El gobierno de Donald Trump ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares “por información que lleve a la detención o enjuiciamiento” de Maikel Moreno, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la República Bolivariana de Venezuela.
Se trata de un nuevo capítulo de
la guerra multidimensional de Estados Unidos contra Venezuela, en específico de
la judicialización y persecución jurídica-policial de carácter imperial, que
plantea un escenario de tercerización por parte de Washington para lograr sus
objetivos de abatir al gobierno de Nicolás Maduro, entre otras tácticas.
En su cuenta Twitter, el
secretario de Estado Mike Pompeo escribió que Moreno
“usó su posición de autoridad para ganancia personal, aceptó sobornos para
influir en los resultados de algunos casos criminales en Venezuela. Con el
anuncio de hoy estamos enviando un mensaje claro: Estados Unidos está en contra
de la corrupción”.
El anuncio de la recompensa
también menciona a la esposa del presidente del TSJ, Debora Sacha Menicucci
Anzola, como parte de la recompensa millonaria.
Las autoridades de Washington
alegan que Moreno y su esposa forman parte de redes internacionales de
corrupción y crimen organizado, sumando su nombre al de otros altos
funcionarios de Venezuela por los que ofrece recompensas de monto similar,
entre ellos el propio presidente Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea
Nacional Constituyente Diosdado Cabello.
Asimismo el Departamento de
Estado dice en el comunicado que durante los últimos años, el presidente del
TSJ habría recibido sobornos en metálico o propiedades a cambio de decisiones
judiciales.
Moreno ha estado en el ojo del
huracán político-mediático que la Administración Trump promueve luego de que el
TSJ sentenciara a favor de la peticiones de remover el liderazgo de algunos
partidos de oposición y convocar juntas ad hoc, solicitud hecha por
grupos de políticos antichavistas de sus respectivos partidos que decidieron
participar en las próximas elecciones, siendo cohibidos por los dirigentes
históricos de la oposición.
Antes de ejercer la máxima
función del TSJ, Moreno había fungido como presidente de la Sala de Casación
Penal de la institución judicial venezolana.
Moreno, de 51 años y nacido en
El Tigre (estado Anzoátegui), es un abogado egresado en 1995 de la Universidad
Santa María, casa de estudios privada donde también obtuvo su doctorado en
Derecho Constitucional en el año 2014. Y no es la primera vez que obtiene la
atención estadounidense.
Como presidente de la Sala de
Casación Penal del TSJ ratificó la condena a Leopoldo López de 13 años, 9 meses
y 7 días, luego de que declarara inadmisible el recurso de apelación por parte
de la defensa.
Pero antes, en 2004, participó
como Juez 34º de Control y Presidente de la Sala Séptima de Apelaciones en la
investigación del asesinato del fiscal Danilo Anderson y estuvo encargado de
dictar la privativa de libertad al comisario Iván Simonovis, acusado de ser
responsable de los hechos policiales en el conocido tiroteo en Puente Llaguno
durante aquella tarde del 11 de abril de 2002.
Pero Estados Unidos escaló sobre
la figura del presidente del TSJ para convertirlo, sin pruebas y ad
hominem, en un fugitivo como si se tratara de un bandido o indio insurrecto
del Viejo Oeste en el siglo XIX.
Moreno respondió ante la nueva
ofensiva mediante un comunicado en el
que
“ratificó su autonomía y la del Poder Judicial,
ante cualquier pretensión injerencista que busque amedrentar y desviar el rumbo
de la administración de justicia, la cual se rige de forma estricta en los
postulados establecidos en la Constitución y leyes nacionales”.
La máxima autoridad judicial del
país calificó de “cobardes e infundadas” las acusaciones del gobierno
estadounidense, y “reitero que el Poder Judicial venezolano no acepta tutelaje
alguno de ningún gobierno extranjero, en nuestro país nos debemos a la
Constitución, a las leyes y al pueblo”.
El gobierno de Nicolás
Maduro, mediante el canciller Jorge Arreaza,
reafirmó su apoyo a Maikel Moreno y su esposa en esta etapa de persecución y
golpismo continuado, que apunta directamente a las cabezas de la
institucionalidad venezolana con el afán antichavista de producir un cambio de
régimen.
Por otro lado, la tercerización
del conflicto venezolano por parte del gobierno de Donald Trump alborota el
escenario que trajo consigo la fallida “Operación Gedeón” a
principios de mayo pasado, en el que un grupo mercenario liderado por la
contratista Silvercorp, de Jordan Goudreau, intentó incursionar con poder de
fuego en territorio venezolano con el fin de lograr obtener la cabeza del
presidente Nicolás Maduro y de los líderes políticos e institucionales del
chavismo requeridos por la justicia estadounidense.
La artillería angloimperial
contra las instituciones venezolanas continúa, bajo diferentes flancos y
métodos, pero siempre con un único objetivo hegemónico: socavar las bases
fundamentales de la República Bolivariana de Venezuela, de cuya cadena
protectora el poder judicial es un eslabón elemental.
Por Misión Verdad.
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