Por Julia Mottura, Resumen Latinoamericano 15 de julio de 2020
Estuvimos con Zulema Montero que es fundadora de la Asociación Civil Yanapacuna, que en lengua quechua significa “ayudémosnos”. La organización nace en 2006 con el objetivo de brindar asesoramiento legal a sus compatriotas migrantes con los temas relacionados a la regularización de su documentación. Zulema es abogada y nos relata la crítica situación que están viviendo las mujeres migrantes víctimas de violencia doméstica en esta etapa de pandemia.
Múltiples escenarios frente a la violencia doméstica
Habiendo el gobierno decretado el aislamiento social preventivo y obligatorio, muchas familias se han quedado en sus casas en estas circunstancias y se han detectado muchas situaciones de violencia psicológica, sexual y económica. Por lo que algunas mujeres, han llamado a Yanapacuna en esta situación para pedir asesoría jurídica. Nosotras, desde la asociación, lo que solemos hacer es animarlas a hacer la denuncia en la comisaria de la mujer, si es en provincia, y en Capital, en la oficina de Violencia Doméstica. En algunos casos hemos acompañado estas denuncias y hemos hecho presentaciones on line porque no se puede hacer de manera presencial. Si bien las resoluciones demoran un poco, dada la situación en la que nos encontramos. Pero al final, salen las medidas cautelares, como por ejemplo la perimetral, esto es para que el hombre violento no se acerque a la mujer (y a sus hijos e hijas en algunos casos). Luego, también se fija la cuota alimentaria, pero hay que tener las partidas de nacimiento y la documentación necesaria para poder acreditar la filiación.
Pero esta forma de actuar de los estados, varía de un lugar a otro. En algunas localidades con llamar a la Línea 144 basta para dar salida a la medida perimetral. En otras jurisdicciones la mujer tiene que hacer necesariamente la presentación y además tiene que presentar un patrocinio legal, o sea, no basta con la denuncia en la comisaría de la mujer. Sino que después, la denuncia tiene que ser ratificada en el juzgado por un abogado o abogada de oficio o particular. Y ahí está el problema más grande de las mujeres víctimas de violencia porque generalmente, es dependiente económicamente y muy pocas son independientes. Entonces no pueden pagarle a una abogada o abogado particular. Incluso, en algunos lugares se tiene que pagar un bono de acceso a la justicia y eso implica un gasto que tiene que hacer la mujer.
En muchos casos, en la comunidad boliviana, nosotras tratamos de hablar con la familia. Principalmente en los casos que no son graves. Vamos a los domicilios para conversar con la pareja y ver la posibilidad de que sigan, o no, conviviendo. Hacemos una mediación, esto se hace mucho en nuestro país. Algunas parejas suelen arreglar su situación de la mejor forma, en otras no. Se tiene que evaluar caso a caso.
La mano del hombre violento y la espalda del Estado
Otra situación que estuvimos viendo, que muchas mujeres que han logrado renunciar a sus parejas violentas, han quedado totalmente desamparadas, desprotegidas y en estados de vulnerabilidad. Puesto que han quedado a cargo de los niños y niñas y muchas viven de la economía informal, del trabajo día a día, y con la cuarentena no se les ha permitido más la venta y se han quedado sin recursos económicos. Lo que hemos visto, en la mayoría de los casos los padres, es decir los violentos denunciados, se han ido del hogar y no se sabe su paradero, no se hacen cargo en absoluto de pasar dinero por los alimentos. En muchas casos ni siquiera habían empezado la demanda por los alimentos y eso es un problema porque vemos que la mujer que denuncia violencia para pedir alimentos, en algunos casos se fijan medidas cautelares con cuotas por alimentos. Pero en otros casos, la mujer tiene que iniciar otro tramite por alimentos y muchas no lo hacen. Entonces se quedan sin ese aporte, piensan, para qué voy a perder más dinero y perder más tiempo, mejor mantengo sola a mis hijos e hijas. Pero ahora, en esta crisis, se la ven muy duro.
Desde la asociación estamos haciendo llegar alimentos, porque en algunos casos no han realizado el trámite en ANSES para cobrar la Asignación Universal por Hijo y en otros casos es el violento quien cobra esa asignación y luego, no se las da. Por otro lado, también vemos que en caso del Ingreso Familiar de Emergencia es peor. Porque a las migrantes no les llego esa ayuda, solo le llego al 20% de la población. Pero tras los reclamos que hicimos, aumentó al 40%. Es decir que el 60% de la comunidad migrante no tiene ese beneficio extraordinario que brinda el estado durante la pandemia. Entonces la situación de estas mujeres, es realmente crítica en esta época de cuarentena.
Exigencias
Desde el Ministerio de la Mujer es importante que se encaren políticas públicas a favor de las mujeres. Es decir, que se les brinde asistencia jurídica, psicológica, contención y seguimiento durante la etapa de la denuncia y posdenuncia. Pero sobre todo, soporte económico. Porque sin este apoyo económico por parte del estado, difícilmente vayan a denunciar y entonces vamos a seguir teniendo femicidios como los que estamos teniendo en este tiempo de cuarentena, y que se han incrementado bastante.
Es fundamental que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad brinde estadísticas oficiales que incluyan información diferenciada por género para poder entender mejor las circunstancias de esta población. La vulnerabilidad agravada en estos casos es causada por la discriminación que genera: ser mujer, ser migrante, a veces indocumentada, y ser pobre. La gestión de Gómez Alcorta debe atender esta suma de vulnerabilidades y tomar medidas efectivas para prevenir y atacar las violencias que se derivan de esta triple condición.