Por Reinaldo Iturriza. Resumen Latinoamericano, 7 de junio de 2020.
El régimen de EEUU trata de evitar que las gasolineras estatales venezolanas reciban combustible, pero se lo vende a las gasolineras privadas
De la misma manera que, para construir un relato económico creíble, con un mínimo de eficacia política, es necesario dar cuenta de la totalidad real, sin evadir responsabilidades (1), para saber dónde estamos parados y cuáles son las implicaciones de las políticas puestas en marcha, es necesario conocer los hechos.
En relación con el tema de los combustibles líquidos, con especial
énfasis en la gasolina, y a partir del “nuevo esquema” de distribución
anunciado por el presidente Nicolás Maduro el pasado 30 de mayo, un
detalle que resulta particularmente curioso es el poco o nulo
conocimiento que tenemos sobre un actor decisivo del mercado interno de
combustibles, lo que a su vez se relaciona directamente con su notable
bajo perfil público: los expendedores de gasolina.
Los expendedores de gasolina son actores privados que están agrupados
en Fenegas: Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de
Hidrocarburos. En algunas notas periodísticas aparece mencionada como
Federación Nacional de Expendedores de Gasolina. Su actual presidente es
Juan Barros.
El 11 de septiembre de 1998, siendo presidente Rafael Caldera, y en
plena campaña electoral (Chávez resultaría electo presidente por primera
vez menos de tres meses después), fue aprobada una Ley Orgánica de
Apertura del Mercado Interno de la Gasolina y Otros Combustibles
Derivados de los Hidrocarburos para Uso en Vehículos Automotores (2).
Tal y como su nombre lo indica, dicha Ley fue creada con el propósito
de “regular el proceso de apertura del mercado interno de la gasolina y
otros combustibles derivados de los hidrocarburos para uso en vehículos
automotores y crear las condiciones para una adecuada participación de
la empresa privada en el mismo” (artículo 1). Desde entonces, el sector
privado comenzó a participar en las actividades relacionadas con “el
transporte, el almacenamiento, la distribución y el expendio de dichos
productos en territorio nacional, incluida su importación” (artículo 3).
Poniendo orden
La Ley estuvo vigente durante una década, hasta 4 de septiembre de
2008, cuando fue aprobada la Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado
Interno de los Combustibles Líquidos (3). Antes, como recordaremos,
había sido aprobada una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), que entró en vigencia el 1 de enero de 2002, y cuya versión más reciente data de mayo de 2006 (4).
Con la entrada en vigencia de la LOH, la actividad de
comercialización de la gasolina y otros combustibles quedó reservada
exclusivamente al Estado venezolano (artículos 57 y 27). El sector
privado podía participar en las actividades de suministro,
almacenamiento, transporte, distribución y expendio de combustible,
actividades todas concebidas como un “servicio público”, siendo absoluta
potestad del Estado la fijación de precios, que asumía la
responsabilidad de “garantizar el suministro, la eficiencia del servicio
y evitar su interrupción” (artículo 60).
No obstante, con la aprobación de la Ley Orgánica de Reordenamiento
del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos, en 2008, se reservó
“al Estado la actividad de intermediación para el suministro de
combustibles líquidos, por razones de conveniencia nacional, carácter
estratégico, servicio público y de primera necesidad, realizada entre
Petróleo de Venezuela S.A., sus filiales y los establecimientos
dedicados a su expendio” (artículo 1). Al mismo tiempo, se reservó al
Estado “las actividades de transporte terrestre, acuático y de cabotaje
de combustibles líquidos” (artículo 2).
Para el momento en que se aprueba esta Ley, y según informó en su
momento el presidente Chávez, de las 1854 estaciones de servicio
existentes en el país, PDVSA controlaba alrededor de 600, poco más del
32 por ciento. Es decir, el sector privado tenía una participación en el
mercado interno de combustibles superior al 67 por ciento (5).
Un año después, según el Informe de Gestión Anual 2009 de PDVSA (6),
de las 1861 estaciones de servicio existentes en el país, PDVSA manejaba
directamente 803, mientras que el sector privado, bajo la modalidad de
“contrato de suministro”, manejaba 1058, es decir, el 56,85 por ciento
del total de estaciones de servicio, recibiendo, por tal concepto, un
subsidio directo del Estado.
Más recientemente, según el Informe de Gestión Anual 2016 de PDVSA
(7), de las 1803 estaciones de servicio existentes en el país, PDVSA
manejaba directamente 1088, y el sector privado 715. En otras palabras,
éste último seguía teniendo una participación de casi el 40 por ciento
en el mercado interno de combustibles, un porcentaje todavía mayor a la
participación de PDVSA en 2008.
El desorden
Suponiendo que, al día de hoy, la participación del sector privado en
el mercado interno de combustibles es similar a la de 2016, y dando por
descontado que las 200 estaciones de servicio que hoy expenden gasolina
no subsidiada están manejadas por privados, esto quiere decir, por
supuesto, que la mayoría de las estaciones de servicio controladas por
privados aún están obligadas a expender gasolina subsidiada.
Siendo éste el caso, ¿qué puede impedirnos suponer que al menos una
parte de las innumerables privaciones que está sufriendo la ciudadanía
para poder abastecerse de gasolina, se relaciona directa e
inmediatamente con la presión que estaría ejerciendo el sector privado, o
parte de él, para engrosar la lista de estaciones de servicio que no
expenden gasolina subsidiada, o para hacerse de una cuota mayor del
mercado interno de combustibles?
Conforme a múltiples relatos que circulan por las redes y de boca en
boca, la tendencia parece clara: las 200 estaciones de servicio que solo
expenden gasolina a “precio internacional” están ofreciendo un mejor
servicio, e incluso están mejor abastecidas, que las 1368 estaciones de
servicio restantes, un porcentaje de las cuales, no podemos saberlo, ni
siquiera están operativas hoy 4 de junio.
Hay otro aspecto, quizá el más importante de todos, que aún no ha
quedado del todo claro: ¿los operadores de estas 200 estaciones de
servicio han dejado de ser expendedores y han pasado a ser
comercializadores?
Al respecto, en su alocución del 30 de mayo, el presidente Maduro se
refirió a un “nuevo esquema de participación”, que incluye la
posibilidad de que estas 200 estaciones de servicio “vendan libremente”
la gasolina. Las mismas estaciones de servicio, “estratégicamente
ubicadas en el país”, estarían siendo “gestionadas por empresarios
privados que están trayendo su gasolina”.
En efecto, en entrevista concedida a la agencia estadounidense ‘The
Associated Press’ (AP), y publicada el pasado 29 de abril, el empresario
Wilmer Ruperti, dueño de Maroil Trading Inc., informó que había
comprado 300 mil barriles de combustible, que habían arribado a
Venezuela durante la cuarta semana de abril, y que un millón de barriles
adicionales estaban en camino. Siempre según AP, el empresario informó
que una parte de los recursos para comprar el combustible provenía de
PDVSA, y que durante el mes de marzo sus abogados habían notificado al
Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre sus planes de compra, y
no había recibido ninguna objeción (8).
Según la agencia Reuters, a comienzos del mismo mes de abril, la
Cámara Petrolera de Venezuela, capítulo Zulia, había propuesto al
Gobierno “flexibilizar las restricciones a la importación y venta de la
gasolina”. En la misma nota se lee que “una fuente de PDVSA dijo que la
estatal desestimó la oferta y prefirió centrar sus esfuerzos en reanudar
la producción en su circuito refinador” (9).
No obstante, según nota publicada en Argus el 9 de abril, un
integrante de la Comisión Presidencial “Alí Rodríguez Araque” habría
comentado que la propuesta “tiene mérito”. Y ofreció mayores detalles:
“La propuesta en discusión permitiría a los inversores o empresas
privadas venezolanas comprar e importar gasolina y diesel, distribuir el
combustible en todo el país y venderlo desde las estaciones de
servicio”, que les serían “transferidas” por PDVSA. “El combustible
importado se descargaría en las terminales… que se encuentran cerca de
sus refinerías… y la distribución de las terminales a las estaciones de
servicio sería manejada por los operadores privados, dijeron los
miembros de la comisión”. La estatal petrolera “también transferiría
docenas de camiones cisterna de combustible… al sector privado para
facilitar la distribución… Los miembros de la comisión… que favorecen la
propuesta del sector privado afirman que los precios actuales del
mercado negro demuestran la voluntad de algunos conductores de pagar lo
que sea necesario para llenar sus tanques de manera confiable” (10).
En todo caso, si tal y como ha informado el presidente Maduro, y ha
confirmado Ruperti, actores privados están comprando gasolina, y sobre
todo si fuera cierto que los operadores de las 200 estaciones de
servicio que venden a “precio internacional” han pasado a ser
comercializadores, esto permitiría comprender el interés de los
gasolineros en “demostrar” que la gestión privada del servicio es mucho
más eficiente que su gestión pública.
Y es justo en este punto donde se hace muy evidente que la cuestión
va mucho más allá de la diatriba aséptica sobre la buena o mala gestión,
por la que tanto se inclinan los tecnócratas y expertos, y comienzan a
develarse sus implicaciones políticas. Puesto que se comprenderá que la
relación de hechos económicos expuesta hasta aquí, es también una
relación de circunstancias políticas. También en este punto se hace casi
imposible discernir dónde termina el necesario pragmatismo implicado en
las medidas adoptadas y dónde comienza el oportunismo político.
Preguntas
Ciertamente, en un contexto de asedio económico como el que padece la
nación venezolana, puede resultar no solo deseable, sino incluso
inevitable, una mayor participación del sector privado en el mercado
interno de combustibles. Lo anterior, dando por descontado que resultaba
sencillamente irracional continuar regalando la gasolina, situación
contraria, dicho sea de paso, a la voluntad de la mayoría del pueblo
venezolano.
Al margen, incluso, de cualquier consideración de índole legal, lo
que no desdice de su pertinencia, cabe hacerse las siguientes preguntas,
entre otras: ¿cuál terminará siendo la participación del sector privado
en el mercado interno de combustibles? ¿Acaso puede negarse que el
sector privado presionará, puesto que tal es su naturaleza, por obtener
una cuota cada vez mayor del mercado? ¿Hasta dónde llegará la “retirada”
del Estado? ¿Estamos presenciando los primeros pasos de un esquema que
comprende la privatización progresiva de las estaciones de servicio? ¿Se
trata de un esquema temporal o permanente? ¿Solo la participación
mayoritaria del sector privado en el mercado puede garantizar una
eficiente prestación del servicio? ¿Una eventual participación
mayoritaria del sector privado en el mercado beneficiaría,
necesariamente, a la mayoría del pueblo venezolano?
El presidente Maduro aseguraba, el 30 de mayo, que “llegará el día en
que podamos equilibrar ingresos, salarios, bonos, precio justo del
transporte, con un precio mayor sustentable de la gasolina”. ¿Queda
descartada cualquier posibilidad de aumento del salario en el futuro
inmediato, siendo el caso que la clase trabajadora venezolana sobrevive
por debajo del umbral que supone el límite mínimo del valor de su fuerza
de trabajo, determinado por el valor de los artículos de primera
necesidad?
Por último, ¿el nuevo esquema prevé la eliminación de la venta de
gasolina a precio subsidiado en las estaciones de servicio, previa
adoptación de la modalidad de subsidio directo a los usuarios y
usuarias? En tal sentido, ¿se seguirá el ejemplo de Irán? Es un tema que
abordaré en una próxima entrega.
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Referencias
(1) Reinaldo Iturriza López. Cuarentena (IV): Un paréntesis sobre neoliberalismo y rebelión. 1 de noviembre de 2019. https://lahaine.org/cM9C
(2) Ley
Orgánica de Apertura del Mercado Interno de la Gasolina y Otros
Combustibles Derivados de los Hidrocarburos para Uso en Vehículos
Automotores. 11 de septiembre de 1998.
(3) Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos. 4 de septiembre de 2008.
(4) Ley Orgánica de Hidrocarburos. 24 de mayo de 2006.
(5) Hugo Chávez. Alocución. 27 de agosto de 2008.
(6) PDVSA. Informe de Gestión Anual 2009. Pág. 16.
(7) PDVSA. Informe de Gestión Anual 2016. Pág. 78.
(8) Joshua Goodman y Scott Smith. Shipping tycoon defends Venezuela gas delivery amid shortage. AP, 29 de abril de 2020.
(9) Deisy Buitrago y Luc Cohen. Sector privado de Venezuela propone flexibilizar reglas para importación de gasolina. Reuters, 10 de abril de 2020.
(10) Venezuela eyes private-sector path out of fuel crisis. Argus, 9 de abril de 2020.