Los que iban a asaltar los cielos se suman a los que nos
van a llevar al infierno.
El 22 de julio de 2020 en el Congreso de los Diputados se
escenificó el acuerdo entre los dos partidos que han propiciado la
privatización en las últimas décadas en el estado español (PP y
PSOE) y el partido que iba a asaltar los cielos, Unidas Podemos.
Así, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por 256 votos a
favor (Podemos y los de los privatizadores PP y PSOE), 88 en contra
y tres abstenciones, el Dictamen para la Reconstrucción de la
Sanidad.
Silencios
La privatización no existe. En un ejercicio de equilibrismo
político, la Comisión de Reconstrucción aprobó un documento, de
33 páginas, en el que no se cita ni una sola vez la palabra que
define el cáncer que afecta al sistema de salud: privatización. No
hay ni una sola referencia a las dos vías legales sobre las que se
asienta la penetración del capital privado en la asistencia
sanitaria: la Ley 15⁄97 para la gestión por empresas privadas de la
sanidad pública, y el artículo 90 de la Ley General de Sanidad
(conciertos). El mantenimiento de ambas, permite que se sigan
extendiendo, donde el partido de turno decida, los centros de
gestión privada, al tiempo que los privados seguirán absorbiendo,
vía conciertos uno de cada 7 euros del gasto sanitario.
Medidas
Tras la Cumbre de la UE en la que a España se le adjudicaron
140.000 millones de euros (aún no se ha explicado a cambio de qué
nuevos recortes y privatizaciones de servicios públicos y
contrarreformas laborales y de las pensiones), sorpresivamente, el
PP decidió suscribir el documento de la Comisión de Reconstrucción
con cambios sustanciales, obviamente en el camino de aumentar la
privatización. Es evidente que los dineros recibidos tenían,
además de las imposiciones que hasta la fecha han ocultado, una
condición política de la UE: incluir al PP en el reparto de los
mismos.
A la espera de las modificaciones legislativas que se produzcan,
el acuerdo plantea una «Reforma estructural del SNS», que será
ejecutada por los mismos partidos que han permitido y alentado la
privatización desde 1997. Pero necesitan la colaboración de todos
los partidos posibles, para ello plantean un Pacto de Estado para
«dar estabilidad a las medidas reformadoras» que van a introducir.
Lo llaman Pacto Cajal que tiene un nombre más «neutro»
políticamente que el de Abril Martorell, aunque los objetivos son
los mismos.
Dicha reforma será una nueva vuelta de tuerca, esta vez sobre
las partes del sistema sanitario que aún se mantenían bajo la
fórmula de gestión directa pública, introduciendo la gestión por
parte de empresas privadas en ellas (centros de salud y servicios
hospitalarios sobre todo). Es decir, poner a disposición del
capital todo servicio rentable que quedaba aún ‑en parte- fuera del
derecho privado. Más fondos de inversión detrás de las
estructuras jurídicas que se creen para la gestión de los centros
sanitarios, sólo llevará a subordinar aún más los objetivos de
salud colectiva a los intereses del lucro privado.
Bajo la repetida disculpa del «encorsetamiento» del sistema
público, anuncian la exploración y aplicación de nuevas «fórmulas
jurídicas a los Servicios Autonómicos de Salud»; «Dotar a las
redes y/o centros sanitarios públicos de capacidades para la
gestión operativa de su presupuesto, su personal, sus compras y
contratos…»; «…fomentar la asunción de funciones gestoras por
parte de los profesionales»; «reorganizar los servicios dotándolos
de un nivel adecuado de autonomía…»; para lo que precisarán la
«actualización de la legislación sanitaria de ámbito nacional y
autonómico».
Promesas
Se promete «garantizar el derecho de los residentes en
residencias de ancianos a ser atendidos por el SNS», lo que
legalmente es así al disponer de tarjeta sanitaria, pero no se ha
aplicado de facto como ha demostrado la epidemia de Covid19;
«reforzar la atención primaria»; «transferir los servicios
sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias…»;
«eliminar la tasa de reposición de efectivos»; «desarrollar una
red de hospitales de media y larga estancia… de gestión y
titularidad pública» –lo que ya sabemos en qué puede acabar con
las leyes actuales; incrementos de gasto «destinados a sanidad
pública de gestión directa» ‑lo que no garantiza que no vayan a
parar a los bolsillos privados a través de los conciertos; «derogar
el decreto 16/2012» de «exclusión sanitaria» ‑lo que de ser
cierto, será bienvenido, pero hay que entender que lo hacen porque
no afecta al negocio y permite lavar la imagen-. Al mismo tiempo, se
evita hablar de la creación de una farmacia pública a la vez que
se sigue apostando por la «colaboración público-privada con la
industria farmacéutica».
Semejante jugada va a deteriorar aún más la eficacia de la
sanidad y la calidad de la atención, al tiempo que se disparan las
listas de espera, para regocijo de los seguros privados. Y todo
ello, a pesar de la evidencia de que la medicina aplicada
repetidamente al SNS desde hace décadas, la mercantilización
disfrazada de eficiencia, ha demostrado ser contraproducente para el
paciente, aunque, eso sí, un negocio redondo para fondos de capital
riesgo, bancos y empresas inmobiliarias.
Desde CAS estatal, llamamos fortalecer las organizaciones locales y a preparar la movilización en todos los puntos posibles del estado tras el verano, contra esta nueva agresión y por las reivindicaciones de nuestra campaña «Nunca más muertos evitables, nunca más privatización».
Fuente: casestatal.org
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