Resumen Latinoamericano, 24 de agosto de 2020.
A partir de la pandemia por COVID-19, se multiplicaron las ocupaciones de tierras en Córdoba. Sin políticas habitacionales para sectores populares, con altos niveles de hacinamiento y una agudización de la pobreza consecuencia del freno a la actividad económica, ocupar tierras y construir sus casas es la única opción para muchas familias. Actualmente, enfrentan nuevas estrategias judiciales que precarizan aún más su situación.
“La posibilidad de tener una casa nos dio esperanza y fortaleza para seguir”, nos dice Cecilia Andrada en su casa de la ocupación de Estación Ferreyra, que las vecinas bautizaron como Nueva Estación. Por la puerta abierta a pesar del intenso frío, se ven las otras construcciones nuevísimas, construidas en materiales precarios. En la casa de Cecilia y de su pareja Martín Mendoza, se respira hogar. Decidieron cambiar la lona por maderas para poder quedarse en los terrenos que, junto a unas 120 familias, ocupan desde el 3 de junio pasado.
De casualidad, llega Susana Herrera y se suma a la conversación. Hace casi 22 años que vive en Estación Ferreyra y explica que “esto siempre fue un yuyal a la altura de las casas, había ratas, ratones, víboras, basura y las fábricas tiraban sus desechos”, haciendo referencia a La Lácteo, Frucor y Clean Cor. Cuentan que no tenían experiencia en ocupaciones anteriores, pero la necesidad y el apoyo de organizaciones sociales les dio fuerza. Hoy, enfrentan una denuncia de La Lácteo porque, sin mostrar papeles de propiedad, querrían los terrenos para sus desechos industriales.
Dayana Biolatto vive hace más de dos años en la ocupación de Cabildo Anexo junto a otras 75 familias, algunas incorporadas en los últimos meses por las consecuencias económicas de la pandemia y el aislamiento. Tiene dos niños y coordina el comedor comunitario Luz de esperanza: “Hace unos tres meses, venimos con problemas con el dueño del campo, que viene con órdenes falsas como si tuviera comprada la Comisaría 18, viene con topadoras a intimar queriendo voltear las casitas. La gente está con miedo, no sabe si los van a sacar, todas son familias con niños y no tienen dónde ir”.
La situación de escaso acceso a la tierra y la vivienda en Córdoba, Argentina y la región es similar ya que responde a un patrón general. Andrés Demaría es abogado e integra el Encuentro de Organizaciones, espacio que acompaña algunas ocupaciones. En conversación con La tinta, precisa que se trata de “un modelo de producción extractivista que en el campo expulsa campesinos y expande la frontera sojera para el monocultivo transgénico, mientras las ciudades son dinamizadas por el excedente que deja esa forma de explotación”. Así, el diseño de la ciudad lo deciden empresas desarrollistas, generando una expulsión masiva del sector que, por sus bajos recursos, no favorecen el negocio inmobiliario.
En Córdoba, además, desde el Programa Mi Casa Mi Vida a principios de la década del 2000, no hubo política de vivienda masiva, “con la crítica de que no fue una política de vivienda pensada desde la integración urbana, sino desde una lógica securitaria que generó segregación social y racial expulsando a mucha gente a la periferia de la ciudad y dejando suelo urbano vacante para los negocios inmobiliarios”.
Agudización en pandemia
Las ocupaciones aparecen así como una respuesta autogestiva ante un conflicto sin solución. En Estación Ferreyra, al comienzo de la cuarentena, un grupo de jóvenes empezaron a limpiar un terreno en lo que hoy es la toma para hacer una huerta, “cuando la gente vio, pensó que se limpiaba para marcar casas y, en cuestión de horas, se corrió la voz. Yo supe de casualidad, vinimos y empezamos con una pieza de lona”, cuenta Cecilia. Para ellos, es “la posibilidad de tener un terreno porque, si pudiéramos comprarlo, no estaríamos pasando por esto, sufrir el frío, el sol, el viento, no tener luz y agua”.
Según el Encuentro de Organizaciones, hubo al menos quince conflictos por la tierra desde el inicio de la pandemia, doce en la ciudad de Córdoba y tres en otras localidades, “algunas se asentaron, otras se fueron diluyendo, pero, en este momento, hay unas diez tomas de tierras con una característica general: las ocupantes son familias jóvenes con niñes”. Susana nos dice que, en su terreno, conviven seis familias, “vivo en casa de mi suegra y están los hermanos de mi marido también, hicimos para arriba porque no tenemos patio”.
A partir del aislamiento por la pandemia, la situación de hacinamiento se agudizó. Andrés explica que “si bien se preveía que iba a haber un nuevo ciclo de ocupaciones, ésta se aceleró y se concentró mucho durante el ASPO”. Dayana narra que si bien “hay orden que no se puede desalojar a nadie, hay gente que está acá porque los desalojaron de los alquileres donde vivían”.
Procesos judiciales
En la mayoría de las ocupaciones, los procesos judiciales son largos y complejos. En el caso de la toma de Estación Ferreyra, La Lácteo los denunció “porque quieren los terrenos para sus desechos y están siendo apoyados por las otras dos fábricas”. Al comienzo, se acercaron a ofrecerles lácteos a cambio de que ellos le cedieran las tierras. Esto y el hecho de no mostrar papeles que acrediten su propiedad convence a las y los vecinos de que no serían los dueños. “De todas formas, nos denunciaron y tuvimos a la policía acá adentro rompiendo, tirando, provocando, salíamos las mujeres y nos agredían”, cuenta Cecilia.
En Cabildo Anexo, la situación es de mayor tensión. “Estamos esperando porque nos dijeron que habría un desalojo, pedimos ayuda del gobierno porque no tenemos dónde ir”, dice Dayana y cuenta que hablaron “con el dueño y le pedimos que nos diera a pagar los terrenos en cuotas, porque no había aparecido antes, nosotros fuimos hace dos años al Ministerio de Desarrollo Social a plantear que había un asentamiento acá y nos dijeron que era tierra del Estado, que no tenía dueño, por eso, la gente se quedó e hizo la casa”. A partir de la denuncia del dueño, desde el juzgado, habrían asegurado que no habrá desalojo durante la pandemia, “pero tampoco dejan que la gente construya, no los dejan ni poner un nylon para el frío porque hay orden de no innovar”.
Actualmente, hay una nueva estrategia judicial frente a las ocupaciones. Andrés Demaría explica que la medida utilizada por el Poder Judicial para desactivar las ocupaciones era ordenar medidas de no innovar, “es decir que, hasta tanto no se resuelva el conflicto de posesiones, se ordenaba que ni el denunciante ni el imputado pudieran modificar el suelo ni construir viviendas, ni sacar o ingresar materiales”.
Sin embargo, como señala Dayana, hoy, la amenaza de desalojo es un hecho. En lugar de dictarse medidas de no innovar, “se dictan órdenes de desalojos cautelares, esto va a generar un aumento en la conflictividad y la violencia porque, al momento de ejecutar esas órdenes en tierras donde la posesión y quién es el poseedor legítimo está discutido, sumado que la mitad de la población sufre esta deficiencia habitacional, la gente no se va a ir si no tienen dónde irse”, afirma con preocupación Demaría.
Las medidas cautelares del Ministerio Público Fiscal se usan de modo excepcional y provocando el menor daño para las personas involucradas preservando el objeto de conflicto, en este caso, la posesión de la tierra. Sin embargo, están ordenando desalojos cuando pueden dictar órdenes de no innovar, lo que significa que “se está violando esa excepcionalidad y usando formas más violentas que muestra la parcialidad del Ministerio Público porque adelanta la opinión y es de algún modo una condena anticipada para los y las ocupantes”, según Demaría. Además, es una medida desproporcionada, en tanto procede a desalojar de forma cautelar.
Políticas de Estado
Para el Encuentro de Organizaciones, resulta urgente que el Gobierno y el Poder Judicial cambien la perspectiva desde la que interpretan las ocupaciones de tierra. “Lo ven como hechos delictivos y punto, por eso, se aplica esta cuestión de desalojar cautelarmente, porque no ven conflictividad social, económica, familias sin techo, ellos ven delincuentes”, asegura el abogado.
La apuesta es a la integración de la comunidad, con urbanización de las villas y barrios populares garantizando el acceso a servicios y dándole trabajo a quienes viven allí. “Esto supone ponerse a pensar una política de vivienda y organización urbana que no tenga como dinamizadores exclusivos y excluyentes a los especuladores inmobiliarios, a estas empresas desarrollistas”, concluyen desde la organización.
Sin embargo, para el Gobierno de Córdoba, desalojar parece ser la única respuesta estatal.
Fuente: 
La tinta
