Por Sergio Ortiz, Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020.
Pese al traspié que supuso la renuncia del gobierno a expropiar Vicentín, la gravedad de la crisis económica y sanitaria requiere nacionalizar el comercio exterior. Tres objetivos.
Algunos dilemas se plantean hoy pero vienen de larga data. Uno es el referido al comercio exterior, con lo que implica en materia económica, financiera y político-social.
El asunto se actualizó en junio de este año cuando Alberto Fernández firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia para intervenir Vicentín y su posterior expropiación. Argumentó que era una firma endeudada y corrían riesgo miles de empleos y deudas con miles de productores, además de créditos mal concedidos por bancos oficiales. Añadió que apuntaba a la soberanía alimentaria.
Esa historia terminó con una derrota nacional y popular. A fines de julio el presidente había reculado en chancletas y anulado su DNU. Más allá de cuestiones técnicas y del conflicto entre los interventores y el directorio, lo decisivo en ese retroceso fue la contraofensiva de la derecha empresarial, los medios hegemónicos, el macrismo y la justicia funcional a esas élites. «Yo soy Vicentín» decían los abanderados que salieron a defender a delincuentes que debían 18.500 millones de pesos al Banco Nación, 1.600 millones al Banco Provincia y 5 millones al BICE. Bertolt Brecht dixit: los peores son los analfabetos políticos.
Y eso que a mitad del año ya eran visibles los daños económicos y sanitarios que venía haciendo el Covid-19. El Estado debía reunir recursos para ingentes gastos, como los que de cada cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): 90.000 millones de pesos.
Los monopolios.
Del total de exportaciones «argentinas» (comillas porque muchas empresas de argentinas sólo tienen el nombre), se estima que el 65 por ciento vienen del campo (granos y manufacturas de origen agropecuario) y el 35 restante son industriales e insumos. Ese promedio puede variar según los años, por sequías o caída de destinos de exportación, como viene sucediendo con Brasil en uno y otro rubro, especialmente venta de autos.
También la pandemia, con la semiparalización de economías, afectó al comercio exterior. La venta de manufacturas industriales en los primeros ocho meses del año bajó al 22 por ciento del total, diez puntos menos de lo habitual.
Así los productos «del campo» han ocupado más que nunca el centro de la escena. Los 145 millones de toneladas de granos, de ellos más de 100 millones aportadas por la soja y el maíz, en partes parejas, más trigo, cebada, etc, es la cosecha anual. 70 – 90 millones de toneladas se venden al exterior y el resto al mercado interno.
Así sigue viva la idea genérica de que la producción argentina alimenta a 400 millones de personas. Dolorosa contradicción cuando el 56,3 por ciento de los niños son pobres y muchos pasan hambre. No tienen las cuatro comidas diarias. La línea de indigencia según el Indec está en los 20.000 pesos para una familia tipo.
El ranking de las exportadoras de granos muestra que 10 firmas monopolizan el 90 por ciento de las ventas. El orden es: la norteamericana Cargill; ADM, también yanqui, que a partir de 2017 sumó a Toepfer; la china Cofco (que adquirió a Nidera y Noble); Bunge, multinacional de origen local y socios extranjeros; Aceitera General Deheza, de los hermanos Urquía que tienen abrochado al presidente de la UIA, Miguel Acevedo; la polémica Vicentín, que ocupaba el sexto lugar hasta su crisis; Oleaginosa Moreno, presentada como nacional pero tiene de controlante a la suiza Glencore; Louis Dreyfuss (LDC) multinacional francesa; ACA de origen cooperativo y Molinos, de Pérez Companc.
Estas diez firmas se quedaron en la cosecha 2018/2019 con la venta de 88,56 millones de toneladas, sobre un total nacional de 97,5 millones (informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, 20/3/2020). Es un dominio total de las multis, con pocos resquicios a la oligarquía «nacional» de AGD y Molinos, y ACA, como única cooperativa. Hasta la china estatal Cofco está permeada por el fondo de inversión Goldman Sachs y trasladó su asiento contable fuera de Beijing.
Fuera de control.
Los ten-top hacen lo que quieren. Con la crisis del precio del dólar, lograron que el gobierno de Fernández les bajara tres puntos las retenciones a las exportaciones e implorara que liquiden una parte de los dólares. No han cumplido con la petición.
En el gobierno de Cristina Fernández tenían plazo de 30 días para liquidar sus divisas. En 2016 Mauricio Macri lo llevó a 5 años y en enero de 2017 a 10 años. Con esa medida eliminó por completo la obligatoriedad de liquidarlas en el mercado local.
Esas exportadoras les hacen pagar a los productores ‑medianos y pequeños – los derechos de exportación y luego ellos liquidan al Estado en menor medida, subfacturando ventas, por lo que las ha demandado sin éxito la AFIP.
El control es laxo porque esas multinacionales declaran cuánto exportaron y qué producto, con una montaña de mentiras. Dicen vender a Uruguay, pero siguen de largo a sus verdaderos destinos, con tal de pagar menos impuestos. Todos esos pulpos tienen sus sedes en paraísos fiscales de Delaware, Luxemburgo, Gibraltar, Suiza, etcétera.
¿Cómo es que el Estado no logra controlarlos? Muy sencillo. Los centros de acopio son suyos, ídem el ferrocarril con el que llevan la materia prima a puerto (caso del ramal Nuevo Central Argentino que Menem-Cavallo regalaron por 30 años a Urquía, con 10 años de extensión). Los centros de molienda son propios, igual que los puertos, privados, como los de Rosario e Hidrovía Paraná-Paraguay.
La suma de esos poderes fácticos, legales e ilegales, llevan a algunos estudiosos a generalizar que el cien por ciento del negocio de exportación es de las multinacionales. La Bolsa de Comercio de Rosario estimó en enero de 2020: «se proyecta que las exportaciones del complejo agroindustrial argentino generen en el año 2020 un ingreso de divisas por US$ 26.330 millones». Es mucha plata…
Por eso se impone nacionalizar el comercio exterior, con tres objetivos. 1. Disponer para el Estado de parte de esos recursos, descontando el pago a los productores. 2. Avanzar hacia la soberanía alimentaria y cuidar el medio ambiente, rotando cultivos, empoderando a pequeños y medianos productores, cooperativas y pueblos originarios, limitando a Monsanto y Los Grobo. 3. Anular los manejos especulativos con el dólar, frenando devaluaciones y mejorando la vida de la población, en un modelo de desarrollo nacional independiente.
Es una aspiración que viene de lejos. El Programa Obrero de La Falda, en agosto de 1957, empezaba así: «Para la Independencia Económica: a) Control estatal del comercio exterior sobre las bases de la forma de un monopolio estatal. Liquidación de los monopolios extranjeros de importación y exportación».
Pasaron 63 años. Ya va siendo hora de terminar con ese saqueo. O sino, a llorar al campito, al súper y al pagar el alquiler.
Fuente: La arena