Resumen Latinoamericano, 19 de septiembre de 2020.
Postura ante “informe” de la ONU, próximas elecciones, visitas de Pompeo y acciones judiciales del gobierno de ese país.
El Partido Comunista de Chile (PC) emitió una declaración respecto a la situación de Venezuela, abordando distintas materias en relación a ese país, como el informe de Naciones Unidas, las próximas elecciones legislativas, las medidas judiciales del gobierno de ese país y las amenazas desde el gobierno de Estados Unidos. El siguiente, es el texto íntegro del comunicado del PC. La declaración se produjo después que las diputadas del Partido, Camila Vallejos y Camila Hertz habían realizado declaraciones coincidentes con el documento de la ONU y denostando la política de DDHH de la Revolución Bolivariana.
Comunicado Público
El Partido Comunista de Chile propugna que los Estados deben cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y asumir compromisos ante la comunidad internacional, todo ello en el marco de los principios del multilteralismo y autodeterminación de los pueblos.
En este sentido, sin pretensión de responder por el Estado venezolano, manifestamos que confiamos en los esfuerzos que el gobierno de ese país despliega actualmente y seguirá desarrollando, con el apoyo de la comunidad internacional, para superar la crisis que experimenta. Por ello, nos parece alentador la reciente renovación del pacto de cooperación entre el gobierno de Venezuela y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUD), tras un año de la primera reunión, en el que se acordó triplicar el número de funcionarios que operan en el país y trabajar por la apertura de una oficina en Venezuela, todo ello fruto de un proceso de cooperación constructiva entre las partes. Es el camino que busca la paz social, que ha dado frutos en el diálogo entre gobierno y oposición democrática, no golpista, que ya cumple un año y avanza a elecciones legislativas.
Coincidentemente ha aparecido un “Informe” sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, a la par con la gira que Mike Pompeo, Secretario de Estado de los EE.UU, realiza a Colombia, Brasil y Guyana, con la manifiesta intención de apoyar a los sectores golpistas en Venezuela, que encabezados por Guaidó insisten en la intervención extranjera, ante su derrota en el país. Ello contempla el uso y abuso de este “Informe”.
América Latina sufre una crisis de proporciones en materia de derechos humanos: en Colombia, más de mil asesinatos de líderes sociales, después del Acuerdo de Paz, han quedado impunes y más de 55 masacres este año. El último asesinato de un periodista, despertó la indignación popular, con 17 muertos por la represión. En Bolivia, por su parte, un golpe de Estado descarado auspiciado por la OEA dio paso a un proceso de persecución a los partidarios del presidente Evo Morales, causando muertes y torturas, que han significado graves violaciones de derechos humanos. Ninguno de estos casos ha merecido la atención suficiente de un órgano internacional.
En Chile, está patente la impundad ante la violación de derechos humanos, de la dictadura y ahora del gobierno de Sebastián Piñera ante la demanda popular. En EE.UU, Trump que enfrenta la reelección, reprime violentamente a los que protestan ante la creciente xenofobia de su mandato y los crímines de connotación racista por agentes del Estado.
Esta acusación hacia Venezuela, como se reconoce en el “Informe”, es fruto de un trabajo desarrollado desde fuera del país, un texto redactado en base a versiones obtenidas a distancia, en el que no se ha tenido un intercambio real con las autoridades de ese Estado, es decir, carente de pruebas fácticas, por lo que no es una visión de conjunto de las situaciones que se han vivido, por lo que sus referencias a actos reñidos con los derechos humanos tiene carencias de rigurosidad.
Contextualiza el “Informe” la situación, señalando que Venezuela continúa sufriendo una hiperinflación y una severa escasez de alimentos y medicinas, pero no dice una palabra sobre el bloqueo y la injerencia extranjera encabezada por los Estados Unidos y Colombia que es la principal causa de esa situación. Tampoco menciona el retorno masivo de venezolanos a su país en el último tiempo, del que los chilenos somos testigos directos. Asimismo, el informe consigna que una parte de la oposición ha adoptado muchas formas, entre las cuales menciona 19 intentos de golpe de Estado, y atentados contra la vida del Presidente, lo que no hace más que demostrar la compleja situación de violencia golpista y conspirativa dirigidas desde el exterior, de los que ha tenido que defenderse el estado venezolano.
En cuanto a la exhortación de que Venezuela inicie de inmediato investigaciones efectivas, el “Informe” omite la situación real comunicada a las Naciones Unidas, que bajo las gestiones de las autoridades judiciales de ese país actualmente hay 517 funcionarios acusados por tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ocurridas entre 2017 a marzo de 2020, de los cuales 167 se encuentran privados de libertad. Al mismo tiempo 731 funcionarios han sido acusados por el delito de homicidio o violación del derecho a la vida, de los cuales 436 se encuentran en prisión.
Está claro que, también es un avance el resultado del diálogo con la oposición y de los compromisos ante la Alta Comisionada, al ser indultados 110 detenidos opositores al gobierno, varios de ellos enfrentando cargos de terrorismo y sedición, coludidos en intentos de golpe o intervención extranjera.
Estimamos que las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de este año en Venezuela ofrecen una oportunidad de solución por la vía de la decisión popular y democrática. La comunidad internacional debe respetar y alentar ese proceso, en el que los propios venezolanos, sin la intromisión de intereses extranjeros, podrán decidir su futuro.
Pero este proceso está en peligro, y podría servir a ello la recomendación final del “Informe”, que, a contrapelo con su propia afirmación, que el estándar “de motivos razonables para creer” no da para acreditar responsabilidades penales, sugiere iniciar acciones legales contra personeros del Estado venezolano de acuerdo a la legislación interna pertinente de cada país. Ello puede es una excusa para quienes, como el presidente Trump, Duque, Alamagro y otros, pretenden someter a Venezuela mediante el uso de la fuerza e impedir el proceso electoral, resultado del acuerdo para la convivencia democrática.
El Partido Comunista de Chile, postula la defensa y el respeto de los derechos humanos y la solución política de las controversias, incluyendo en ello a Venezuela. Por lo mismo, rechaza, denuncia y alerta sobre la escalada comunicacional, diplomática y de presión hacia terceros países, articulada desde la administración de EE.UU, de la que el gobierno de Chile se hace parte, con el fin de desestabilizar, desacreditar e intervenir en este proceso electoral y crear condiciones para una nueva crisis con propósitos desestabilizadores.
Al mismo tiempo rechaza el doble discurso de quienes en Chile se procuran presentar como defensores de los derechos humanos y nada dicen respecto de la represión por todos conocida, en nuestro propio país, con resultado de muertes y lesiones invalidantes graves, contra las manifestaciones populares, o aquellos que ejercieron como cómplices y encubridores de los crímenes cometidos por la dictadura y que pretenen aprovechar el “Informe” para levantar su alicaida campaña por el rechazo de una Nueva Constitución, mediante una campaña comunicacional odiosa y mentirosa.
El Partido Comunista de Chile no se prestará para una nueva escalada internacional contra Venezuela, promovida desde los EE.UU.
Santiago, 18 de septiembre de 2020.
