Por Renán Vega Cantor. Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2020.
El 21 de octubre se realizó un Conversatorio sobre el tema de “Seguridad y Defensa en Colombia. Concepciones y desafíos”, que convocó la Comisión de la Verdad. Con antelación se nos enviaron seis preguntas (en realidad eran más, porque algunas de ellas tenían otras preguntas incorporadas).
Desde el momento en que recibí las preguntas consideré que eran demasiadas y no habría ocasión de afrontarlas con profundidad por el poco tiempo disponible y por el número de personas que íbamos a participar en el Conversatorio. Y en efecto eso fue lo que aconteció, porque además de los cinco foristas que participamos, intervinieron otras personas (aunque en forma breve y puntual), con lo que el tiempo y las posibilidades de argumentar se redujeron en forma significativa.
De todas formas, yo escribí las respuestas, pensando en la brevedad de tiempo y el público general que participaba en la convocatoria, por lo que empleo un lenguaje coloquial y directo.
No se alcanzaron a afrontar todos los temas que se proponían en las preguntas y solamente se abordaron unos pocos. Dado que pensé con cuidado lo que iba a responder, decidí escribirlo como texto orientador y eso es lo que hoy ofrezco a los lectores interesados.
Enfatizo en la construcción del enemigo interno como lógica contrainsurgente de larga duración en Colombia, porque ese fue el asunto que se me pidió en forma expresa que resaltara en el Conversatorio mencionado.
¿Cómo se entiende la seguridad en Colombia y cuál es su relación con la democracia?
La pregunta que habría que hacer a esta pregunta es de ¿quiénes se está hablando, cuando se nombra la relación entre seguridad y democracia?
Si estamos hablando desde la lógica del bloque de poder contrainsurgente (formado por el Estado, las clases dominantes, las altas jerarquías de la iglesia católica, los gremios económicos y los medios de desinformación) que se ha construido en este país en los últimos 70 años tenemos un tipo de respuesta, en la cual existe una relación estrecha entre una forma de entender la seguridad (considerada como seguridad nacional, confeccionada en Estados Unidos) para defender los intereses de ese bloque de poder contrainsurgente y para ellos la democracia se reduce, cuando mucho a unas elecciones periódicas, en las que se escoja al representante de ese bloque de poder que va a ejercer la presidencia de la República.
Si, por el contrario, nos situamos en la perspectiva de las grandes mayorías sociales para las cuales la democracia no debería reducirse a un ritual electoral, sino a una forma sustancial de entender la sociedad, en la que la desigualdad no sea lo dominante, haya justicia, empleo, respeto a las libertades individuales y colectivas, y no se persiga y mate a la gente por pensar distinto y tener otro proyecto de mundo y de sociedad.
En ese caso se tiene otra idea de seguridad, referida a la garantía de esos derechos, para que puedan ejercerse realmente y no queden en el papel. De qué sirve, por ejemplo, hablar de Estado social de derecho y de “tradición democrática” si somos uno de los países más desiguales del mundo, en donde se asesinaron a 3.000 dirigentes sindicales en los últimos 35 años, se exterminaron movimientos políticos y mataron a miles de sus militantes (Unión Patriótica, A luchar, Frente Popular, ahora el Partido de la Rosa), si somos el primer país del mundo en asesinato de ambientalistas, el segundo en asesinato de profesores y durante mucho tiempo el primer país del planeta en desplazamiento forzado de población.
Un país donde el racismo, el clasismo, el sexismo son pan cotidiano, como se demuestra a diario, para no ir más lejos con el trato dado en estos momentos a la Minga indígena y popular. Y todavía se repite la mentira de que somos un país con una gran tradición democrática, cuando la democracia colombiana, como lo dijo el político liberal Darío Echandía “es como un orangután en Sacoleva”.
¿A partir de qué modelos se han diseñado históricamente las políticas de seguridad y defensa en Colombia?
Dos modelos, uno informal, y otro formal, que corresponden a dos épocas diferentes. Y aquí voy a presentar un punto de vista heterodoxo que puede escandalizar a los “expertos en seguridad”.
Un primer modelo, el impuesto durante la República Conservadora (1886−1930), tutelado por un poder extranjero: El Vaticano. Este modelo no tenía doctrina militar específica (que se llamara así de Seguridad), ni instructores militares, ni ejércitos en Italia, donde se prepararan los policías y militares colombianos. Pero si irradiaba un dominio ideológico, cultural y simbólico de gran alcance que se transmitía a través de diversos sectores del Partido Conservador, y principalmente las jerarquías católicas, que tenían presencia nacional y controlaban en forma férrea la educación, los territorios nacionales con la “Reducción de salvajes”, manejaban prensa, y ejercían poder local en las parroquias y veredas. (en virtud del Concordato de 1887).
Los lineamientos venían directamente desde el Vaticano, a través de las encíclicas papales, en las que periódicamente se señalaban los enemigos de la iglesia católica, que se renovaban con relación a las grandes luchas sociales que se vivían en Europa. Las encíclicas las asimilan los obispos y las difunden con un mensaje de odio hacia el liberalismo (la revolución francesa) y lo que fuera considerado comunista o socialista y luego circulan por el país a través de los curas de parroquia, y llegan hasta los lugares más distantes y recónditos.
Esta concepción de seguridad reposa en la idea de fundar un orden teocrático, basado en la máxima Dios y Patria (que sigue siendo el lema de la Policía colombiana) que en lugar de formar ciudadanos moldea buenos cristianos, sumisos, obedientes, serviles, intolerantes, sectarios, autoritarios, machistas, antiliberales y anticomunistas.
Esto hace que la iglesia católica como cancerbera de dicho orden teocrático imponga una noción clerical de seguridad dentro del país, que supone el control de lo que hace y piensa la gente. La iglesia católica controla desde el nacimiento hasta la muerte, tiene el monopolio del bautismo y de los cementerios y logró que durante cincuenta años no existiera otra forma de identificación que no fuera la Partida de Bautismo.
Por eso, se va a oponer con saña a la expedición de la cédula de ciudadanía en 1936, y para rechazar ese documento (un reconocimiento elemental de derechos civiles) se alía con el partido conservador para que no se toquen sus privilegios de control de los cuerpos y las mentes.
La Violencia de las décadas de 1940 – 1950 de alguna forma está relacionada con la negación de un derecho civil, que deja de ser un monopolio de la iglesia católica y los ciudadanos puedan tener un documento de identidad expedido por el Estado y no queden a merced de una corporación privada, como es la iglesia católica. Este saboteo al reconocimiento de un elemental derecho civil fue encabezado por Laureano Gómez, ese promotor de odio y de muerte, que se expresaba en la consigna falaz de que el “liberalismo tenía 1,800.000 cédulas falsas”.
De allí surge la doctrina de seguridad que el poder conservador y clerical tenía que enfrentar a sus numerosos y diabólicos enemigos, empezando por el Partido Liberal y poco después a todo lo que se involucraba con el vocablo gaseoso de comunismo.
Las implicaciones militares de esa concepción de seguridad se materializaron en las últimas guerras civiles del siglo XIX que asolaron al país, principalmente la más sangrienta y prolongada, la de los Mil Días (1899−1902), en donde se demostró lo que implicaban las enseñanzas clericales sobre la seguridad, que era la del partido conservador y la iglesia católica. Sus palabras de odio y muerte salieron de la boca santificada de Ezequiel Moreno, Obispo de Pasto, nacido en España, quien afirmó que “matar liberales no era pecado”.
Decía este mismo personaje en 1897: “No es posible la conciliación entre Jesucristo y el diablo, entre la Iglesia y sus enemigos, entre catolicismo y liberalismo. No. Seamos firmes: nada de conciliación; nada de transacción vedada e imposible. O catolicismo, o liberalismo. No es posible la conciliación” [1].
Ahí está la esencia de esa doctrina de seguridad nacional, la que se corresponde con la defensa de los intereses del partido conservador y la iglesia católica.
Quienes los criticaran y los cuestionaran eran enemigos de la nacionalidad católica, apostólica y romana y debían ser perseguidos, encarcelados o asesinados. Como las fuerzas militares y de policía eran conservadoras en su mayoría, a esas fuerzas también se trasladaba la lógica de que liberales y comunistas eran enemigos que había que combatir y exterminar como bacilos, enfermedades o plagas.
Señalemos un ejemplo. En un documento de 1932, que se encuentra en el AGN de 1932, el gobernador de Caldas transcribe las palabras del cura párroco de Mocatán, cuyos dichos llenos de “fraternidad cristiana” son de este tenor: “Es necesario negarles el agua y el pan a los liberales”; “es mejor ser asesino, es menor pecado clavarle un puñal a la madre que ser liberal”; “las mujeres de los liberales son iguales a las prostitutas. Es menos pecado ser adúltera que ser mujer de un liberal”; “las leyes humanas castigan el robo, pero ante Dios no es pecado robar y si es pecado ser liberal” [2].
Esta lógica es trasladada a los comunistas y socialistas, con el mismo tipo de vocabulario, como lo han documentado diversas investigaciones. En esa dirección en 1949, Ernesto Reyes sacerdote de la Diócesis de Tunja aseguraba que el comunismo es “una lepra galopante” y le declaraba la guerra a muerte [3].
Y el segundo modelo, el de 1945 en adelante, tutelado por otro poder extranjero, los Estados Unidos, se instaura durante el período de la hegemonía conservadora y la dictadura militar (1946−1957) y traza los lineamientos básicos de la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta preserva de la fase anterior por lo menos cuatro aspectos: la contrainsurgencia, el anticomunismo, el miedo al pueblo y el miedo a la democracia.
EEUU se convierte en el formador de la mentalidad castrense (militar y policial) desde entonces hasta el día de hoy. Un momento clave de la instauración de esa doctrina se da en el período señalado, cuando las clases dominantes de este país se pliegan de manera incondicional a los EEUU, incluyendo el plano militar.
Las consecuencias de eso son bien conocidas y tienen que ver con los modelos de represión que se imponen en el país, entre los cuales están la persecución a todos los que son catalogados de comunistas y subversivos (trabajadores, campesinos, estudiantes, intelectuales, profesores, defensores de derechos humanos…). El trato militar y represivo a cualquier protesta, por justa y legitima que sea, la oposición a cualquier reforma real de la estructura económica y política del país, el aprendizaje de métodos de tortura que son enseñados en los manuales de guerra de EEUU, que son traducidos y adaptados por las fuerzas armadas de Colombia, la creación de grupos paramilitares para combatir a lo que se denomina el “enemigo comunista”.
Todo eso se da durante el Frente Nacional y se proyecta hasta el día de hoy porque, hay que decirlo, en Colombia la guerra fría nunca ha terminado.
En resumen, en materia de la seguridad contrainsurgente y la construcción del enemigo interno, se “evolucionó” sustancialmente: mientras en la primera época de la seguridad vaticana matar liberales y comunistas no es pecado, en la segunda de estirpe estadounidense matar comunistas no es delito.
¿Qué sujetos han sido considerados como amenazas o enemigos de la seguridad nacional? ¿Por qué?, ¿De qué manera ha influenciado la vida social, política y cultural de la sociedad colombiana la configuración de enemigos de la seguridad nacional?
Todos los sectores populares y quienes pudieran presentarse como sus voceros son concebidos como enemigos, siendo el típico miedo al pueblo y miedo a la democracia.
Los primeros que entraron en la lista de enemigos fueron, por supuesto, los indígenas y la población negra, desde la misma conquista y eso se amplió y se reforzó durante todo el período republicano, y se proyecta hasta el presente (como lo podemos ver con la Minga). La Regeneración los considero menores de edad, salvajes, y dispuso su reducción por las misiones católicas, que se repartieron el país como un ponqué.
En cuanto a la población negra, los esclavistas caucanos se negaron a la abolición de la esclavitud y organizaron una guerra civil en 1851 para oponerse a la misma. Entre esos traficantes de carne humana se encontraba la familia Arboleda que después seguiría explotando a los negros como agregados en las haciendas. Uno de eso prohombres era Sergio Arboleda, cuyo nombre hoy ostenta una universidad, en la misma que se graduaron Iván Duque y otros funcionarios del gobierno actual.
Luego, después de 1918 los trabajadores, sus movilizaciones, luchas, reivindicaciones.
Con ellos se formularon desde el año mencionado afirmaciones de odio, provenientes de diversos sectores (empresarios nacionales y extranjeros, jerarquías católicas, prensa). Ese odio se expresó en diversas masacres, entre ellas vale recordar la del 16 de marzo de 1919 (a sastres y artesanos), la de 1928, las bananeras, la del 23 de febrero de 1963, el asesinato de nueve dirigentes sindicales durante el paro nacional estatal de 1998, entre ellos el de Jorge Ortega, vicepresidente de la CUT.
En la visión contrainsurgente que domina en Colombia, ninguno de esas eran acciones legítimas, que tenían que ver con las reivindicaciones de los trabajadores, con mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, sino que eran planes bolcheviques, subversivos, de comunistas enemigos de la patria.
Desde la década de 1920, con las movilizaciones agrarias, se demoniza a los campesinos y pequeños propietarios y se coloca como estigma, que podía y puede conducir a la muerte, la lucha por la propiedad de la tierra para quienes la trabajan. Nunca se realizó una reforma agraria de verdad y las veces que se plantearon tímidos intentos, vino la reacción y revancha terrateniente, aupada por la iglesia, el partido conservador e importantes sectores del partido liberal, con miles de campesinos muertos y expulsados de sus tierras.
Los sectores urbanos pobres fueron considerados como enemigos a liquidar después del 9 de abril, aunque existieran manifestaciones anteriores. Pero fue ese día cuando se convirtieron en carne de cañón para las fuerzas represivas del régimen conservador, que dejó, solo en las calles de Bogotá, unos 5.000 muertos.
De ahí surge el epíteto despectivo de “chusma nueveabrileña”. Un escritor conservador de la época, Pedro Nel Giraldo, los catalogó como “negros, indios, mulatos y mestizos, rencorosos, vengativos, hombres de palo y cuchillos, defraudados, frustrados y ambiciosos” [4].
Los estudiantes fueron convertidos en enemigos desde 1954, con la masacre del 8 y 9 de junio.
Los profesores universitarios después del 9 de abril, cuando fueron perseguidos intelectuales colombianos y extranjeros en la Universidad Nacional y en La Escuela Normal Superior. Y los profesores de primaria y bachillerato desde la década de 1960, a raíz de importantes luchas y movilizaciones en todo el país.
Y, en general, desde finales de la década de 1950 se amplía la noción del “enemigo interno” hasta incluir a la mayor parte de la población civil, a los que empezó a denominarse “guerrilleros de civil”, “guerrilleros sin armas”, “cómplices de la subversión”, “terroristas sin armas”, “brazo desarmado de la subversión”, “población civil insurgente”, en los que se incluyen a sindicatos, asociaciones agrarias, movimientos reivindicativos de toda índole.
Eso se define en el libro del francés Roger Trinquier (uno de los “grandes torturadores galos”), titulado La Guerra Moderna y la lucha contra las guerrillas, que el ejército colombiano traduce en 1963 y donde se dice: “En la guerra moderna es difícil de definir el […] límite entre amigos y enemigos [que] está en el seno mismo de la nación, en una misma ciudad, y algunas veces dentro de la misma familia […] Todo individuo que de una u otra manera favorezca las intenciones del enemigo debe ser considerado traidor y tratado como tal”[5].
Esto conduce directamente a las campañas cívico-militares y a los crímenes de Estado, presentados con el eufemismo de “falsos positivos”, como resultado de lo cual han sido asesinados miles de colombianos desde la década de 1960, aunque esos asesinatos se hayan reforzado en el período 2002 – 2010, por una directriz del Ministerio de Defensa, en 2005, cuyo documento está a la vista de todos, en la que se pagaba con dinero y otras prebendas la muerte de los enemigos, en una clara muestra de imposición de la pena de muerte, cotizar la vida humana a un vil precio y medir el éxito militar en litros de sangre[6].
Enemigos son todos los jóvenes humildes y pobres, y a ellos se les persigue y mata y para justificar su muerte se afirma que no son mansas palomas que estaban recogiendo café, como lo dijo el principal responsable de esos crímenes de Estado, bautizados con el eufemismo benigno de Falsos Positivos.
La idea de incluir como enemigos a gran parte de la población civil, la planteó sin eufemismos el general Rafael Samudio Molina, Ministro de Defensa, en su informe al congreso del período 1987 – 1988: “La subversión actúa en los campos políticos, económicos, educativos, sindical y armado, con propósitos bien definidos […] los grupos subversivos actúan simultáneamente en zonas urbanas y rurales, desarrollan actividad militar paralela a la acción política y utilizan la estrategia de convergencia en los campos político, social, laboral, educativo, judicial y armado”[7].
En el Manual de instrucciones generales para operaciones guerrilleras del Ejército, de 1979, se clasificó a la población civil en tres categorías: la que apoya al ejército (listas blancas), la que apoya a los grupos subversivos (listas negras), y la que tiene una imposición indefinida respecto a los dos bandos en conflictos (listas grises). A partir de allí se planteaba este procedimiento: una acción primordial con boletos (amenazas de muerte) al personal de la lista gris y de la lista negra, para obligarlos a abandonar la región o el país, o abandonar sus posiciones políticas. Y se agrega en ese Manual que la guerra revolucionaria se expresa en “paros y huelgas” y en “la motivación y organización de grupos humanos por la lucha revolucionaria, estudiantado, obrerismo, empleados de servicios públicos, etc.”[8].
Otro elemento, directamente relacionado con los EEUU, en la construcción de un enemigo interno, es el de la supuesta “guerra contra las drogas”, en la cual se califica como peligrosos terroristas a los miles de campesinos cocaleros, a los que el Estado ha declarado como enemigos, y contra los cuales viene librando desde hace varias décadas una campaña de criminalización, persecución y exterminio, como se pone de presente con el uso de glifosato, que se quiere volver a usar de acuerdo a los mandatos de Donald Trump.
Entre quienes han contribuido a construir esta imagen del enemigo interno se pueden señalar: las jerarquías de la iglesia católica, los empresarios del campo y la ciudad (grandes propietarios, ganaderos, industriales, comerciantes y sus gremios económicos), la prensa (escrita, radial y televisiva), EEUU, importantes políticos liberales y conservadores o sus derivados y, por supuesto, el Estado colombiano y sus diversos órganos (ejecutivo, legislativo y judicial).
Por eso, cuando se habla de la doctrina de seguridad nacional hay que remitirse al bloque de poder contrainsurgente, en el que están involucrados los sectores mencionados, todos funcionales y entrelazados. Al respecto, solo un ejemplo. En 1976 el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal decía: “No es lícito para ningún católico o simple ciudadano de buena fe y voluntad votar por las listas de quienes por principio, objetivos, formas de lucha o alianzas, sostienen doctrinas o políticas marxistas de cualquier tendencia o grado que sea”[9].
Y en cuanto a la otra parte de la pregunta. ¿Por qué se construye un enemigo interno? La respuesta no es difícil de encontrar, y está en la configuración de una sociedad desigual, injusta y antidemocrática y para mantenerla se requiere generar la idea de que la propiedad y la riqueza se deben defender a sangre y fuego y quienes las cuestionan son enemigos que deben ser eliminados, porque son antipatriotas y representan intereses foráneos que conspiran contra la supuesta colombianidad que los dueños del país encarnarían.
Y, por último, ¿de qué manera ha influenciado la vida social, política y cultural de la sociedad colombiana la configuración de enemigos de la seguridad nacional?
Los impactos en el largo plazo son amplios. Se genera un ambiente de violencia generalizada, de persecución a quienes son señalados como enemigos, se entroniza la intolerancia, el odio como patrones de la vida cotidiana, que busca resolver los problemas mediante la fuerza física directa.
Se generaliza el fanatismo que se basa en la ignorancia y el odio, y lleva a que se considere la eliminación del que es diferente como normal, puesto que es mostrado como un virus que debe erradicarse.
Se justifica la formación de los grupos paramilitares, que hacen justicia por sus propios medios, a nombre de la defensa de los supuestos valores de patria y libertad que encarnarían ellos mismos y sus patrocinadores. Cuando se mata a un sindicalista, a un campesino, a un ambientalista… de labios para afuera muchos dicen en Colombia: “por algo será”, “algo habrá hecho”, “se lo merecía”, “quien lo manda… pensar, criticar, oponerse a los ricos”…
Esta es la generalización de la impunidad, que se convierte en un nuevo sentido común, que justifica los supuestos valores de grandeza de los colombianos, que tenemos algo especial, un no sé qué, que nos diferencia de los otros países. Que el colombiano se distingue por su viveza, que si se da papaya hay que aprovecharla. Es una mezcla entre neoliberalismo y la lógica traqueta que se ha impuesto en la vida colombiana. Que se difunde además como un gran logro a través de los medios de comunicación, que ensalzan el enriquecimiento fácil, el todo vale, con tal de ser exitosos y triunfadores. Los exitosos pueden ser violentos y criminales pues el éxito y la riqueza ocultan y justifican ese ascenso, y eso es lo que representan Pablo Escobar y los uribeños.
No otra cosa se puede pedir, si desde las altas instancias del poder se exalta la violencia y el crimen, se premian los que delinquen y se llama a la población a que repliquen esa conducta. Eso se comprueba en momentos críticos, tal como sucedió durante la masacre del 9 y 10 de septiembre, cuando el subpresidente se fue a un CAI (Centro de Asesinato Inmediato) y se disfrazó de policía, lo cual quería decir que legitimaba los lugares, las armas y, sobre todo, a la institución que perpetró una acción criminal contra colombianos humildes e indefensos, por el solo hecho de que se atrevieron a protestar con indignación por el asesinato de un colombiano, Javier Ordóñez, en el interior de un CAI.
¿Por qué desde la perspectiva de seguridad nacional se ha privilegiado la militarización de algunos territorios y procedimientos relacionados con la seguridad ciudadana?
Porque esa doctrina se basa en la lógica de la militarización de la vida interna de una sociedad y supone que cualquier problema que se presente no responde a causas que se originen en el malestar que genera la desigualdad y la injusticia sino a acciones del “comunismo internacional”.
Y a ese enemigo hay que enfrentarlo con instrumentos militares y paramilitares, como lo enseñaron sus maestros estadounidenses y en menor medida franceses. Es una contrainsurgencia que abarca muchos aspectos, pero que refuerza el poder de lo militar y de la represión. El resultado está a la vista, Colombia es uno de los países más militarizados del mundo en su vida cotidiana. Tiene unas fuerzas armadas hipertrofiadas, con unos 450 mil miembros directos (sumando ejército y policía), sin contar los indirectos, que devora buena parte del presupuesto nacional. Se gasta más dinero en formar soldados que en preparar profesores, médicos o enfermeros.
No es que se militaricen solo unos territorios, son todos en el plano geográfico, pero peor aún es la militarización en el plano mental y cultural. De ver militares y policías a granel y a diario, nos han acostumbrado a su presencia permanente como si fueran parte natural del paisaje social. Se militarizan universidades, huelgas, movilizaciones, protestas y acciones populares.
Todo asunto o problema social se pretende solucionar con militarización, e incluso la presencia del Estado se reduce a ese componente militar, pero se dejan de lado las soluciones a las cuestiones de fondo de injusticia, desigualdad, pobreza, distribución de la propiedad territorial…
¿Cómo se relacionan las políticas de seguridad y defensa con el impulso Estatal de proyectos agroindustriales y minero energéticos en algunos territorios?
Dentro de la guerra mundial por los recursos que está en marcha, Colombia ha vuelto a ser una economía minero-exportadora (una buena parte de sus ingresos en el comercio exterior provienen de la venta de carbón, petróleo, níquel, oro) y se anuncia con gran bombo nuestra conversión en un “país minero” (como Perú o Chile).
En este contexto extractivista (recordemos que Colombia ya no es un país cafetero, y han existido momentos recientes en que incluso se ha tenido que comprar café en el exterior para abastecer el mercado interno), el Plan Colombia, entre otras cosas, ha estado ligado a ese proyecto de limpiar el territorio para dejarlo libre a multinacionales y a algunos capitales nacionales (entrelazados y subordinados a esas multinacionales y a EEUU) y como parte de esa limpieza del territorio, habitado por indígenas, campesinos, comunidades raizales, se ha extendido la militarización por el territorio nacional.
Los batallones minero-energéticos son una expresión de ese hecho. Y hablamos de unos batallones que protegen los enclaves mineros y petroleros con una gran cantidad de personal militar destinado a ello: 70 mil soldados (algo así como un tercio de la fuerza militar).
Para que ese proyecto extractivista sea posible se necesita ocupar militarmente el territorio (y despejarlo) a nombre de la seguridad inversionista. Eso se encubre con el sofisma de la “guerra contra las drogas”. Quienes se opongan van a ser sacados a las buenas o a las malas, porque no pueden ser enemigos del progreso, que beneficia a sectores minoritarios de la población.
Presentar esa estrategia de control territorial como un asunto de la “guerra contra las drogas” permite que siga fluyendo la ayuda económica y militar de los EEUU y que se use justamente en algo que beneficia a sus empresas: la inversión minero- energética. Y al mismo ritmo siguen fluyendo armas, asistencia militar, glifosato, odio y muerte. Todo eso para mantener lo que Germán Castro Caycedo denomina en un libro “Nuestra guerra ajena”.
¿Es necesaria una transformación de la doctrina militar en Colombia?, ¿Por qué? ¿Qué debería cambiar?
Por supuesto, si se quiere democratizar de verdad a la sociedad colombiana, hay que abandonar la doctrina contrainsurgente y anticomunista presente en las fuerzas armadas, debe reducirse su pie de fuerza, debe eliminarse el servicio militar obligatorio (que es de clase, excluyente), cesar los pactos con los EEUU, dejar de enviar militares a la Escuela de las Américas (allí se instruyeron los responsables militares de los falsos positivos, por ejemplo). Que cese la presencia de tropas de EEUU en nuestro territorio, y se revele la documentación interna y externa sobre esos vínculos. Que se desclasifiquen los archivos de las fuerzas armadas y de las agencias de inteligencia del Estado.
La policía debe dejar de ser una fuerza militar y convertirse en una fuerza civil y abandone su lema de Dios y Patria. Tarde o temprano tendrá que asumirse el asunto de la legalización de las llamadas drogas ilícitas (cocaína, marihuana), por lo que representa en términos militares y represivos para este país, así como por sus elevados costos económicos y destrucción ambiental.
Para terminar, cómo no va a ser necesaria una transformación de la doctrina militar y de las fuerzas armadas, luego de conocer lo sucedido los días 9 y 10 de septiembre con la masacre perpetrada por la policía en Bogotá y Soacha, con un saldo trágico de 14 colombianos asesinados y decenas de heridos y detenidos.
Cómo no se va a requerir de una modificación de esa doctrina militar, luego de conocer la denuncia de la periodista Adriana Villegas Botero en La Patria del domingo anterior (18 de octubre de 2020), en el artículo “No es Broma, es violencia”. Ella presenció y escuchó lo que describe a continuación:
Hacia las 7:30 p.m. del lunes festivo un grupo del Batallón Ayacucho trotó 60 vueltas en una calle cerrada. Sé la cantidad porque al cruzar por un punto gritaban: “van 25, faltan 35”, y luego “van 26, faltan 34”. El espacio entre cada conteo lo llenaron con cantos en los que los reclutas repetían en coro lo que gritaba su jefe: su dragoneante, su cabo, su sargento, su teniente, su capitán, su mayor, su coronel, su general. Da igual.
El vecindario entero oyó al pelotón. Cantaron sobre los bigotes de Lucifer, matar delincuentes, la sed de sangre subversiva, la guerra, el betún de las botas, “sube sube guerrillero, que en la cima yo te espero con granadas y morteros”, “los hombres cuando ven un buen trasero” y “taca taca taca taca taca taca ta”. Izquier, 2, 3, 4.
«Un minuto antes de morir /Escuché la voz de mi novia /Que con voz de perra me decía /Si te mueres se lo doy al policía. Porque yo soy, ja, soy, ja, el vampiro negro /Yo nunca tuve madre, ni nunca la tendré /Si alguna vez yo tuve con mis manos la ahorqué. /Yo nunca tuve novia, ni nunca la tendré, /Si alguna vez yo tuve, los ojos le saqué» [10].
Estas no son manzanas podridas, es el árbol completo que está irremediablemente descompuesto, por las doctrinas de odio y muerte Made in Usa y remarcadas por la contrainsurgencia nativa. Si eso no requiere ser cambiado, en qué tipo de país queremos que vivan nuestros hijos y con qué noción de seguridad, acaso la seguridad de las fosas comunes, de los asesinatos de Estado, del genocidio permanente, de la violación de niñas indígenas, en una palabra, una seguridad simbolizada por los huesos y las calaveras que convoca a la población a honrar la muerte fratricida y el odio perpetuo.
Notas:
[1]. Ezequiel Moreno, O catolicismo o liberalismo. No es posible la conciliación, Contra la segunda carta del señor presbítero Baltasar Vélez, Imprenta de La Verdad, 1898.
[2]. Archivo General de la Nación, Fondo Ministerio de Gobierno, Sección Primera, Tomo 1024, f. 371.
[3].Boletín diocesano, mayo – junio de 1948, Tunja, citado por Andrés Felipe Manosalva, Los obispos colombianos en la época de la violencia: paz, guerra y anticomunismo (1945−1965), Tesis de Maestría en Historia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2013, p. 47.
[4]. Pedro Nel Giraldo, Don Fernando. Juicio sobre un hombre y una época, Granámerica, Medellín, 1963, p. 217.
[5]. Roger Trinquier, La guerra moderna, Librería del Ejército, Bogotá, 1963, pp. 32 – 33.
[6]. El documento con el título de “Circular del Ministerio de Defensa sobre recompensas (Falsos Positivos)” lleva la firma de Camilo Ospina Bernal. Lo hemos publicado como anexo en nuestro libro Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado. Informe presentado a la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas (CHCAV), Ocean Sur, Bogotá, 2016, pp. 280 – 297.
[7]. Ministerio de Defensa, (Rafael Samudio), Memoria al Congreso, 1987 – 1988, Imprenta Nacional, Bogotá, 1988, pp. 14 y 15.
[8]. Comando General de las Fuerzas Militares, Instrucciones generales para las operaciones de contraguerrilla, Bogotá, 1979, p. 188. Citado en Movice, Paz sin crímenes de Estado. Memoria y propuestas de las víctimas, Bogotá, 2013, p. 111.
[9]. Citado en “El ideario común. Los intereses del hampa”, Alternativa No. 77, abril 5 – 12 de 1976, p. 7.
[10]. Adriana Villegas Botero, “No es broma, es violencia”, La Patria, octubre 18 de 2020. Disponible en: 
https://www.lapatria.com/opinion/columnas/adriana-villegas-botero/no-es-broma-es-violencia
27 de octubre de 2020
Video relacionado:
Seguridad y defensa en Colombia: concepciones y desafíoshttps://www.youtube.com/watch?v=3bQoYquUhRY
Tomado de rebelion.org
