La pandemia del Covid-19 ha dejado la evidencia de que necesitamos una sanidad pública con muchos más medios materiales y humanos. La falta de material de protección, de profesionales sanitarios, de camas hospitalarias, de centros de asistencia primaria, etc… ha ocasionado muertes que podrian haber sido evitadas. El Covid-19 se combate con inversión en la sanidad pública, con acceso universal a la sanidad. Cuando se vislumbra un escenario sombrio con un previsible repunte tras el verano, la Junta de Andalucía decide repartir dinero a la sanidad privada en detrimento de inversión en la pública, cuando más necesario resulta.
Tras fracasar el plan de choque de la Junta para aliviar, antes de la pandemia, las listas de espera, el SAS emprende uno nuevo en el que favorece a las clínicas privadas, a las que destinan más dinero que a los hospitales públicos andaluces. Te lo contamos.
La Consejería de Salud y Familias confía más en la sanidad privada que en la pública en su segundo intento para que no se disparen las listas de espera, tanto quirúrgicas, como de pruebas diagnósticas, tras el fracaso del plan de choque que tanto anunció la Junta, antes de que la pandemia del coronavirus afectara la actividad de los hospitales públicos andaluces.
Pero ahora, la Junta confía en la sanidad privada para acometer
uno de los retos no resueltos por el gobierno andaluz de derechas,
que con tanta fuerza criticaba en la oposición. En el mes de julio
pasado, los primeros pacientes ya fueron derivados para su
intervención o pruebas diagnósticas a clínicas privadas
Ante el temor de que una segunda oleada del coronavirus llegue en otoño o invierno y vuelva a centrar la atención hospitalaria en la pandemia, la Consejería de Salud ha emprendido un nuevo plan de choque para tratar de contener las listas de espera, que se dispararon durante el estado de alarma.
Pero ahora, la Junta confía en la sanidad privada para acometer
uno de los retos no resueltos por el gobierno andaluz de derechas,
que con tanta fuerza criticaba en la oposición. En el mes de julio
pasado, los primeros pacientes ya fueron derivados para su
intervención o pruebas diagnósticas a clínicas privadas.
Para tratar de frenar que sigan en aumento, Salud ha establecido
dos itinerarios: el primero incide en incrementar el rendimiento de
los hospitales públicos a través de turnos extraordinarios y el
segundo, contar con la sanidad privada para que, mediante acuerdos
concretos, colabore en el combate contra las listas de espera.
Tras el anuncio por sorpresa del gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, de contratar con la privada operaciones para aliviar las listas de espera, criticada por sindicatos y los partidos de la oposición –PSOE y Adelante Andalucía, y los partidos que conforman la coalición, Podemos e IU, ya conocemos la inversión.
130 millones para la privada, 70 para la pública
El SAS destinará, según fuentes oficiales de la Junta, un total
de 130 millones a la sanidad privada en este segundo plan de choque,
que se extenderá hasta diciembre, mientras que a la sanidad pública,
70 millones, según fuentes del SAS. Es decir, el 65 por ciento de
los 200 millones estimados fortalecerán a la sanidad privada, en
detrimento de la pública.
De estos 130 millones, que el consejero Jesús Aguirre cerró con
los representantes de la sanidad privada andaluza en una reunión, de
la que no informó la Junta, la actividad quirúrgica en clínicas y
hospitales privados de pacientes en lista de espera de larga duración
se llevará cerca de 100 millones, mientras que los 30 restantes
serán para pruebas diagnósticas, según las fuentes.
Los 70 millones para la sanidad privada se destinarán a para
pagar turnos extraordinarios de trabajo en los 50 hospitales públicos
de Andalucía en los que se aplicará el segundo plan de choque,
entre ellos, el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, el
Hospital del PTS y el Santa Ana de Motril
Los 70 millones para la sanidad privada se destinarán a pagar
turnos extraordinarios de trabajo en los 50 hospitales públicos de
Andalucía en los que se aplicará el segundo plan de choque, entre
ellos, el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, el Hospital
del PTS y el Santa Ana de Motril.
La Junta ha rechazado ampliar plantillas en los hospitales
públicos para afrontar las operaciones y las pruebas diagnósticas
pendientes, una nueva decisión que debilita la sanidad de calidad a
la que tiene derecho todas y todos los andaluces.
El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, se refirió al
nuevo plan de choque, recientemente, en un encuentro privado, en el
que aseguró que los hospitales públicos andaluces “se pondrá al
150 por ciento” con la extensión de la jornada a las tardes y
sábados, lo que se va a pactar con los equipos quirúrgicos, de
diagnóstico y de primera consulta, según dijo en un desayuno
informativo organizado por Europa Press el pasado 27 de
julio.
En ese encuentro, también anunció conciertos con hospitales y
clínicas de seguros privados por un volumen de unos 130 millones de
euros, para atender a los pacientes que aguardan intervenciones y
pruebas diagnósticas.
Y ello sin que al día de hoy se conozca lo que la Junta de
Andalucía ha abonado a la privada por su participación en la
atención a pacientes Covid, ni el número de pacientes que trató.
El nuevo plan se centrará, sobre todo, en reducir las listas de
espera en cirugía ortopédica y traumatológica, en un
volumen de 10.228 operaciones; en oftalmología,
principalmente, en operaciones de cataratas, 13.240 intervenciones;
en cirugía general, 8.128; en otorrino
2.596, y en urología, 2.000 operaciones,
mientras que en pruebas diagnósticas previstas alcanzan
44.300 resonancias; 4.700 TAC; 17.900
endoscopias, sobre todo, para un diagnóstico precoz de
cáncer, y la realización de 85.000 radiografías.
Después del parón registrado en la actividad médica que no
fuera el coronavirus durante el estado de alarma, ‑aunque sí se se
intrevino las de extrema urgencia y oncológicas- en junio comenzó
lentamente a recuperarse la actividad asistencial habitual
hospitalaria. En concreto, según la información de la Consejería
de Salud, en junio se registró el 88,9% de la actividad hospitalaria
en toda Andalucía, con respecto al mismo mes del año 2019.
Pero las listas de espera siguen en aumento, a falta de datos
precisos, de los que no informa la Junta de Andalucía, a diferencia
de otras comunidades autónomas, que sí detallan sus listas de
espera.
Sin disponer de datos actualizados en Andalucía, los últimos de
marzo pasado apuntaban a que en la comunidad había 890.000 pacientes
en listas de espera, un 5,6% más que en 2019, de los que 163.672
enfermos aguardaban una intervención quirúrgica. En la provincia de
Granada, la lista de consultas procedentes de Atención
Primaria aumentó por encima del 14 por ciento y la de las primeras
consultas en un 5,25 por ciento, hasta llegar el número de pacientes
a 61.272 y a 91.463, respectivamente, en solo un año. En cuanto a
interconsultas hospitalarias, la cifra se sitúa en 30.191
personas.
En términos globales, se ha producido un
incremento de 9.136 personas en las listas de espera durante el
último año en la provincia, lo que supone un 5 por ciento de
aumento y que, a su vez, unas 25 personas se han ido incorporado a
diario al registro del SAS con expectativa de recibir atención
sanitaria.
Datos privados de pacientes de la sanidad pública
manejados por la sanidad privada
Los datos concretos de las listas de espera en la sanidad pública
no los puede conocer la ciudadanía, pero sí la sanidad privada.
Fuentes del SAS explicaron que se ha informado de la situación de la
lista de espera a los hospitales privados andaluces, a través de la
entidad que las engloba, y se les ha preguntado qué capacidad tiene
cada uno para operar y hacer pruebas diagnósticas a enfermos de la
sanidad pública.
En el caso de Granada será la mesa provincial de contratación la
que fijará los acuerdos con los hospitales privados que acepten
recibir a pacientes de la sanidad pública, si bien la capacidad de
la privada en Granada es muy limitada, comparada con otras
provincias, como la de Málaga
El sistema que se empleará será el de contratos abiertos. Es
decir, el SAS distribuirá los 130 millones reservados en función
del trabajo que cada centro privado lleve a cabo para atajar la lista
de espera.
En el caso de Granada será la mesa provincial de contratación la
que fijará los acuerdos con los hospitales privados que acepten
recibir a pacientes de la sanidad pública, si bien la capacidad de
la privada en Granada es muy limitada, comparada con otras
provincias, como la de Málaga.
Para materializar los contratos, la Junta facilitará datos
privados de pacientes –entre ellos el historial clínico- a
empresas privadas, protegidos por la confidencialidad.
Pero, ¿y si usted recibe una llamada del SAS para que opere en
una clínica privada y no lo desea porque reclama que sea en un
hospital público al considerar que su centro público de referencia
le ofrece más y mejores garantías? La Junta no ha resuelto este
posible conflicto
De hecho, como ejemplo de privatización el PSOE gaditano reveló
la inclusión de tres hospitales privados de la Sierra de Cádiz en
la red informática del SAS y convertirlos en centros de referencia
del sistema público, lo que supone que cualquier médico cuando
entra en el sistema, a la hora de derivar a un paciente le sale como
centro de derivación uno privado.
Pero, ¿y si usted recibe una llamada del SAS para que opere en una clínica privada y no lo desea porque reclama que sea en un hospital público al considerar que su centro público de referencia le ofrece más y mejores garantías? La Junta no ha resuelto este posible conflicto.
Fuente: elindependientedegranada.es
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