Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 13 agosto 2020.-
Protestas, represión, denuncias, caos institucional. La tensión en Bolivia no ha remitido nueve meses después del golpe de Estado que, en noviembre de 2019, derrocó al gobierno de Evo Morales, acusándolo de fraude electoral. Un plan elaborado desde hace mucho tiempo en las salas de Washington, activado por oligarquías locales con la complicidad de grandes medios privados, que contó con la intervención directa de Luis Almagro, secretario general de la OEA.
Posteriormente, varias investigaciones demostraron que el Movimiento por el Socialismo (MAS) había ganado las elecciones en la primera vuelta y que el fraude era un pretexto para organizar el golpe de Estado con la complicidad del alto mando del ejército. Mientras tanto, sin embargo, Morales se había visto obligado a salir del país y había surgido una situación de facto, al igual que de facto es el «gobierno» de la autoproclamada Janine Añez quien, a pesar de los «acuerdos» de irse dentro de 90 días después de convocar nuevas elecciones, ahora no tiene intención de hacerlo.
Bolivia también es presa de la pandemia y de la mala gestión de los golpistas, que siguen el modelo de Trump y Bolsonaro en cuanto a escándalos, ineptitud y represión. En el país, ubicado en el centro de Sudamérica y en un área de poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados, hasta el 12 de agosto, los infectados por coronavirus eran oficialmente 58.414, los muertos 3.827.
Áñez está utilizando la emergencia de covid para posponer continuamente la fecha de las elecciones. Al principio los bolivianos debieron haber ido a las urnas en mayo, luego en septiembre, luego el 18 de octubre, ahora están tratando de posponer nuevamente la fecha. Todas las encuestas atribuyen a la candidatura de Áñez una muy baja calificación, dado también el enfrentamiento interno con la propia derecha boliviana, que la querría fuera del juego electoral. Luis Arce, del MAS, podría ganar en la primera vuelta con un rating de al menos el 40% y una brecha de más de 10 puntos frente al candidato de centro derecha Carlos Mesa.
Un twitter de Evo Morales, quien denunció la dramática situación economica a fines de julio, también recibió un “me gusta” del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández. El Fiscal General del Estado, José Maria Cabrera, amenazó con acudir a la OEA, que la CIDH representa en todos sus miembros.
Almagro volvió a expresarse, no para denunciar la postración en la que hundió a Bolivia, sino para acusar nuevamente a Morales de promover cortes de ruta en el país, e incluso de «genocidio» por un presunto audio en el que habría invitado su partidarios a bloquear las rutas.
A partir del 3 de agosto estallaron nuevamente las protestas: manifestaciones y cortes de ruta convocados por la Central Obrera Boliviana (COB). El gobierno de facto ha denunciado ante organismos internacionales que el MAS impide el acceso a alimentos, medicinas y oxígeno para las emergencias del covid-19, y que ha provocado daños económicos millonarios, en detrimento de las familias.
Los tribunales bolivianos han acogido la denuncia «por terrorismo» contra Morales y otros dirigentes del MAS. De hecho, la intención es proscribir al MAS para evitar contendientes y luego otorgar un simulacro de elecciones. Un esquema que se inició con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras, en 2009, y luego siguió hinchándose con otros elementos contextuales, desde el Paraguay de Fernando Lugo a Brasil y, de otras formas, a Ecuador con la traición de Lenin Moreno.
Una de las posibilidades es que se cree una junta cívico-militar que, con un autogolpe, consolide la gestión autoritaria haciendo uso de la emergencia pandémica y la necesidad de «restablecer el orden».
A protestar no son solo sindicatos, estudiantes, trabajadores informales, comunidades enteras movilizándose desde el trópico de Cochabamba, a la capital La Paz a la ciudad de El Alto, una de las más pobladas. La derecha racista en Santa Cruz, la segunda ciudad más grande del país, también se está movilizando con los comités cívicos que animaron el golpe, encabezados por el candidato Luis Fernando Camacho, y que ahora piden la suspensión indefinida de las elecciones.
Para entender qué poderosos intereses chocan en Bolivia, conviene repasar los 4 capítulos del documental de Rubén Hernández, Bolivia, País Bolivariano, filmado antes de la victoria de Morales en 2006. Para evitar la victoria del «indio analfabeto», en un una mezcla explosiva de nazismo y empujes secesionistas, se desató la oligarquía de Santa Cruz.
El departamento de Santa Cruz es un territorio equivalente a un tercio de Bolivia, un área rica en hidrocarburos y un poderoso sector agroindustrial, donde se produce más del 30% del PIB. Camacho, un adinerado abogado cuya fortuna se guarda en al menos tres empresas offshore con sede en Panamá, durante los tres mandatos del gobierno de Morales ha interpretado la ira de las oligarquías afectadas en sus privilegios centenarios, presionando por la «secesión».
E incluso durante el golpe sus comités cívicos se convirtieron en protagonistas de violencia y ataques racistas. Camacho es patrocinado por el empresario de Santa Cruz Branko Marinkovic, que se fugó luego de participar en el intento de golpe de 2008 y de su participación en el intento de asesinato de Morales, junto con los nazis europeos.
Marinkovic se formó en las UJC, equipos paramilitares separatistas, racistas y anticomunistas fundados en 1957 y activos durante todos los intentos de desestabilización contra Morales. Ahora de regreso al país, el empresario ha sido nombrado ministro de Planificación del gobierno de facto en vísperas de las protestas.
El 10 de agosto, Morales propuso un borrador de acuerdo para hacer segura y garantizada la fecha electoral, quizás anticipándola de una semana. Un proyecto que pretende representar y mantener unido a más del 45% del electorado, compuesto principalmente por zonas rurales y sectores populares urbanos que apoyan a su partido.
Los opositores, en cambio, tratan de coagular a los sectores de las clases medias urbanas, que no tienen un proyecto común, pero se encuentran en oposición al MAS. En el centro está el derribo de la figura de Morales, objeto de una campaña sucia orquestada por el gobierno de facto y los centros de mando que operan desde fuera. El objetivo es evitar que las fuerzas alternativas se reorganicen para revertir la tendencia, haciendo también un balance de sus errores.
