Por Enric Llopis, Resumen Latinoamericano, 26 noviembre 2020.-
300 personas se manifiestan en Benimaclet (Valencia) contra el ataque del ejército marroquí a civiles saharauis en Guerguerat.
“Apoyo a mi pueblo, queremos nuestra libertad después de 45 años esperando con la misma película; lo que ha ocurrido es la gota que colma el vaso y no tenemos miedo”, afirma Dahba, saharaui que reside en Valencia desde hace una década con una familia de acogida. Vestida con la melfa típica de la mujer saharaui, participó en una concentración el 21 de noviembre en el barrio de Benimaclet (Valencia), tras la reciente ruptura del alto el fuego por parte del Reino de Marruecos. Cerca de 300 personas asistieron al acto reivindicativo, contra la ocupación militar y por la autodeterminación del pueblo saharaui, convocado pocos días antes a través de las redes sociales y carteles. “El Gobierno español nos hace el vacío”, critica la joven.
El pasado 13 de noviembre fuerzas militares marroquíes atacaron a civiles saharauis que protestaban pacíficamente ‑desde el 21 de octubre- en la zona de Guerguerat, en el suroeste del Sahara Occidental fronterizo con Mauritania. De este modo, Marruecos violaba el alto el fuego firmado en 1991 entre el reino alauita y el Frente Polisario. El Ejército Popular de Liberación Saharaui (EPLS) respondió el mismo día con acciones militares contra bases marroquíes en el “muro de la vergüenza” (2.700 kilómetros), que separa el Sahara Occidental ocupado por Marruecos del área controlada por el Frente Polisario. Los acampados saharauis en Guerguerat habían bloqueado esta “brecha ilegal” por donde camiones marroquís exportan mercancías y se trafica con drogas. Al Arabi-TV de Mauritania señaló que, tras la agresión, las fuerzas de ocupación estaban construyendo un muro rocoso con minas antipersona en el paso fronterizo.
El colectivo de periodistas Equipe Media ha informado de las violaciones de los derechos humanos que perpetra Marruecos. Por ejemplo, el 19 de noviembre, sobre el arresto de la activista saharaui Sultana Khaya en la ciudad de Bujador, tras su regreso de España; “fue maltratada y puesta en libertad horas después. Se encuentra en casa junto a su familia, bajo un bloqueo policial”, denunció la ONG en las redes sociales.
Equipe Media también destacó, el 17 de noviembre, que las fuerzas de seguridad marroquís estaban reprimiendo con violencia manifestaciones en El Aaiun y Bujador: “Han asediado ciudades, y los puestos de control bloquean todas las carreteras. Las casas de los militantes saharauis han sido especialmente vigiladas”. Dos días antes denunciaron el allanamiento de hogares por parte de comandos especiales y una campaña de arrestos a gran escala, ante la inacción de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental).
En la movilización de Valencia se lanzaron consignas como “¿Dónde están los derechos humanos?; “Ni paz ni calma volvemos a las armas” (el Ministerio de Defensa saharaui informó el 23 de noviembre de 11 días consecutivos de ataques y bombardeos contra posiciones marroquíes a lo largo del muro militar) o “España atiende el Sahara no se vende”, en referencia a los Acuerdos Tripartitos de Madrid, firmados en noviembre de 1975, por los que la el Estado español se retiró del Sahara Occidental, entregaba los territorios de la antigua colonia a Marruecos y Mauritania y, denuncia el Frente Polisario, “traicionaba” a los saharauis. “Sahara libre ya” o “Podéis matar un revolucionario pero no la revolución”, afirmaban algunas pancartas en Benimaclet.
En la organización del acto ha colaborado Ahmed Mohamed Saleh, quien vive desde hace 21 años en Valencia, donde también trabaja. ¿Por qué razones se manifiesta? “Por el statu quo. Se tenía que haber resuelto el conflicto por la vía democrática, la clave es económica: los fosfatos, el pescado, los yacimientos petrolíferos o los recursos hidráulicos subterráneos para la agricultura intensiva, de los están aprovechándose las multinacionales, la Unión Europea y Marruecos”. Estos factores, agrega el joven activista, “son los que retrasan la solución, que pasaría por el referéndum previsto en los Acuerdos de 1991”.
En la primera línea de la concentración de Benimaclet se da una presencia notable de mujeres y población joven. Nacida en valencia, de familia saharaui y graduada en Derecho, Dory Embarec, de 24 años, se pronuncia sobre esta cuestión: “Las mujeres siempre tuvieron, desde los orígenes del Frente Polisario en 1973, un papel importante en la lucha; nos hallamos actualmente en un punto de no retorno: hemos perdido 29 años que nos han pedido la ONU y los organismos internacionales” (la Resolución 658 ‑junio de 1990- y 690 ‑abril de 1991- del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la celebración de un referéndum de autodeterminación y el establecimiento de la MINURSO).
¿Qué realidades desconoce la opinión pública española sobre el Sahara Occidental? “Marruecos es una dictadura”, sostiene Dory Embarec; “hay mucho ocultamiento, por ejemplo se desconoce la represión en las zonas ocupadas por parte de la policía y la gendarmería marroquís. De esto no se habla en los medios de comunicación españoles. Hay gente que se manifiesta y no vuelve a su casa, porque les matan, pegan palizas o torturan”.
Sahla Hassama, de 27 años, ha vivido seis en Valencia y otros nueve en Granada. Es la vicepresidenta de la asociación Jaima Verde, surgida en 2019 para la cooperación entre los campos de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia) y colegios del País Valenciano. “Los territorios ocupados son la gran vergüenza de España y Naciones Unidas. Continuamos esperando el referéndum, vivimos bajo una ocupación ilegal”; sostiene asimismo que el pueblo saharaui “nunca ha estado a favor de la guerra, pero no nos dejan otro medio; de hecho, ya hemos pasado 45 años como refugiados en los campamentos y no vamos a esperar más”. Sahla Hassama estudió Administración y Finanzas en España. “Mi compañera está en los campamentos y me cuenta –por videoconferencia- que la juventud saharaui que estos días va a la guerra lo hace obligada por la situación, pero con alegría”.
El 15 de noviembre tuvo lugar en Valencia otra concentración, frente al consulado marroquí, convocada por el Moviment d’Ajuda al Poble Saharaui (MoVAPS), la Asociación de Saharauis en Valencia Zemmur y la Plataforma Valenciana de Solidaritat amb el Poble Saharaui (PVSPS). El objetivo de la protesta era denunciar la violación del alto el fuego por Marruecos; en los carteles se difundió la consigna “Cuando la represión es un hecho, la revolución se vuelve un derecho” y el hashtag #Yo estoy en Guerguerat. “Diariamente Marruecos viola los derechos humanos en el Sahara Occidental, como el asedio durante más de dos meses contra la pacifista Aminatou Haidar”, criticó Zemmur.
Un hecho desató la controversia. Participantes en la manifestación pacífica accedieron al mástil de la legación diplomática, con el fin de retirar la bandera de Marruecos y colocar la enseña saharaui. El mismo 15 de noviembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores español, la Embajada del Reino de Marruecos en Madrid y la Secretaría Autonómica para la UE y Relaciones Externas de la Generalitat Valenciana se apresuraron a condenar la acción. Zemmur respondió que se trataba de un acto aislado y ajeno a los organizadores, y criticó el doble rasero del Gobierno de España: “El encarcelamiento de civiles saharauis por Marruecos no ha merecido ni una sola nota de preocupación”.
De hecho, el pasado 13 de noviembre –día de la invasión militar de Marruecos en Guerguerat- el Ministerio de Asuntos Exteriores español se limitó, en un escueto comunicado de 10 líneas, a apoyar a Naciones Unidas para una garantía del alto el fuego; además apeló a la “responsabilidad”, la “contención” y subrayó “la importancia de la estabilidad en esta región estratégica, eje clave entre África y Europa”. Mientras, la PVSPS recordó que se cumple una década de la manifestación de Gdeim Izik, el denominado Campamento de la Dignidad; en octubre de 2010, cerca de 30.000 saharauis levantaron una acampada de 8.000 jaimas en las afueras de El Aaiun, para protestar contra la ocupación, el expolio y reivindicar derechos sociales. Un mes después, la policía y el ejército de Marruecos desmantelaron por la fuerza el campamento con balas, gases lacrimógenos, detenciones masivas y torturas.