En una nota de prensa Ecologistas en Acción anuncia que ha presentado sus alegaciones al Anteproyecto de Ley de Impulso a la Sostenibilidad Territorial de Andalucía (LISTA) que, pese a la declaración de intenciones respecto a la “sostenibilidad”, pretende pivotar la recuperación económica de Andalucía en el ladrillo.
El fomento indiscriminado de la construcción no supone una mejora en la economía productiva, la que de verdad crea riqueza y empleo estable; muy al contrario, favorece la especulación y las burbujas financieras como la que hemos sufrido en nuestro país. También la corrupción va ligada a la facilidad de revalorizar suelos de forma ficticia, mediante recalificaciones que ahora se pretenden “agilizar”.
La organización ecologista entiende que la defensa del territorio debe basarse en restringir a lo estrictamente necesario la nueva ocupación de suelo para su urbanización. Hay que tener en cuenta que en Andalucía existen unas 620.000 viviendas secundarias y 637.000 vacías. Por ello, la nueva legislación no debe perseguir ocupar más suelos para la construcción, sino promover una política urbanística centrada en la rehabilitación y reutilización del patrimonio existente; de esa forma sí que se estaría contribuyendo a la sostenibilidad, a combatir el cambio climático, a la conservación de la biodiversidad y de nuestro patrimonio histórico y, de paso, a consolidar el modelo compacto de ciudad mediterránea, mucho más funcional y con menores costes de dotación de servicios y de gestión.
Esta nueva ley no garantiza ninguno de los dos mandatos constitucionales en relación con el urbanismo y la vivienda: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación…”. (Art. 47).
La LISTA está en sintonía con la Ley del Suelo de Aznar de 1998, de infausto recuerdo, que permitía edificar en todo suelo que no estuviera especialmente protegido. Ha pasado mucho tiempo, y la situación social, económica y ambiental ha cambiado, por lo que sería lógico que en una nueva ley andaluza se plasmasen los principios de la “Revolución Verde”, para lograr un futuro sostenible.
La tan cacareada simplificación y agilización pretenden, en realidad, facilitar la urbanización del suelo rústico, el denominado hasta ahora suelo no urbanizable. La LISTA instaura el urbanismo a la carta, que abre todas las posibilidades a la especulación y a la corrupción urbanística. La ley asegura que sólo se podrá urbanizar el suelo rústico colindante con el suelo urbano, pero hay tantas excepciones, que las invocaciones al modelo de ciudad compacta mediterránea quedan en una pura falacia. La nueva ley permitirá que siga la expansión descontrolada del urbanismo por todo el territorio andaluz.
Ecologistas en Acción ha propuesto a la Junta que en el suelo no urbanizable, es decir, en el campo, sólo se deben permitir actividades ligadas a los usos productivos agrícola, ganadero y forestal, y usos complementarios como turismo rural o industrias de primera transformación ligadas a la propia explotación. Lo demás, debe estar prohibido. Por eso, solicitan la eliminación de las actuaciones declaradas de interés público y social por los ayuntamientos, que incluye instalaciones industriales, turísticas, terciarias y lo que sería más demoledor, “edificaciones destinadas a uso residencial”. Se anularía, de esta manera, la prohibición de uso residencial en los suelos no urbanizables existente en la actual Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), salvo las viviendas unifamiliares ligadas a las explotaciones agropecuarias. La ley tiene que cerrar las puertas a la generalización de las segundas residencias en el campo. También proponemos la eliminación de las actuaciones de “Interés autonómico” promovidas por empresas privadas, que permitiría la implantación, al margen de lo que determine el planeamiento territorial y urbanístico, de todo tipo de proyectos en el suelo rústico.
En las alegaciones solicitan también la eliminación de los artículos que permitirían seguir desarrollando un PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) anulado por los tribunales. La Junta de Andalucía, en vez de garantizar la sujeción a la legislación de los planes urbanísticos, pretende blindarlos cuando se aprueban infringiendo normas legales.
Para evitar la especulación urbanística han realizado varias propuestas. Cualquier crecimiento urbanístico debe estar debidamente justificado en función del análisis de parámetros objetivos de crecimiento y demanda real, y ser colindantes al suelo urbano existente. En ningún caso, se permitirá urbanizar nuevos suelos destinados a usos residenciales si no hay crecimiento de población que lo justifique o demanda de vivienda protegida. La ley debe obligar a los ayuntamientos a reclasificar como suelo rústico los millones de metros cuadrados de suelo clasificado como urbanizable durante la burbuja inmobiliaria y que no haya sido desarrollado. En municipios litorales se clasificará una franja de 500 metros de anchura desde la línea del DPMT (Dominio Público Marítimo-Terrestre) como suelo rústico de especial protección. Otra medida imprescindible para evitar la especulación urbanística es acabar con la vigencia indefinida de la clasificación de suelos urbanizables, desclasificándolos de forma automática una vez superados los plazos de la programación del planeamiento urbanístico.
Francisco Vílchez
Andaluz de Granada (1980). Grado en Humanidades en la UGR. Pluriempleado en el sector servicios y aficionado a hablar de lo que la prensa no dice ni pío.
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