Por Consuelo Ahumada. Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2020.
La masacre de San Mateo se conoció dos meses después porque las madres de los presos fueron amenazadas de muerte, y como siempre, la respuesta del gobierno fue la previsible.
Las masacres y asesinatos se incrementan en todo el territorio nacional, con una sistematicidad alarmante. Su registro se convirtió en noticia habitual en estos tiempos de pandemia y desastres invernales, lo mismo que la previsible respuesta del gobierno, culpando al narcotráfico, a las disidencias y al acuerdo de paz.
En medio de tan desolador panorama, se conoció un hecho horripilante que había permanecido oculto. El pasado 4 de septiembre en la estación de policía de San Mateo, Soacha, se produjo un incendio, provocado por uno de los jóvenes que se encontraban allí detenidos.
Según denunció del concejal de Bogotá Diego Cancino, la Policía no hizo nada por impedir que 9 de ellos murieran incinerados. Al contrario, hay indicios de que un agente entró y avivó el fuego con gasolina. Todo en medio del desespero y los gritos de las madres, hermanas y compañeras, quienes llevaban horas esperando, sin que se les permitiera entrar primero a visitarlos y después a rescatarlos.
Cancino recogió los desgarradores testimonios de las madres sobre la “hoguera humana” y sobre el trato que recibieron los detenidos, lo que comprueba el modus operandi de la Policía. Estaban en un cuarto minúsculo, en condiciones infrahumanas, sometidos a violencia física y recibían comida solo cada 5 días, muchas veces descompuesta.
Esto sucedió cuatro días antes del asesinato de Javier Ordóñez a manos de agentes de la policía en Bogotá, lo que exacerbó los ánimos y provocó las protestas del 8 al 10 de septiembre, con un saldo de 13 jóvenes muertos y 72 heridos a bala.
El informe “Bolillo, Dios y patria”, presentado por la ONG Temblores días antes de estos hechos, documentaba hasta entonces 23 asesinatos en 2020 por violencia policial, expresada en golpes, patadas, agresiones con armas contundentes y violaciones. Reportaba 162 casos de abusos extremos de la policía, de los cuales 12 terminaron en homicidio. El 14 % estaba relacionado con protesta social y los principales afectados fueron jóvenes entre 17 – 24 años. Señalaba que la violencia policial es mayor en los sectores más pobres. Sin duda, el caso de Soacha.
Este municipio aledaño a Bogotá y vecino de Ciudad Bolívar, con más de un millón de habitantes, es un verdadero polvorín social. Sus niveles de pobreza y desempleo son alarmantes, como también el número de desplazados que allí habitan. La inversión pública y social es muy reducida. Conviven allí miembros de ejércitos irregulares, organizaciones criminales y mafias.
La situación de los/as jóvenes, es precaria y sin esperanza, lo que ha sido objeto de alertas tempranas por la Defensoría. Recordemos a las víctimas de ejecuciones judiciales hace varios años y a sus madres amenazadas y estigmatizadas.
La masacre de San Mateo no se conoció sino dos meses después de que ocurriera porque las madres de los presos también fueron amenazadas de muerte. La reacción de las autoridades fue notoria. El alcalde, tan preocupado por el paso de la minga por allí hace dos semanas, escondió el hecho. El presidente del Concejo le dijo a Cancino que no se entrometiera, conminándolo más bien a que se preocupara por dos semáforos que dificultan el tráfico en la Calle 13.
Por su parte, el comandante de la Policía de Cundinamarca describió la tragedia como el resultado de un motín de los presos y de la asonada de los familiares y señaló que procedieron de inmediato “a controlar el incendio, prestar los primeros auxilios y evacuar a las personas lesionadas”. Es falso, como lo muestran los videos.
En el mismo sentido y con el cinismo de siempre se pronunció el ministro de Defensa, quien apareció junto con el director de la Policía Nacional y rechazó «con vehemencia, la campaña de deslegitimación y desprestigio de sectores que hacen politiquería con la muerte en contra de la institución”.
Una nota marcada de este régimen fascistoide es precisamente esa. No se busca a los responsables de los delitos, sino se les defiende, al tiempo que se estigmatiza a quien los denuncia. En el caso de la Policía y de las Fuerzas Armadas, ha sido un comportamiento permanente. Por ello, en marzo pasado, el informe de la Alta Comisionada de la ONU propuso que la Policía pasara al Ministerio del Interior. Pero el Presidente dijo que esto violaba la soberanía nacional.
La semana pasada Adriana Villegas, periodista de La Patria de Manizales, recibió una citación para una diligencia de declaración juramentada de carácter obligatorio, por parte del Batallón Ayacucho del Ejército. ¿El motivo? una columna de opinión suya denominada “No es broma, es violencia”, en donde cuestionó los cantos misóginos que entonan los soldados del país y que promueven la violencia y el asesinato de la mujer: “Si alguna vez yo tuve (madre), con mis manos la ahorqué. Yo nunca tuve novia, ni nunca la tendré”.
La periodista ha recibido amplia solidaridad por el carácter intimidatorio de esta medida. El Batallón no aceptó que fuera acompañada por un representante de la Fundación para la Libertad de Prensa, aduciendo reserva de la investigación. Y el ministro en campaña electoral.
Fuente: Las 2 Orillas
