El 20 de septiembre de 2017, cargos, militantes y simpatizantes de la 
CUP impidieron que la Policía Nacional, que había detectado la salida de varias personas con material publicitario sobre el referéndum, entrara ‑sin orden judicial- en la sede nacional de la formación anticapitalista. El 3 de agosto pasado sí lo hicieron dos agentes de este cuerpo para pedirles el presupuesto de la campaña para el referéndum y el del grupo parlamentario de ese año, así como la relación de miembros que entonces formaban parte del secretariado. Según ha podido saber el ARA, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias contra los cupaires por la partida de 168.666,63 euros que la CUP dedicó a incentivar el voto afirmativo del 1‑O.
La investigación, que surge a partir de una propuesta de resolución de Cs, ha comportado que proveedores de la campaña para el referéndum de la CUP estén siendo citados a declarar y que hoy lo tenga que hacer un dirigente que era miembro del secretariado en 2017 ya como investigado. Las citaciones se iniciaron en febrero, pero se detuvieron por el coronavirus y estas últimas semanas se han vuelto a activar. En el escrito que presentó hace un año, la formación naranja recuerda que la legislación establece que las asignaciones que reciben los grupos parlamentarios a través del presupuesto del Parlamento para desarrollar sus funciones no se pueden destinar en ningún caso “a sufragar actividades ilícitas “, como lo era, a su juicio,” el referéndum ilegal del 1‑O “.
Sobre los cupaires puede recaer, pues, un posible delito de malversación por haber destinado fondos públicos a sufragar gastos relacionados con el referéndum a través de los ingresos que recibían como grupo parlamentario. De hecho, la CUP justificó el Parlamento gastos relacionados a “publicidad, propaganda y relaciones públicas” del 1‑O en el informe sobre la contabilidad específica de las subvenciones a los grupos parlamentarios de ese año, elaborado por la Auditoría de Cuentas y Tesorería, que es el servicio de auditoría independiente de la cámara catalana encargado de fiscalizar los gastos de cada formación.
A partir de este informe, Cs instó la Sindicatura de Cuentas a hacer “una fiscalización específica en el plazo máximo de seis meses” sobre el posible uso de subvenciones públicas recibidas por parte de los diferentes grupos a pagar gastos del 1‑O tras recordar que el Tribunal Constitucional advirtió en varias ocasiones al Gobierno que se abstuviera de utilizar cualquier partida presupuestaria para la convocatoria u organización del referéndum. Ahora la Fiscalía Anticorrupción ha decidido actuar de oficio y deberá acordar si lo remite a un juzgado o si archiva la causa porque no ve indicios.
Voluntad de judicializar la causa
Fuentes jurídicas de la CUP admiten que el procedimiento está yendo bastante rápido para que el caso no acabe archivando: “La Fiscalía ha abierto la investigación de oficio y, por tanto, hay un posicionamiento previo de entender estos hechos como delictivos y ya han declarado una quincena de personas, lo que demuestra que se trata de una investigación exhaustiva que se quiere judicializar “. Tras lamentar que el Estado siga apostando por “aplicar la represión dura”, estas mismas fuentes subrayan que “no se dedicaron recursos propiamente al referéndum, sino a la campaña”, y que “no se puede equiparar lo que se gasta en la convocatoria de un referéndum con su promoción “.
En la investigación, auspiciada por la Policía Nacional, se incluyen los más de 400 actos que hizo la CUP todo el territorio, los carteles que se imprimieron, el libro Referéndum 2017: la llave que abre el cerradura y el spot Ahora empieza el mambo , en que diputados y ex diputados tiraban por un barranco una furgoneta que simbolizaba el Proceso. Todo ello formaba parte de la campaña Sí. Vivir significa tomar partido , con el que la CUP espoleaba a votar afirmativamente el 1‑O.
La Fiscalía se centra en investigar esta campaña porque JxSí, la candidatura que agrupaba CDC, ERC, Demócratas y MES, no hizo ninguna. La justicia española sólo reclamó a la coalición explicaciones sobre la factura de 17.690 euros abonada en el Teatro Nacional de Cataluña para el acto de presentación de la ley del referéndum, que se celebró el 4 de julio con la presencia de la plana mayor del Gobierno, con el ex Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras al frente. “En la causa del Supremo no se les acusó por este motivo, y la del juzgado número 13, si tampoco es motivo de acusación, sería el precedente perfecto para preguntar a la Fiscalía para que se nos persigue ahora a nosotros” , remarcan los abogados de los cupaires.
El trabajo de la militancia
Eulàlia Reguant, que fue diputada durante aquella legislatura, critica que la llegada del PSOE y Podemos en la Moncloa no haya comportado ningún cambio en la judicialización del Proceso. “Con el gobierno más progresista de la historia se mantienen cerrados los presos políticos y ahora la Fiscalía, vinculada al ejecutivo, abre una investigación contra el ideario y la acción política de una formación. Es un ataque frontal a la libertad de expresión y de asociación política “, dice Reguant, que añade que” se condena a los responsables del referéndum y ahora también los que lo defendieron y promover “. La ex diputada deja claro que siempre han ido de cara y que no quisieron esconder ninguna partida destinada al 1‑O.
Lucas Salellas, que fue portavoz del secretariado nacional en 2018, considera que esta causa demuestra que la CUP puso toda la carne en el asador para que el referéndum fuera un éxito. “Fuimos los únicos que hicimos este paso adelante a la hora de organizar actos y este esfuerzo ingente es lo que se quiere criminalizar”, dice el ahora concejal. La causa abierta, según él, corrobora “el carácter represor del régimen del 78”, pero “abre una nueva puerta a la persecución contra organizaciones políticas”.
Fuente: www.ara.cat
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