una concentración extrema del poder económico del Estado, que no tiene contrapesos, que nadie fiscaliza y que hoy requiere, por ello, cambios urgentes. Desde que el dictador Alberto Fujimori clausuró el Instituto Nacional de Planificación (INP) y los tecnócratas neoliberales coparon el MEF y se convirtieron en los diseñadores e implementadores del modelo de libre mercado, empezó el problema. El MEF no solo concentró funciones y abuso de sus poderes, sino que también hizo de la economía un lugar “sagrado” que no podía ser “profanado” por la política; idea que se convirtió en una parte importante del “catecismo neoliberal”. Así, el MEF pasó a ser un actor vital de la dictadura fujimorista y columna principal del modelo económico neoliberal.
Ministros y tecnócratas se acostumbraron a decidir, legislar, presupuestar, negociar y promover inversiones luego de consultar con los grupos de poder. Por eso la arrogancia es su característica principal: no consultan, excepto a los lobbies y a sus asesores legales, muchos de ellos ligados a los grandes estudios de abogados, generando una “correa de trasmisión” entre el MEF y las grandes empresas. La llamada “puerta giratoria”, es decir, el traslado de esta tecnocracia del sector privado al estatal, es una de sus más claras expresiones de cómo funciona esta “correa de trasmisión” en lo que podemos hoy llamar la “República empresarial”.
Por eso no es extraño que redujeran las funciones del BCR en materia de estudios y propuestas económicas, limitándolo a políticas monetarias y de vigilancia de la inflación. Al eliminarse la planificación, el MEF opto por seguir, muchas veces a los lobbies, y a la “mano invisible del mercado”, sin planificar, proyectar y orientar la inversión pública al mediano y largo plazo. Lo paradójico de ello es que el MEF es quien vigila la situación fiscal (ingresos y gastos) y supervisa y decide, al mismo tiempo, las inversiones públicas, pero sin tener ni la capacidad ni el menor interés en planificar estratégicamente estas mismas inversiones públicas.
Es más, el MEF domina al resto de ministerios. Presupuesta casi a su voluntad y se lo impone a los otros ministerios de línea. Lo prepara y luego lo negocia “mercantilistamente” en el Congreso en la Comisión de Presupuesto, vía su contacto legislativo. A cambio de unas cuantas concesiones a los congresistas y a otros sectores, se aprueba casi sin debate y dejando de lado la opinión de la sociedad. Una vez aprobado el presupuesto, el MEF usa discrecionalmente su poder para darles a los ministerios, a los gobiernos regionales, los municipios y demás sectores, no los recursos que ellos necesitan y demandan, sino más bien de acuerdo a lo que el MEF ya había decidido antes de su aprobación. El MEF decide quién recibe, cuándo lo recibe y cuánto recibe. Acepta con reverencia y admiración que las corporaciones planifiquen, pero critican que el Estado deba planificar. Incluso, como expresión de este “pensamiento único” en que se ha convertido el neoliberalismo, han vetado el término planificar. Prefieren hablar vagamente de “planeamiento”. Su dogmatismo económico, junto con su autoritarismo tecnocrático, es extremo.
Es más, el MEF, muchas veces con la complicidad del Congreso, se ha acostumbrado a legislar por Decretos Legislativos evitando así cualquier debate público sobre el futuro de la economía. Todos los gobiernos le piden al Congreso poderes extraordinarios para gobernar de manera excepcional. El Congreso se los concede y el MEF prepara la legislación. Ahí entran a tallar los estudios de abogados, expertos en tributación y “consultores económicos”. Preparan por lo bajo y sin discusiones, con la excepción de la Confiep, las propuestas económicas que luego las tramitaran al Congreso para que éste las aprueba casi sin debate. Lo mismo sucede con los Decretos de Urgencia que promulga el Ejecutivo pues desde el primer gobierno de Alan García, son cada vez más la regla y no la excepción. Incluso se toman la libertad de promulgar leyes sin consultar con los sectores involucrados como sucedió con la “Ley Pulpín” tiempo atrás. Igual sucedió con la privatización de la educación. Han privatizado la política económica.
Una de las carencias mayores del MEF es su falta de visión del país y, por lo tanto, su manifiesta incapacidad de mirar el mediano plazo y decidir hacia donde se debe dirigir la inversión pública. Perú, a diferencia de Chile, Colombia y otros países, que tienen mejor Estado y más sentido de planificación, es uno de los pocos países que optó por la fórmula de juntar en un solo ministerio funciones de Hacienda y Economía, dejando al país sin una visión de futuro y permitiendo que los lobbies y los intereses privados manden en este sector.
Hay otros conflictos de intereses. El MEF al ser el encargado de los equilibrios macroeconómico y, a la vez, el que decide sobre el gasto, privilegia los equilibrios macro en detrimento de la inversión pública. Y nadie le puede decir nada. El CEPLAN, que debiera priorizar las inversiones no es tomado en cuenta. Está pintado en la pared. Es un adono que esconde la falta de planificación en nuestro país.
El Marco Macroeconómico Anual a las justas ve qué hacer en los próximos tres años. Las inversiones se hacen en función a lo que proponen los ministerios (y también los gobiernos regionales y locales) y le “sugiere” el sector privado. En realidad, el MEF antes que ministerio es un operador político y representante de determinados grupos económicos y sociales. No existe un Plan de Desarrollo Nacional que ordene una visión de conjunto de mediano y largo plazo que oriente al país.
Hace poco, para intentar parchar el problema, se aprueba un Plan de Productividad discutido con la CONFIEP y no con el país además de un Plan de Inversiones en Infraestructura (30 años después de haber optado por el camino equivocado; luego que terminaron los recursos de la bonanza, habiendo gastado en carreteras caras y poco útiles, como la Interoceanica, al doble del presupuesto original). A lo que se agrega el hecho que las inversiones, presupuestadas en US$ 100,000 millones están desagregadas en 66% para las Asociaciones Público Privadas (APPs, lo que impulsan la CONFIEP y el AFIN para financiarse con dinero del Estado) y solo 33% para la inversión pública.
Por ello, planteamos la necesidad de crear una real unidad de planificación y no una decorativa; que sea un ministerio o un organismo con ese nivel; que piense el país en nuevos términos: moderno, técnicamente, integrando, participativo; que tenga claro qué clase de desarrollo queremos y articulando al mismo tiempo al cumplimiento de las metas económicas con las sociales, laborales y medioambientales, en el entendido que son igualmente importantes.
Esta propuesta, lo sabemos, va a ser rechazada por aquellos que se benefician de este diseño: tecnócratas, grandes empresarios, estudios de abogados, lobistas y el ejército de consultores y consultoras que rodean al MEF. Por su parte, los grandes medios corporativos intentaran distorsionar el tema, alarmar a la población e invitar a comentar solo aquellos que defienden el modelo neoliberal como lo vemos en estos días.
Hoy, a nivel mundial, el corona virus demuestra las falencias y falacias de las políticas de libre mercado. El mundo entero, incluyendo organismos internacionales, se cuestionan una globalización liderada por las transnacionales que deja de lado las necesidades públicas en salud, educación e infraestructura. Una respuesta a estos cuestionamientos debe ser la revalorización del rol del Estado como también de la lucha contra desigualdad que hoy se ha convertido en la otra pandemia. El Perú no se puede quedar a la zaga y seguir pregonando y practicando las políticas obsoletas del llamado Consenso de Washington. Esas políticas representan el pasado. Lo que necesitamos es mirar con otros “anteojos” como diría nuestro poeta mayor César Vallejo, el futuro. Es imperativo ponerse al día. Eso significa cambiar las relaciones de poder que construyó la dictadura fujimorista y que hasta ahora continúan en el país en los últimos 30 años.
Es hora de cambiar. De crear, como se dice ahora, una nueva convivencia social donde todas y todos los peruanos compartamos por igual un mismo futuro. En ese camino se insertan los necesarios cambios y transformaciones del MEF, que es ahora el “bunker” de la defensa trasnochado y mercantilista modelo neoliberal actual.
FUENTE: Otra Mirada
