Resumen Latinoamericano, 30 de agosto de 2020.
El conflicto del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), viene registrándose desde inicios del año 2019, apoyándose en la figura del Ombudsperson de la OEA y su detonante fue el pasado 15 de agosto, fecha en que se negó a renovar el mandato de cuatro años de Paulo Abrao, confirman diversas fuentes en Washington DC. consultadas por Expediente Público.
“Almagro está utilizando todos sus mecanismos para controlar y frenar a la CIDH”, reveló una fuente cercana a ambas organizaciones.
De acuerdo a información privilegiada a la que tuvo acceso EP, el conflicto inició en febrero de 2019, cuando Almagro sostuvo una reunión con un grupo de colaboradores de la CIDH, quienes presuntamente formularon planteamientos críticos y molestias acerca de la conducción de la Secretaría General de la CIDH.
Para responder y resolver esos señalamientos, la Secretaría General de la CIDH impulsó una serie de acciones y de iniciativas, superándose supuestamente los mismos meses después. No obstante, luego siguieron presiones financieras y administrativas, a tal punto que no se pudo contratar a más de una docena de consultores para reforzar el trabajo en defensa de los derechos humanos.
¿Lucha por fondos?
La fuente en la capital estadounidense sostiene que Almagro ha socavado financiera, administrativa y políticamente el trabajo de la CIDH, por ejemplo, bloqueándoles el desembolso de 1.5 millones de dólares del presupuesto,
En 2017 la Asamblea General aprobó que se duplicaran los fondos regulares en el término de tres años tanto para la Comisión como a la Corte IDH. En 2018 la CIDH llegó a obtener 7.5 millones de dólares con el primer incremento de 33%, sin incluir fondos extraordinarios provenientes de donaciones.
Según la fuente, Almagro estaría usando estos recursos para la OEA, que tuvo un recorte (redujo USD2.1 millones en 2019 en relación al año anterior y quedó con un presupuesto ordinario de USD82.7 millones, según datos del organismo).
¿HAY PAÍSES ALIADOS DE ALMAGRO?
La negativa de Almagro de renovar el contrato a Abrao, secretario ejecutivo CIDH, es solo la última acción que se ha venido dando en los últimos meses para restar el protagonismo de esta institución. “Almagro está bajo la presión de algunos Estados que buscan limitar el rol de la CIDH”, sostuvo la fuente.
Al respecto, recordó que en abril de 2019 Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Colombia emitieron una declaración conjunta que se hizo pública, con propuestas de reformas que limitarían el trabajo del sistema interamericano de derechos humanos.
“Hay un intento en marcha de limitar la autonomía e independencia de la CIDH”, continúa. “Hay países que vienen declarando la intención de abrir un nuevo proceso de fortalecimiento, las reacciones agresivas que sufrimos por mirar a todos con la misma regla en las situaciones de las protestas recientes en la región”, explicó.
La Comisión ha incrementado su protagonismo en el hemisferio como resultado del Plan Estratégico 2017 – 2021 con avances en materia procesal, un monitoreo integrado y la creación de equipos de apoyo y acompañamiento a través de Grupos Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI).
El GIEI Nicaragua determinó en 2018 que el régimen de Nicaragua había cometido crímenes de lesa humanidad durante la represión a las protestas ciudadanas.
Las acciones de la CIDH en situaciones graves de violaciones a los derechos humanos, han desatado actitudes “revisionista” al papel de la Comisión por parte de los gobiernos señalados de violaciones a los derechos humanos, insistió la fuente.
JAQUE MATE
Con respecto a la renovación del contrato de Abrao, nuestras fuentes indicaron que durante su sesión ordinaria en México, celebrada 8 y 9 de enero del presente año, la CIDH en pleno decidió por unanimidad renovar el mandato de Abrao para el periodo 2020 – 2024, decisión que se le comunicó a Almagro para “efectos normativos”.
Transcurrieron siete meses y cinco días antes de vencerse el contrato de Abrao, la CIDH recibió un informe confidencial de la Ombudsperson, indicando que hay “un ambiente generalizado de violaciones a los derechos de las personas” que trabajan en esa instancia.
Amparándose en ese documento, Almagro informó el pasado 15 de agosto ‑último día del contrato de Abrao- que se abstendría de avanzar en el proceso de renovación, estallando públicamente el conflicto que inició en 2019.
En un comunicado con fecha del 25 de agosto, Almagro indicó que “lamentablemente no se ha podido avanzar en el proceso de designación del Secretario Ejecutivo de la CIDH, debido a la existencia de decenas de denuncias de carácter funcional”, que han sido presentadas antes los mecanismos institucionales, encargados de garantizar y promover los derechos de las y los funcionarios de la Organización y de procesar en este caso las reiteradas denuncias sobre posibles violaciones a sus derechos.
Por su parte, la fuente consultada por Expediente Público asegura que el rol de la Ombudsperson no es vinculante para decisiones ejecutivas, solo tiene un papel de asistencia y complemento a los canales formales para resolver conflictos internos.
En Washington D.C., un experto que pidió anonimato por lo “sensible” del tema, confirma que la versión más creíble para el accionar de la Secretaría General de la OEA es la disputa política por el trabajo de la CIDH en algunos países.
Por el momento, la CIDH reitera que mantiene en su puesto a Abrao, pero se desconoce si la OEA estará dispuesta a solucionar el problema con un acuerdo, dijo.
A corto plazo no afectará el trabajo de la CIDH, pero “a mediano plazo esto podría sentar un precedente negativo”, pues indicaría que los países miembros de la organización pueden intervenir en materia de derechos humanos cuando los resultados no les sean favorables, indicó el experto.
Eric Olsen, director en Política DC de la Fundación Internacional Seattle, declaró a Expediente Público que en esta crisis entre instituciones hay rumores y diferentes lecturas, por ejemplo, presiones de Estados Unidos o Brasil, o que la Secretaría General está operando a solas, pero independiente a la veracidad de estas afirmaciones, el punto central en este conflicto es “resguardar la independencia de la CIDH sin violentar los derechos de los trabajadores de esa misma Comisión”, cuyas quejas sirvieron de argumento contra Abrao.
El caso de Abrao no es el primer cambio de personal polémico de Almagro. A inicios de 2018, la salida del vocero de Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), Juan Jiménez Mayor, se debió a la falta de apoyo de la Secretaría General de la OEA que ejecutó cambios de personal que afectaron el trabajo de dicho órgano, según una investigación de Expediente Público.
Sin embargo, la Maccih estaba supeditada a la Secretaria General de la OEA, mientras la CIDH es un órgano autónomo, por lo que Almagro no debería tener poder sobre ella, considera Olson.
Olson sugiere que ambas partes deben llegar a un acuerdo, por un lado, preservar la independencia de la CIDH y, por otro, que exista un proceso para investigar las alegaciones que señala en su declaración, ya que la vieron los comisionados habría que pedir otra revisión.
La CIDH debe dar la oportunidad a los trabajadores a tener canales transparentes y abiertos a sus reclamos. Sin embargo, el resultado de una solución política a este conflicto no debe resultar en un debilitamiento de la Comisión, concluye.
CONMOCIÓN EN NICARAGUA
Las principales organizaciones de derechos humanos en Nicaragua se pronunciaron a favor de la CIDH, dado el amplio respaldo del organismo interamericano a las denuncias ciudadanas por abusos y violaciones a sus derechos fundamentales tras las protestas iniciadas en abril de 2018.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) emitió un comunicado rechazando “el embate a la autonomía e independencia de la CIDH” y demandó rectificar la decisión de no recontratar a Abrao.
“Estas acciones afectan la autonomía funcional y administrativa de la CIDH, pero sobre todo atenta contra la vigencia de los derechos humanos de las víctimas en un continente que hoy está necesitado del funcionamiento adecuado de los mecanismos de protección internacional de derechos humanos, ante el ataque a los defensores y organizaciones de derechos humanos de carácter nacional, como es el caso específico de Nicaragua”, dice el comunicado.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + expuso en las redes sociales su respaldo a la CIDH y demandó respeto a su autonomía e independencia.
Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo, enfatizó a los medios de comunicación que en el caso de Nicaragua desde abril 2018 la CIDH verificó in situ los abusos del régimen y las graves violaciones de derechos humanos, también ha denunciado con informes y visibilizado la represión, la Secretaría Ejecutiva está vinculada a la situación de derechos humanos del país.
“La Secretaría General de la OEA debería estar ocupada en fortalecer su accionar para que en Nicaragua cese la represión, debería imitar la beligerancia de la CIDH para que Nicaragua sea protegida en el sistema interamericano y universal, para que el pueblo de Nicaragua recupere su libertad y se respeten sus derechos humanos”.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) remitió una carta a Almagro pidiendo que reconsidere su posición en cuanto al mandato de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, pues considera que Abrao “ha dado apertura a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos y ha sido un pilar fundamental para visibilizar las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido y siguen ocurriendo en Nicaragua”.
Olson cree que la CIDH mantendrá su posición en relación a la crisis nicaragüense cuyos informes fueron bien acogidos por el Consejo Permanente y la Secretaría General de la OEA.
“No veo por qué cambie la visión del secretario general o la Comisión sobre Nicaragua, si se llegara a nombrar otro Secretario Ejecutivo, algo que no estoy afirmando, pero seguramente seguiría ese trabajo y la organización continuará jugando un papel positivo velando por los derechos humanos y combate a la impunidad en Nicaragua”.
