Resumen Latinoamericano, 13 de septiembre de 2020.
El confinamiento y el distanciamiento social producto de la pandemia del virus covid19 han generado un significativo aumento en los casos de violencia de género en el mundo, según lo confirma la Organización Mundial de la Salud (OMS) y organismos competentes en esta materia de distintos países.
Nuestro país, a pesar de tener una de las legislaciones más avanzadas en cuanto a la protección del derecho de la mujer a un vida libre de violencia, según el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem Do Pará – MESECVI[i] y a pesar de haber logrado avances significativos durante la revolución bolivariana en esta materia, no escapa a la tendencia de crecimiento de los casos de violencia contra las mujeres.
En Venezuela, entre enero y agosto de este 2020 se han perpetrado 175 femicidios, es decir, 175 venezolanas han sido asesinadas a causa de la violencia machista. El 27,73% de ellas fueron asesinadas por sus parejas, un 13,13% por hombres pertenecientes a su núcleo familiar y 11,67% por ex parejas, esto según datos del Monitor de Femicidios[ii] llevado por la investigadora Aimee Zambrano Ortiz (en Venezuela, desde el año 2016 no existen datos oficiales sobre los femicidios). Estas cifras, perturbadoras en sí mismas, son aún más alarmantes al ser contrastadas con las cifras de 2019, año en el que ocurrieron 167 femicidios, es decir, en 8 meses ya superamos la cantidad de femicidios de todo el año pasado. Pasamos de tener un femicidio cada dos días en 2019 a tener cinco femicidios por semana. Un femicidio cada 33 horas.
La impunidad es una de las principales causas del incremento de la violencia contra las mujeres. El excelente entramado jurídico hecho en revolución para proteger a la mujer no se viene cumpliendo, por el contrario parece ser desconocido por los funcionarios de los cuerpos policiales, ocasionando que las mujeres denunciantes terminen envueltas en situaciones de revictimización, o en situaciones más extremas como terminar detenidas por buscar justicia, generando así una falta de confianza en las instituciones del Estado que deben velar por el cumplimiento de la ley y la protección a la mujer.
Aunado a esto, el criminal bloqueo financiero y comercial contra Venezuela ha tenido graves consecuencias para la calidad de vida de l@s venezolan@s en general, siendo especialmente crítico el tema de acceso a la salud: el aumento de la mortalidad materna es un reflejo de ello. Según los últimos datos oficiales encontrados sobre este tema, en 2016, 756 mujeres murieron por esta causa, en 2010 murieron 412. A pesar de no existir números oficiales al día de hoy, las denuncias de distintas organizaciones feministas sobre la falta de insumos y de atención a la hora del parto parece ser indicativos de que los esfuerzos emprendidos con el Plan parto humanizado siguen siendo insuficientes para reducir las muertes maternas.
Por estas y otras realidades que atraviesan las mujeres venezolanas, diversas organizaciones del espectro de la defensa de una vida libre de violencia hacia la mujer a finales de marzo de este año solicitaron al Estado venezolano la declaración de una Emergencia feminista[iii] que permita afrontar con voluntad política y acciones concretas la creciente violencia y desigualdad a la que se enfrentan las venezolanas y que se han agudizado, aún más, con el confinamiento y la dificultades económicas devenidas del distanciamiento social necesario para enfrentar al covid19.
Si bien es cierto que la revolución bolivariana se ha caracterizado por tener entre sus prioridades el reconocimiento de la mujer como una sujeta de derecho y sujeta política, y que ha hecho esfuerzos considerables en la búsqueda de la igualdad de género, esos esfuerzos hoy en día se han hecho insuficientes. Es necesario que el Estado intervenga de forma más firme y expedita en defensa y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
En tal sentido, consideramos de manera propositiva lo siguiente:
- La creación de una comisión que revise de forma profunda, de cara al país y de la mano con las organizaciones y movimientos sociales con trabajo en la materia, la actuación de la institucionalidad con competencia en la protección del derecho de la mujer a una vida libre de violencia y se hagan los correctivos necesarios.
- Crear una unidad ESPECIAL con participación de todos los cuerpos de seguridad del Estado que revise los hechos de violencia de manera objetiva y profunda; además es necesario que todo/as y cada uno de lo/as funcionario/as las unidades de los cuerpos de seguridad designadas para los casos de violencia contra la mujer reciban procesos formativos y de sensibilización en materia de género, desde quienes reciben las denuncias hasta quienes tienen como responsabilidad dictar sentencias.
- Igualmente, es necesario que sea respetada la LOSDMVLV y demás instrumentos jurídicos que protegen los derechos de las mujeres, así como devolver el valor y fuerza de actuación al Ministerio de Poder Popular para la Mujer.
- Asimismo, es clave generar un espacio interinstitucional que trabaje de la mano con los movimientos sociales, las víctimas y sus familias, para hacer seguimiento a los procesos judiciales abiertos por casos de femicidio y violencia contra la mujer y generar las sentencias condenatorias que correspondan.
- Es fundamental, además, reimpulsar y crear, donde no existan, los institutos municipales de la mujer y las casas de abrigo mencionadas en el art. 32 de la
- Es clave que el Estado sea garante del cumplimiento del art. 61 de la LOSDMVLV que establece el pago de una indemnización a la víctima o a sus familiares, en caso de que la mujer haya muerto producto de la violencia.
- Además de la formación, es necesario que el Estado propicie y proporcione los recursos necesarios a las organizaciones, institutos, centros investigativos y afines que se dedican a los estudios sobre la mujer y la desigualdad de género.
- En este mismo orden de ideas, las instituciones competentes deben volver a generar y publicar, de forma oportuna, estadísticas sobre la situación de las mujeres.
- Acompañando lo anterior se debe generar campañas comunicacionales de gran alcance sobre la violencia de género, sobre sus causas estructurales, consecuencias, como prevenirla desde un enfoque comunitario, familiar y personal y cuál es la ruta de denuncia.
- Para finalizar, vemos necesario la inclusión de la violencia política como una forma de violencia contra la mujer. La mayoría de las vocerías del poder popular están ocupadas por compañeras que, aparte de enfrentarse a las formas tradicionales de violencia de género, tienen que luchar contra la violencia política.
La revolución bolivariana desde su inicio ha reivindicado a la mujer con acciones concretas, es necesario que hoy en día, en medio del bloqueo y la guerra multidimensional a la que nos enfrentamos, le demos un reimpulso a esas políticas que permitieron dignificar a la mujer venezolana. Hoy más que nunca es un deber ético feminizar las instituciones públicas y privadas, así como nuestros partidos, movimientos y organizaciones sociales y de base. Solo con igualdad plena entre hombres y mujeres construiremos la sociedad humanista y de justicia y derecho social que de la mano del comandante Chávez comenzamos a edificar.
“Sin la verdadera liberación de la mujer
sería imposible la liberación plena de los pueblos.
Soy un convencido de que un auténtico socialista debe ser también un auténtico feminista”.
Hugo Chávez Frías, 8 de marzo de 2009.
Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora – Núcleo Ideológico de Mujeres
[i] https://www.oas.org/es/mesecvi/nosotros.asp
[ii] https://utopix.cc/pix/monitor-de-femicidios-primer-semestre-2020/
[iii] http://www.correodelorinoco.gob.ve/colectivos-feministas-estado-debe-declarar-la-emergenciafeminista-ante-el-incremento-alarmante-de-femicidios/
Fuente: CRBZ