Resumen Latinoamericano, 20 de agosto de 2020. –
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Otra enfermera murió por coronavirus en el Hospital Durand y los trabajadores responsabilizan al Gobierno porteño
Otra enfermera del Hospital General de Agudos Durand, ubicado en el barrio porteño de Caballito, murió por coronavirus. Es la tercera en la institución. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) responsabilizó al Gobierno de la Ciudad por lo sucedido.20/08/2020 00:03:00
El titular de ATE en el centro de salud, Héctor Ortiz, lamentó «el fallecimiento de Virginia Viravica, enfermera de geriatría» y tercera empleada muerta allí por la enfermedad en la última semana.
Ortiz afirmó en un comunicado que los trabajadores de la salud «están dejando la vida en los hospitales»; señaló que Viravica «se contagió mientras cuidaba a sus pacientes» y denunció «improvisación, desmanejo, falta de protocolos de atención y absoluta escasez de personal en la emergencia».
«Virgina es la tercer compañera muerta en la última semana en el Durand como consecuencia del multitrabajo, la polifuncionalidad, los dispositivos y protocolos de atención ineficientes, la escasez de elementos de protección personal y la negativa de las autoridades hospitalarias y gubernamentales a conformar un Comité de Crisis en el que necesariamente participen los trabajadores», señaló.
Para Ortiz, los trabajadores de la salud «son esenciales para la supervivencia de la sociedad y, no obstante los magros salarios, las pésimas condiciones de labor y el desprecio de muchos funcionarios, cumplen sus tareas y el juramento que rige su quehacer cotidiano, aunque para ello es menester continuar con vida».
Emergencia sanitaria
Exitosa Jornada de Lucha en defensa de la salud de los trabajadores sanitarios y por la apertura de paritarias
La misma contó con la adhesión del Consejo Ejecutivo de Fesprosa y sus regionales en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, La Pampa, San Juan, San Luis, La Rioja, Catamarca, Córdoba, Tucumán, Salta, Formosa y Santa Fe; APS La Matanza; STS Posadas; Comisión de Pacientes y Vecinos del Hospital Posadas; Frente de Recuperación Gremial AMM CABA; Sitosplad; Mara Médicos; Autoconvocados de la RA; Omura; ANARM; ATE (Rosario, Córdoba, Misiones); CTA Autónoma (Capital Federal, Chaco, Córdoba, Rosario, Misiones, Santa Cruz, Zona norte de Santa Cruz); y CICOP (Hospital Posadas, Hospital Erill, Escobar, Junín, Bragado, Haedo y Open Door Luján).
En CABA, el secretario general de Fesprosa, Jorge Yabkowski, encabezó una conferencia de prensa en Hospital Álvarez, junto a representantes de CTA A Capital, Sitosplad, ANARM y el Frente de Recuperación Gremial AMM CABA.
“Llegamos a los 20.000 infectados entre los trabajadores de la salud, de los cuales 18.000 son del AMBA. Tenemos 65 fallecidos, y frente a eso tenemos como respuesta a los gobiernos congelando paritarias, postergando el bono estímulo y negándose a desprecarizar a los trabajadores, siendo la precarización y el multiempleo una de las causas fundamentales de los contagios”, informó Yabkowski.
Y agregó: “Nuestra bandera es defender la salud de los trabajadores, defender el salario, pedir paritarias ya, terminar con el congelamiento salarial, pedir el bono estímulo al doble de su valor hasta fin de año, y en función de eso seguir la lucha”.
Desde Tartagal hasta Ushuaia se realizaron manifestaciones de todo tipo. Hubo caravanas en Santa Fe, Tucumán y La Matanza, actos en el Ministerio de Salud de Córdoba, y acciones en todos los hospitales y centros de salud del país.
A su vez, a modo de cierre, se realizó un acto virtual moderado por la presidenta de Fesprosa, María Fernanda Boriotti, con la presencia de la madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, y la secretaria mundial de la Internacional de Servicios Públicos, Rosa Pavanelli.
En su intervención, Boriotti declaró: “La situación que están atravesando las y los trabajadores de salud con las muertes y contagios no cesan, crecen de manera incesante en todo el país, y más aún donde vemos los picos que van apareciendo más allá de lo que es el AMBA y CABA que hace ya más de un mes los tenemos en situación crítica”.
Asimismo añadió: “Tener las paritarias congeladas realmente nos está afectando a todos, no sólo por los salarios, sino por las discusiones que hay que dar. Esto de que en general los trabajadores no participan de los comités de emergencia –más allá de las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y la OMS‑, y la precariedad que hay cada vez más en salud y que no hay miras de que se modifique ni en el ámbito nacional, con el Posadas como ejemplo, ni en las provincias ni municipios. Parece que fuera el mal necesario tener trabajadores precarizados”.
Por su parte, desde Ginebra, la secretaria mundial de la Internacional de Servicios Públicos felicitó al CEN de Fesprosa por la lucha que está dando por los trabajadores de la salud en Argentina, y expresó: “Todos hemos enfrentado esta pandemia sin ninguna preparación, nadie esperaba un impacto tan grande, tan grande, tan vasto a nivel mundial. Lamentablemente esto no ha cambiado la postura de los gobiernos ni de los empleadores en el sector de salud, como tampoco la de los farmacéuticos o los seguros que han seguido empujando la privatización de los servicios, el corte de financiamiento a los servicios de salud pública y el recorte de personal”.
Para finalizar, Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo y miembro de la Comisión de Pacientes y Vecinos del Hospital Posadas, dijo: “Estábamos atrasados en poner los ojos donde el Estado debe estar siempre, como es la atención de la salud. Ya hace años se vino deteriorando con la pérdida de autoridad como la del Ministerio con el macrismo y a no valorar como tiene que ser a los trabajadores de la salud”.
Y agregó: “Hemos visto un desgaste físico y una exposición muy grande a la que se enfrentan todos los días. También el desgaste emocional que significa perder compañeros en el camino de esta pandemia que estamos viviendo. Por eso, desde las Madres, quiero felicitar esa dedicación y profesionalidad que tienen. Cuando veo que hay una parte del pueblo que ve lo que pasa todos los días y no le interesa la salud y la vida del otro me duele”.
Como cierre, la presidenta de Fesprosa llamó a continuar la lucha por el descongelamiento de paritarias, la extensión del bono hasta fin de año y la despercarizacion laboral. Para ello convocó a una nueva Asamblea Nacional de Salud para el viernes 29 de agosto.
En el pico de la pandemia, denuncian descuentos salariales a trabajadores de la salud pública jujeña
La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) de Jujuy denunció que el Gobierno de la provincia realiza descuentos salariales a trabajadores de la Salud en goce de licencias y también a quienes deben cumplir aislamiento social «por haberse contagiado de coronavirus o ser casos sospechosos».20/08/2020 00:01:00
Desde la organización sindical que representa a estos trabajadores se rechazó la situación, y se exigió «el cese inmediato de los descuentos y el reintegro de los mismos».
A su vez, la Apuap anticipó que se analiza la posibilidad de llevar a cabo «nuevas medidas de protestas para defender el derecho de los trabajadores», según se indicó en un comunicado de prensa.
«En una clara muestra de indolencia y atropello de los derechos laborales el Gobierno de la provincia realiza descuentos a las y los trabajadores profesionales de la Salud. Los mismos se ejecutan por las licencias y/o aislamientos que deben cumplir los trabajadores que han conferido el virus o están aislados por sospecha», denunciaron desde la entidad gremial.
Y en ese sentido, desde esta organización se agregó: «Solo un Gobierno que practica el doble discurso y tiene absoluto desprecio por los trabajadores de la Salud, y los derechos que los asisten, lleva a cabo este tipo de acciones con aquellos que se encuentran exponiendo su salud y arriesgando su vida para enfrentar la pandemia».
En ese marco es que exigieron «al gobernador Gerardo Morales y al ministro de Salud Gustavo Bouhid el cese inmediato de los descuentos y el reintegro de los mismos a los magros y azotados salarios de los trabajadores de la Salud».
A la vez, recordaron, que «el conjunto de los trabajadores de la administración pública hace un año no reciben recomposición salarial alguna a pesar de las ayudas que el Gobierno provincial recibió en el marco de la emergencia sanitaria», que, según apuntaron, alcanza los «2.500 millones de pesos».
Por otro lado, mencionaron que desde Apuap ya se han cursado «dos notas para solicitar audiencia al Ministerio de Salud, al Ministro de Hacienda y al Gobernador, las cuales hasta la fecha no han obtenido respuesta alguna».
«El ataque y la desidia deliberada del Gobierno frente a los/las trabajadores/as de la Salud nos empuja a tomar nuevas medidas de protestas para defender nuestros derechos», finaliza el comunicado.
En respuesta a la huelga, empresarios prefirieron derramar leche en lugar de donarla
El paro de 24 horas realizado el martes 18 por el gremio de la industria lechera, Atilra, produjo un excedente en los silos de almacenamiento de las plantas lácteas de todo el país. Y el debate sobre qué iba a ocurrir con ese sobrante ya se había instalado en la actividad. El sindicato había ofrecido al sector empresario que, para que no se tirase la materia prima que usa la industria, la leche fluida, estaban dispuestos a “recibir y procesar esa materia prima siempre y cuando la misma sea donada a entidades de bien público” para asistir, de este modo, “a los sectores más castigados y vulnerables de nuestra sociedad, paliando, en parte, las vicisitudes nutricionales que sufre gran parte de la niñez de nuestro país”. Sin embargo, la mañana de ayer comenzó a circular la información de empresas vertiendo el sobrante de leche fluida. Un gesto que desató todo tipo de críticas en un país donde 6 de cada 10 pibes viven en la pobreza. Por InfoGremiales.
“Prefirieron arrojar la leche antes que donársela a los hogares carenciados”, remarcaron fuentes del sector que hablaron de miles de litros de leche en los suelos.
Ayer se realizaba una nuevo audiencia salarial para destrabar el conflicto de fondo. Vale recordar que la última oferta empresaria de recomposición de haberes consistió en un aumento del 13,6% a partir de julio más adicionales no remunerativos, sobre el básico de julio: 4% en agosto y septiembre, 8% en octubre y noviembre; y 12% para el mes de diciembre. Ese porcentaje total del 27,8% se consolidaría en enero de 2021 y pasaría a formar parte del básico de la actividad.
Sin embargo, la diferencia clave está en el pago de los bonos. El gremio reclamaba un bono solidario de 16 mil pesos para robustecer la estructura financiera de Atilra y un bono de 12 mil pesos para los empleados para compensar la demora en el pago de los incrementos salariales. Las cámaras no se mostraron dispuestas a pagar la compensación, mientras que el bono solidario pidieron destinarlo a la Obra Social.
Coronacrisis: más de la mitad de los trabajadores teme perder su empleo
Más de la mitad de la gente encuestada en el AMBA teme perder su trabajo ante la crítica situación generada por la pandemia de coronavirus, y el 20% aseguró que no llega a fin de mes con lo que gana, según un relevamiento realizado por el Observatorio Social de la Universidad de La Matanza.20/08/2020 00:01:00
De acuerdo con el sondeo, la otra preocupación de la población de la región metropolitana está vinculada con la inseguridad, que fue mencionada por el 48,7% de los encuestados, mientras que el temor a quedarse desocupado fue elegido por el 51% del segmento de personas activas y ocupadas.
Dentro de este bloque, el 31,5% siente mucha incertidumbre frente a la chance de perder su empleo, empresa o comercio y el 19,5% dijo que tiene «bastante» esa misma sensación.
El estudio, realizado por el Observatorio Social de la Secretaria de Medios y Comunicaciones de la universidad, reveló que el 36,1% de los encuestados admitió que tuvo que achicar gastos en su situación económica personal o familiar.
Otro dato inquietante es que el 20,2% reconoció que no llega a fin de mes; el 16,9% admitió estar endeudado y tan sólo 2 de cada diez afirmaron que el ingreso que tiene les alcanza para vivir.
Acerca de las expectativas sobre la economía personal y familiar, el 47,4% estima que dentro de un año estará peor, y apenas el 21,9% considera que su situación económica mejorará en 365 días.
Consultados sobre el tiempo que le llevará al país un proceso de recuperación, el 57,2% cree que llevará más de dos años, y el 23,4%, entre uno y dos años.
Al margen de la situación económica, el principal motivo de incertidumbre es la inseguridad, mientras que el 42,4% cree que es la situación económica del país.
Según el sondeo, al 34,1% de quienes participaron del relevamiento le preocupa, específicamente, la salud física de sus familiares.
Del relevamiento participaron 1.140 personas consultadas de forma online entre el 15 y el 17 de agosto, entre residentes del AMBA mayores de 16 años.
Acerca de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para paliar los efectos de la pandemia y la nueva extensión de la cuarentena, el 49,1% las aprueba mientras que el 35,6% las desaprueba.
Por otra parte, el 39,9% de los habitantes del AMBA cree que puede contraer Covid-19, mientras que el 38,3% considera que también pero son bajas las probabilidades.
Buenos Aires: Sadop criticó duramente el proyecto de Cambiemos de subsidio a colegios privados
Desde la sección bonaerense del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), el gremio que organiza a los docentes de colegios privados, cuestionaron en duros términos el proyecto de ley impulsado por los legisladores bonaerenses de Juntos por el Cambio (JxC) que proponía crear un subsidio para que el pago de haberes docentes de los colegios de gestión privada, una iniciativa que casi termina en un planteo ante la Corte Suprema de la provincia.
Rodrigo Miguel, secretario Gremial de Sadop, sostuvo que el proyecto Asistencia Extraordinaria a Establecimientos Educativos de Gestión Privada constituye “una medida oportunista, porque estuvimos cuatro años luchando por los descuentos y despidos y nunca nos dieron participación. Ahora de repente se muestran preocupados en tratar la problemática”. El dirigente luego detalló que durante una audiencia de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados “remarcamos los argumentos que tienen que ver con una serie de controles”.
Entre los planteos presentados por los trabajadores docentes se contaban la fuente de los recursos para el proyecto y la exigencia de requisitos para las escuelas a ser beneficiadas (como un libre deuda respecto de los aportes al IPS, la obra social y el sindicato de sus docentes), entre otros. Finalmente, tras la negativa de los diputados del Frente de Todos a tratar el proyecto opositor en la sesión del jueves pasado, el tratamiento del proyecto fue postergado.
Roberto Costa, titular de la bancada de JxC afirmó que la posición del oficialismo “deja en evidencia que para ellos la educación es un gasto” y añadió, sumando a los gremios docentes al cuestionamiento: “Palos en la rueda son los dirigentes gremiales que se referencian en el partido gobernante le metieron sistemáticamente, no a nuestro gobierno, sino a todo el sistema educativo”.
Desde Sadop respondieron con dureza a las críticas. En palabras de Miguel: “Tenemos muchas instituciones que recurrentemente despedidoras de trabajadores, por eso queremos que se detallen las condiciones para otorgar el beneficio y pedimos que los fondos sean destinados directamente a la cuenta de CBU de cada maestro”.
Un comunicado de Sadop, detalló luego que ninguno de estos planteos fue tomado en cuento por la bancada de JxC: “No fuimos tenidos en cuenta, por eso también es justo decirlo, es parte de lo que nuestros docentes y nuestras docentes han vivido hasta diciembre del 2019”. Y añadieron: “Es la misma fuerza política que hoy pretende mostrar preocupación por quienes hasta hace unos pocos meses perseguían y sancionaban. Estas políticas oportunistas y demagógicas siguen atentando contra el trabajo digno de los docentes de gestión privada, que no tenemos ninguna duda que va de la mano con la lucha de nuestros hermanos y hermanas estatales”.
“Quiero dejar en claro que no rechazamos la ayuda, sino que queremos que se considere nuestro punto de vista para que llegue a todos los trabajadores”, remarcó Miguel. Y concluyó: “Si pudimos avanzar con esto y llega esta ayuda económica, formemos un comité de crisis y tratemos seriamente el tema, no se puede reducir a cuestiones empresariales y de ingresos de los dueños, porque no sabemos cómo van a utilizar los aportes del Estado”.
Chaco: Denuncian despidos injustificados en el municipio El Espinillo
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco) se manifestó en el municipio de El Espinillo para denunciar «una serie de arbitrariedades e irregularidades que viene realizando el intendente, Zenón Cuellar, quien está intentando dejar sin trabajo a un grupo de trabajadores y trabajadoras de la comuna».
“Realmente no sabemos si el intendente no entiende de derecho laboral o si deliberadamente está dispuesto a avasallar absolutamente todos los derechos y garantías de los trabajadores y trabajadoras municipales de El Espinillo”, expresó el secretario General del sindicato, Mario Bustamante. “En este delicado momento que atraviesa la provincia en el marco de la emergencia sanitaria, vemos con profunda preocupación la actitud de un intendente que de manera soberbia y antidemocrática, se dedica a perseguir a trabajadoras y trabajadores de su comuna, de manera absolutamente ilegal e ilegítima”, agregó.
Por eso, un grupo de trabajadores y trabajadoras se manifestaron en la sede comunal, encabezados por el secretario General de la Seccional Castelli de ATE, Luis Sandoval, y volvieron a expresar su total repudio a las acciones autoritarias y antidemocráticas de Cuellar, quien desde hace meses viene realizando despidos sin ningún tipo de justificación ni marco legal.
“Esos despidos incluyen tanto a personal con contratos de servicio, com a jornalizados y a trabajadores y trabajadoras que pasaron a planta el año pasado y el actual intendente no reconoce esos derechos adquiridos”, detalló Sandoval. Mañana, seguirán manifestándose en el lugar con un acampe y olla popular hasta que el mandatario municipal desista de su actitud.
Pablo Storino, del SATSAID, denuncia un plan de precarización y vaciamiento en Polka
Desde Estado de Alerta dialogamos con Pablo Storino, secretario de Cultura del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) y trabajador de Polka desde hace más de 20 años sobre la grave situación que atraviesan los trabajadores de la productora fundada por Adrián Suar, de la cual el Grupo Clarín hoy posee la mayoría accionaria. El dirigente denuncia que los 320 empleados aún no cobraron el aguinaldo y que la empresa tiene planes para “cambiar el modelo de contratación”, deshaciéndose de los trabajadores formales a tiempo completo para ir hacia un esquema de contratos limitados para cada producción particular, que implicaría volver a un esquema de grave informalidad laboral en el sector audiovisual.
“Se ha dicho mucho sobre Polka en estos tiempos y sobre su inminente cierre. Nosotros no tenemos ninguna afirmación sobre el cierre de la productora. Pero sí hay un fuerte intento desde hace muchos años de cambiar el modelo de contratación de trabajadores de la productora, que en un momento llegó a tener picos de hasta 700 trabajadores. Hoy somos 320 personas las que formamos parte de la nómina mensual de Polka”, explicó el gremialista.
Luego aseguró que existe una clara intención por parte de la empresa “de cambiar el modelo productivo”, abandonando el esquema laboral “industrial” para el sector audiovisual (una lucha histórica del gremio) y reemplazando “trabajadores de 13 salarios al año” por contratados “para un proyecto determinado, que cuando termina te vas a tu casa y fijate cómo te arreglás los meses restantes del año, cómo vivís, comés y le das salud a tu familia”. Storino recordó que el esquema de contrato laboral pleno se le impuso a Polka después de una larga pelea sindical, ya que originalmente la productora tenía a todos sus empleados “en fraude laboral, en negro o monotributistas”. “Entendemos que hay una actitud de la productora de intentar maximizar su rentabilidad a través de los trabajadores”, resumió.
Storino confirmó que hoy todos los trabajadores de la empresa están recibiendo el 75% de los salarios y que aún no cobraron el aguinaldo de junio. En ese contexto, denunció una “obstinación” y un “capricho” de la empresa en no producir ficciones que permitirían generar ingresos para la empresa (además con una ventana de exhibición asegurada por la vía de Canal 13, parte del grupo Clarín, que posee la mayoría accionaria de Polka). Esto, a pesar de que, según el gremialista “tenemos los conocimientos técnicos, artísticos y operativos para generar producciones audiovisuales complejas como los contenidos de ficción (hemos producido para HBO, Fox, Disney o Netflix) y claramente podríamos producir un reality, un magazine o cualquier otro contenido”.
En este sentido, Storino alertó sobre una intención de “vaciamiento” por parte del grupo empresario y añadió: “No quieren cerrar la empresa sino que quieren tener una oficina con cuatro teléfonos y diez trabajadores y hacer trabajar al resto del personal con contratos a plazo fijo, con lo cual caeríamos en un serio daño a la actividad audiovisual argentina, yendo en contra de la idea de un modelo de producción audiovisual industrial por el que hace tantos años venimos luchando, no solamente desde el Sindicato Argentino de Televisión sino desde muchas otras organizaciones del sector audiovisual”.
Por otro lado, este jueves el SATSAID había programado un paro de dos horas por turno en todos los canales abiertos, señales y productoras a nivel nacional, “ante la negativa de las cámaras empresarias ATA y CAPIT de sentarse a negociar la recomposición salarial pendiente del último tramo de la paritaria 2019−2020”, pero la medida de fuerza fue levantada luego de que el Ministerio de Trabajo dictara la conciliación obligatoria, por un plazo de quince días. Desde el gremio confirmaron el acatamiento de la disposición, pero “presentándonos en todas las audiencias que correspondan, acudiendo a ellas con nuestro reclamo de recomposición salarial de un 25% para el Segundo tramo de la paritaria salarial del sector”.
La distribución de la pauta oficial, esa vieja deuda con la libertad de expresión
Desde el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Esquel impulsan un proyecto para que se regule la distribución de la publicidad del Estado en los medios. Una pelea local que renueva la discusión sobre cómo se distribuyen los fondos públicos para garantizar la pluralidad de voces.
Redacción Canal Abierto | Cuando se habla de libertad de expresión y pluralidad de voces, el tema de la regulación de la pauta oficial surge inexorablemente. Los proyectos para hacerlo no son pocos y recientemente una iniciativa cobró fuerza desde la ciudad cordillerana de Esquel.
Allí, el Sindicato de Trabajadores de Prensa del Oeste del Chubut (STPOCh) reclama el tratamiento legislativo del proyecto para regular la pauta oficial. Éste fue presentado por primera vez en 2018 ante el Concejo Deliberante, y por segunda vez hace unos días, luego de incluir una modificación tras una reunión entre el gremio y los legisladores.
“Entendemos que acceder a la pauta oficial es un derecho”, manifestó Eva Herrera, secretaria General Adjunta del Sindicato de Trabajadores de Prensa del Oeste del Chubut y secretaria de Medios Cooperativos y Autogestionados de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN). Y señaló que la nueva presentación del proyecto de ordenanza está relacionado con el actual contexto en el que los trabajadores de prensa fueron considerados “esenciales”.
“Estamos aguardando una nueva convocatoria por parte del Concejo Deliberante porque el objetivo es que el proyecto sea tratado antes del análisis del Presupuesto Municipal del año próximo. Entendemos que hay voluntad política o al menos intenciones, pero a las intenciones hay que sumarle acciones”, afirmó Herrera.
Por transparencia y equidad
Desde el gremio, aseguran que este proyecto de ordenanza prevé “la transparencia, la igualdad de posibilidades en el acceso a la publicidad y la no discriminación de aquellos (medios) que sean críticos de la labor del Gobierno”.
Por su parte, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –más conocida como Ley de Medios y técnicamente desarticulada por el macrismo- impulsa una lógica de distribución de dinero que garantiza la subsistencia de los medios pequeños. En su artículo 76 sostiene que “la inversión publicitaria oficial el Estado deberá contemplar criterios de equidad y razonabilidad en la distribución de la misma, atendiendo los objetivos comunicacionales del mensaje en cuestión”.
En la misma línea, entre los considerandos del proyecto patagónico se destaca que “la Publicidad Oficial es una herramienta de comunicación del Estado que contribuye a garantizar a la comunidad el acceso a la información” y que su adjudicación “se regirá por principios que garanticen la pluralidad de voces, el interés general, la veracidad, el libre acceso a la información, la transparencia y el acceso equitativo y plural a las oportunidades de expresión”.
Además, el proyecto prevé la creación del Registro Municipal de Medios de Comunicación (RMMC) en el cual cada año deberán inscribirse todos los medios de difusión (canales de TV, gráficos, radios y sitios Web) con residencia en Esquel a partir del cual se les otorgará un puntaje en función de cumplir con determinados requisitos.
Asimismo, establece la conformación de una Comisión integrada por concejales de todos los bloques, el/la titular de la Secretaría de Hacienda municipal y dos integrantes de la Comisión Directiva del STPOCh, que tendrá como función controlar la distribución de la pauta oficial y darla a conocer a la comunidad.