Las administraciones revictimizan a los sectores más precarizados al ser quienes sufren más la crisis económica y además ahora se arriesgan a multas o poner en peligro su salud.
Nota de prensa
Berri-Otxoak denuncia que cientos de familias empobrecidas tienen que elegir entre comprar comida o pagar por las mascarillas obligatorias
● La plataforma Berri-Otxoak ha protestado repartiendo mascarillas ante el Ayuntamiento, al que exige que las distribuya gratuitamente
● Una familia promedio tiene que gastar por encima de 110 euros al mes para protegerse
● Las personas empobrecidas sufren doblemente la crisis pandémica: son las más golpeadas por la prepariedad y el desempleo, y ahora se arriesgan a multas o a poner en peligro su salud
Barakaldo, 9 de junio de 2020
La plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak ha alertado de que “cientos de familias empobrecidas de Barakaldo y miles en Euskadi se ven cada día obligadas a decidir si gastan su escaso dinero en comprar comida o en pagar por mascarillas para evitar que les multen por no llevarlas”.
Lo ha denunciado realizando un reparto de cientos de mascarillas ante el edificio del Ayuntamiento de Barakaldo, en donde ha exigido a las instituciones que asuman el coste y distribuyan gratuitamente estas caretas de protección. “Las instituciones han impuesto el uso obligatorio en el transporte y espacios públicos, pero, al mismo tiempo, lo dejan en manos de las empresas privadas, que hacen negocio. Si son un instrumento esencial para la salud pública, deben ser distribuidas igual que los medicamentos”.
Al respecto, la plataforma ha criticado que “los responsables políticos vuelven a penalizar a quienes menos tienen y a quienes, por falta de recursos, tienen que trabajar a la fuerza en empleos y en condiciones de riesgo y precariedad, por lo que no pueden permanecer aislados en casa sino que obligatoriamente deben salir a la calle y usar un metro masificado, para lo que necesitan mascarillas”.
La asociación ha recordado que, según la organización de consumidores OCU, una familia promedio de cuatro personas tiene que hacer frente cada mes a un gasto superior a los 100 euros para poder disponer de estos sistemas de protección para la salud. “Para muchas personas, esta obligación legal supone elegir entre comprar comida o pagar por mascarillas, o tener que elegir entre enfermar por covid19 o por una alimentación insuficiente”.
En esta sentido, Berri-Otxoak ha subrayado las “graves consecuencias económicas y sociales para la población en situación de precariedad que tiene la decisión de las autoridades públicas de obligar a usar mascarilla, pero mantener su distribución como un negocio privado, en lugar de facilitarlas gratuitamente”.
Ante esta situación, Berri-Otxoak exige que sea considerado “un derecho el poder contar con mascarillas” y, en consecuencia, que “las Administraciones, entre ellas también el Ayuntamiento, pongan en marcha de un sistema que garantice, a través del departamento municipal de Acción Social, que el conjunto de la población puede acceder a esta protección”.
Berri-Otxoak ha urgido además al Ayuntamiento a la instalación en espacios municipales de puntos de entrega gratuita de mascarillas y ha instado a “que se ponga freno a la mercantilización del material sanitario y se garantice el derecho a la salud con un sistema de sanidad público, universal y gratuito”.
La entidad barakaldesa ha afirmado que el “muy importante desembolso económico” que implica el uso diario de mascarilla. “En el caso de una familia promedio compuesta por dos adultos y dos menores alcanza los 110 mensuales, una cantidad fuera del alcance de quieren carecen de recursos y que, como al menos 3.400 personas en Barakaldo, incluso dependen para comer del Banco de Alimentos”.
Berri-Otxoak ha subrayado que “la orden la obligatoriedad de esta medida de protección frente al Covid-19 no realiza ninguna mención a qué mecanismos se implementarán para hacerla accesible al conjunto de la población, incluida la que tiene muy bajos ingresos o padece pobreza, aunque sí queda claro que el no llevar mascarilla es objeto de sanción”.
“El uso obligatorio de las mascarillas sin garantizar su acceso gratuito revictimiza a las personas que viven en riesgo de exclusión social, en situación precaria o con ingresos insuficientes, que son doblemente castigadas. Por una parte, no se plantean medidas para garantizar una autoprotección eficaz de su salud y de prevención de contagios por coronavirus. Por otro se carga sobre sus ya maltrechas y empobrecidas economías un gasto adicional al que muchas personas no podrán hacer frente”.
La plataforma reclama también que “las autoridades sanitarias aseguren el abastecimiento en las farmacias de mascarillas infantiles, quirúrgicas, higiénicas y reutilizables fijando un precio máximo para todas las clases de mascarillas”.
Del mismo modo, exige “que se garantice la entrega gratuita a las personas beneficiarias del sistema público de salud más vulnerables y que puedan recogerlas en las farmacias con la sola presentación de su tarjeta sanitaria, así como la inclusión en la receta sanitaria de las mascarillas regulando la aportación máxima en farmacia a la persona usuaria”.