. Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2020.
Amnistía Internacional emitió un comunicado donde exige al gobernador de Formosa Gildo Insfrán el “diseño de alternativas eficientes para que miles de personas puedan regresar a sus hogares”, en referencia a las más de 8321 personas varadas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el jueves pasado por unanimidad que el gobierno formoseño debe permitir su acceso en un plazo de 15 días. Insfrán aseguró que va a cumplir con el fallo supremo, aunque expresó que “es un riesgo sanitario muy grande ingresar a más de 8 mil personas de zonas con circulación viral a nuestra provincia, que tiene la menor cantidad de contagios del país”. Pero Gabriela Neme, abogada de un grupo de personas varadas, aseguró que hay trabas burocráticas del gobierno que obstaculizan su regreso. En más de seis meses lograron ingresar al territorio formoseño menos de la mitad de las personas que lo han solicitado: un 43,5% de los pedidos registrados.
El drama de las 8321 personas varadas desde hace meses, que esperan poder volver a sus hogares en Formosa, parece no tener fin. El jueves pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el jueves pasado por unanimidad que el gobierno de Formosa debe garantizar en un plazo de 15 días el ingreso de las personas que solitaron autorización para regresar a la pronvincia.
En su fallo, la Corte sostuvo que las medidas provinciales constituyen “limitaciones irrazonables” a los derechos y no cumplen con los estándares constitucionales, en virtud de la demora que se produce para concretar el ingreso. Además, sostuvo que en más de seis meses lograron ingresar al territorio formoseño menos de la mitad de las personas que lo han solicitado, un 43,5% de los pedidos registrados.
Tras el fallo supremo, el gobernador formoseño Gildo Insfrán aseguró en un mensaje publicado en sus rede sociales el viernes por la noche: “somos respetuosos de las instituciones de la República y por esa razón cumpliremos con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estamos hablando con todos los intendentes y presidentes de comisiones de fomento para coordinar el trabajo frente al enorme desafío que asumimos como pueblo unido, organizado y solidario”. Sin embargo, sostuvo que “es un riesgo sanitario muy grande ingresar a más de 8 mil personas de zonas con circulación viral a nuestra provincia, que tiene la menor cantidad de contagios del país“.
A pesar del fallo de la Corte, varias de las personas varadas de Formosa denuncian que el gobierno de Gildo Insfrán pone trabas para su ingreso. Así lo expresó en el canal de noticias TN Gabriela Neme, abogada de un un grupo de personas, quien aseguró que las condiciones no están al alcance y buscan abandonarlos nuevamente. “El gobierno de Insfrán busca la forma de que vuelvan a ser abandonados los 8321 formoseños que fueron olvidados en estos nueve meses de cuarentena. Hay gente que está en El Colorado que no le hacen el PCR gratuito y no tiene los recursos“, explicó la abogada.
La abogada también detalló que el sistema consiste en que autoridades del Consejo de Atención Integral Emergencia Covid-19 les envían la notificación de permiso por mensaje de WhatsApp o por mail, y deben responder en un plazo de doce horas y hacerse un test de PCR 72 horas previas al ingreso, que sale $5000. En que en el caso de no poderse hacer el test, pierden el turno. “Esto muestra la irrazonabilidad e ineptitud de Insfrán”, expresó la abogada, que consideró que éstas medidas son trabas. Las autoridades del Consejo de Atención Integral Emergencia Covid-19 ya empezaron a notificar ayer por mail o whatsapp a los que ingresarán pasado mañana. Deberán ir con un exámen de PCR con resultado negativo, a su propio cargo (sale unos 5.000 pesos).
En este marco, Amnistía Internacional expresó en un comunicado que “espera que las autoridades establezcan alternativas respetuosas de los derechos humanos, garantizando el ingreso a la provincia de quienes lo hayan solicitado”. Asimismo, el organismo de derechos humanos expresó que “brindar una solución urgente y respetuosa de los derechos humanos no significa eliminar los controles sanitarios dispuestos por las autoridades y que son necesarios para la contención de la propagación del virus COVID-19, sino el diseño de alternativas eficientes para que miles de personas puedan regresar a sus hogares”.
Amnistía Internacional expresó, además, que “continuará monitoreando el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte Suprema a la provincia de Formosa para garantizar los derechos de todas las personas afectadas”.
Fuente: AnRed