Por: Gearóid Ó Loingsigh*, Resumen Latinoamericano 2 de setiembre de 2020
La oligarquía guatemalteca firmó un acuerdo con la insurgencia de la URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca) en 1996 que prometió, entre otras cosas poner fin a la violencia en el país.[1] El nombre del acuerdo final no dejaba dudas, Acuerdo de Paz Firme y Duradera. El país sería un remanso de paz de allí en adelante, respetando los derechos de los campesinos y construyendo un nuevo país para todos. O por lo menos, eso es lo que decían.
Cuando los pazólogos analizan los acuerdos de paz, bien sea el de Palestina, Irlanda, Sudáfrica, Colombia o El Salvador, siempre parten de lo que dice el Acuerdo como tal y la promesa de paz, y luego si se presentan problemas en el camino, son problemas imprevistos, problemas estructurales que no se pueden superar en poco tiempo, a pesar de las declaraciones honestas de los firmantes, o por otro lado, y particularmente en el caso colombiano, los acuerdos «fracasan» debido a los obstáculos impuestos por personajes nefastos y rancios como Álvaro Uribe Vélez. Rara vez se preguntan si los firmantes eran sinceros, o si el acuerdo realmente tenía el propósito de resolver los problemas del país. Son tantos los acuerdos «fracasados» que debemos preguntarnos si realmente fracasaron. Cuesta creer que han firmado tantos acuerdos de paz en el mundo y ninguno cumplió con lo prometido y que sus «fracasos» son un resultado no deseado. Cuesta creer que la ONU, y los estados que apoyan los procesos y demás instituciones actuaron de buena fe pero nunca aprendieron las lecciones de sus «fracasos».
Uno de los puntos en que «fracasan» los acuerdos de paz es en la cuestión de la tierra y otro el de la violencia, ambos temas relacionados entre sí en muchos países, Irlanda siendo una excepción. Hoy en día vemos la estrecha relación entre la cuestión agraria y la violencia en las rachas de violencia que vivió Colombia durante el proceso de paz y las que vive ahora luego de la firma del Acuerdo de La Habana Pero en Colombia, los políticos de la izquierda lo tratan como una aberración, como si Colombia fuera el único país donde se presenta semejante fenómeno, cuando la realidad es que es muy común. Ni siquiera en Sudáfrica, donde la población negra logró como parte de su proceso de paz el voto, resolvieron el tema de las tierras. El tema de tierras no está resuelto y el Congreso Nacional Africano nunca intentó resolverlo. En el acuerdo de paz, prometieron repartir 30% de la tierra comercial agrícola, y para 1999, sólo logró repartir 1% y para 2018, 9.7% y apenas 7% de los propietarios son dueños de 97% de las tierras agrícolas y de esa 7%, 72% son blancos y apenas 4% son negros[2]. El CNA comenzaba a preocuparse por la cuestión muy tarde sólo cuando veían que su poder electoral declinaba ante sectores más radicales en algunos casos y sectores más tradicionales del poder blanco en otros. Existe violencia política en Sudáfrica, aunque los altos niveles de violencia se deben a factores, de criminalidad, pobreza, desempleo. Sin embargo, la Masacre de Marikana en la cual 34 mineros fueron asesinados por la Policía delante de las cámaras de la televisión en un estilo que emuló a la perfección las masacres bajo el Apartheid, no sólo en términos de la violencia sino también en el lavado de imagen posterior por parte del Presidente Zuma, la Policía y la Comisión Farlam encargada de la investigación. Todos respondieron ante los medios como si hubiesen reciclado algún discurso del régimen blanco de antes. Uno de los directores de la mina donde ocurrió la masacre era Cyril Ramaphosa, antiguo secretario general del sindicato de trabajadores mineros (NUM), convertido en magnate de la industria minera y hoy en día el presidente de Sudáfrica. Así, debemos preguntarnos si es un problema con el proceso de paz en Sudáfrica o un problema en general con todos los procesos de paz.
En Guatemala tampoco hubo una reforma agraria y la violencia sí mermó mucho pero no cesó del todo nunca. Guatemala vivió uno de las peores épocas de violencia en América Latina con más de 200.000 muertos. La Comisión de Esclarecimiento Histórico registró un total 626 masacres cometidas por las fuerzas oficiales del Estado, pero 420 de ellas ocurrieron en un lapso de 18 meses entre 1981 y 1983. Es más, entre 500.000 y un 1.500.000 personas fueron desplazadas por el Ejército y unas 45.000 personas fueron desaparecidas[3]. Hoy la población de Guatemala es de poco más de 18 millones y en 1981 era de poco más de siete millones, datos que ponen las cifras espeluznantes de violencia en un contexto y permiten imaginar los niveles de terror. El Informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica Guatemala: Nunca Más, fue un proyecto de sectores progresistas de la Iglesia Católica, entre ellos el Monseñor Gerardi, quien luego de su publicación sería asesinado, también ubica la mayor intensidad de violencia entre los años 1981 y 1983. Sus datos son parciales como ellos mismos afirman, pues se basan en entrevistas.
En los 5,180 testimonios recogidos por el Proyecto REMHI, son 55,021 las víctimas documentadas de violaciones de los derechos humanos (y del DIH), que corresponden a 14,291 hechos. Estos datos muestran que las violaciones de los derechos humanos tuvieron, frecuentemente, un carácter colectivo contra comunidades y grupos. Las muertes, individuales y colectivas, fueron los hechos más denunciados: 6,146 hechos y 25,123 víctimas (46%). En orden de frecuencia las otras víctimas de la violencia son: 8,675 personas que fueron amenazadas (16%) y 5,497 víctimas de atentados (10%), 5,516 de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (10%), 5,079 detenciones irregulares (9.2%); 3,893 víctimas de desapariciones forzadas (7.1%); 723 secuestrados que aparecieron vivos posteriormente (1.3%); 152 víctimas registradas de violaciones sexuales (si bien este dato infravalora la realidad)[4].
La intensidad de la violencia documentada por distintas entidades en esos años tiene una explicación y marca una diferencia clara con otros conflictos. No hay duda alguna frente al uso del término genocidio en el caso guatemalteco. Como parte del Plan Sofia, entre 1981 y 1983 hubo tres grandes operativos militares de tierra arrasada, la primera siendo Operación Cenizas lanzada en octubre 1981 con 15.000 tropas, en julio 1982 lanzaron Operación Victoria 82, involucrando a 60% de las fuerzas armadas y Plan Firmeza 1983. El resultado fue sangriento y brutal[5]. Fue un genocidio y como Roddy Brett afirma no hubo un intento de una destrucción parcial de la población indígena sino un intento de una destrucción total de su mundo y la red de significados y relaciones sociales que lo definían[6]. Luego de esas campañas militares, los niveles de violencia decayeron, como es obvio y como se ha comentado muchas veces respecto a ciertas regiones o grupos poblacionales en Colombia. Luego de una campaña intensa, simplemente hay menos personas para asesinar, no hay tanta necesidad pues el miedo también funciona como un factor que limita la oposición dentro de un país. El mismo informe REMHI señala cinco impactos colectivos del miedo.
Efectos sociales del miedo
a. Inhibir la comunicación
Era muy peligroso y arriesgado pasar el día, era muy peligroso, no se podía hablar ni decir nada, a cada rato se llamaba al orden para no comentar nada. Así oía yo, era muy peligroso como vivía cada una de las personas. Caso 553, Chiquisis, Alta Verapaz, 1982.
b. Desvincularse de procesos organizativos
Como en ese tiempo se empezaban a ver las muertes, ya había mucho temor en la gente, empezaron a retirarse. Caso 2267, Nojoyá, Huehuetenango, 1980.
c. Aislamiento social
A veces pensaba que me moría, ¿con quién me calmaba yo?, ya no tenía a mi mamá, y mi papá tenía miedo de estar conmigo, porque el único consuelo que me daban era que me iban a llegar a matar a mí y a mis hijos. Caso 5334, Pozo de Agua, Baja Verapaz, 1983.
d. Cuestionamiento de valores
Metieron miedo, entonces uno se humillaba, uno no podía decir nada. Caso 6259, Nentón, Huehuetenango, 1983.
e. Desconfianza comunitaria
La gente cambiaron sus ideas del Ejército. Era difícil ya de creer en ellos. Caso 771, Ixcán, Quiché, 1975.[7]
Efectivamente la violencia desvincula a la gente, y les hace temerosos de hacer exigencias políticas o socio-económicas. Los niveles de violencia cayeron, incluso mucho antes de la firma del Acuerdo de Paz, pues no se podía mantener esos niveles y tampoco era necesario.
Así cuando miramos a la situación actual de violencia en Guatemala, y nos preguntamos si la violencia sigue o no, pues hay una respuesta obvia, no existen esos niveles de violencia, ni la intencionalidad del régimen de Ríos Montt y sus sucesores de cometer un genocidio de esa misma forma. Pero hay otra respuesta obvia, la violencia necesaria desde la óptica de las élites sigue, y sigue en la dosis requerida. La organización de derechos humanos guatemalteca Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) en sus informes detalle las agresiones contra personas, comunidades y organizaciones defensoras de DD.HH. Según esta organización entre 2000 y 2019 hubo un aumento constante en agresiones subiendo de 55 en 2000 a 494 en 2019, pasando por el pico de 820 casos en 2014[8]. Entre los casos registrados en 2019 se encuentran 15 asesinatos, 5 intentos de asesinato 13 de torturas, entre otros casos. La agresión más común o que registra el mayor número de casos es de difamación contra organizaciones y personas con 255 casos es decir, señalamientos, acusaciones falsas etc. pues Uribe no tiene derechos de autor sobre eso tampoco.[9]
Esta organización registra agresiones por parte de los medios, casos de judicialización, operativos de agencias de inteligencia contra organizaciones y todo eso sin un personaje como Uribe ni Duque por medio, es decir, los asesinatos, judicializaciones y demás actos no se deben a los actos de un personaje nefasto que rompe con el espíritu del Acuerdo de Paz. Una parte del problema en Guatemala es un reflejo del problema en Colombia: la minería. La disputa por las tierras, y el uso que se dé a las tierras genera violencia en el país, tal como documentó en su momento Amnistía Internacional.
El desarrollo de la minería en Guatemala ha venido acompañado de protestas en las comunidades e incidentes periódicos de violencia en los que se han visto implicados manifestantes, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y personal de seguridad privada contratado por las empresas mineras[10].
La producción minera en Guatemala experimentó un vertiginoso aumento entre 2005 y 2017 según las cifras oficiales del Estado. Los minerales metálicos[11] aumentaron de 102.3 millones de quetzales en 2005 a 1.961 millones en 2017, pasando por un pico de 7.110 en 2011[12]. La minería no es la única actividad problemática en el contexto actual de Guatemala, la construcción de hidroeléctricas, igual que en Colombia ha sido muy problemática. Existen unas 30 hidroeléctricas en el país y el número de proyectos viene en aumento debido en parte a la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos en Energías Renovables.
Pese a que los Acuerdos de Paz de 1996 previeron la creación de mecanismos e instituciones para proteger los derechos humanos de las poblaciones indígenas, su puesta en práctica no ha podido ser más decepcionante. Sistema judicial, gobierno, policía, o la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) son instituciones perforadas por la corrupción al servicio de intereses privados. La caída del Gobierno de Pérez Molina en septiembre de 2015 por la red de sobornos en la Aduana, más conocido como caso “La Línea”, ha revelado los estrechos vínculos entre poder político y económico. De acuerdo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), tanto la vicepresidenta Baldetti como el propio presidente Otto Pérez Molina fueron imputados por delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera, por su presunta participación en la red de defraudación, viéndose obligados a renunciar a sus cargos. La corrupción institucionalizada ofrece un caldo de cultivo inmejorable para que las empresas transnacionales actúen con impunidad, al no sufrir sanciones ni penalizaciones por incumplir la ley. En este contexto, la vulneración de derechos humanos se convierte, a los ojos de las empresas transnacionales que operan sin escrúpulos, en una estrategia al alcance de la mano para acceder a los recursos naturales estratégicos[13].
Existe un problema de fondo con la apertura de la economía y la entrada de industrias extractivistas. Existe un problema estructural que no tiene nada que ver con personajes políticos, aunque como en cualquier parte del planeta juegan su papel. El problema estructural en Guatemala es el mismo que existe en Colombia, una reprimarización de la economía y la inversión extranjera directa en esos sectores. Una mirada a las cifras del Banco de Guatemala nos demuestra que sectores como minas y canteras, agricultura y electricidad recibían enormes cantidades de inversiones, llegando minas y canteras a representar 34.1% del total en 2012 y el sector eléctrico 10.4% en ese mismo año, aunque en su apogeo este último sector llegó a recibir 31.6% del total, México siendo el principal país inversionista[14]. El panorama económico es fácilmente reconocible por cualquier colombiano.
Cuando vemos asesinatos en zonas de interés económico en Colombia lo que ocurre es lo que ocurre en otras partes del mundo, y se debe a las mismas razones que son estructurales, y no son el simple resultado de las acciones de un demonio como Uribe, sino del capitalismo como tal, y en los casos de Colombia y Guatemala ocurren en un contexto del llamado posconflicto. La siguiente descripción de Guatemala, escrita en 2015 por la Organización Mundial Contra La Tortura (OMCT) y la Federación Internacional Por Los Derechos Humanos (FIDH) sigue vigente y además se puede aplicar con facilidad a Colombia hoy en día.
La misión se centró en la situación de los defensores del derecho a la tierra por la profunda preocupación del Observatorio ante la situación de violencia que enfrentan los y las defensoras de derechos humanos que se pronuncian contra los impactos negativos de las empresas extractoras de recursos naturales. Sin embargo, es necesario mencionar que durante la misión también se abordó la situación de los defensores de los derechos humanos de las mujeres y de los defensores que luchan contra la impunidad.
En ese sentido, los defensores del derecho a la tierra se constituyen como el segundo grupo más vulnerable en Guatemala. Entre los ataques sufridos por este grupo con mayor frecuencia se encuentran los hostigamientos y amenazas, los atentados contra la vida y la integridad física, la persecución penal y la difamación, que busca deslegitimar y descalificar las propuestas de las organizaciones sociales, los pueblos indígenas y los abogados y organizaciones que le representan, pero que a su vez, abre la puerta a agresiones como la criminalización, la amenaza y el ataque físico.
Dentro del fenómeno de la criminalización, se aprecia también que existe un cuadro persistente de denegación de justicia para las y los defensores de derechos humanos, en el que destaca la celeridad con que algunos de los procesos penales iniciados en contra de dichas personas son gestionados y la avidez con que se recurre a la prisión preventiva por un lado; y por el otro, la falta de respuesta ante las demandas presentadas por comunidades, pueblos indígenas y defensores y defensoras de derechos humanos en la defensa de sus derechos individuales y colectivos y en relación con actos atentatorios de sus derechos; esto también puede interpretarse como una pauta de discriminación en el acceso a la justicia[15].
Guatemala luego de muchos años de guerra, y muchos años de un proceso de paz sigue experimentando la violencia. No hay un Uribe guatemalteco, sino una clase social burguesa, es decir la élite que no ha tenido la voluntad política de implementar la totalidad del acuerdo.Uribe ha funcionado en Colombia como una especie de comodín, donde se le puede culpar de todo, y no sólo de lo que él hizo solito sino que se le puede culpar de todo lo que hizo conjuntamente con otros. Así hay quienes quieren juzgarlo por crímenes de Lesa Humanidad, pero no quieren nombrar al fallecido Barco (1986−1990) por la masacre de Trujillo, por ejemplo, ni siquiera ahora que él está muerto. Tampoco quieren nombrar a Cesar Gaviria (1990−1994). Quieren nombrar sólo a Uribe. Hay quienes quieren que la Corte Penal Internacional juzgue a Uribe por los miles de asesinatos conocidos como Falsos Positivos, pero no quieren juzgar a su Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, el llamado premio nobel de la paz. Durante el proceso de paz, hubo una propuesta para nombrar a Timochenko de las FARC, Santos y varios representantes de víctimas. Entre las víctimas, la propuesta incluía a una de las Madres de Soacha.[16] No veían ningún problema meter a Santos y sus víctimas en la misma propuesta, sin nombrar a Santos como el victimario. Hoy ni podemos nombrar a las víctimas de Santos, “no existen”.
Se debe mirar los procesos de paz y la violencia que continua luego de la firma, a los «incumplimientos» o a los «fracasos». Más que hablar de fracasos se debe hacer una pregunta real, en todos los procesos de paz en el mundo, siempre hay algunos puntos que ganan cierta simpatía entre la población, como justicia y tierras y nunca se cumplen ¿por qué?. No puede ser que en cada proceso la ONU y demás instituciones repitieron el mismo error una y otra vez y luego de unos años levantan las manos, exasperados para hablar de fracasos etc. Más bien, son ejercicios en relaciones públicas, no son propuestas serias, no quieren que prosperen. El objetivo real es poner fin a una oposición armada y descabezar cualquier propuesta ideológica. En el segundo mandato de Santos mientras negociaba un acuerdo de tierras con las FARC, él introdujo un artículo en su Plan Nacional de Desarrollo (Art. 50) que impedía la devolución de tierras a los campesinos, ¿cual de los dos fue el error o la mentira, el Artículo 50 o la propuesta de repartir apenas 3 millones de tierras a campesinos? Creo que la respuesta es obvia, pero para los políticos del Polo Democrático se lo decimos claro, la mentira fue la propuesta de repartir tres millones de hectáreas a los campesinos. Valga recordar que esas propuestas de tierras siempre son tibias, tampoco son de fondo, así el incumplimiento o fracaso es menor, si es que aceptamos esa terminología.
Ríos Montt, uno de los hombres claves del genocidio en Guatemala, murió de viejo, y cómo él en Colombia hay muchos que morirán de viejos, sobre todo los que no podemos nombrar por que la supuesta izquierda tiene algún acuerdo con ellos. Las víctimas de la masacre de Segovia en 1988, en el nordeste de Antioquia demoraron 25 años en llevar al asesino César Pérez ante la justicia, en parte por que algunos sectores de la supuesta izquierda hicieron una alianza no tan pública de tipo electoral en los años posteriores a la masacre. Incluso, Carlos Lozano, el director del periódico Voz, del Partido Comunista testificó a favor de ese paramilitar cuando el caso de César Pérez llegó a la Corte Suprema[17]. Valga recordar que Pérez fue el jefe del Partido Liberal en la zona. Las víctimas de Uribe van a demorar muchos años en lograr algo de justicia y las víctimas de Samper y Santos, en nombre del proceso de paz, jamás tendrán justicia porque ellas no existen, los opositores, las ONG de derechos humanos no quieren nombrar a sus verdugos, salvo cuando es para nominarlos a un premio nobel o algo por el estilo. Triste el país que tiene miles de víctimas y las llora, más triste aún el país que ni las nombra, ni critica a sus verdugos.
[1] En realidad fueron una serie de acuerdos.
[2] Pigou, P. (06÷09÷2018) Land Reform in South Africa: Fact and Fiction 
https://www.crisisgroup.org/africa/southern-africa/south-africa/land-reform-south-africa-fact-and-fiction
[3] Datos tomados de http://memoriavirtualguatemala.org/
[4] Informe Remhi Tomo IV http://www.odhag.org.gt/html/TOMO4C1.HTM
[5] Brett, R. (2016) The Origins and Dynamics of Genocide: Political Violence in Guatemala. Palgreave MacMillan. Londres. pp 119 – 146
[6] Ibíd., 229.
[7] Informe REMHI Tomo I http://www.odhag.org.gt/html/TOMO1C1.HTM
[8] Udefegua (2020) Informe de Situación de Personas, Comunidades y Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos. Guatemala. Udefegua p.4
[9] Ibíd., p.5
[10] Amnistía Internacional (2014) Guatemala: La minería en Guatemala: Derechos en peligro. Londres. AI. p.9
[11] Los principales son: Óxido hierro, níquel, plomo y oro.
[12] Datos tomados de https://www.mem.gob.gt/mineria/estadisticas-mineras/
[13] Rodríguez Carmona, A. y De Luis Romero, E. (2016) Hidroeléctricas insaciables en Guatemala. Paz Con Dignidad. Madrid. p.16
[14] Datos tomados del Banco de Guatemala http://www.banguat.gob.gt/inc/main.asp?id=67025&aud=1&lang=1
[15] OMCT- FIDH (2015) Guatemala: Más Pequeños que David: Las luchas de los defensores y defensores de derechos humanos. p.40 http://www.fidh.org/IMG/pdf/obsreportgtm2015es.pdf
[16] Pacifista (08÷02÷2016) Estos son los siete colombianas nominadas al Nobel de Paz.
[17] Pueden escuchar el testimonio de Lozano a https://www.youtube.com/watch?v=SABoNFMzg1E
