Por Luis Britto. Resumen Latinoamericano, 12 de junio de 2020
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Durante casi un siglo, fue Venezuela el país con la gasolina más barata del mundo. Para uncirnos a su consumo Alberto Adriani lanzó a principios de los años cuarenta la política de desmantelar ferrocarriles y sustituirlos por carreteras de asfalto y transporte automotriz individual. Por imposición de las grandes ensambladoras norteñas de vehículos, terminamos bajo la tiranía de lo que Aquiles Nazoa llamó Su Majestad el Automóvil. A pesar de que durante buena parte del siglo no tuvimos refinerías, el precio de la gasolina fue siempre comparativamente bajo. Su abrupta elevación en 1989 por órdenes del Fondo Monetario Internacional alimentó el incendio de la rebelión popular del 27 de febrero, más que por el costo del combustible en sí, por los aumentos especulativos del pasaje que los transportistas aplicaron sin que ninguna iniciativa del poder los corrigiera. La gasolina quema gobiernos.
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Desde entonces subieron con desenfreno todos los precios, salvo el del combustible. Por su carácter inflamable y dependiente del Estado, la nafta parecía invulnerable a la inflación, aunque transportistas y camioneros sí elevaban con alto octanaje fletes y pasajes. Finalmente, la hiperinflación convirtió el precio subsidiado de la esencia en prácticamente nulo, por más que los encargados de las bombas cobraran sustanciosas propinas que se embolsillaban. Para el Estado hubiera salido más económico despedirlos y dejar que los usuarios se sirvieran a gusto en los surtidores. La gasolina arruina tesoros.
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El parque automotor en Venezuela, hacia 2018, constaba de 4.100.000
vehículos: 76 % particulares (3.100.000 unidades), 16 % transporte de
carga (660.000), 4.8 % motocicletas (200.000), 2 % transporte público
(80.000) y 1.2 % taxis (60.000). Cerca del 57% de esos vehículos, unos
233.000, están operativos, aunque muchos acusan señales de desgaste por
tiempo de uso. Llama la atención la presencia de casi un vehículo por
cada seis habitantes y el predominio absoluto de unidades de uso
personal sobre las de transporte público o de carga. Mas del 92% del
total se mueve con gasolina, para lo cual se requieren unos 90.000
barriles diarios. El mayor consumo del vital combustible corresponde a
los vehículos que transportan menor cantidad de personas o bienes. La
gasolina mueve el país.
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Se podrá acceder a la gasolina de acuerdo con el último número de la placa y el día de la semana, relación que cambia enigmáticamente cada siete días. También, se repondrá combustible en 1.368 gasolineras de servicio público y 200 privadas, en las primeras a 5.000 bolívares el litro y en las segundas a 0,50 dólares: unos 200.000 bolívares al cambio actual. Llenar un tanque de 60 litros de bencina subsidiada consumirá 300.000 bolívares, las tres cuartas partes del salario mínimo de 400.000. Colmarlo con la «privatizada» de 0,50 dólares requerirá 30 dólares; lo que al cambio actual de casi 200.000 exigirá 6.000.000 de bolívares: quince salarios mínimos; año y tres meses de trabajo. No lo consignamos como protesta contra el precio de la gasolina, que es importada, sino contra el monto insignificante de los sueldos, que pagan el trabajo nacional. En Venezuela se dolariza todo, menos los salarios.
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Dispone el artículo 303 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que «Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.» El que no exista obligación para el Estado de conservar todas las acciones de empresas constituidas «como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.», no implica que pueda dejar en manos privadas parte tan trascendente de sus negocios como la distribución al público. Por otra parte ¿Cómo se elige a los 300 particulares agraciados con el pingue privilegio de comprar gasolina del Estado a precio subsidiado y revenderla privadamente a «precio internacional»? ¿Cómo se garantizará que el vital combustible no falte en las estaciones de precio subsidiado ni sobre en las de «precio internacional»? El año pasado en la Feria del Libro de Puebla conversé con Ana Lidia Pérez, autora del libro El Cartel Negro: cómo el crimen organizado se ha apoderado de PEMEX. En él denuncia que en el país azteca funcionan unas 12.000 estaciones de servicio privadas, establecidas en complicidad con los alcaldes locales, que roban la gasolina de PEMEX a través de la red de complicidades llamada «huachicoleo» y la venden como si fuera propia al precio que les da la gana ¿Cómo evitaremos una jugosa red de «huachicoleo» que drene el combustible de expendedores públicos subsidiados hacia los privados dolarizados? ¿Cómo se impedirá que el contrabando de extracción lo siga pimpineando a un país vecino que refina con él 950 toneladas de cocaína por año? ¿Qué garantiza que al tener que pagar por ella los transportistas no se desquiten con los pasajeros imponiendo tarifas impagables que desaten algún conflicto social? La gasolina se evapora del Tesoro público y se condensa en bolsillos privados.
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La estatal PDVSA, cuya producción para 2014 llegaba a 3.274.000 barriles
diarios, cayó en seis años al extremo de no poder surtir el consumo
nacional. Como la mayoría de los venezolanos, ignoramos lo que en
realidad sucedió en la empresa de nuestra propiedad y de la que
dependemos. Conocemos que fue duramente golpeada por sabotajes, por el
bloqueo que impide importar maquinarias y componentes químicos. No
sabemos si infiltrados neoliberales la desmantelaron por dentro para
«justificar» una eventual privatización. Nos explican que la mala
gerencia de su presidente precipitó la calamidad. Nos preguntamos cómo
una sola persona pudo hacer tanto daño durante tanto tiempo sin que
otras autoridades se dieran cuenta y adoptaran los correctivos
indispensables. La conclusión atañe a la totalidad del sector público
venezolano: todo estará perdido mientras no se adopten controles
externos previos, concomitantes y posteriores de la gestión de la
Administración central, estadal, municipal, autónoma, de las
fundaciones, comunas y empresas del Estado, a fin de verificar el
efectivo cumplimiento de objetivos, metas y programas presupuestados. En
lugar de sancionar leyes que acuerdan privilegios inconstitucionales
para empresas extranjeras y nos someten a tribunales foráneos, la
Constituyente debería dedicar tiempo completo a perfeccionar la
carpintería legal de dicho sistema, perfectamente posible con los
recursos informáticos actuales. Sin ello, todos los fondos y activos
desaparecerán y la totalidad de los esfuerzos se disipará sin dejar
rastros. Basta de administraciones sumidas en el secreto, sin ningún
tipo de control ni más resultados que la catástrofe. La gasolina es
disolvente.
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En septiembre de 2006 inició Pdvsa la reactivación del programa de gas vehicular, en virtud del cual gran parte del transporte, sobre todo el de carga y de pasajeros, se movería con gas, liberando la preciosa gasolina para la exportación. De haberse completado, nuestro parque automotriz se movilizaría con un combustible abundante y barato, que actualmente se quema en la atmósfera. El proyecto fue inexplicablemente descontinuado. Se instalaron muy pocas estaciones de surtido de gas o de conversión de motores para su consumo. Urge reactivar esos programas. La inmensa mayoría de los vehículos sigue moviéndose con gasolina; no llegan al diez por ciento las unidades propulsadas por gasoil, también utilizado para tractores y unidades termoeléctricas. El impacto del costo de la gasolina depende del posible suministro de estos combustibles más accesibles y baratos: hasta el presente, muy limitado. La gasolina es sustituible.
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Terminando de escribir este artículo, me informan testigos presenciales que en bombas públicas de PDVSA no se consigue gasolina subsidiada de 5.000 bolívares, sino la de medio dólar por litro, que se cobra en efectivo en divisas, sin recibo ni devolución del cambio que sobre. Son irregularidades que urge corregir. En el Zulia ya están quince personas presas por semejante delito. Esperamos que caigan los incursos en él en todo el país. Sería insoportable que el magnífico esfuerzo conjunto de los gobiernos venezolano e iraní fuera a morir como negocito de unos pocos rufianes. Estamos ante un bloqueo maligno, duro, inmisericorde y criminal. Por la misma razón debemos ser disciplinados, justos, eficaces y honrados.
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