Elizabeth Salazar Vega/Resumen Latinoamericano, 18 de agosto de 2020
El Grupo San Pablo cuenta con 26 empresas en los sectores salud, construcción, hotelería y educación, pero el primero es su buque insignia. La clínica San Pablo es la segunda con mayor número de afiliados entre las Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) privadas del país, y su crecimiento se debe en parte al esquema de negocio que el Estado no regula y les permite subcontratar a empresas de médicos, ahorrando el pago de impuestos y evitando posibles denuncias.
Las empresas detrás del negocio de la salud han incrementado sus ganancias debido a un sistema público que no ha logrado ofrecer un aseguramiento universal y de calidad. A la fecha, el tercer prestador de seguros con mayor número de afiliados, después de los estatales SIS y Essalud, son las clínicas privadas que ofrecen sus propios planes de salud, logrando captar a 1 millón 35 mil usuarios en todo el país.
Se les denomina Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) privadas prepagadas. Su público principal son personas que al no estar vinculadas a un trabajo formal no pueden acceder a Entidades Prestadoras de Salud (EPS) o Essalud a través de su empleador, y que hasta la publicación del Decreto de Urgencia 017‑2019, de noviembre pasado, no calificaban al Seguro Integral de Salud (SIS) porque su condición económica no era de pobreza extrema.
En todo el Perú son 16 las compañías que operan de esta forma, y a diferencia de las EPS Mapfre, Rímac, Pacífico, Sanitas y La Positiva, grupo al que han relegado al cuarto lugar en número de afiliados, estas brindan sus servicios de consultas externas, emergencias y hospitalización bajo sistemas prepago, donde el usuario abona directamente una cuota mensual para ser miembro y recibir atención en el mismo establecimiento.
Mientras las estrategia de algunos grupos económicos fue optar por la concentración vertical del servicio de salud, al construir sus propios centros médicos y crear compañías aseguradoras y administradoras de fondos de cobertura, las IAFAS prepagas decidieron captar sus propios clientes. Ellos ponen sus condiciones tarifarias y pueden decidir con qué EPS firman convenios para recibir a más pacientes en sus instalaciones.
La mayor cantidad de afiliados la concentra Oncosalud, empresa del Grupo Aúna y Enfoca Inversiones que ofrece planes de cobertura y tratamientos contra el cáncer bajo la modalidad de IAFA prepagada y autónoma, pues los servicios que brinda son exclusivos para sus afiliados. En segundo lugar, aparece la clínica San Pablo, matriz del grupo económico del mismo nombre y que ha sido cuestionada durante la pandemia por sus cobros excesivos en la atención a pacientes con Covid-19.
Esta última encabeza el grupo de las IAFAS prepagadas integradas, es decir, aquellas que facturan por los recursos que captan de sus asegurados y de pacientes externos. Todas estas clínicas han encontrado un esquema de negocio que les permite subcontratar a empresas constituidas por médicos para que presten servicios en sus locales. Con ello, se ahorran el pago de impuestos y se protegen ante posibles denuncias de mala praxis.
Los riesgos de la tercerización empresarial
Según los informes de Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), al cierre del 2019 la clínica San Pablo contaba con 38.106 afiliados activos en sus paquetes de aseguramiento, y es el único establecimiento de salud de su grupo económico que está reconocido como una IAFA prepagada. En su revista institucional, el conglomerado dice contar con 2.900 médicos y 5.300 colaboradores en todo el país para atender esta demanda fija, pero el vínculo contractual que mantienen con la mayoría de ellos no es directo.
La clínica terceriza los servicios médicos a través de una modalidad de negocio creada para competir con los altos sueldos que el SIS y Essalud pagan a sus trabajadores, y lo hacen incentivando al personal de salud para que constituyan sus propias asociaciones y empresas. Al permitirles ser su propio jefe, los subcontratan a fin de que brinden atención en sus instalaciones, y les facilitan equipamiento y personal de apoyo.
La Ley de Aseguramiento Universal N° 26842 ni las resoluciones de Sunedu regulan esta práctica. El entonces jefe adjunto de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (Sunasa), hoy Susalud, Mario Ríos, señala que las IAFAS privadas funcionan bajo los intereses del mercado, con la permisividad de un marco legal que empezó a relajar sus controles desde fines de los 90’s, con la Ley de Modernización del Seguro Social del gobierno de Alberto Fujimori.
Esta fórmula sirvió al Grupo San Pablo para posicionarse en el rubro. En una entrevista que brindó a la revista Diario Médico, el 2014, el fundador de la corporación, José Álvarez Blas, señala: “Empleamos a 1.721 médicos y competimos por contratarlos con Essalud, que ofrece sueldos que no podemos pagar. Nuestra fórmula es proponerle al médico crear su propia empresa, y asociarse con San Pablo. Así tenemos convenios con 485 empresas formadas por ellos. De este modo vamos a lidiar con la competencia estatal y con el déficit de personal”.
LA TERCERIZACIÓN PRECARIZA LA LABOR DEL MÉDICO Y LE AHORRA EL PAGO DE IMPUESTOS A LAS EMPRESAS
Funcionarios y personal del sector salud entrevistados para este artículo ‑que solicitaron mantener su nombre en reserva- señalaron que la tercerización de los recursos humanos precariza la labor del personal médico y les permite a las empresas ahorrarse el 18% del IGV en los servicios prestados, pues este costo es cargado a la boleta de la empresa subcontratada.
Por ejemplo, en un servicio cotizado en S/1.000 la clínica separa el 20% como ganancia y carga el 18% de los impuestos a la factura que emitirá el médico que prestó su servicio a través de una empresa o asociación; y a los S/620 restantes este le deberá deducir el 8% por renta personal, quedando para él S/570.
Además, si el servicio se generó en el marco del convenio con una aseguradora, el pago no será inmediato. Las clínicas del Grupo San Pablo se encuentran afiliadas al paquete de la EPS Rímac, y el abono se realiza cuando la aseguradora hace la transferencia.
Este esquema ha permitido que algunos médicos encuentren rentable constituir varias empresas de tercerización, tanto para el sector privado como estatal, pues el artículo 40 de la Constitución señala que ningún servidor público puede desempeñar labores adicionales que no sea la docencia. Por eso, en las mañanas pueden contratar a un médico de manera individual, y en la tarde a la empresa que este constituyó.
El exministro de Salud Víctor Zamora añade que, el segundo motivo por el que las clínicas privadas protegen este sistema de negocio se debe a que les ofrece un blindaje ante posibles denuncias. “La clínica no asume control real sobre lo que se realiza en sus locales porque solo pone las paredes. Esta asume responsabilidad con todos aquellos con los que ha facturado, y estos son otras empresas jurídicas. En un juicio, que puede tardar años, se definen los terceros civilmente responsables y se van individualizando y diluyendo sus acciones en muchas empresas”, indicó a OjoPúblico.
La entidad llamada a fiscalizar la actuación de las IAFAS privadas es Susalud. El consultor legal Frank García Ascencios, quien fue jefe de arbitraje en dicha entidad hasta el 2017, señala que el Gobierno intentó uniformizar el control sobre las las IAFAS públicas, privadas y mixtas el año 2013, con la publicación del Decreto Legislativo 1158 que deriva la fiscalización de dichos establecimientos a la superintendencia.
Sin embargo, hasta hoy, dicha entidad ni el Ejecutivo emiten una resolución que defina la responsabilidad legal en estos servicios tercerizados. “Ante un cuestionamiento por un acto médico la EPS se desliga culpando a la clínica, y esta, a su vez, se subdivide en otras razones sociales por especialidad o servicio prestado. Es una forma legal para obstruir un reclamo. En un proceso judicial sí se determinan responsabilidades, pero es un proceso muy largo”, añadió.
NUEVA SEDE. La corporación tenía recursos para construir tres nuevas sedes este año. El 2019 inauguró su última sede en Arequipa.
Foto: Grupo San Pablo
Para asegurar sus ganancias, las clínicas privadas, sobre todo aquellas que manejan sus propias pólizas, como las IAFAS privadas, optan por gastar lo menos posible de los fondos que pagó el asegurado, limitando los exámenes o evaluaciones para no reducir sus ingresos. Sin embargo, en los últimos años la principal fuente de ingresos que han encontrado las clínicas no son los servicios médicos, sino la venta de productos farmacéuticos.
El estudio de la consultora Total Market Solutions (TMS), difundido en medios locales en enero pasado, señala que el negocio de los establecimientos privados cerró el 2018 con una facturación de S/1.826 millones, un 10% más que el año anterior, y la mitad de este monto corresponde a ingresos en su farmacia, seguida por pruebas para diagnósticos.
Un reportaje de Cuarto Poder reveló que la clínica San Pablo vendía el omeprazol a S/165 por unidad cuando el sector público lo ofrece a S/1; la empresa tuvo que rectificarse y anunció la aplicación de tarifas solidarias en medicamentos para el tratamiento de pacientes con Covid-19. OjoPúblico solicitó una entrevista con los voceros de esta corporación, a través de su equipo de prensa, pero al cierre de esta edición no respondieron.
El poder detrás del grupo económico
La primera clínica del Grupo San Pablo fue inaugurada en 1991 por el cardiólogo José Faustino Álvarez Blas, quien desde el 2000 empezó a diversificar sus inversiones en cuatro ramas de negocio: salud, construcción, hotelería y educación. La primera de estas es su buque insignia, con una red de 11 clínicas y centros especializados y de diagnóstico que funcionan en Lima, Arequipa, Trujillo y Huaraz. Precisamente, su Inmobiliaria Magnopata S.A fue la responsable de construir dichas sedes.
En el rubro educativo controla el Instituto San Pablo, y en el hotelero la empresa Peruvian Tours Agency S.A.C. que funciona bajo el nombre comercial de Aranwa Hotels Resorts & Spas, en tres regiones del país. En total son 26 las razones sociales que dependen de este conglomerado, y 13 de ellas se acogieron a los préstamos del programa estatal Reactiva Perú por un total de S/59 millones 897 mil, canalizados por el Banco de Crédito del Perú (BCP) y Scotiabank.
El 91% de los fondos obtenidos, con tasas de interés mínimas y avalados por el Estado, se destinaron a los negocios de salud del grupo. Las clínicas que captaron los créditos máximos de S/10 millones cada una, San Pablo, San Gabriel y Jesús del Norte, son las mismas que registran sanciones en Susalud por mala práctica médica en sus sedes de Huaraz, San Miguel e Independencia, como señaló OjoPúblico.
Sin embargo, las finanzas del grupo estaban en azul al llegar la pandemia, incluso contaban con US$100 millones para invertir este año en la construcción de tres sedes hospitalarias, de entre 9 y 11 pisos, en los distritos de La Victoria e Independencia, en Lima; y en Tacna. En abril del año pasado inauguraron su sede en Arequipa y tenían previsto hacer lo mismo con estas nuevas edificaciones el 2021.
De acuerdo con sus estados financieros, la clínica del mismo nombre facturó S/151 millones al cierre del 2018, y el mayor porcentaje (63%) lo obtuvo con el servicio de hospitalización. En tanto, el Complejo Hospitalario San Pablo ‑que reúne sus negocios del sector médico- registró una facturación total de US$118 millones (S/413 millones).
Estas cifras lo posicionan en el cuarto lugar de entidades privadas con mayores ingresos en el rubro de la salud, según el ranking de América Economía. La lista lo ubica después de la EPS Pacífico, del grupo Credicorp; y de la EPS Rímac y la Clínica Internacional, ambos del grupo Breca.
HEREDERO. El fundador del grupo, José Álvarez Blas, ha encargado el control de sus negocios al menor de sus ocho hijos, Gabriel Álvarez Huiman.
Foto: Grupo San Pablo.
Si bien Álvarez Blas es el gerente general del conglomerado y ocupa cargos directivos en sus 26 empresas, en una entrevista con la revista de la Asociación de Clínicas Privadas (ACP) dijo que se considera “un caminante del mundo”, pues ha optado por seguir su pasión de artista y ser fotógrafo. Cuenta con una página web con sus viajes y trabajos, y ha publicado voluminosos libros gráficos con el financiamiento del mismo Complejo Hospitalario San Pablo.
El segundo patrocinador de sus publicaciones es la Fundación Alvartez, organización sin fines de lucro del Grupo San Pablo que está exonerada del Impuesto a la Renta; la misma que se creó en la década de los 90 para ayudar a niños con cardiopatías, pero actualmente realiza charlas preventivas y actividades de asistencia social. Lo preside la cardióloga Bertha Huiman Tipiani, esposa de Álvarez Blas.
En la práctica, las cuatro líneas de negocio del Grupo San Pablo son manejadas por sus ocho hijos, pero es el menor de ellos, Gabriel Álvarez Huiman, quien ocupa los cargos gerenciales y toma las decisiones en la organización. El brazo derecho de él y su padre es el actual gerente médico de la corporación, Amador Vargas Guerra, expresidente del Colegio Médico del Perú (CMP) y quien respaldó la lista de candidatos que a la fecha preside este gremio.
Por su parte, la representante legal y quien avala los acuerdos y transacciones del conglomerado es Sara Rosado Silva, bachiller en Trabajo Social, y es quien suscribió el convenio con el Estado para que las clínicas San Pablo, Jesús del Norte, San Gabriel, San Juan Bautista y Santa Martha habiliten sus camas UCI durante la pandemia.
GERENTE. El gerente médico de la corporación, Amador Vargas Guerra, expresidente del Colegio Médico del Perú (CMP), es el brazo derecho de la familia Álvarez.
Foto: Clínica San Gabriel
Años antes, una de las personas claves que acompañó a este conglomerado fue Flor de María Philips, quien tras una amplia experiencia con aseguradoras privadas pasó a ocupar el cargo de Gerente Corporativo Administrativa del Grupo San Pablo, entre el 2009 y 2010. Dos años después, el 2012, fue nombrada como superintendenta de Susalud, la entidad encargada de fiscalizar y sancionar a las clínicas.
Ella se mantuvo en el puesto hasta el 2016, en el mismo periodo en que se diseñó la reforma normativa de este organismo. En 2013 su gestión nombró al exgerente administrativo del Complejo Hospitalario San Pablo, Juan Temoche Araujo, como interino y luego jefe de la Intendencia de Supervisión de IAFAS en Susalud, cargo que dejó al fallecer, en marzo del 2015.
Desde abril del 2019, Susalud es liderada por Carlos Acosta Saal, y entre las denuncias que deberá resolver su gestión está el caso de las 123 clínicas que cobraron por pruebas para detectar la Covid-19 a pesar de que recibían los resultados gratuitos del Instituto Nacional de Salud. Entre las posibles infractoras, según la Contraloría General de la República, están cuatro empresas del Grupo San Pablo: Jesús del Norte, San Gabriel, San Juan Bautista y Santa Martha del Sur.Elizabeth Salazar Vega@ElizabSalazar esalazar@ojo-publico.com
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Estado y aseguradoras compiten por las últimas camas UCI del sector privado
Hasta el viernes 31 de julio, eran cinco las personas atendidas en el marco del convenio que suscribió el Estado con las clínicas para recibir en sus UCI a afectados por el coronavirus; y solo dos de ellos fueron derivados de un hospital público. Los establecimientos de salud particulares firmaron contratos para garantizar la atención de solo 38 pacientes en todo el país, pero sus camas están copadas por afiliados con pólizas de seguro privadas.Por Elizabeth Salazar Vega
INTERCAMBIO. El SIS llegó a contratar 38 servicios de atención, pero solo 5 se han ejecutado hasta el momento.Foto: Andina.4857
“Noventa mil soles vale la vida de nuestra madre. Estamos en la clínica San Gabriel, del distrito de San Miguel, pero para internarla nos piden el pago por adelantado”. El llamado de auxilio de Helssi Buquich se hizo público en sus redes sociales el lunes 27 de julio con el fin hacer una colecta y reunir el dinero que les exigían. Su madre había tratado de vencer al coronavirus desde casa, con balones de oxígeno, porque en cada hospital o clínica al que llamaban la respuesta era la misma: no había camas.
La clínica San Gabriel, a donde fue llevada la madre de Helssi, pertenece al Grupo San Pablo y es una de las 25 empresas privadas que suscribieron el convenio con el Seguro Integral de Salud (SIS) para recibir en UCI a pacientes con Covid-19 transferidos por el Ministerio de Salud. El acuerdo ‑que se logró a fines de junio, luego de infructuosas negociaciones por cuatro meses- reconoce un único pago de S/55 mil por cama.
Los términos de referencia de los contratos suscritos señalan que el convenio se activa cuando un asegurado del SIS, con diagnóstico severo de Covid-19, es referido de un hospital público tras constatar que no hay camas disponibles en el sector estatal. De manera excepcional se aceptan a pacientes que no son transferidos y llegan directamente a a las clínicas en estado grave. El objetivo es estabilizar al afectado hasta que se coordine con otro establecimiento que tengan una cama libre para continuar su tratamiento.
EN SUS CONTRATOS LAS CLÍNICAS GARANTIZAN LA ATENCIÓN SOLO PARA UN MÁXIMO TOTAL DE 38 PACIENTES EN TODO EL PAÍS.
El Gestor de Camas ‑personal asignado por el Ministerio de Salud (Minsa)- es quien verifica en su sistema que no hay UCI disponible en los hospitales públicos. Luego coteja si alguna de las clínicas afiliadas liberó un cupo, y de ser así, se comunica con sus representantes, llena un formato de referencia y le envía una captura de imagen con los datos de afiliación del paciente al SIS. Con ello, la cama queda asignada.
El SIS realizó dos convocatorias para contratar servicios de camas UCI en el sector privado; la primera fue de 55 unidades, la segunda de 71, pero los compromisos firmados fueron para solo 38 pacientes. Hasta el viernes 31 de julio, eran cinco las personas atendidas en el marco del convenio; sin embargo, solo dos de ellos fueron referidos de hospitales públicos. El resto llegó directamente a la sala de emergencia de las clínicas.
GRUPO ECONÓMICO. La clínica San Gabriel pertenece al Grupo San Pablo y recibió S/10 millones en préstamos de Reactiva Perú.
Foto: Clínica San Gabriel.
No todos los cupos ofertados son tomados por las empresas de salud. El número de camas que ofrece cada clínica en su contrato depende de la disponibilidad promedio que manejan. Por ejemplo, la Clínica Internacional se adjudicó 12 servicios; mientras que el Stella Maris ofreció 2, y el resto solo uno. El SIS ya alista una tercera convocatoria para que más clínicas se sumen en Lima y otras regiones previstas.
Mario Ríos, director de la ONG Derecho y Justicia en Salud, considera que el incremento de casos hace que el paciente SIS sea poco elegible respecto a usuarios con pólizas que tienen coberturas mayores a los S/55 mil que ofrece el Estado. “La selección es por disponibilidad de camas, pero también por criterios económicos. Todos están colapsados, el sector público y privado, pero no hay nada que impida esta selectividad. En este sentido, no resulta tan eficaz este convenio”, añadió.
La madre de Helssi no tenía SIS, y en la clínica no le explicaron la necesidad de tramitarlo para que pueda ingresar acogiéndose a la excepción de la norma. Solo le dijeron que al no haber sido referida de un hospital público, tenía que pagar. Su familia indagó e hizo los trámites, y luego de mucho esfuerzo lograron afiliarla al seguro público a la mañana siguiente y se lo comunicaron a la Clínica San Gabriel para que coordinen su traslado, pero esto no ocurrió.
“El miércoles el Minsa nos dijo que la clínica no había reportado la necesidad de una cama. Perdieron un día. Tuve que traer a un abogado para que nos entreguen los documentos con los cuáles iniciar el trámite de hospitalización. Ahora estamos esperando una respuesta”, declaró la hija a OjoPúblico.
Ella ha presentado una queja formal ante la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud). Su caso ayuda a entender el frágil intercambio de prestación de servicios luego del convenio y la incapacidad del Estado de sentar a una mesa al sector privado para priorizar la atención de pacientes por encima del negocio de la salud.
El papel de las aseguradoras
“El que debe buscar la cama es el financiador, no el paciente. Sus familiares no lo pueden estar paseando y perdiendo tiempo valioso, deben ir a un hospital para que desde allí se haga la referencia a una clínica que esté libre, previa verificación en el sistema. El convenio no estipula la separación de camas para pacientes SIS, pues ello sería inhumano para otro que lo necesite. Pero lo cierto es que es estamos desbordados, ya no hay camas. Se liberan con mucha lentitud”, sostiene el gerente general del Stella Maris, Carlos Joo.
Los establecimientos de salud que firmaron el convenio cuentan con una persona responsable de actualizar la información de sus ambientes libres, al inicio y al cierre del día. En la práctica, esta gestión termina sujeta a la cola de pacientes con los que cuentan las 25 clínicas firmantes del convenio, así como de la demanda de usuarios con Covid-19 en las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) con las que tienen afiliación.
Al igual que el Estado, las aseguradoras como Mapfre, Pacífico, Rímac y otros, desarrollan sus propias gestiones a fin de obtener una cama para sus pacientes críticos. Además, sus afiliados se internan directamente en la clínica cuando empiezan a presentar síntomas graves, y apenas se libera la cama, ingresan a UCI. Por ello, actualmente las camas con ventilador en las clínicas que suscribieron el convenio están copadas por pacientes afiliados a estas aseguradoras o con aquellos que cuentan con pólizas particulares.
SIN CAMAS. El convenio entre el sector público y privado es para referir pacientes que requieren camas con ventilador en UCI.
Foto: Andina.
El presidente de la Asociación de Clínicas Particulares (ACP), Alejandro Langberg, señala que, además de los cinco pacientes que recibieron del SIS, han acogido a otros cinco provenientes de Essalud, en el marco de un convenio similar que se firmó con dicha entidad.
«Los pacientes que recibimos pueden ser particulares, de compañías de seguros o también del Estado. El problema es que las UCI de las clínicas, como en los hospitales públicos, están llenas, y en los establecimientos ya hay pacientes a la espera de ser ingresados. Además, tenemos personas que están siendo atendidas sin pago alguno, a la espera de que el Estado reconozca si aplica o no el intercambio prestacional. Eso provoca un enorme déficit financiero para las clínicas”, se justificó Langberg.
Para el jefe del SIS, Moisés Rosas Febres, esta situación no puede resumirse en un acto de oportunidad, de preferencia o de quien llama primero, porque se trata de una necesidad médica en la que todos los pacientes en cola son importantes. “El Decreto Legislativo 1466, que regula los contratos, establece que cada instancia tiene como prioridad sus propios pacientes. Cualquier establecimiento privado puede hacer intercambio siempre y cuando no descuiden la población que normalmente atienden”, indicó a OjoPúblico.
La demanda creciente
Según la ACP, hasta antes del convenio las 61 clínicas agremiadas lograron ampliar a 244 el número de camas UCI, pero el aumento de pacientes graves con Covid-19 ha hecho que estos se encuentran constantemente ocupados. El presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde, indicó en otra entrevista con OjoPúblico que la demanda habitual en hospitalización con ventilación mecánica cubría nueve de cada diez cupos disponibles, pero la pandemia ha sobrepasado estas cifras.
El Grupo San Pablo –que acogió a 13 de sus clínicas al programa Reactiva Perú, entre estas a la Clínica San Gabriel- respondió las consultas de OjoPúblico a través de un comunicado. En este asegura que la prioridad del internamiento en UCI se da en función a la gravedad del paciente, independientemente de quien lo derive; y que apenas llega un afiliado del seguro estatal lo comunican al Gestor de Camas.
“Cabe recordar que el convenio firmado es exclusivo para la atención de pacientes SIS y Essalud con necesidad de UCI con ventilador, referidos de un hospital, previa autorización- carta de garantía expedida, y no es válido para la hospitalización en piso. Es necesario que el SIS y Essalud actúen rápidamente accediendo a nuestros requerimientos de referencia de pacientes a sus hospitales, para que no sea necesario hacerles ningún cobro”, señalan.
La empresa también señala que en comparación con el SIS o Essalud, con «las EPS o aseguradoras, cuando se solicita una carta de garantía para la atención médica generalmente esta es enviada de inmediato».
Al cierre de este informe, la madre de Helssi continuaba en el tópico de emergencia de la Clínica San Gabriel porque la familia no ha logrado reunir los S/90 mil para hospitalizarla en piso, pero se siguen facturando cobros diarios por la atención, los mismos que hasta el viernes ya sumaban S/10 mil.
FUENTE: Ojo Público
“El miércoles el Minsa nos dijo que la iban a llevar al Hospital de Ate, pero luego explicaron que hubo una descoordinación y no había cupo. Otra persona que ingresó después fue derivado esa misma noche; no entendemos con qué criterio”, añadió la joven, que también tiene a su hermana hospitalizada en la Villa Mongrut, de Essalud, por neumonía debido al Covid-19.