Por Andrés Figueroa Cornejo, Kaos en la Red, Resumen Latinoamericano, 6 de noviembre de 2020.
La medida persigue intentar frenar a una generación entera que ha perdido el miedo a las Fuerzas Armadas, Carabineros y autoridades del orden establecido
Este 5 de noviembre, el tribunal oral en lo penal de Puerto Montt castigó con más de 7 años de cárcel al joven Felipe Santana de 19 años, tras su detención y prisión en el marco de la revuelta social que inició el 18 de octubre de 2019.
Felipe, proveniente de la ciudad puertomonttina, al sur de Chile, fue acusado de desórdenes y la quema de una banca de la catedral católica de esa cabeza regional, hechos cifrados el 14 de noviembre de 2019.
El fiscal Marcos Muñoz, de la Unidad SACFI de la Fiscalía Regional de Los Lagos, condenó a Felipe sobre la base de «pruebas» y «diligencias» de Carabineros. Esa institución militarizada desde los tiempos de la dictadura que lideró Augusto Pinochet, ha sido cuestionada largamente, tanto en Chile como en el extranjero, debido a una dilatada y sistemática cadena de montajes, robos multimillonarios y violaciones de los derechos humanos. Casi un 70 por ciento de la sociedad chilena, de acuerdo a sondeos de opinión, califican negativamente a la entidad uniformada.
Felipe Santana negó haber tenido participación en los incidentes que se le imputan. El joven, venido de las clases populares, como cientos de miles de muchachos y muchachas, ha hecho parte de las movilizaciones del estallido social. Como es habitual en Chile, la justicia, que es parte de las instituciones represivas del Estado oligarca, autoritario y conservador del país andino, descargó con todas sus fuerzas las leyes antisociales sobre el muchacho.
Para el mundo de los derechos humanos está claro que, «la altísima condena contra un joven de 19 años tiene carácter ejemplar, y persigue intentar frenar a una generación entera que ha perdido el miedo a las Fuerzas Armadas, Carabineros, y autoridades del orden establecido. Lo que el régimen de Piñera quiere desconocer es que la revuelta o estallido social es resultado de una acumulación de injusticias multidimensionales, abusos repetidos durante casi medio siglo y explotación. Las y los jóvenes se insubordinan a causa de un sistema que no sólo les impide desarrollarse integralmente, sino que los ha convertido en una generación sin alternativas ni porvenir. Hoy Felipe es un prisionero político, tal cual como en la dictadura».
La medida adoptada por la justicia chilena está cobrando fuertes repercusiones en amplios sectores del país. Solamente el pasado 25 de octubre, la población votó en casi un 80 por ciento, cambiar la Constitución de la tiranía. Esto es, casi un 80 por ciento se manifestó anti pinochetista, antifascista, y en contra de un proyecto de sociedad fundado en el lucro privado y el liberalismo ortodoxo.
Organizaciones sociales y políticas que tienen en común la lucha por la conquista de derechos sociales, políticos, económicos, ambientales, de género, indígenas, laborales y culturales, han expresado que, «urge crear una plataforma política unitaria lo más amplia posible, capaz de contener en sí la diversidad del movimiento social y popular, pero a la vez habilitada democráticamente para organizar los distintos momentos que demanda la lucha resuelta y con convicción de poder de las grandes mayorías. La única condición debiera ser la independencia de los intereses históricos de las clases trabajadoras y populares respecto de los poderes establecidos. Hasta que no lleguemos a ese punto de inflexión y unidad política y ética, el régimen piñerista y sus aliados tiene todo el espacio disponible para golpearnos una y otra vez».
Video. Acto por la libertad de las y los presos políticos en Santiago.