Por Jamilla Perrit, Resumen Latinoamericano, 20 de noviembre de 2020.
Médicxs individuales y organizaciones médicas se han unido, hablando en contra de la violencia policial y reconociendo el racismo como un problema o una crisis de salud pública
A medida que continúan los levantamientos en todo Estados Unidos en respuesta a la violencia policial contra la población negra, para muchos estadounidenses hemos llegado a un momento de ajuste de cuentas. Como nación, estamos luchando para encontrar un camino a seguir. Muchas organizaciones, como un primer paso, han emitido declaraciones de solidaridad y han prometido prestar apoyo. Médicos individuales y organizaciones médicas se han unido a estos esfuerzos, hablando en contra de la violencia policial y reconociendo el racismo como un problema o una crisis de salud pública. Organizaciones como la Academia Americana de Pediatría, la Asociación Médica Americana y el Colegio Americano de Médicos han emitido declaraciones en las que denuncian la brutalidad policial, condenan la violencia contra los manifestantes y piden que se investiguen los casos de violencia policial contra la población negra.
Este es un territorio nuevo para la mayoría de las organizaciones médicas, las cuales tradicionalmente han sido conservadoras, a menudo se autodefinen como no partidistas, e históricamente han evitado ponerse públicamente del lado de la defensa de la justicia social. La profesión médica se ha enorgullecido durante mucho tiempo de sus valores de objetividad e imparcialidad. Pero como mujer negra y como médico, sé que estas descripciones nunca han sido exactas. De hecho, toda la medicina, incluyendo mi especialidad de obstetricia y ginecología, tiene raíces profundamente racistas y explotadoras. La noción de que los proveedores de servicios médicos son imparciales y objetivos, y que ejercen una profesión que está libre de la herencia del racismo, el genocidio y la supremacía blanca, es ficticia.
Esta visión ahistórica ha causado un daño tremendo. Además de impedir que identifiquemos y expongamos las creencias racistas y los prejuicios inherentes a los sistemas médicos, nos ha permitido seguir canalizando silenciosamente a nuestros pacientes y sus familias hacia el sistema jurídico penal, el mismo que se pretende combatir con nuestras declaraciones de solidaridad. No son simplemente las interacciones entre los negros y las fuerzas del orden fuera del hospital las que ponen a nuestros pacientes en peligro, sino también la criminalización de los pacientes dentro del sistema sanitario. Esta criminalización puede ser particularmente dañina en el contexto del embarazo, la maternidad y la salud reproductiva.
Desde la década de 1980 se han debatido las iniciativas legislativas y normativas relativas al uso de sustancias durante el embarazo. Las políticas estatales que obligan a delatar a las madres que consumen drogas y alcohol durante el embarazo se volvieron cada vez más racistas en el decenio de 1990, durante la epidemia de cocaína “crack”. Las madres de raza negra fueron objeto de medidas punitivas por el uso de sustancias durante el embarazo. Sus hijos fueron culpabilizados como “superdepredadores” y, a pesar de la falta de pruebas médicas que apoyaran el “síndrome del bebé-crack”, fueron tachados de delincuentes destinados a fracasar en la vida. A medida que las mujeres negras se convirtieron en el rostro del consumo de sustancias durante el embarazo, se amplificaron los llamamientos a una respuesta carcelaria y las familias y las comunidades se vieron desgarradas.
La mentira racializada del uso de sustancias en el embarazo ha seguido teniendo efectos negativos de gran alcance. Las mujeres negras e indígenas que buscan atención durante el embarazo tienen más probabilidades de ser sometidas a pruebas de detección del uso de sustancias ilícitas/1. Esas pruebas –que a menudo no se revelan y se realizan sin consentimiento expreso– han dado lugar a que los progenitores pierdan a sus hijos o sean encarcelados. Incluso las políticas que, como solución, aplican los análisis de forma universal no eliminan el sesgo en la notificación de informes ni abordan su racismo subyacente. A pesar de que las tasas de consumo de sustancias durante el embarazo de mujeres blancas y negras son similares, existen disparidades raciales en todos los niveles, incluidos el inicio de las pruebas, la remisión a programas de tratamiento de la drogadicción y la notificación de informes a los servicios de protección de la infancia. Los proveedores de atención médica suelen ser el primer punto de contacto entre las familias y el sistema jurídico-penal, lo que crea una vía de entrada al sistema de vigilancia estatal.
La justificación general para denunciar a alguien a los servicios de protección de la infancia para que sea investigado se hace derivar de las leyes estatales que obligan a la notificación. A la mayoría de los obligados informantes, como el personal médico, se les ha enseñado que el sistema de protección infantil es un sistema legal imparcial que garantiza la seguridad y el bienestar de los menores. En realidad, los indicios para notificar, las razones para retirar la custodia de los menores, y la subsiguiente supervisión y vigilancia están sesgadas racialmente, son subjetivas y paternalistas. Las familias negras tienen mayor probabilidad de ser denunciadas e investigadas por abuso y negligencia infantil, que sus casos sean corroborados y que les sean retiradas la custodia o el cuidado sus hijos e hijas/2. Una vez en el sistema de adopción, los menores negros permanecen bajo custodia más tiempo que los menores blancos y, por lo general, reciben menos ayudas/3.
Las visitas a un ginecólogo-obstetra para buscar atención al embarazo o el parto pueden ser puntos de entrada al sistema jurídico-penal para los padres y a la custodia estatal para los menores. Esta derivación se produce de múltiples maneras: los clínicos llaman a los servicios de protección de la infancia cuando una paciente se niega a consentir un procedimiento médico durante la atención prenatal o el parto, cuando la paciente está en un hogar de acogida, cuando la paciente tiene un hijo que estuvo en el sistema de hogares de acogida, cuando la paciente está encarcelada o cuando la paciente tiene una discapacidad. Esas derivaciones aumentan la probabilidad de que los menores sean arrebatados a las familias en el momento del parto, y se convierten en una vía para aumentar la vigilancia estatal. Los trabajadores sociales, los agentes estatales y la policía tienen acceso a los hogares, las relaciones y las vidas de estas familias. Las familias están sujetas a investigación, interrogatorio, separación y castigo durante muchos años después de que se hiciera la denuncia.
La criminalización también puede ocurrir cuando un embarazo no termina en un nacimiento vivo. Para alguien que tiene un aborto espontáneo o una pérdida fetal, la búsqueda de atención de urgencia puede acabar en interrogatorios estando aún en la cama del hospital, en arresto y encarcelamiento. Ya sea por maldad o simplemente por desconocimiento de los requisitos de notificación, los médicos han causado un daño sustancial a los pacientes después de la pérdida de un embarazo al llamar a la policía porque sospechan que el aborto fue inducido intencionalmente. En estas circunstancias, las mujeres de color, las que tienen bajos ingresos, los jóvenes y los inmigrantes son criminalizadas de manera desproporcionada.
La red legal Si/Cuando/Como: Abogacía por una Justicia Reproductiva (If/When/How: Lawyering for Reproductive Justice) ha identificado más de 19 estados que han llevado a cabo investigaciones criminales de personas sospechosas de terminar con su embarazo o de ayudar a alguien a hacerlo. La mayoría de estas investigaciones fueron iniciadas por personal sanitario después de que alguien buscara asistencia. Las investigaciones causan un daño de gran impacto, conduzcan o no al encarcelamiento. Los antecedentes de arrestos e incluso los cargos por delitos menores pueden resultar en la pérdida del empleo y el estigma, incluso si no se presentan cargos formales. Estos cargos pueden ser difíciles o imposibles de eliminar de los registros estatales.
Incluso cuando las personas intentan inducirse un aborto o buscar atención médica después, los médicos tenemos la responsabilidad ética y legal de salvaguardar la información sobre la salud de nuestros pacientes/4. En lugar de enviar a alguien a la cárcel o exponerlo a interrogatorios humillantes, estamos obligados a asegurarnos de que, independientemente de la forma en que decida interrumpir un embarazo, pueda hacerlo de forma segura, eficaz y con dignidad y respeto. Los enfoques punitivos disuaden a las personas de buscar atención médica, tienen efectos discriminatorios en las personas marginadas y criminalizan efectivamente el embarazo en algunas comunidades.
Los profesionales de la medicina y la atención que proporcionamos no somos los únicos en recurrir al racismo. Tampoco son los ginecólogos y obstetras los únicos clínicos que ponen a nuestros pacientes en riesgo de ser criminalizados. Los profesionales médicos a menudo participan u orquestan los esfuerzos para deportar inmigrantes indocumentados después de buscar atención para ellos o sus hijos, o criminalizar o encarcelar hombres negros de forma desproporcionada por no revelar si tienen VIH. Por lo tanto, después de que hayamos guardado nuestros letreros de 
#BatasBlancasPorVidasNegras, no debemos simplemente volver a participar en sistemas basados en las mismas prácticas y políticas racistas que buscamos cambiar en los cuerpos policiales.
Mientras continuamos objetando la violencia policial contra las comunidades negras y trabajamos con nuestras entidades para emitir declaraciones de apoyo a las vidas de la población negra, también deberíamos poner en cuestión nuestra propia complicidad activa y pasiva. Deberíamos buscar formas de reducir nuestra cooperación con el sistema carcelario. Este esfuerzo incluye usar los objetivos y técnicas de las estrategias de Prevención de Daños para pacientes con problemas por uso de sustancias, lo que incluye defender la eliminación de las pruebas universales u obligatorias de detección de drogas durante el embarazo y el postparto. Significa apoyar la prevención primaria del trastorno por uso de sustancias, mejorar el acceso al tratamiento, y la unificación familiar, factores que mejoran los desenlaces para las familias.
Las acciones deben incluir la oposición a las políticas que criminalizan a los pacientes por buscar atención médica, incluyendo la denuncia de la sospecha de aborto autoprovocado, la pérdida del embarazo y el uso de sustancias durante el embarazo. Y deberíamos educarnos a nosotros mismos, a nuestros colegas y a los profesionales en formación sobre los daños de la notificación obligatoria, su historia racista y su aplicación desigual y discriminatoria/5.
A medida que más estadounidenses piden la destrucción o la reforma del sistema jurídico-penal, deberíamos expresar en voz alta el rechazo completo a las políticas y prácticas que aumentan la probabilidad de entrar en el sistema carcelario a través de las instituciones de atención de la salud. Como profesionales de la medicina, tenemos un papel clave a desempeñar en este movimiento.
Fuente: Kaos en la red
