Unos 80 presos y presas de EPPK estarían en la calle este mismo año si se aplicara sin excepcionalidades la libertad condicional. La gran mayoría de ellos, por haber superado los tres cuartos de condena. Más de la mitad siguen sin embargo en la jaula del primer grado.
Aunque por pura emergencia en los
últimos años se ha incidido sobre todo en la cuestión de los
presos enfermos o el alejamiento, hay otro punto de excepcionalidad
en la política penitenciaria que genera una afección muy potente y
numerosa: según explica el último número de ‘KaleraInfo’, unos
80 presos y presas de EPPK deberían estar en libertad condicional
este mismo año si se aplicaran las legislaciones comunes, sobre todo
por haber superado las tres cuartas partes de sus condenas, aunque
las casuísticas resultan diferentes.
El grupo más numeroso de ellos (unos 50) lo conforman quienes han
pasado ese tope pero se encuentran en primer grado (aplicado
sistemáticamente a EPPK) o en la variante del artículo 100.2, que
se traduce en condiciones algo más flexibles pero sin cambiar de
grado. Cabe recordar que por ley la aplicación del primer grado debe
estar justificada en razones como la inadaptación y revisarse además
cada cierto tiempo, lo que no ocurre con estas personas, puesto que
no es infrecuente que pasen más de dos décadas en primer grado sin
justificación ni revisión alguna. Si se hubiera ido produciendo una
progresión normal a segundo y tercero, podrían solicitar la
libertad condicional. Gran parte del problema, por tanto, viene
heredada de décadas de política carcelaria excepcional.
Hay un segundo bloque de unos 20 prisioneros que ya están
clasificados en segundo grado y que en este 2020 deberían progresar
a tercero, pudiendo cruzar así la puerta de la calle. Sin embargo,
es conocido que el tránsito de segundo a tercero se está
materializando con cuentagotas. Solo en torno a una docena han podido
disfrutar de permisos de algunos días tras una batalla legal siempre
intensa y menos aún han logrado llegar al tercer grado; el primero,
el durangarra Gorka Fraile, que ya ha dejado atrás la prisión.
Se les suman unos pocos casos en que el tercer grado no se ha
traducido aún en libertad condicional o que ni siquiera han
alcanzado ese estatus por otro factor de excepcionalidad vigente: la
negativa a descontar condenas cumplidas en otro estado, contra el
criterio que marcó Europa ya en 2008 y que el Estado español
incumple con una artimaña legal.
Y además, lejos
En consecuencia, en la actualidad en el Estado español hay
encerrados cerca de 70 presos de EPPK que tienen ya superada o
pasarán antes de acabar el año la barrera de los tres cuartos de
cumplimiento que debería dar acceso a la libertad condicional.
‘KaleraInfo’ refleja que todos ellos deberían quedar libres
este mismo 2020, pero sin embargo no solo tienen la puerta cerrada
hasta el momento sino que la mayoría se encuentran en prisiones muy
alejadas: Huelva, Puerto de Santa María, Almería, Algeciras,
Córdoba, Sevilla, Granada, Jaén, Murcia, Galicia…
«Si no se aplican las medidas previstas en la ley y el reglamento
penitenciario –tercer grado y libertad condicional para quienes
cumplan las condiciones – , solo quince presos saldrán de la cárcel
en 2020… y todos tras agotar la condena», concluye el informe de
Euskal Presoen Aldeko Batzordea de Sortu. Añade el listado completo
de quienes se encuentran en esta situación.
Por aportar algunos nombres que pueden ser más conocidos por
distintas circunstancias, Iñaki Arakama, Sebas Etxaniz, Antton
Troitiño, Marta Igarriz, Jagoba Codó…
En el Estado español esta cuestión afecta exactamente al 37,5%
del Colectivo, con datos de junio.
Fuente: Ramón Sola – naiz.eus
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