Francisco Durand/Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2020
Pasada la crisis golpista originada por el Congreso y un grupo de conspiradores políticos (Coordinadora Republicana, Willax), es necesario hacer una recapitulación para ver más de cerca quiénes estaban detrás del golpe y explicar los giros de las elites económicas cuando las cosas se salen fuera de control. A fin de cuentas, Manuel Merino de Lama fue solo un aprendiz de mago, pero tuvo aliados poderosos, que es lo que importa resaltar, que se prestaron a esta maniobra.
Me refiero a los grandes empresarios y sus gremios, la CONFIEP en particular. y sus intentos por acomodarse al triunfar el movimiento social, cuando giró rápidamente y se puso, sino contra el “presidente” Manuel Merino, al menos a favor de su caída. El acomodo no borra que fueron parte del golpismo.
El punto de quiebre del gobierno ilegítimo de Merino ocurrió el domingo 15 de noviembre. En la noche, luego de batallar varios día., las manifestaciones habían llegado a su punto más alto. El asesinato de dos jóvenes muertos a balazos por la policía indignó al país. En ese punto la situación se había hecho insostenible para la coalición golpista.
Consultaron entonces a quienes les proporcionan inteligencia política (mapa de tweets, Facebook tracing), hablaron con sus asesores de comunicación y, rápidamente, se pasaron al bando contrario. En efecto, al arreciar el conflicto y aumentar la indignación, el directorio de la CONFIEP, modificando su posición frente al gobierno de Merino, saco presurosa un comunicado afirmando que: «reiteradamente nos hemos pronunciado y advertido, públicamente, que un cambio drástico en la conducción de la Nación no era lo más conveniente».
Hace menos de una semana, recordemos, afirmaron que el gobierno de Merino debía estabilizar la situación política y, según el comunicado de CONFIEP debía «trabajar por el progreso y el desarrollo del Perú». La Cámara de Comercio de Lima, la Asociación de Exportadores y la Sociedad Nacional de Industrias también apoyaron. Los gremios de grandes y medianos empresarios formales, que representan a una minoría empresarial privilegiada, le dieron luz verde al golpe de Merino.
El gabinete nos da la clave al indicar el uso de la puerta giratoria y los conflictos de intereses. Patricia Teullet, Gerente General de la CONFIEP, entro al gabinete. En Producción, otro ministerio típicamente capturado, nombraron a Alonso Miranda, del Estudio Echecopar. Y, para poner dos cerezas en el pastel, se nombró en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a Augusto Valqui, un empresario de pésima reputación, probablemente colocado por la empresa que se benefició con un contrato de 30 años firmado poco antes de su caída. A ello se suma que el premier Antero Flórez Araoz fungía de abogado de las universidades con fines de lucro y planteaba “darles una segunda oportunidad” a sus clientes como premier.
La única organización empresarial que se pronunció clara y abiertamente en contra fue IPAE Asociación Empresarial, que organiza los CADE y que convoca a un grupo mas moderno de gerentes.
Ese mismo domingo, antes del comunicado de CONFIEP, los jefes de los grandes conglomerados dieron la señal. Varios altos gerentes de grupos de poder (BCP, Ferreyros, Alicorp, Intercorp) se comenzaron a correr hacia el centro (habiendo permanecido callados frente golpe), apoyando las “manifestaciones pacíficas” y condenando las muertes. A la CONFIEP, presidida por Isabel León, poco atinada dirigente, ligada a Roque Benavides, no le quedó más remedio que dar marcha atrás.
No hay que olvidar tampoco la carta pública de los tecnócratas neoliberales liderados por Roberto Abusada y sus amigos y colegas, que apoyaron el golpe al no condenarlo y querer orientarlo. Abusada (IPE) ha sido asesor de José Graña Miró Quesada, también director y accionista. Asimismo, está ligado al grupo El Comercio, donde es asesor económico y principal columnista. Graña Miró Quesada es uno de los empresarios más corruptos del país (Metro de Lima, IIRSA sur, gaseoducto. Es sospechoso que el conglomerado El Comercio haya encabezado las denuncias contra Martin Vizcarra para crear un clima golpista con «revelaciones» convenientemente exageradas en sus programas dominicales. Ahora El Comercio se ha puesto, como la CONFIEP, de medio lado.
De modo que ahora podemos identificar a los tres pivotes de la elite económica que gobierna el país desde las sombras desde 1990, y que a veces, como ahora, se le sale fuera de control la situación política (sobretodo con el nuevo Congreso). Todos los presidentes han sido influenciados, controlados, financiados, es decir capturados (Fujimori, Toledo, García, Humala, PPK, Vizcarra y Merino) recurriendo a diversos mecanismos de influencia, asegurándose que el MEF y el BCRP sean dirigidos por tecnocracias tipo Abusada y su círculo, que rotan en este cargo como ministros, asesores, viceministros; rebajando los estándares de regulación ambiental, impidiendo la formación de sindicatos, generando amnistías tributarias, buscando siempre rentas, con el objeto de «estimular el crecimiento» por encima de todo.
Estos tres pivotes son: Uno, los grandes empresarios que agrupa la CONFIEP, el gremio de gremios liderado por los intereses extractivistas y financieros. Dos, la tecnocracia neoliberal que rota entre grandes empresas, organismos internacionales y altos puestos de gobierno. Véase la trayectoria de Fernando Zavala, el caso más representativo de «puerta giratoria»: fue del grupo Apoyo al MEF, del MEF a Backus, de Backus de vuelta al MEF, y ahora en Intercorp. Tres, los grandes medios de comunicación de masas (El Comercio, Cadena Correo, RPP) que inciden en la opinión pública para evitar el debate sobre un cambio económico de la Constitución, al mismo tiempo que, en caso de los conflictos, acentúan las tomas de violencia de los manifestantes y justifican el llamado al orden y la violencia policial. Estado de derecho, dicen. Su Estado, su derecho.
Esta es el lado de la conjura de todos los intentos de vacancia de Vizcarra a quien, por razones que habrá que explicar (su apoyo a las investigaciones del caso Lava Jato, que tanto atormenta a los constructores privados, las investigaciones de lavado de dinero de los Romero y otros grupos, la intervención de la Fiscalía en la CONFIEP al descubrirse aportes a Keiko no declarados, su renuencia a «destrabar Tía María y Conga como demandaban los mineros), no les parecía un personaje tan útil. De allí que desde setiembre del 2019 apoyaron abiertamente el golpe parlamentario de Mercedes Araoz, sacando un comunicado a las 9:00 pm, justo a la hora en que juraba:
“Los empresarios, agremiados en la CONFIEP expresamos nuestro enérgico rechazo a la violación de la Constitución y al sistema democrático que ha perpetrado el Presidente de la República, Martín Vizcarra, con un argumento inconstitucional… La decisión del Presidente de interpretar la Constitución para disolver el Congreso, ha sumergido al país en una grave incertidumbre”.
En los últimos dos intentos de vacancia del nuevo Congreso que presidio Merino variaron a una posición de «apoyo pero no me comprometo». No me sorprende, y de una vez entendamos que la CONFIEP es un gremio golpista. Vean la declaración de principios de la CONFIEP y tomen en cuenta que no mencionan la democracia, la transparencia. Fue golpista en la crisis de junio de 1992, con comunicado público de apoyo con ciertos remilgos, pero apoyo a fin de cuentas, que le dio grandes réditos en esa ocasión. Argumentaron a favor de Fujimori al afirmar que la CONFIEP «demanda establecer el orden… confía en las reformas constitucionales».
Ahora la consigna en las sedes corporativas, los gremios golpistas, la prensa concentrada y los intermediarios corporativos (grandes estudios de abogados), amén de sus múltiples voceros, es «de nuevo y acomodarse». Su principal temor es un crecimiento electoral de la izquierda y una constituyente de centro-izquierda que revise la constitución de 1993, en particular que se elimine el principio de «subsidiaridad del Estado». Es su constitución. Ese capítulo, según me relató un conocido constitucionalista, fue escrito por la CONFIEP, por encargo de Jaime Yoshiyama, en momentos que la CONFIEP contaba con fondos de cooperación técnica internacional.
Esta es la realidad de la política peruana y nos lleva a un último punto. El rol de los «analistas políticos» y periodistas enterados que predomina en los medios. Aquí estamos frente a otro problema. No se puede informar a la opinión pública omitiendo el rol del actor más poderoso de la sociedad peruana. Es un tema tabú. Estas omisiones son por convicción («son los creadores de riqueza, el modelo es un éxito, debe continuar), o por interés, en tanto son contratados como consultores, asesores. Lo mismo sucede con numerosos periodistas, muchos de los cuales trabajan en, o para las empresas. Este lado de la mal llamada «opinión pública especializada», que con frecuencia peca gravemente de conflicto de intereses al no informar al público sus conexiones, es algo que debemos corregir.
Estamos frente a una crisis política mayor, una crisis del régimen político iniciado en 1990, paliada ahora por el nombramiento de Sagasti. El mayor consenso logrado con su nombramiento y quijotesca bonhomía brinda una pausa, pero la crisis sanitaria, social, económica sigue, los lobbies nunca duermen. Y lo primero que piden los grandes empresarios a Sagasti es la vieja y desgastada idea de dar “un shock de confianza”…
FUENTE: Otra Mirada
