Por Anred, Resumen latinoamericano, 5 de agosto 2020.
Desde el lunes 20 de julio se estima que 2 mil familias de tres barrios de la zona decidieron tomar un predio de 100 hectáreas del Barrio Numancia, ubicado en el Partido de Presidente Perón, al sur del conurbano bonaerense, para construir vivienda dignas ante la crisis habitacional. Estos lotes se encuentran en estado de abandono desde hace más de 40 años. Entrevistamos a Leandro, del Barrio 20 de Julio, y Yamila, del Barrio La Unión, que participan de la toma, y nos contaron sus inicios y características, cómo la policía y el municipio los engañaron con la firma de un censo falso para iniciarles causas judiciales masivas por “usurpación”, y las perspectivas de que la toma se transforme en un barrio para vivir. “Somos familias que nos estamos quedando sin casas y somos expulsadas, porque perdimos el trabajo o no podemos pagar el alquiler. Queremos un plan de viviendas, donde podamos pensar un barrio de progreso. Nuestra proyección es construir espacios verdes, salitas, espacios de recreación, jardín de infantes, un centro cultural con apoyo escolar, un merendero y un comedor”, relató Yamila.
El proceso de la toma de tierras para construir viviendas dignas en medio de la crisis habitacional y fundar un barrio comenzó el lunes 20 de julio, cuando un estimado de 2 mil familias (un total de 10 mil personas, aproximadamente) se dispusieron a tomar un predio de 100 hectáreas, abandonado desde hace más de 40 años, ubicado en el Partido de Presidente Perón, cuya localidad de cabecera – y más conocida – es Guernica. Dialogamos con Leandro, que pertenece al Barrio 20 de Julio, y Yamila, del Barrio La Unión, quienes vienen participando de la toma de tierras, y nos relataron los orígenes de la toma, la composición social de las familias que participan de ellas, el engaño de la policía y el municipio a los y las vecinas con censos falsos para armarles causas legales masivas por “usurpación”, y qué perspectivas ven sobre la toma, que busca convertirse en un barrio de progreso y viviendas dignas.
Imagen aérea de la toma de tierras, y los barrios (en colores) que se conformaron dentro de ella (Ferroviaria, La Unión, Expansión S/N, San Martín Expansión, 20 de Julio y San Martín), lindantes del barrio privado BC & Club San Cirano.
“Estas familias representan la tercer parte de la población municipal”
“La toma comenzó el lunes 20 de julio con un grupo de vecinos y vecinas desocupados que por motivos de la pandemia no pudieron pagar el alquiler y fueron desalojados – relata Leandro, referente del Barrio 20 de Julio, una parte de la toma – Se decidió ir a parar a un campo, el cual no está alambrado y sus dueños no aparecen hace más de 40 años, que no tenía ninguna utilidad y estaba sin uso. El mismo día llegó la policía y desalojó a esas familias. Estas accedieron a irse, pero al otro día nos reunimos con las distintas familias y volvimos a ingresar al predio de forma pacífica, y comenzamos a construir viviendas precarias de nylon. En el Barrio 20 de Julio somos aproximadamente 500 familias. Nos caracterizamos como vecinos unidos independientes y no estamos bajo ninguna bandera política. En el transcurso de los días se fue sumando un barrio nuevo, San Martín, y a los dos días se unió el Barrio la Unión”.
En la misma línea, Yamila, vocera del Barrio La Unión, estima que las miles de personas que permanecen en la toma “representan la tercer parte de la población municipal”, dado que la localidad de Guernica (cabecera de Presidente Perón) “es un pueblo pequeño, que recién se está armando hará 25 o 30 años aproximadamente”, sostiene. Sobre los objetivos que persiguen con la toma, detalló: “queremos un plan de viviendas, donde podamos pensar un barrio de progreso. Nuestra proyección es construir espacios verdes , salitas, espacios de recreación, jardín de infantes, un centro cultural con apoyo escolar, merendero, comedor y actividades culturales”.
Asimismo, detalló las características socioeconómicas de las familias que participan del proceso de la toma del predio: “hasta el momento, en el Barrio la Unión somos 320 familias y 450 chicos. Estamos expuestos. En su mayoría somos familias que se están quedando sin casas y son expulsadas, ya sea porque perdió el trabajo y no pueden afrontar el pago del alquiler. Algunas salieron del alquiler de manera voluntaria, otras fueron desalojadas. En el barrio estamos viviendo en lonas porque no nos dejan ingresar ningún tipo de material para construir, la policía retiene todo material para construir un lugar digno y amedrentan a los y las vecinas, secuestrando autos y motos”, denunció.
“La verdad, es muy doloroso de ver éstas situaciones tan de lleno y de cerca. Es angustiante y triste. Y posiblemente nos levanten. ¿Y qué hacemos después de esto? – se pregunta Yamila – No tenemos dónde vivir. Acá en Presidente Perón no se respetaron las cautelares como gobierno de que hasta que se terminaba la cuarentena nosotros estábamos amparados bajo la ley. Pero la realidad es otra. Se nos sacó de nuestras viviendas alquiladas por parte de los dueños”, denunció, y amplió: “en mi caso particular la propietaria me está bancando, porque hace cuatro meses que no le pago. Y ella también vive de esto, y la señora no puede salir a trabajar por la pandemia. Pero ahora me dio el ultimátum: te quedan 20 días. A muchos nos pasó eso. Somos trabajadores precarizados, que no tenemos algo que nos avale para alquilar. Entonces eso también se nos complica, porque no tenemos dónde nos ampare la ley, no hay comodatos, no hay absolutamente nada”.
“El municipio junto a la policía nos hizo creer que nos estaba censando para darnos una solución, y lo que estaban haciendo era todo el proceso de desalojo”
Capítulo aparte merece la actitud del personal del Municipio de Presidente Perón, a cargo de la intendenta Blanca Haydeé Cantero, y la policía de la zona. Ambos entrevistados coinciden en el relato de que tanto inspectores del municipio como personal de la polícia bonaerense iniciaron supuestos censos de las familias que están en el predio, logrando que varias firmen las mismas sin revelarles los detalles, y que dichas documentaciones fraguadas dueron utilizadas para iniciar causas legales masivas a las familias por el supuesto delito de “usurpación”.
Leandro dio cuenta de este engaño gubernamental y policial: “el día sábado 25 se presenta en el predio la policía diciendo que ya estaba todo bien, que lo único que necesitaban era que el municipio cense, y la firma de todas las familias que estaban ahí, que ya se terminaba el problema y se le daba la vivienda digna. Hay un video que comprueba eso. La policía hizo un supuesto censo donde había un funcionario municipal y tres policías acompañándolo. Te tomaban los datos: el empleado municipal te llenaba una planilla y el policía te llenaba otra planilla. El empleado municipal te tomaba los datos y la policía te hacia firmar una notificación. La policía no te permitia leer esa notificación. Yo personalmente pedí una copia de esa notificación, y dije que no iba a firmar algo que no sabía qué era, y me dijeron que si la leía me iban a llevar porque estaba desacatando a la ley. Las únicas fotos que pudimos sacar de esas planillas, fueron sacadas ocultas. Después de que las firmaron los vecinos, las empezamos a leer. Y ahí entendimos lo que habíamos firmado. Algunas estaban vacías y otras estaban caratuladas con la palabra ‘usurpación’, y a más de uno le hicieron firmar una notificación vacía. No llenaron ni el número de causa. No caratularon nada”.
Pero la situación irregular continuó: “el domingo vino de nuevo a censar la policía. El lunes vino la policía nuevamente. Y dijeron que tenían que hacer un segundo censo. A lo cual vecinos y vecinas más organizados ya no quisieron. Había salido una nota en Infobae la cual explicaba el procedimiento de una orden de desalojo. Hay un decreto que había salido en 2019 que primero había que censar, notificarse y que después ahí se hacía el desalojo. Se hace un ambiental, policía científica que saque fotos del lugar. El municipio junto a la policía nos hacía creer que nos estaba censando para darnos una solución. Y lo que estaban haciendo era todo el proceso de desalojo, mintiéndonos en la cara. Nosotros firmamos de buena fe. El martes vinieron hacer el ambiental, los vecinos se negaron, porque ya estábamos más empapados en el tema. Algunos vecinos se negaron, otros hicieron el ambiental y ahí fueron a notificar a 30 personas por segunda vez. Esas 30 personas ya tiene causa judicial abierta, más las 538 o 544 que ya tienen una causa iniciada“, relató Leandro.
Por esa misma situación, Yamila expresó que tienen “desconfianza con el municipio”, porque si presentan el listado de las familias de la toma como se les exige, corren el “riesgo de encausar a todas las familias”, por lo que sostuvo que “no trascenderán sus nombres y apellidos, si no nos presentan garantías de la integridad legal hacias las distintas familias”. “Solicitamos tener un encuentro con el defensor del pueblo, no tuvimos una mediación concreta. El defensor del Juzgado de Garantías desde el minuto cero se presentó con una negativa, disimulando que nos va a dar una respuesta. Lo que nos ofreció es traer el listado de todas las personas que están en los cuatro barrios, como una especie de censo. Esto nos pareció irrisorio, considerando que tenemos el caso testigo de que tomaron listado emulando un censo y así le abrieron causa a 544 personas“.
Finalmente, Leandro puso de relieve también el amedrentamiento diario que la policía sostiene sobre las familias que están en el predio: “la policía está rodeando el predio y todos los días está esperando un disturbio para violentar al pueblo. Todos los días. Los mismos vecinos de Guernica nos cruzamos día a día, saben que somos gente trabajadora, que necesitamos de verdad, mucha gente está o estaba alquilando y con la cuarentena mucha gente que se quedó sin trabajo. Muchos que son albañiles y no tienen de dónde sacar esa plata, entonces la única solución que encontró la gente fue agarrar un pedacito de tierra para poder vivir”.
