Resumen Latinoamericano, 29 de julio de 2020.
Desde el inicio del confinamiento, las organizaciones sociales registran un aumento de las agresiones contra las féminas. En paralelo, el Ministerio para la Mujer reconoce que recibe y atiende más denuncias a través de las redes sociales.
Millones de personas permanecen confinadas en sus casas para protegerse ante el repunte en los casos de coronavirus. No obstante, para muchas mujeres el hogar no es un lugar seguro porque se encuentran encerradas con su principal agresor.
De hecho, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, alertó que la pandemia trajo consigo un incremento de la violencia de género, «en todas sus formas», por lo que pidió a los países, «hacer de la prevención de la agresión contra las mujeres una parte clave de su respuesta nacional a la covid-19».
En Venezuela, la situación no es diferente. En la actualidad, el país no maneja cifras oficiales de violencia de género o femicidios, porque no se discriminan esos datos en los reportes generales sobre homicidios, que son ofrecidos cada cierto tiempo por las instituciones con competencia en esa área.
Ante ese panorama, los registros realizados por algunas organizaciones, como el monitor de femicidios de Utopix, señalan que durante el mes de junio ocurrieron 21 asesinatos de mujeres por violencia machista; para alcanzar un total de 130 casos este año, es decir, una media de cinco femicidios semanales.
«Si el año 2019 tuvo cifras altas, en el 2020 el crecimiento ha sido desmesurado debido a la cuarentena implementada para evitar el coronavirus, ya que ahora las mujeres y niñas están expuestas a los agresores las 24 horas del día», apunta la socióloga Aimeé Zambrano, autora de este informe.
Respuesta oficial
La viceministra para la Igualdad de Género y No Discriminación de Venezuela, Antonieta De Stefano, confirmó a RT que, desde el inicio de la cuarentena, la cartera recibe y atiende más denuncias a través de las redes sociales.
«Tenemos unas claves para comunicarnos con ellas y verlas, bajo todas las medidas de seguridad. Las acompañamos, intentamos convencerlas para que pongan la denuncia, le hacemos seguimiento telefónico a la situación aunque, si los casos son extremos, mandamos inmediatamente a la policía», expresó.
Este trabajo se hace a través de las denominadas «defensoras delegadas», que son funcionarias del Ministerio especialistas en la materia y «defensoras comunitarias», formadas para acompañar a las víctimas dentro de la comunidad, «pongan o no la denuncia». De estas últimas, en Caracas hay 300.
«El Ministerio de la Mujer funge como ente defensor, mientras que el Ministerio Publico (MP) es el que decide. Nosotras presionamos para que la Fiscalía coloque medidas de protección a las víctimas porque la mayoría de ellas prefieren abandonar sus casas. Los maltratadores, por lo general, se quedan con las residencias, llevan a nuevas parejas y continúan la violencia, mientras que las mujeres se quedan en la calle con sus hijos», explica.
Antonieta De Stefano, viceministra para la Igualdad de Género y No Discriminación de VenezuelaNosotras presionamos para que la Fiscalía coloque medidas de protección a las víctimas porque la mayoría de ellas prefieren abandonar sus casas. Los maltratadores, por lo general, se quedan con las residencias, llevan a nuevas parejas y continúan la violencia, mientras que las mujeres se quedan en la calle con sus hijos.
Sin embargo, Stefano alerta que lo más complicado es conseguir que las mujeres recurran a la justicia, ya que terminan encerradas en el «ciclo de la violencia». «Han llegado mujeres golpeadas a centros médicos públicos, a veces con niños o embarazadas, y se niegan a poner la denuncia. En ocasiones, [las autoridades] detienen a los esposos y ellas intervienen para que los liberen», asegura la viceministra.
Aún así, existen varias vías activas para buscar ayuda, como la línea 0 – 800 Mujer y el 911. «También tenemos un convenio con el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, así como una campaña comunicacional para que las mujeres se atrevan a interponer sus denuncias», añade Stefano.
La autoridad agrega que, a raíz de la pandemia, también se han presentado casos de violencia en los espacios donde se aloja temporalmente a los venezolanos que retornan al país para cumplir con el protocolo sanitario. «Como no podemos tener contacto directo con estas mujeres por el tema del covid-19, estamos formando a los médicos integrales en materia de genero«, explica.
La viceministra puntualiza que las autoridades venezolanas se están enfocando en tres aristas para brindar asistencia a las mujeres: la violencia en el noviazgo, la violencia sexual y lo que han denominado «la violencia de la guerra». Esta última, detalla la funcionaria, es la atención especializada que se le ofrece a quienes, como «consecuencia de la guerra económica» que atraviesa el país, «se están prostituyendo».
Movimientos feministas piden más
Pero más allá de esas políticas que se aplican desde el ministerio, las mujeres agrupadas en distintos movimientos feministas consideran que hacen falta más medidas. «Creemos que es indispensable que haya al menos una casa de abrigo por entidad federal, porque hay muchas mujeres en peligro inminente que necesitan un refugio temporal», apunta Daniela Hijonosa, integrante del colectivo Tinta Violeta.
Asimismo, solicitan que se implemente un mecanismo de denuncia en línea y que los números de teléfono destinados para tal fin «estén activos de forma efectiva las 24 horas del día y los 7 días de la semana», porque actualmente «funcionan con limitaciones».
Sin embargo, Hinojosa aclara que para incentivar estas denuncias también se deben solventar algunas fallas jurídicas, como la «falta de personal y también de voluntad», ya que en ocasiones «los encargados se han tardado un mes en dar medidas de protección, pese a que los casos son flagrancia».
Al mismo tiempo, relata que cuando las mujeres denuncian, sus parejas las minimizan acusándolas de cualquier cosa, con el fin de arrebatarles la custodia de sus hijos, y a veces logran su objetivo. «Eso también hay que revisarlo. Cuando una mujer ve que le van a quitar a su hijo o hija, abandona cualquier causa o vuelven con las parejas solo por miedo«, sostiene.
De igual forma, la referente feminista añade: «Muchas veces los tribunales deciden que si la pena es menor de 8 años, la cambian por trabajo comunitario, lo que se llama ‘una condena sustitutiva de libertad’, entonces los agresores quedan bajo régimen de presentación, pero sin ningún tratamiento».
Ante esto, considera «vital» que se implementen campañas y programas psicológicos «para que los agresores no agredan, para que toda la comunidad entienda que la violencia contra la mujer es un delito contra la sociedad, igual que robar o matar».
«Necesitamos una sensibilización real ante el problema, y más en tiempos de confinamiento», insiste.Daniela Hinojosa, integrante de Tinta VioletaSe necesitan campañas y programas psicológicos para que los agresores no agredan, para que toda la comunidad entienda que la violencia contra la mujer es un delito contra la sociedad igual que robar o matar
En Venezuela, Caracas y otros seis estados siguen en «cuarentena radical» por el coronavirus. En las 17 entidades restantes, el aislamiento se ha flexibilizado, pero aun no existe el retorno a las actividades laborales ni estudiantiles.
Por esta razón, las mujeres organizadas piden que se declare también una «emergencia feminista», que permita abordar mejor la situación de las víctimas de violencia de género en medio de la cuarentena.
Fuente: RT