Resumen Latinoamericano, 27 de septiembre de 2020.
Estas próximas 72 horas serán decisivas para solucionar o no el conflicto suscitado por la recuperación de tierras en Guernica por 2500 familias y varios miles niños y niñas. Los vecinos y vecinas, a los que los medios hegemónicos y no pocos intendentes califican de «usurpadores» cuando saben muy bien que esas tierra no tienen dueño, van a marchar este lunes hacia la gobernación en La Plata para pedir una audiencia urgente con Axel Kicillof. Llevarán en una carpeta una propuesta de solución que consiste en que «las zonas conocidas como 20 de julio y San Martín sean adquiridas por el Estado dado que no se pudo comprobar la supuesta titularidad de esos terrenos. Esto permitirá la existencia de casi 1.450 lotes. Por otra parte, que se ceda el 10% del predio del proyecto como marca la Ley de Acceso Justo a la Tierrra (Ley 14.449),del barrio cerrado que comprende actualmente los barrios La Unión y La Lucha». Si se adopta una posición positiva sobre esta última idea, permitiría agregar otra amplia franja de manzanas y lotes, con capacidad para albergar el resto de los lotes necesarios para completar la urbanización.
Es una propuesta llena de lógica y calmaría las aguas que algunos funcionarios provinciales se encargaron de encrespar en las últimas horas. Primero porque actúan con la picardía de creer que lo más fácil para lograr un hipotético desalojo, antes de emplear la fuerza policial, pasa por ofrecer dinero y hasta algunos electrodomésticos «si se van pacíficamente». Para ello, lo intentaron el sábado con la concurrencia del ministro Larroque y otros funcionarios y este domingo, con el desembarco en las tierras anegadas por la lluvia, de un centenar de asistentes que pretendían «dialogar» pero individualmente y en una situación como la que se vive allí, con aprietes policiales, llamadas telefónicas a los vecinos exigiéndoles que se marchen cuanto antes «porque va a ser peor», lo que ocurrió es que no se les permitió el acceso a quienes no habían sido invitados. Más aún, para colmo, los alimentos con que habían querido mostrar «buena disponiblidad», al ver que no les cedían el paso, se los llevaron de muy mala manera.
Horas después, mientras continuaban sonando los celulares de algunos vecinos y se repetían las amenazas telefónicas, el gobierno provincial daba a conocer un comunicado «a su medida» contando lo ocurrido, y acusando a las organizaciones sociales que apoyan a los vecinos y que tienen varios de sus militantes recuperando tierras alli, de ser los culpables de los «actos violentos» cometidos contra los funcionarios. Saben mejor que nadie que no hubo actos violentos salvo la retirada por ellos mismos de los alimentos, muchos de los cuales fueron arrojados con desprecio al suelo o a una zanja. Los videos y las fotos no engañan y por eso ese comunicado sonó como echar más gasolina al fuego.
Si a esto se le suma que en la madrugada del domingo, dos militantes de la CTD Aníbal Verón y de la Corriente Nuestra Patria, fueron baleados por policías en Guernica, causando graves heridas a uno de ellos que fue internado de urgencia y está en terapia intensiva. Los policías bonaerenses huyeron.
Se viene diciendo con insistencia que la de Guernica no es una «toma» más, sino que a lo largo de estos dos meses, en los que se pudo escuchar la voz de las mujeres, los hombres y los niñes que están allí, se tomó conciencia de la gravedad en que está una parte importante de la población humilde del Gran Buenos Aires, donde la falta de trabajo sumado a no tener viviendas, obliga a tomar la decisión de entrar pacíficamente (esto hay que destacarlo siempre) a tierras sin dueño. Rodeadas de countries lujosos, pero sin dueños. Por otra parte, se ha ido conformando una matriz de opinión en la que lamentablemente cayeron algunos funcionarios que se han olvidado que representaban (por lo menos en la campaña electoral) a sectores populares, y se ha puesto sobre la superficie una nueva variante de la nefasta «teoría de los dos demonios». Porque qué otra cosa es demonizar y criminalizar a los de abajo, a los excluidos, acusarlos de lo que no son e imputarles delitos no cometidos, con la ayuda de jueces y fiscales espúreos. Y por otro lado, en un teórico combate con la derecha que indudablemente hostiga al gobierno y se aprovecha de sus yerros ideológicos, poner en ese sector la otra cara de una confrontación necesaria. Ni «usurpadores» de tierras ni aprietes fascistas, parece ser la ecuación que se quiere imponer. Para los primeros nada mejor que amenazarlos y si no retroceden aplicarles la represión (Berni ya está en las gateras para actuar) y para los otros, los reales enemigos de una sociedad diezmada, mucha alharaca discursiva pero ningún castigo real. Macri y sus compinches, saqueadores del país, siguen libres, los policías que asesinaron a Facundo Astudillo Castro también, y ni qué decir de los que se levantaron en armas en la sedición policial. Se habla de dos demonios, pero los cañones están dirigidos a las y los que aspiran a poder ofrecerles a sus hijos e hijas un pedacito de tierra y un techo para vivir.